TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 359/2015-RA-L

Sucre, 06 de julio de 2015


Expediente                : Santa Cruz 144/2010

Parte Acusadora        : Manfredo Kempff Moreno en representación de SERVICES  INTERNACIONAL LIMITED SUCURSAL BOLIVIA 

Parte Imputada        : Eberto Martín Cáceres Lema 

Delitos                : Apropiación Indebida y otro   


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de julio de 2010, cursante de fs. 201 a 207, Manfredo Kempff Moreno en representación de de SERVICES INTERNACIONAL LIMITED SUCURSAL BOLIVIA, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 114 de 22 de junio de 2010, de fs. 166 a 167, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Eberto Martín Cáceres Lema, por la presunta comisión del delito de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los art. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I.  ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes remitidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En merito a la acusación particular presentado por Manfredo Kempff Moreno en representación de SERVICES INTERNACIONAL LIMITED SUCURSAL BOLIVIA (fs. 55 a 59 vta.), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Octavo de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 1/2010 de 19 de febrero (fs. 119 a 133 vta.), por la que declaró a Eberto Martín Cáceres Lema, absuelto de la comisión del delito de Abuso de Confianza, previsto y sancionado por el art. 346 del CP. Por otro lado, se le declaró autor y culpable de la comisión del delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado por el art. 345 del CP, condenándole a la pena privativa de libertad de un año a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Palmasola) de la ciudad de Santa Cruz, con costas y responsabilidad civil a calificarse en ejecución de Sentencia.

  1. Contra la mencionada Sentencia, Eberto Martín Cáceres Lema, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 142 a 144), resuelto por Auto de Vista 114/2010 de 22 de junio (166 a 167), emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, la cual declaró Procedente el recurso de apelación restringida planteado y en consecuencia Revocó la Sentencia y dispuso la absolución de imputado ordenando la cesación de todas las medidas cautelares personales que le hubiese impuesto.


  1. Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista y su complementario el 8 de julio de 2010 (fs. 172), interpuso recurso de casación el 13 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El Auto de Vista inobservó los arts. 398 y 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque revalorizó la prueba, que es una atribución del Juez de Sentencia y no se fundamentó debidamente dicha resolución porque se limitó a realizar una breve mención incompleta de los hechos del caso sin realizar una correcta apreciación de la prueba valorada por el Juez de primera instancia; en tal sentido, el Tribunal de alzada no realizó un análisis prolijo del recurso; por lo que, se tiene que tener en cuenta que cuando en un fallo existe contradicción e incongruencia se constituye un defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP; y, por ende en vulneración del debido proceso, derecho a la defensa y la seguridad jurídica.

   

Sobre la temática planteada invocó como precedentes contradictorios la Sentencia Constitucional 1369/2001 y los Autos Supremos 91 de 28 de marzo de 2006, 114 de 20 de abril de 2006, 373 de 6 de septiembre de 2006 y 724/2004.


  1. Refirió que el Auto de Vista incurrió en errónea interpretación del art. 345 del CP, porque no consideró que el imputado no quiso devolver la totalidad de las herramientas; sino, solo una parte de ellas siendo la apropiación indebida de cuatro herramientas tal como consta la querella; asimismo, el Tribunal de alzada incurre en un error al afirmar que el imputado trató de devolver las herramientas, cuando en los hechos solo pretendió devolver una parte de las herramientas, aspecto que el Tribunal de alzada no consideró. El imputado debió devolver todas las herramientas al momento de su desvinculación laboral; sin embargo al no hacerlo, la empresa le otorgó un plazo para que pudiera hacerlo sin embargo no lo hizo; posteriormente, fuera del plazo otorgado solamente devolvió la pistola para pintura, la batería para el taladro inalámbrico y el cargador del celular, negándose a devolver el taladro Marca MAKITA, sustentando esta afirmación con el argumento que el acusado reconoció que el taladro fue extraído por su persona de las dependencias de la empresa, además se encontraba en posesión y que de manera inexplicable ya no conoce el paradero del mismo, aspecto que no fue tomado en cuenta por el Auto de Vista, motivo por el cual se interpretó de manera incorrecta el art. 345 del CP, porque éste artículo no se señala que el autor pueda o tenga alguna atenuación en su conducta si es que devuelve el bien, señala por el contrario que tiene la obligación de entregar y devolver y el no haberlo hecho en el plazo que se le otorgó configura el tipo penal.


Sobre la temática planteada invocó como precedentes contradictorios, en el otrosí 2º de su recurso, refirió la Sentencia Constitucional 1369/01 de 19 de diciembre de 2001, los Autos Supremos 91 de 28 de marzo de 2006, 200012-Sala Penal-2-861 de 19 de diciembre de 2000, 114 de 20 de abril de 2006, 349 de 28 de agosto de 2006, 724 de 26 de noviembre de 2004, 373 de 6 de septiembre de 2006 y 256/2004.    


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia. 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente. 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se constata que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que fue notificado con el Auto de Vista impugnado y su Auto Complementario el 8 de julio de 2010 (fs. 172), presentando su recurso de casación el 13 del mismo mes y año; es decir, dentro de los cinco días hábiles que refiere el art. 417 del CPP.


Con relación al primer motivo, relativo a que el Auto de Vista inobservó los arts. 398 y 124 del CPP, porque revalorizó la prueba, que es una atribución del Juez de Sentencia y no se fundamentó debidamente dicha resolución porque se limitó a realizar una breve mención incompleta de los hechos del caso sin realizar una correcta apreciación de la prueba valorada por el Juez de primera instancia; asimismo, refirió que si en un fallo existe contradicción e incongruencia constituye un defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP; y, por ende la vulneración del debido proceso, derecho a la defensa y la seguridad jurídica.


Con relación a este motivo, se debe tener en cuenta que el recurrente invocó como precedente contradictorio sobre la temática planteada la Sentencia Constitucional 1369/2001 la cual no puede ser considerada como tal debido a que no se encuentra bajo las previsiones contenidas por el art. 416 del CPP; por otro lado, señaló los Autos Supremos 91 de 28 de marzo de 2006, 114 de 20 de abril de 2006, 373 de 6 de septiembre de 2006 y 724/2004, de los cuales si bien transcribió su doctrina legal aplicable; empero, no precisó en términos claros la contradicción en la que hubiese incurrido el Auto de Vista, señalando simplemente que careció de fundamentación, que no realizó un análisis prolijo del recurso y refiriendo aspectos genéricos referidos a una supuesta revalorización de la prueba; por tanto, la imposibilidad de establecer el sentido jurídico contradictorio que se hubiese aplicado en la referida resolución y esta falencia no puede ser suplida de oficio.


Por otro lado, a tiempo de fundamentar la vulneración de derechos y garantías constitucionales, si bien refirió como infringido el debido proceso, derecho a la defensa y la seguridad jurídica; sin embargo, no identificó plenamente el defecto absoluto que no es susceptible de convalidación sin especificar los hechos concretos que le causan agravio y el argumento que el Auto de Vista no habría analizado correctamente; y, el resultado dañoso emergente del defecto, pues así se evidencia que de manera genérica se indica sobre la supuesta falta de fundamentación y revalorización de la prueba; por lo que, de la fundamentación expuesta en el recurso, se observa que no se cumplió con los presupuestos de flexibilización para una posible admisión excepcional, impidiendo a este Tribunal la labor encomendada por ley, al no ser posible establecer el sentido jurídico distinto aplicado por el Tribunal de apelación; por lo que, el motivo deviene en inadmisible. 


Respecto del segundo motivo, en el que señaló que el Auto de Vista incurrió en errónea interpretación del art. 345 del CP, porque no consideró que el imputado no quiso devolver la totalidad de las herramientas; sino, solo una parte de ellas siendo la apropiación indebida de cuatro herramientas tal como consta la querella; asimismo, el Tribunal de alzada incurre en un error al afirmar que el imputado trató de devolver las herramientas, cuando en los hechos solo quiso devolver una parte de las herramientas más no así el taladro Marca MAKITA, aspecto que el Tribunal de alzada no consideró.


Con relación a este motivo se debe tener en cuenta que el recurrente con relación a este agravio invocó como precedente contradictorio en el otrosí 2º de su recurso, la Sentencia Constitucional 1369/01 de 19 de diciembre de la cual como se señaló anteriormente no puede ser considerado como precedente debido a que no se encuentra dentro las previsiones contenidas en el art. 416 del CPP; y, con relación a los Autos Supremos 91 de 28 de marzo de 2006, 114 de 20 de abril de 2006, 349 de 28 de agosto de 2006, 724 de 26 de noviembre de 2004 y 373 de 6 de septiembre de 2006, omitió realizar la labor de contradicción con relación al Auto de Vista, teniendo en cuenta que simplemente transcribió la parte que creyó pertinente de los Autos Supremos 91/2006, 724/2004 y 114/2006, 373/2006 sin precisar los aspectos contradictorios en los que hubiere incurrido el Auto de Vista y respecto del Auto Supremo 256/2004 no realizó la más mínima referencia de que se trata el mismo; por otro lado, con relación al Auto Supremo 200012-Sala Penal-2-861 de 19 de diciembre de 2000 se establece que el mismo es emitido dentro de un proceso tramitado con el antiguo Código de Procedimiento Panal (abrogado), además que declara infundado el recurso interpuesto, y esa normativa en el presente caso no es aplicable porque la presente causa se tramitó con el Código de Procedimiento Penal vigente (Ley Nº 1970) además de no contener doctrina legal aplicable, por esas circunstancias resulta imposible materialmente establecer el sentido jurídico contradictorio que se pudo haber aplicado en la referida resolución y esta falencia no puede ser suplida de oficio; en síntesis, el impetrante se limitó a realizar un análisis de los hechos que el Tribunal de Alzada no habría considerado, sin establecer cual el defecto absoluto no susceptible de convalidación y cuál la vulneración y/o disminución de sus derechos o garantías, situación que no reúne los requisitos de flexibilización para una posible admisión excepcional, impidiendo a este Tribunal la labor encomendada por ley, al no ser posible establecer el sentido jurídico distinto aplicado por el Tribunal de apelación; por lo que, el motivo deviene en inadmisible. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Manfredo Kempff Moreno en representación de la empresa SERVICES INTERNACIONAL LIMITED, cursante de fs. 201 a 207.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Dra. Presidenta Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA