TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 317/2015-RRC-L

Sucre, 14 de julio de 2015


Expediente                        : Santa Cruz 76/2010

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Enzo Fabricio Ibietta Mendoza

Delitos                : Falsedad Material y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina

       

RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de abril de 2010, cursante de fs. 369 a 370 vta., Enzo Fabricio Ibietta Mendoza, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 49 de 1 de abril de 2010 de fs. 365 a 366 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Raúl Añez Campos contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a)    Por Sentencia 32/2009 de 1 de diciembre (fs. 337 a 350), el Tribunal Séptimo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró al imputado Enzo Fabricio Ibietta Mendoza, autor y culpable de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados y sancionados por los arts. 199 y 203 con relación al art. 45, todos del CP; condenándolo a la pena de seis años de reclusión a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, así como al pago de costas, siendo absuelto por el delito de Falsedad Material, por no adecuarse su conducta al tipo penal.


b)    Contra la mencionada Sentencia, el imputado Enzo Fabricio Ibietta Mendoza, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 354 a 355 vta.), resuelto por Auto de Vista 49 de 1 de abril de 2010 (fs. 365 a 366 vta.), dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que declaró improcedente el citado recurso, motivando la formulación del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 241/2015-RA-L de 3 de junio (fs. 380 a 383), se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis, conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Señala que el Auto de Vista incurrió en defectuosa valoración de la prueba: a) Con relación a la signada como Nº 4.- Acta Notarial realizada por la Notaria de Fe Pública Carmen Sandoval; Nº 5.- Informe especial sobre intervención al Departamento de Tributación; Nº 6.- Informe de la precitada Notaria; contra las que planteó incidente de exclusión probatoria durante el juicio, rechazado por el Tribunal de Sentencia, dando lugar a su reserva de recurrir; considerada por el mismo Tribunal de alzada como indiciaria; por lo tanto, carecería de eficacia acusatoria. No obstante ello, dichas autoridades las calificaron de correctas bajo el argumento que su persona fue acusada en el juicio por los delitos atribuidos y que la prueba producida en dicha etapa fue suficiente para generar en el Tribunal, la convicción sobre su responsabilidad penal; y, b) Con relación a la Nº 11.- Informe realizado por el auditor externo Salomón Lusady Mena Estremadoiro, la cual,  la defensa pidió oportunamente que sea excluida en aplicación de lo preceptuado por los arts. 172, 174, 179 y 208 del CPP, perito que también fue recusado al amparo de los arts. 205 y 208 del mismo cuerpo legal; el Tribunal de alzada adujo que el A quo excluyó correctamente la prueba signada como Nro. 13, y de haber excluido las pruebas Nros. 4, 5, 6 y 11; igual por otros medios probatorios, de todas formas se generó en el Tribunal de juicio, certeza sobre la responsabilidad del imputado; sin tener presente que las mismas tienen un defecto absoluto por haber sido incorporadas ilegalmente al proceso.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que una vez admitido el presente recurso, se revoque o anule directamente el Auto de Vista 49 de 1 de abril de 2010, ya que le causa agravios a sus derechos.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 241/2015-RA-L, cursante de fs. 380 a 383 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por el imputado Enzo Fabricio Ibietta Mendoza, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Desarrollado el juicio oral, el Tribunal Séptimo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dictó la Sentencia 32/2009 de 1 de diciembre (fs. 337 a 350), por la que declaró al imputado Enzo Fabricio Ibietta Mendoza, autor y culpable de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados y sancionados por los arts. 199 y 203 con relación al art. 45, todos del CP; condenándolo a la pena de seis años de reclusión, a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz con los siguientes argumentos, atinentes a los motivos planteados en el presente recurso:


a)  La prueba testifical recepcionada durante el juicio oral, tiene aptitud y suficiencia probatoria, ya que no existen razones objetivas que las invaliden, además se hallan corroboradas y apoyadas con las pruebas documentales de cargo signadas con los números 1.- Acta de denuncia, 2.- Formulario de declaración de Raúl Añez Campos, 4. Acta notarial realizada por la Notaria de Fe Pública Dra. Carmen Sandoval, 5.- Informe especial sobre la intervención al Departamento de Tributación, 6.- Informe realizado por la Notaria de Fe Pública Dra. Carmen Sandoval, 7.- Memorándum dirigido al imputado Enzo Fabricio Ibietta Mendoza, 9.- Declaración realizada por Nancy Cruz Linares, 10.- Declaración realizada por Eliana Vargas Cruz, 11.- Informe realizado por Lic. Salomón Mena, auditor externo, 12.- Declaración realizada por Cinthia Paola Caballero Kubber.


b)  Se adjudica credibilidad a los testigos de cargo ofrecidos por el Ministerio Público: Raúl Añez Campos, Cinthia  Paola Caballero Kubber, Nancy Estela Ruiz Linares y Eliane Vargas Cruz, ya que sus testimonios tienen aptitud y suficiencia probatoria para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia por no existir razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas que impidan formar la convicción del Tribunal.


c)    Otro factor que se consideró, es la finalidad perceptiva que otorga el principio de inmediación porque propicia una específica y atenta ponderación circunstanciada que, por un lado, aparece si cabe como más rigurosa y exigente en lo que a fiabilidad se refiere y, de otro, sugiere prestar una extremada atención a los detalles del lugar, tiempo y modo como datos objetivos narrados en el acto del juicio oral, bajo la garantía de oralidad, contradicción e inmediación, como pregonan los arts. 329, 330, 333 y 354 del CPP.


d)   También el Tribunal ha considerado la verosimilitud de los testimonios que prestaron los nombrados testigos de cargo, porque están rodeados de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que les dotan de aptitud probatoria y reflejan la real existencia de los hechos sometidos a juzgamiento, por ello se les adjudica credibilidad, por la homogeneidad, espontaneidad, riqueza en detalles, por la objetividad de los mismos y la interrelación con otros elementos probatorios precedentemente analizados y valorados.


e)  Consecuentemente, está plenamente demostrado que la conducta del imputado Enzo Fabricio Ibietta Mendoza, se adecua a los tipos penales de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199 y 203 del CP, ya que su actuación fue con conocimiento pleno, en forma libre, voluntaria, espontánea y motivadamente, comisión delictiva que le reportó recursos económicos ilícitos en la suma de Bs. 1.573.515.- (un millón quinientos setenta y tres mil quinientos quince bolivianos), además por su calidad de Jefe de Recaudaciones de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), era conocedor que su accionar doloso constituía conductas antijurídicas, típicas, culpables y merecedoras de una pena. Así también está plenamente demostrada la existencia de una relación y coincidencia en tiempo, lugar, hechos y personas, elementos armonizantes y componentes de los mencionados tipos penales acusados por la Fiscalía, que hacen firme la decisión unánime del Tribunal para condenar al imputado por la comisión de los mencionados hechos delictivos.


II.2. Del recurso de apelación restringida de la parte imputada.


El imputado Enzo Fabricio Ibietta Mendoza, interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia 32/2009 de 1 de diciembre (fs. 337 a 350), bajo los siguientes argumentos, relativos siempre a los motivos que serán analizados en la presente Resolución:


1) Respecto de los hechos probados Segundo y Tercero, tomaron como pruebas de cargo: 4.- Acta Notarial realizada por la Notaria de Fe Pública Carmen Sandoval; 5.- Informe especial sobre intervención al Departamento de Tributación; 6.- Informe realizado por la Notaria de Fe Pública Carmen Sandoval; 11.- Informe realizado por el Lic. Salomón Mena, auditor externo, respecto a las cuales la defensa pidió su exclusión con base a los arts. 172, 174, 179 y 208 del CPP, ante su negatoria se reservó el derecho a interponer la apelación restringida.


2) Respecto de la prueba pericial realizada en audiencia de juicio oral, por el Lic. Salomón Lusady Mena Estremadoiro, el 12 de noviembre de 2009, perito que fue recusado basándose en los arts. 205 y 208 del CPP, ya que el mencionado profesional no presentaría idoneidad para realizar la auditoria forense operacional; quien fue excluido de las pruebas de cargo; empero, se lo incluyó mediante la prueba pericial, pese a que fue testigo del hecho, como se puede observar en las pruebas de cargo 4 y 5, y por ende, no podía ser considerado como perito ante el Tribunal.


3) Habiéndose demostrado que la exclusión probatoria se debió hacer en su momento, así como la recusación del perito, pruebas tales que han sido consideradas para la mencionada Sentencia, pide se subsane la flagrante violación de sus derechos y garantías constitucionales, como es el derecho al debido proceso, al haberse aplicado erróneamente el art. 408 del CPP, al permitir la introducción de pruebas de cargo inidóneas, lo que constituye defecto absoluto de la sentencia al tenor de los arts. 370 inc. 1) y 169 inc. 3) del CPP; por lo que, solicita la anulación de la Sentencia y se disponga la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal.


II.3.Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida formulado por el imputado, emitiendo el Auto de Vista 49 de 1 de abril de 2010, declarándolo improcedente, de acuerdo a los siguientes argumentos:


i)  En el punto referido a la denuncia de defectos absolutos que dieron lugar a un incidente de exclusión probatoria de las pruebas signadas con los números 4, 5, 6, 11 y 13, dicho incidente fue resuelto motivada y correctamente, por el Tribunal de sentencia en la misma audiencia de juicio oral, así consta en el acta de audiencia, en mérito a lo siguiente: 1. Con relación a la prueba 4, no se estableció qué derecho fundamental o garantía constitucional del imputado se había vulnerado. Tómese en cuenta, que la naturaleza jurídica de esa prueba es indiciaria; por lo que, posteriormente la misma dio lugar a la iniciación del presente proceso penal; 2.- Respecto a la prueba 5, fue rechazado el incidente en mérito a que el simple argumento de que la prueba carecía de eficacia, no era suficiente para excluirla del proceso. Los argumentos para la exclusión deben ser debidamente fundamentados por quien la plantea, situación que no sucedió por parte de la defensa en el caso de autos; y, 3.- Por otro lado, con relación a las pruebas de cargo signadas con los números 6 y 11, el incidentista no estableció qué derecho fundamental o garantía constitucional del imputado se había vulnerado. Nótese que estas pruebas también son indiciarias y se relacionan con la Prueba Nro. 4. Además hacer notar que el Tribunal a quo, excluyó correctamente la prueba signada con el 13, por no haberse dado cumplimiento a las normas establecidas en los arts. 204 y 209 del CPP.


ii) Además el Tribunal de sentencia, valoró dichas pruebas en su momento procesal, en realidad los defectos reclamados no constituyen defectos absolutos. Es más, si se realiza una operación mental hipotética de exclusión probatoria de las pruebas 4, 5, 6 y 11, el resultado sería el mismo, toda vez que por medio de otros elementos probatorios se ha podido generar en el referido Tribunal, la certeza plena e incontrastable sobre la responsabilidad penal del imputado.


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS SOBRE LA VERIFICACIÓN DE POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


El presente recurso fue admitido por la concurrencia de los presupuestos de flexibilización ante la denuncia formulada por la parte imputada de que el Tribunal de alzada incurrió en defectuosa valoración de la prueba, específicamente de las codificadas como 4, 5, 6 y 11 respecto a las cuales opuso incidente de exclusión probatoria, correspondiendo en consecuencia, la revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de apelación a los fines de dilucidar si los extremos denunciados son evidentes y si constituyen vulneraciones a derechos y garantías constitucionales.


III.1. Labor de control de logicidad por parte del Tribunal de alzada ante la denuncia de errónea valoración de la prueba y la obligación de la carga argumentativa del apelante.


Aunque la apreciación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas (intangibilidad de la prueba y de los hechos) de la Sentencia son inatacables en apelación restringida; empero, están sujetas al control de logicidad a cargo del Tribunal de apelación, que verificará a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la Sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.


Pues bien, el juzgador debe observar los principios lógicos supremos o leyes supremas del pensamiento que gobiernan la elaboración de los juicios y otorgan base cierta para determinar cuáles son, necesariamente, verdaderos o falsos. A decir del profesor De la Rua, las leyes del pensamiento son leyes a priori que están constituidas por las leyes fundamentales de coherencia y derivación, por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. (De la Rua, Fernando. Teoría General del Proceso. Editorial Depalma, Buenos Aires 1991. Pág. 154-158). 


Asimismo, en relación a las leyes de la psicología, el Tribunal o Juez tiene el deber de aplicarlas en la valoración de las pruebas, no siendo necesario que indique cuál sea el procedimiento psicológico empleado; además, de aplicar las normas de la experiencia, que son los juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos. (Arroyo, Gutiérrez José Manuel y Rodríguez, Campos Alexander. Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal. Editorial Jurídica Continental. San José-Costa Rica 2003. 2da. Edición. Pág. 91).


En el ordenamiento jurídico boliviano, el sistema de valoración de la sana crítica, se encuentra establecido en el art. 173 del CPP, que refiere: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”; lo que implica, que el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia en la emisión de la Sentencia, que podrá ser impugnada, cuando la parte considere que no fueron aplicadas correctamente.


Consiguientemente, ante la denuncia de errónea valoración de la prueba por la incorrecta aplicación de las leyes del pensamiento humano respecto a la sana crítica, que además deberá contener necesariamente la identificación de cuáles los elementos de prueba incorrectamente valorados, así como la solución pretendida; el Tribunal de alzada, verificará si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, y de evidenciar el reclamo, determinará la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio, ante la prohibición de corregir directamente el defecto, conforme dispone el art. 413 del CPP; en cambio de resultar incorrecta la denuncia, dispondrá su rechazo y confirmará lo resuelto en Sentencia por el A quo.


Este entendimiento ha sido ampliamente desarrollado en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que señala: “El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente a admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez” (las negrillas son nuestras).


Por lo señalado precedentemente, el Tribunal de alzada tiene la obligación de efectuar la labor de control de logicidad ante la denuncia de errónea valoración de la prueba; como también resulta inexcusable para el recurrente señalar e identificar qué elementos de prueba fueron incorrectamente valorados y cuál la solución que pretende; es decir, precisar qué partes de la decisión incurrieron en errores lógico-jurídicos en el que se aplicaron de manera inadecuada las reglas de la sana crítica, con el correspondiente análisis lógico buscado; y no referirse a aspectos procesales que no vayan a tener incidencia en el fondo del litigio.


III.2. El planteamiento de exclusiones probatorias.


Una de las facultades que tienen las partes durante el desarrollo del juicio oral, y lógicamente la parte imputada en ejercicio de su derecho a la defensa y en el ámbito del debido proceso, es el planteamiento de incidentes de exclusión probatoria u observaciones a la admisibilidad de la prueba, teniendo en cuenta que si bien rige en el sistema procesal penal el principio de la libertad probatoria, por el cual el Juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado, conforme a las previsiones contenidas en el art. 172 del CPP, carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagrados en la Constitución, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y el propio Código de Procedimiento Penal y otras leyes, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en procedimiento o medio ilícito, careciendo también de eficacia probatoria, los medios de prueba incorporados al proceso sin la observancia de las formalidades previstas en la norma adjetiva penal; supuestos en los cuales la parte imputada a través del referido incidente, procurará evitar la judicialización de prueba que se encuentre en los citados rangos, a cuyo efecto la parte acusadora tiene el deber de presentar la prueba documental y material ofrecida en la acusación sea pública o particular.


Ahora bien, una temática vinculada directamente a la anterior, es la relativa a la actividad procesal defectuosa por existencia de defecto absoluto; sobre el particular, es menester precisar que el principio regulador sobre la materia se halla consagrado en el art. 167 del CPP, que determina: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado. En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causan agravio”. Esto implica, que el art. 169 del CPP, prevé los defectos absolutos que no son susceptibles de convalidación, pues el quebrantamiento de la forma está vinculado a la protección de un derecho o garantía constitucional.


En ese contexto, debe tenerse en cuenta que la norma procesal penal distingue los defectos absolutos y los relativos, los primeros que no son susceptibles de convalidación y los otros quedan convalidados en los casos previstos por la misma norma; sin embargo, la diferencia sustancial de los defectos absolutos y relativos, radica en que en el defecto absoluto el quebrantamiento de la forma está vinculado a la protección de un derecho o garantía constitucional; en cambio, en el defecto relativo existe un quebrantamiento de forma; por otro lado, de la regulación de la actividad procesal defectuosa se tiene que no cualquier defecto es necesariamente invocable; sino, sólo aquellos que causen perjuicio o agravio a la parte interesada. A esto debe añadirse que las formas procesales precautelan el ejercicio de los derechos de las partes y las garantías constitucionales; en consecuencia, no se puede decretar la nulidad, sino sólo cuando hay un defecto que por haber causado una afectación a un derecho o garantía es absoluto; es decir, la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, pues es necesario que ese quebrantamiento hubiere afectado los derechos de alguna de las partes y que ésta haya demostrado el agravio para poder solicitar la anulación del acto defectuoso. 


III.3. La nulidad y los principios que la regulan.


Desde el punto de vista doctrinal, las nulidades según expone JORGE CLARIÁ OLMEDO- consisten en la invalidación de actos cumplidos e ingresados al proceso sin observarse las exigencias legales impuestas para su realización, en tal sentido, no todo defecto o no toda irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento produce la nulidad; pues para declarar dicha nulidad se debe tomar en cuenta determinados principios como: no hay nulidad sin texto, vale decir, que la irregularidad de la que adolece el acto debe estar sancionada de manera expresa, pero además debe tener trascendencia, es decir, que el vicio debe ser de tal magnitud que impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido en orden al derecho o garantía que se dice violado; pero además las nulidades deben ser interpretadas de manera restrictiva a efectos de evitar se desvirtúe el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica y finalmente debe tomarse en cuenta el interés, pues no hay nulidad por la nulidad misma en sentido de que la nulidad puede ser pronunciada cuando el incumplimiento de las formas se traduce en un efectivo menoscabo a los intereses de la defensa. Exacerbar privilegios o garantías constitucionales en una incorrecta aplicación, daña el supremo interés u orden público afectando la seguridad del cuerpo social.


Dicho de otro modo, los errores o inobservancias del procedimiento, serán calificados como lesivos a la garantía del debido proceso y; consiguientemente, anulables, sólo en aquellos casos en los que tengan trascendencia, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material y además sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro, no teniendo ningún sentido disponer se subsanen los defectos procedimentales en los que habría incurrido, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se alcanzó mediante el acto, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado.


En consecuencia, dentro del instituto jurídico de las nulidades en general en el proceso penal, persisten varios principios, entre ellos, el de trascendencia, el que deviene de la fórmula “pas de nullité sans grief”, que significa, “no hay nulidad sin perjuicio o agravio”; en virtud al cual, se descartan las posturas formalistas y legalistas que postulan la declaración de nulidad por la misma nulidad; por lo tanto, el motivo que viabiliza o provoca una nulidad, sin duda debe estar revestido de un evidente daño o perjuicio a la parte, en el acto realizado; lo contrario; es decir, sancionar con nulidad todos los apartamientos del texto legal, incluso aquellos que no provocan resultado dañoso, sería incurrir en un excesivo formalismo o solemnidad, dando mayor prevalencia al derecho formal sobre el sustancial, de modo que la existencia de un vicio no es suficiente para declarar la nulidad del acto procesal; sino, además debe demostrarse su trascendencia, esto es, un resultado dañoso que implique un perjuicio y que eventualmente ocasione una consecuencia distinta en la resolución judicial o coloque al imputado en un estado de total indefensión.


Otro de los principios que rigen a las nulidades, es el de convalidación saneamiento o subsanación, dependiendo claro está, del tipo de nulidad que se trate, sea esta relativa o absoluta; responde a la idea general que toda nulidad puede ser convalidada por el consentimiento expreso o tácito de la parte directamente perjudicada con el defecto; será expresa cuando la parte agraviada ratifique el acto viciado y tácita cuando el agraviado no formula su reclamo en la primera oportunidad disponible para hacerlo, mediante el uso de las vías idóneas de impugnación a su disposición, dejando precluir su derecho; puesto que la propia normativa prevé los remedios procesales oportunos que permitan sanear los defectos que se presentan durante el trámite del proceso penal.


Finalmente, otro de los principios integrantes de la nulidad, es el de conservación del acto procesal, implica atribuir al acto jurídico realizado con preferencia a su validez, frente a la interpretación que acarree como consecuencia, su invalidez, dado que cualquier nulidad, siempre trae consigo, el retroceso del trámite con los consiguientes perjuicios para las partes procesales; por tanto, mientras los actos procesales se hubieren cumplido como válidos al haberse realizado de un modo apto para la finalidad el que estaban destinados y no se habría provocado indefensión, se concluye que la regla será la validez del acto procesal y la excepción, su nulidad.


A ello se agrega lo señalado por el Auto Supremo 107 de 31 de marzo de 2005, en el que se infirió que: “En materia de nulidad de obrados, se determina que no exista la nulidad por la nulidad, pues ningún otro vicio o causa que no nazca de la ley, como es el caso de los arts. 166, 169 y 370 del CPP, podrá ser calificado como vicio que da curso a esta nulidad”.


III.4. Análisis del caso concreto.


En la denuncia que se analiza en la presente Resolución, el recurrente señala que el Auto de Vista impugnado incurrió en defectuosa valoración de la prueba, puesto que en su planteamiento, el Tribunal de alzada no reparó la labor valorativa realizada por el Tribunal de sentencia, pese a que reclamó que durante la etapa del juicio interpuso incidente de exclusión probatoria basada en los arts. 172, 174, 179 y 208 del CPP, contra la prueba signada como 4.- Acta Notarial realizada por la Notaria de Fe Pública Carmen Sandoval; 5.- Informe especial sobre intervención al Departamento de Tributación; 6.- Informe de la precitada Notaria y 11.- Informe realizado por el auditor externo Salomón Lusady Mena; y, ante su rechazo en dicha fase del proceso por parte del Tribunal de Sentencia, previa reserva de apelación restringida, solicitó sea subsanada la supuesta flagrante violación de sus derechos y garantías constitucionales.


En vista a dicho reclamo, el Tribunal de alzada resolvió en sentido de que la resolución al incidente de exclusión probatoria interpuesto por el acusado durante el juicio oral, estuvo correcta, agregando a continuación que con relación a la prueba signada como 4 no se estableció qué derecho fundamental o garantía constitucional del imputado se había vulnerado; y que se debía tomar en cuenta que la naturaleza jurídica de esa prueba era indiciaria; por lo que, posteriormente, la misma dio lugar a la iniciación del presente proceso penal. Con relación a la prueba 5, fue rechazado el incidente, en mérito a que el simple argumento de que la prueba carecía de eficacia, no era suficiente para excluirla del proceso; pues los argumentos para la exclusión debían ser debidamente fundamentados, situación que no sucedió por parte de la defensa en el caso de autos. Respecto a las pruebas  6 y 11, señaló que el incidentista no estableció qué derecho fundamental o garantía constitucional del imputado se había vulnerado, sosteniendo a continuación que ambas pruebas eran también indiciarias y se relacionaban con la prueba 4.


Finalmente, los Vocales arribaron a la conclusión de que el Tribunal de Sentencia, valoró dichas pruebas en su momento procesal, y que en realidad, los defectos reclamados no constituían defectos absolutos, sosteniendo que en caso de realizar una operación mental hipotética de exclusión de las pruebas 4, 5, 6 y 11, el resultado sería el mismo; toda vez, que por medio de otros medios probatorios se pudo generar en el Tribunal de mérito, la certeza plena e incontrastable sobre la responsabilidad penal del imputado, por lo que declaró no haber lugar a los defectos denunciados, por inexistentes.


Ahora bien, en etapa casacional, el precitado sujeto procesal, reitera los argumentos esgrimidos en el Auto de Vista, alegando que los mismos carecen de una debida fundamentación, atribuyendo dicha falta como defecto absoluto de la Sentencia.


Ocurridos y determinados así los hechos, corresponde a continuación ingresar al análisis de fondo de lo demandado. Así, de la revisión del entendimiento expresado en los Autos Supremos emitidos por esta máxima instancia de justicia ordinaria, corresponde señalar que tal como desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Resolución, la apreciación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas son inimpugnables en apelación restringida; sin embargo, le corresponde al Tribunal de alzada, controlar si la labor realizada durante el juicio con relación a dicha valoración, se ajustó a la logicidad, y cumplió con la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación del fallo de mérito.


De lo señalado, se desprende que a efectos de aperturar la competencia del Tribunal de apelación, para viabilizar el control de logicidad de la valoración probatoria, el apelante tiene la obligación de explicar cuáles son los elementos de prueba que fueron incorrectamente valorados y cuál la solución que se pretende, demostrando qué partes de la decisión incurrieron en errores lógico jurídicos y necesariamente la trascendencia radicada en ellos, que indefectiblemente incidiría en el fondo del litigio. Labor que debe cumplirse igualmente a tiempo de plantear el recurso de casación.


En la especie, de la lectura de los antecedentes procesales, se denota que no se cumplió con lo señalado, puesto que se evidencia que el recurrente mantiene la insuficiencia de técnica recursiva desde las etapas o fases anteriores del proceso penal, culminando en el presente medio de defensa; en el que, en definitiva tampoco explica, en qué forma específicamente el Tribunal de alzada, le hubiere vulnerado sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, a tiempo de dar respuesta a sus puntos de apelación restringida con relación al incidente de exclusión probatoria. Limitándose a reiterar la respuesta otorgada por dichas autoridades, para concluir de manera simple y ligera que dichos argumentos carecen de fundamentación.


No obstante ello, se evidencia que el Tribunal de alzada, actuó correctamente, dando aplicación al principio pro homine a favor del entonces apelante, a quien le otorgó una respuesta coherente y ajustada al principio de verdad material y principalmente a la justicia material; puesto que, tal como se demostró, en la primera parte de su respuesta otorgó, de manera satisfactoria y debidamente motivada, argumentos válidos con relación a lo denunciado, en sentido que las exclusiones probatorias fueron correctamente analizadas y rechazadas en juicio oral, puesto que no se estableció qué derecho fundamental o garantía constitucional del imputado se había vulnerado y menos se fundamentó adecuadamente sobre ello, y además que algunas de las pruebas tenían carácter indiciario, cumpliéndose de manera adecuada con la identificación y análisis independiente de cada una de ellas, tal como se detalló precedentemente.


Lo expresado demuestra en definitiva que el Tribunal de alzada cumplió a cabalidad con la labor encomendada por la norma penal adjetiva de control de logicidad sobre la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia, otorgando una respuesta, previo análisis independiente de cada uno de los elementos impugnados.


A mayor abundamiento, corresponde señalar también que fuera de la respuesta otorgada, el Tribunal de alzada, reforzó dicha determinación con el argumento igualmente válido en su análisis, en sentido que los defectos reclamados con relación a la exclusión probatoria, no se constituyen en absolutos, y que en el hipotético caso que se hubiere procedido a su apartamiento del proceso, de igual forma, el resultado habría sido el mismo, dado que por otros medios de prueba se pudo generar en el Tribunal de juicio, la certeza plena e incontrastable sobre la responsabilidad penal del imputado.


Aquí, se demuestra que el Tribunal de alzada no se conformó con explicar las razones por las cuales, la determinación asumida con relación al incidente planteado, fue correcto; sino, que además ingresó a realizar un análisis sobre la aplicación de los principios de trascendencia y conservación del acto procesal; puesto que si bien las partes que intervienen en la causa, tienen a su alcance, la facultad de plantear incidentes de exclusiones probatorias u observar la admisibilidad de la prueba, en resguardo y protección a la libertad probatoria a que tienen derecho las mismas, a efectos de asegurar que los medios probatorios ingresados al proceso, observen las formalidades previstas en la norma adjetiva penal; sin embargo, no debe perderse de vista que dicha denuncia debe tener relación directa con actividad procesal defectuosa por existencia de defecto absoluto, dado que solo éstos no son susceptibles de convalidación cuanto el quebrantamiento de la forma está vinculado a la protección de un derecho o garantía constitucional.


El principio de trascendencia demuestra las razones por las cuáles no puede determinarse una nulidad tan solo por una postura formalista, puesto que ésta será viable únicamente cuando la misma se encuentre revestida de un evidente daño o perjuicio a la parte, que le ocasione un resultado dañoso que implique una consecuencia distinta en la resolución judicial o coloque al imputado en total estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso de análisis, tal como lo explicó, aunque de manera resumida el Tribunal de alzada, determinó que aún de haberse excluido la prueba observada, la determinación del fallo hubiere sido la misma, al no tratarse de defectos absolutos, puesto que de un lado, el recurrente nunca cumplió con el canon de demostrar de qué manera la falta de exclusión de los elementos probatorios causó menoscabo a sus derechos y garantías constitucionales; y de otro lado, tampoco explicó de qué forma ello hubiera incidido en la resolución final; pese a lo cual, se le respondió de manera correcta que, en efecto, el apartamiento de esa prueba no daba lugar a una modificación en la determinación central; lo contrario implicaría afectación al debido proceso, ya que solo sería un móvil para retrasar la finalización del proceso para arribar a un mismo resultado, afectando el principio de concentración y economía procesal, que no condice con la filosofía del sistema procesal vigente en el país.


Finalmente, se denota que apartado del principio de lealtad procesal, el recurrente arguye una supuesta recusación contra el profesional encargado del peritaje correspondiente a la auditoria forense realizada a la empresa demandante, lo cual no es evidente, puesto que no se encuentra actuado procesal en que, dicho sujeto procesal hubiere interpuesto dicho mecanismo de impugnación; reclamando dicho extremo recién a tiempo de plantear su apelación restringida, es decir, dentro de una etapa procesal que no se encuentra reservada para ello, al haber precluido dicho derecho; por lo tanto, no puede pretender, en casación, reclamar dicho extremo, ni por incongruencia omisiva, puesto que en esta fase final de impugnación no es posible retozar etapas para la revisión de actuados no interpuestos oportunamente de manera idónea dentro de los momentos procesales estimados para dicho efecto.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación formulado por Enzo Fabricio Ibietta Mendoza, cursante de fs. 369 a 370 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.



Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA