TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 330/2015-RA-L

Sucre, 06 de julio de 2015


Expediente        : La Paz 109/2010

Parte Acusadora        : Marcelino Narciso Aliaga Limachi

Parte Imputada        : Jaime Quispe Quiñajo y otros

Delito        : Despojo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de junio de 2010, cursante de fs. 301 a 303,  Marcelino Narciso Aliaga Limachi, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 31/2010 de 26 de abril, de fs. 292 a 294 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Jaime Quispe Quiñajo (declarado rebelde), Gregorio Huanca Condori, Rene Anti Huanca, Santusa Arminda Alejo Mamani, Florencio Alejo Laruta, Adrián Mamani Quispe, Cirila Quispe Mamani (declarada rebelde), Jhonny Mamani Quispe (declarado rebelde), Reyna Mamani (declarada rebelde) y Roberto Mamani (declarado rebelde), por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


  1. En mérito a la acusación particular presentada por Marcelino Narciso Aliaga Limachi (fs. 13 a 15), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Segundo de Sentencia de El Alto de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 11/2008 de 15 de marzo (fs. 189 a 195 vta.), por la que declaró a los imputados, Santusa Arminda Alejo Mamani, René Anti Huanca y Adrián Mamani Quispe, autores y culpables del delito de Despojo, tipificado en el art. 351 del CP, sancionándoles con la pena privativa de libertad de tres años y seis meses, a cumplir en el caso de la mujer, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes; y, los varones en el Centro Penitenciario de San Pedro ambos de la ciudad de La Paz; más pago de daños y perjuicios y costas al Estado.


Una vez que Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta purgaron su rebeldía, y se llevó a cabo la audiencia de juicio oral respecto de ellos, el Juez de la causa, emitió la Sentencia 14/2008 de 11 de abril (fs. 207 a 212 vta.), declarándolos autores y culpables del delito de Despojo, condenándolos a la pena de privación de libertad de tres años y seis meses, a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, más el pago de daños y perjuicios y costas al Estado.


  1. Contra la Sentencia 11/2008, los imputados Adrián Mamani Quispe, Santusa Arminda Alejo Mamani y René Anti Huanca, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 218 a 224 vta.); así como los acusados Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta, mediante memorial, impugnaron la Sentencia 14/2008 (fs. 238 a 243), resuelto el primero por Auto de Vista 31/2010 de 26 de abril (fs. 292 a 294 vta.) dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por Juez de Partido y Sentencia de El Alto, por violación al principio de continuidad.


  1. Notificado el recurrente con el Auto de Complementación al Auto de Vista recurrido el 17 de junio de 2010 (fs. 299), interpuso recurso de casación el 22 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Alega el recurrente que el Auto de Vista 31/2001 de 26 de abril,  incurrió en defecto absoluto, puesto que no obstante de haberse remitido en grado de apelación restringida las Sentencias 11/2008 de 15 de marzo, dictada contra Santusa Arminda Alejo Mamani, René Anti Huanca y Adrián Mamani Quispe; y,  14/2008 de 11 de abril contra Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta; la Sala Penal Segunda, resolvió solamente una sola de ellas, sin atender la impugnación contra la Sentencia 11/2008 de 15 de marzo; resultando el Auto de Vista cuestionado, incompleto, carente de fundamentación e incongruente, violentando los derechos del recurrente a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la petición y al debido proceso.


  1. Agrega que el Auto de Vista impugnado, es incongruente y violenta el debido proceso, en razón de que, tanto en el inicio como en su parte resolutiva resuelve la apelación restringida interpuesta contra la Sentencia 14/2008 de 11 de abril; sin embargo, en la parte de su fundamentación, se incluyen datos y sujetos procesales que corresponden a otro juicio oral, el que concluyó con la Sentencia 11/2008 de 15 de marzo; de donde se evidencia que procedió a mezclar audiencias de dos juicios orales con sujetos procesales diferentes como si fuera uno solo, anulando el juicio por suspensión de más de diez días, y por supuesta violación al principio de continuidad; empero, no se refiere y menos fundamenta ni aclara que dichas suspensiones no se produjeron en aplicación de los arts. 335 y 336 del CPP; sino, porque los acusados fueron declarados rebeldes de acuerdo a lo prescrito por el art. 90 del mismo cuerpo legal, puesto que no se puede juzgar en juicio oral a los declarados rebeldes, debiendo el Juez suspender el actuado procesal; por lo que, la doctrina invocada en la Resolución de alzada, como son los Autos Supremos 37 de 27 de enero de 2009 y 239 de 1 de agosto de 2005, no es vinculante al tratarse de aplicación de una norma distinta.


En calidad de precedentes contradictorios, invoca el Auto Supremo 239 de 1 de agosto de 2005 que estaría referido a que existe contradicción cuando, ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto, inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el presente recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días y ante la Sala que lo dictó, teniendo en cuenta que el ahora recurrente fue notificado con el Auto Complementario al Auto Vista impugnado el 17 de mayo de 2010 (fs. 295), presentando su recurso de casación el 22 del mismo mes y año; cumpliendo de esta manera, con lo preceptuado por el art. 417 del CPP.


En cuanto al primer motivo denunciado por el recurrente, referido a que el Tribunal de alzada omitió resolver la apelación restringida planteada por los imputados contra la Sentencia 11/2008 de 15 de marzo; habiéndolo hecho solamente respecto de la Sentencia 14/2008 de 11 de abril, violentando así los derechos del recurrente a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la petición y al debido proceso, incurriendo en defecto absoluto; al respecto se denota que el impugnante si bien en la parte final del memorial del recurso de casación invocó en calidad de precedentes contradictorios el Auto Supremo 239 de 1 de agosto de 2005 que estaría referido a que existe contradicción cuando, ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; respecto del cual no hace ninguna labor de contraste con relación al Auto de Vista impugnado; extremo que denota la inadmisibilidad del presente motivo por incumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP.


Sin perjuicio de lo señalado, de la lectura de los fundamentos materializados en este agravio, es posible evidenciar que a más de no cumplir con la labor de contraste del precedente contradictorio invocado; empero, sí se cumplieron los presupuestos de flexibilización, puesto que se identificaron de manera cabal los supuestos hechos generadores del agravio vinculados a la presunta vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales que provocarían defectos absolutos no susceptibles de convalidación, como son la seguridad jurídica, la legalidad, la petición y el debido proceso en sus elementos a la debida fundamentación y a la congruencia, bajo el argumento que pese a haberse remitido en grado de apelación restringida, dos Resoluciones, el Tribunal de alzada solamente resolvió una de ellas, olvidándose atender a la otra.


En conclusión, lo relatado demuestra que al haberse explicado las razones por las cuales, el Auto de Vista ahora recurrido hubiera generado las restricciones de los derechos señalados, exponiendo en qué consistieron las omisiones y deficiencias en las que incurrió el Tribunal de alzada, así como el resultado dañoso emergente de ellas, vinculado a un defecto absoluto, implica que el presente agravio sea declarado admisible, al haberse cumplido los presupuestos de flexibilización.


En el segundo de los motivos denunciados, alega el recurrente que el Auto de Vista incurre en incongruencia porque si bien no resolvió una de las dos apelaciones restringidas referidas al mismo proceso penal; sin embargo, en aquella que sí resolvió correspondiente a la Sentencia 14/2008 de 11 de abril, incluyó datos y nombres de sujetos procesales que corresponden al otro juicio oral que concluyó con la Sentencia 11/2008 de 15 de marzo, mezclando los actuados procesales de ambos, y concluyendo con la nulidad de la primera de las Resoluciones citadas por supuesta violación del principio de continuidad, sin tener presente además que las suspensiones de audiencias se produjeron en aplicación del art. 90 del CPP, esto es, porque los imputados fueron declarados rebeldes, aplicando la doctrina legal contenida en los Autos Supremos 37 de 27 de enero de 2009 y 239 de 1 de agosto de 2005, que corresponde a la aplicación de normas de distinta naturaleza, como son los arts. 335 y 336 del CPP; aquí el recurrente, pese a invocar el Auto Supremo 239 de 1 de agosto de 2005; tampoco cumplió con la labor de contraste con los argumentos denunciados del Auto de Vista impugnado, inobservando las exigencias de los arts. 416 y 417 del CPP, imposibilitando a este Tribunal efectuar la labor nomofiláctica de unificación de jurisprudencia.


No obstante lo señalado, se advierte que se denunció la vulneración del debido proceso, identificando los hechos que le causan agravio como es la incongruencia en el fallo de alzada, al confundir los datos de ambas apelaciones para llegar a un resultado final, omitiendo dar respuesta a una de las dos apelaciones remitidas, explicando adecuadamente en qué consistió la deficiencia en que incurrió el Tribunal de apelación, así como el resultado dañoso, el cual se materializa en la supuesta incongruencia que conlleva a la toma de una determinación, como es anular la Sentencia 14/2008 de 11 de abril, bajo actuados que no corresponden al juicio oral que dio lugar a la misma, mediante el empleo de fundamentos y de doctrina legal no aplicable al caso concreto, y además, concluyó con la nulidad de la primera de las Resoluciones por supuesta violación al principio de continuidad, sin tener presente que las suspensiones de las audiencias se produjeron porque los imputados fueron declarados rebeldes conforme a lo previsto por el art. 90 del CPP; lo que conllevó a la violación de su derecho fundamental, derivados a su criterio, en la comisión de defectos procesales. En tal sentido, cumplidos como están los requisitos para ingresar al análisis de fondo de este agravio en forma extraordinaria, el mismo resulta admisible por flexibilización.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por Marcelino Narciso Aliaga Limachi, cursante de fs. 301 a 303; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 31/2010 de 26 de abril, cursante de fs. 292 a 294 vta., así como la presente Resolución.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA