TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 316/2015-RA-L

Sucre, 06 de julio de 2015


Expediente                : La Paz 80/2010        

Parte acusadora        : Empresa Constructora “Casa Propia” 

Parte imputada        : Damaso Moisés Conde López y otro

Delito        : Difamación e Injuria


RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de mayo de 2010, cursante de fs. 294 a 297 vta., William Alberto Rojas Peñaloza, en representación de la Empresa Constructora “Casa Propia”, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 151/2010 de 17 de marzo, de fs. 287 a 288 vta. y su complementario de 12 de abril de 2010, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Damaso Moisés Conde López y Alfredo Conde López, por la presunta comisión de los delitos de Difamación e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282 y 287 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación particular (fs. 22 a 25 vta. subsanada de fs. 101 a 104), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 27/2009 de 16 de noviembre (fs. 196 a 199), complementada por Auto de 26 de noviembre de 2009 (fs. 210), por la que declaró al imputado Damaso Moisés Conde López, absuelto de pena y culpa de la comisión de los delitos de Difamación e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282 y 287 del CP, más costas a calificarse en ejecución de sentencia. En lo referente a Alfredo Conde López, ante su fallecimiento, se tuvo por extinguida la acción penal conforme la Resolución 40/2009.

  1. Contra la referida Sentencia, el representante de la Empresa Constructora “Casa Propia” William Alberto Rojas Peñaloza, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 214 y vta.), subsanada de fs. 283 a 285; resuelto por Auto de Vista 151/2010 de 17 de marzo (fs. 287 a 288 vta.), emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró Inadmisible el recurso de apelación restringida e Improcedentes las cuestiones planteadas, y en consecuencia, confirmó la Sentencia. Solicitada la complementación y enmienda por el querellante a fs. 290 y vta., mediante Auto de 12 de abril de 2010, se declaró no ha lugar la solicitud. 


  1. Notificado el representante de la referida Empresa con el mencionado Auto de Vista y el complementario el 04 de mayo de 2010 (fs. 292), interpuso recurso de casación el 10 del citado mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1)   Alega que el Auto de Vista vulnera la línea jurisprudencial contenida en el Auto Supremo 434 de 20 de agosto de 2009, al declarar inadmisible su recurso de apelación restringida, manifestando que los poderes conferidos no lo habilitaban para interponer el recurso, sin considerar que los mismos señalaban expresamente “y hacer uso de todos los recursos que franquea el procedimiento penal” (sic) cumpliendo con el art. 81 de la Ley 1970. Por otro lado, refiere la violación de sus derechos de víctima previstos en los arts. 76, 78 y 79 del CPP y el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa e inobservancia del art. 171 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al rechazar injustificadamente su solicitud de suspensión de la audiencia por inasistencia de sus testigos, negándole la emisión de mandamientos de comparendo, así como el rechazo de la producción de prueba; hecho que constituye un defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP.


2)   Refiere que el Auto de Vista no analizó los vicios de la Sentencia denunciados en su recurso de apelación restringida, referido a la inobservancia de formas vinculadas a la actividad probatoria en juicio, basándose en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio; la falta de fundamentación de la Sentencia, porque no expresa el motivo por el cual el Juez rechazó la convocatoria de sus testigos, ni porque se negó la recepción de la prueba literal pretextando que debió ofrecerse tres días antes del juicio.


Citando los arts. 15 de la Ley de Organización Judicial, 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 169 del CPP; las Sentencias Constitucionales 0600/2003-R de 6 de mayo, 593/2004 de 22 de abril y 1180/2006-R de 24 de marzo, ante la existencia de defectos absolutos, argumenta que corresponde a los Tribunales de alzada y casación declararlos aún de oficio inclusive si no fueron invocados oportunamente en el desarrollo del proceso, señalando que se vulneraron sus derechos de víctima al declarar inadmisible su recurso de apelación restringida por observarse los poderes conferidos y en el fondo declarar improcedentes las cuestiones planteadas, vulnerándose el debido proceso por convalidar el injusto rechazo de producción de prueba.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)    Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia. 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente. 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se constata que el recurrente cumple con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta que fue notificado con el Auto complementario el 4 de mayo de 2010 (fs. 242), presentando su recurso de casación el 10 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de cinco días previstos por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los argumentos del recurso de casación, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la cita del precedente contradictorio; y, principalmente, la explicación, en términos claros y precisos, referidos a la posible contradicción entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal aplicable de los precedentes contradictorios, que permitan a éste máximo Tribunal, emitir un pronunciamiento final sobre las cuestiones planteadas; en caso de denuncias de vulneración de derechos y garantías constitucionales, se observará el cumplimiento de los presupuestos de flexibilización contenidos en el acápite III de la presente Resolución.


Del contenido del recurso de casación en sus dos motivos precedentemente glosados, se evidencia que el recurrente expone argumentos en los cuales hace referencia a supuestos defectos de la Sentencia, manifestando que la Resolución que ahora impugna violenta la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo 434 de 20 de agosto de 2009 debido a que no analizó los referidos vicios esencialmente en lo concerniente al rechazo de injustificado de producción de prueba; sin embargo, tratándose de un posible defecto generado por la Sentencia, concernía al recurrente invocar el precedente en su recurso de apelación restringida como se tiene previsto por el segundo párrafo del art. 416 del CPP; de igual manera le correspondía precisar de manera clara y concreta los fundamentos del Auto de Vista que considera contradictorios a la doctrina legal contenida en el precedente invocado, requisitos de ineludible cumplimiento que se encuentran previsto por los arts. 416 y 417 del CPP. 


Sobre la vulneración del debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa emergente de la declaratoria de inadmisibilidad de su recurso de apelación restringida, sin analizar los vicios de la Sentencia que constituirían defectos absolutos; sobre este tópico, el recurrente cumple con señalar los antecedentes generadores del agravio como son el rechazo de su solicitud de suspensión del juicio para la emisión de mandamientos de comparendo para los testigos y la negativa de producción de prueba; determinaciones que restringieron su derecho a la defensa, cuyo resultado dañoso sería convalidar una sentencia defectuosa y parcializada; en ese contexto, corresponde la admisibilidad del recurso vía flexibilización a objeto de verificar la posible vulneración del derecho a la defensa alegada por el recurrente.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso interpuesto por William Alberto Rojas Peñaloza, en representación de la empresa constructora “Casa Propia”; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA