TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 300/2015-RRC-L

Sucre, 29 de junio de 2015


Expediente                        : Potosí 32/2010

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Mario Mamani Quispe

Delitos                : Falsedad Material y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina

       

RESULTANDO


Por memorial presentado el 24 de mayo de 2010, cursante de fs. 251 a 254 vta., Mario Mamani Quispe interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 22/2010 de 6 de mayo, de fs. 236 a 238, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Víctor Méndez Nina en contra del recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Estafa, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 335 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   Por Sentencia 5/2010 de 5 de febrero (fs. 199 a 205 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, declaró al imputado Mario Mamani Quispe, autor y culpable de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Estafa, tipificados por los arts. 198, 199 y 335 del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de cinco años en el Centro de Readaptación Productivo “Santo Domingo” de Cantumarca, más costas y reparación del daño civil, averiguables en ejecución de sentencia.


b)  Contra la referida Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 209 a 216), resuelto por Auto de Vista 22/2010 de 6 de mayo (fs. 236 a 238), dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró improcedente el recurso, manteniendo firme y subsistente la Sentencia apelada.


I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 32/2010-RA-L de 10 de abril, se extraen los motivos denunciados por el recurrente, a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales, se circunscribirá el análisis, conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


1)  El recurrente alega la infracción del art. 398 del CPP, puesto que en el Segundo Considerando del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de alzada no se pronunció sobre el aspecto impugnado en el recurso de apelación restringida relativo a las pruebas ilícitamente incorporadas a juicio. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 417/03 de 19 de agosto de 2003, 87/05 de 31 de marzo de 2005, 152 de 2 de febrero de 2007, 658 de 25 de octubre de 2004, 448 de 12 de septiembre de 2007, 431 de 15 de octubre de 2005, 6 de 26 de febrero de 2007, 132 de 31 de enero de 2007, 518 de 17 de noviembre de 2006 y 455 de 14 de noviembre de 2005.


2)  Arguye que el Auto de Vista impugnado incurre en inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva de los tipos penales que se le atribuyen, en lo referente a la obligación de responder sobre los montos que no se cancelaron en los formularios, lo que corresponde determinar en el ámbito civil y no en el penal. En ese sentido, alega infracción al principio de legalidad, puesto que no hay delito sin ley que lo tipifique, como en su caso, en el que su actuación no puede ser atribuida como tipo penal, porque se trata de un incumplimiento a su trabajo, a raíz de lo cual, el querellante le hizo firmar un documento para que se haga cargo y responsable de los montos que adeuda. Invoca los Autos Supremos 221 de 28 de marzo de 2007 y 144 de 22 de abril de 2006.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que se dicte un Auto Supremo, en atención a la fundamentación y contradicción expuesta, estableciendo la doctrina legal aplicable y en el fondo, se revoque el Auto de Vista impugnado y se ordene la anulación del juicio o su absolución de culpa y pena por los delitos atribuidos.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 194/2015-RA-L de 10 de abril, cursante de fs. 265 a 269, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Mario Mamani Quispe, para el análisis de fondo de los dos motivos detallados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia


Desarrollado el juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dictó la Sentencia 5/2010 de 5 de febrero, por la que declaró al imputado Mario Mamani Quispe, autor y culpable de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Estafa, tipificados por los arts. 198, 199 y 335 del CP, condenándolo a la pena de cinco años en el Centro de Readaptación Productivo “Santo Domingo” de Cantumarca, más costas y reparación del daño civil, averiguables en ejecución de sentencia, bajo los siguientes fundamentos:


a) El imputado Mario Mamani Quispe se benefició con los dineros fraudulentamente obtenidos de su víctima Víctor Méndez Nina, transgrediendo las disposiciones legales, alterando materialmente, así como intelectualmente, los formularios de Impuestos Nacionales, constituyendo su accionar y conducta en delitos; por consiguiente, y en mérito a todas las pruebas incorporadas al juicio, se permite subsumir la conducta del procesado a los tipos penales de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Estafa, descritos en la sanción de los arts. 198, 199 y 335 del CP.


b)  Para la configuración y materialización de tales ilícitos penales, se hace necesario establecer efectivamente el “verbo rector” o “núcleo del delito y/o ilícitos”, constituido por la alteración de forma real e intelectual, de los formularios de Impuestos Nacionales, que dio lugar al presente enjuiciamiento y que ha distorsionado la autenticidad de dichos documentos, ocasionando perjuicio al patrimonio del querellante, quien como emergencia de los documentos falsificados tuvo que cancelar algunos gastos impositivos que no le correspondían y los que todavía cancelará por omisión impositiva, incumplimiento de deberes formales, multas, intereses, etc.


c)   Se comprobó la doble relación causal que debe existir para que se configure el delito de Falsedad Material e Ideológica, como es la alteración de un documento público verdadero y la inserción de declaraciones falsas, consistentes en los formularios de Impuestos Nacionales; y, ocasionar o causar perjuicio económico. Comprobación incontrovertible de la existencia de estos dos elementos que establece la existencia de dolo. En ese mismo sentido, los engaños y artificios urdidos por el incriminado provocaron y fortalecieron el error que motivó la disposición patrimonial en desmedro del patrimonio de la víctima, extremos acreditados en juicio por los acusadores público y particular.


d)  El imputado pretendió convencer que en el presente caso sometido a enjuiciamiento, existió un documento privado vigente suscrito entre el querellante y el sindicado, del cual en su planteamiento, nació entre ambos una relación jurídica que no podía penalizarse. Con relación a lo cual, se dejó establecido que si bien era cierto que la doctrina y la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Supremo de Justicia, se inclinaban por impedir que los contratos celebrados entre las partes como expresión del consentimiento y voluntad libre y espontánea, sean fuentes de delito. Sin embargo, existía convencimiento pleno que en el caso no se trató de la exigencia de una obligación civil, pues es cierto que en el documento privado se estipularon obligaciones que debían ser cubiertas por el imputado, pero el documento fue concebido como emergencia de los “embrollos” (sic) del acusado.


e) La defensa del imputado trató de eximir de responsabilidad penal a su defendido, alegando el instituto del estado de necesidad, previsto en el art. 12 del CP; empero, no demostró la existencia de exención de la punibilidad, por cuanto a la culminación del juicio, solamente el imputado atinó a esgrimir en sentido de que si no fuera por la benevolencia del querellante, su esposa no estaría con vida.


II.2. Del recurso de apelación restringida de la parte acusada


El acusado Mario Mamani Quispe, planteó recurso de apelación restringida contra la Sentencia 5/2010 de 5 de febrero (fs. 199 a 205 vta.), bajo argumentos que serán resumidos a continuación, sólo en la parte correspondiente a los motivos, cuyo análisis de fondo corresponde en la presente impugnación:


1)    Existe un documento privado suscrito el 10 de agosto de 2007 reconocido en sus firmas y rúbricas el 13 del mismo mes y año, en el cual, el querellante aceptó un plan de pagos por el perjuicio laboral que causó y cuya fecha de vencimiento es de “13 de abril de 201”, es decir, aún se encuentra dentro de plazo para cumplir con su compromiso. Asimismo, ese hecho no constituye un delito de Estafa ni Falsificación alguna porque es un problema netamente laboral, ámbito en el que no hubiere cumplido a cabalidad y que a consecuencia de esa irresponsabilidad firmó dicho documento privado. Cita el Auto Supremo 221 de 28 de marzo de 2007, que estaría referido a que los contratos celebrados entre partes como expresión de consentimiento y voluntad libre y espontánea, sean fuentes de delitos, posición destacable desde todo punto de vista, al optar por hacer prevalecer el principio de última ratio que caracteriza al derecho penal.


2)   En el punto 5 del memorial de apelación restringida, señala que el informe documentológico realizado por el Sargento Adalid Huarayo constituye una prueba pericial que no se basó a lo dispuesto en los arts. 204 y ss., “violando su ingreso” (sic), y pese a haberse planteado la exclusión probatoria, se violó lo prescrito en el art. “307” que señala, sobre la prueba anticipada al tratarse de una pericial; pues esta prueba, en etapa preparatoria sólo debe efectuarse como anticipo de legítima, según la SC 0543/2005 de 19 de mayo, lo que vulneró el art. 13 del CPP que se refiere a la legalidad de la prueba. Por lo que solicita la aplicación del art. 172 del CPP, excluyendo la prueba y admitiendo el incidente de exclusión planteado por la defensa, lo que debe dar lugar a la anulación del juicio.


II.3.Del Auto de Vista impugnado


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida formulado por el acusado Mario Mamani Quispe, emitiendo el Auto de Vista 22/2010 de 6 de mayo, declarándolo improcedente y manteniendo firme y subsistente la Resolución asumida por el Tribunal de Sentencia, por las siguientes razones:


i)   Los reclamos referentes a las exclusiones probatorias e incidentes planteados, son enteramente falsos y subjetivos, por cuanto las resoluciones que se tomaron en el desarrollo del juicio oral, fueron en estricta aplicación a las normas procesales establecidas en los arts. 64, 124 y 359 del CPP; y si la parte imputada consideró que hubo defecto de procedimiento en la resolución de los incidentes, le correspondía reclamar oportunamente su saneamiento o efectuado la reserva de recurrir, lo que en el caso que se analiza, no se observa lo dispuesto por el art. 407 del CPP, por tanto, los vicios que reclama no tienen sustento legal, y por tanto resultan inatendibles.


ii)   El Tribunal de Sentencia valoró correctamente la prueba introducida al juicio por su lectura en forma conjunta, expresó el valor otorgado a cada una de ellas, así como, qué es lo que se demostró con la prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, ya que el imputado se benefició con dineros fraudulentamente obtenidos de su víctima, transgrediendo las disposiciones legales, alterando materialmente así como intelectualmente los formularios de Impuestos Nacionales, constituyendo su accionar y conducta en delitos; consiguientemente, su conducta se subsume en los tipos penales de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Estafa; al haberse distorsionado la autenticidad de documentos, ocasionando perjuicio al patrimonio del querellante, emergente de los documentos falsificados donde se alteraron las cifras consignadas por las entidades financieras recaudadores, haciendo aparecer montos supuestamente cancelados; extremos demostrados por el Técnico de Laboratorio Criminalístico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que evidenció  la alteración de las firmas y rúbricas de Víctor Méndez Nina; consiguientemente, los vicios reclamados no son evidentes.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


El presente recurso fue admitido con el propósito de verificar la existencia de contradicción con los precedentes invocados, ante el planteamiento de los siguientes motivos: i) Incongruencia omisiva con relación al punto 5 de la apelación restringida, relativa a las pruebas ilícitamente incorporadas a juicio; y, ii) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, de los tipos penales que se atribuyen al imputado, porque se trataría de un incumplimiento de contrato y debe ser resuelto en el ámbito civil y no en el penal. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de alzada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados son evidentes a fin de dejar sin efecto la resolución impugnada o declarar infundado el recurso intentado.


III.1.Importancia del precedente contradictorio en el recurso casacional.


Conforme el sistema procesal penal vigente, el recurso de casación se encuentra establecido en los arts. 416 al 420 del CPP, normativa de la cual, se desprende la importancia del precedente contradictorio en el planteamiento de dicho recurso; pues conforme dispone el art. 419 de la norma adjetiva penal, constituye una de las competencias del máximo Tribunal de Justicia del Estado, sentar y uniformar jurisprudencia legal. Cometido para el cual, se requiere que quien recurra en casación, platee el mecanismo de impugnación contra el Auto de Vista que resulte contrario a la línea jurisprudencial existente, sobre la temática que se denuncia; para ello, de forma inexcusable debe invocar el precedente al que contradice el Auto de Vista, explicando la forma en que el fallo impugnado incurre en contradicción, requisito indispensable que viabiliza la pretensión del recurrente, siempre y cuando el precedente contradictorio corresponda a una situación fáctica afín; es decir, en cuanto a los hechos denunciados y resueltos. Únicamente cumplidos los requisitos señalados, es posible verificar en el fondo la denuncia, pues este Tribunal carece de competencia para suplir de oficio el descuido o negligencia de los recurrentes, toda vez que es la expresión de contradicción, planteada conforme fue señalado, la que constituye la base de pronunciamiento del fallo.


Con relación a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios, el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto, estableció lo siguiente: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva;  atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).


De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo.

(…)


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal”.


III.2.La impugnación y la importancia de la expresión del agravio.


El principio de impugnación se encuentra garantizado constitucionalmente en el art. 180.II de la CPE; es un medio de reclamación ordinaria, que puede ser ejercido por quien se encuentre agraviado con la emisión de un fallo; por lo tanto, la revisión por un Tribunal superior, únicamente es posible a través de la expresión de agravios, lo que implica que el sistema procesal penal interno acoge el principio jurídico tantum devolutum, quantum apellatum, que se interpreta como “tanto deferido como lo reclamado” o  “sólo se conoce en apelación de aquello que se apela” (arts. 398 de CPP y 17 parágrafo II de la LOJ). En consecuencia, en materia impugnaticia, los agravios expresados constituyen el material a examinarse en el recurso, por lo que el argumento debe ser claro, coherente, objetivo y con el debido respaldo normativo y doctrinal [arts. 396 inc. 3), 407 y 408 -en apelación restringida- 416 y 417 -en casación- todos del CPP]; entonces, se puede resumir señalando que el agravio constituye un requisito primordial en toda impugnación.


En ese orden, por ser de interés al tema de análisis, resulta necesario revisar lo establecido el art. 407 del CPP, cuyo texto, con relación a los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación restringida, dispone que será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley; agregando más adelante, que cuando el precepto legal que se invoque como inobservando o erróneamente aplicado constituya un defecto de procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o efectuó reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuanto se trate de vicios de la sentencia, de conformidad a lo previsto por los arts. 169 y 370 del CPP. Recurso que será planteado únicamente contra las sentencias y con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes del adjetivo penal, ello en razón a que las partes dentro de un proceso, están obligadas a utilizar los recursos legalmente previstos en la forma y  bajo los requisitos que la ley prevé, cumpliendo con las exigencias de carácter procedimental: plazos, formas de presentación, oportunidad, requisitos de contenido y de carácter formal, pues a través de ellas se canaliza el debido proceso y la seguridad jurídica.


A mayor abundamiento, el recurso de apelación restringida está reservado solamente contra las sentencias de primera instancia y procede cuando en el pronunciamiento de la citada resolución, existió inobservancia o aplicación errónea de la ley, o existen precedentes contradictorios al fallo pronunciado. Será admisible, si tratándose de un defecto de procedimiento, el recurrente con anterioridad realizó el reclamo para que sea subsanado el mismo de manera oportuna, o, en su caso hizo expresa reserva de recurrir por algún motivo determinado que se hubiere suscitado en la audiencia de juicio. Exceptuando los motivos de nulidad absoluto prescritos por los arts. 169 relativo a la actividad procesal defectuosa y 370, ambos del CPP, referido este último a defectos de la sentencia, vale decir, que estos motivos, no requieren reserva de recurrir, ni reclamo oportuno que los preceda.


III.3.Identificación de precedentes contradictorios invocados, con relación a la denuncia de incongruencia omisiva


En el primero de los motivos denunciados, el recurrente invoca en calidad de precedentes contradictorios, los siguientes Autos Supremos: 417/03 de 19 de agosto de 2003, 87/05 de 31 de marzo de 2005, 152 de 2 de febrero de 2007, 658 de 25 de octubre de 2004, 448 de 12 de septiembre de 2007, 431 de 15 de octubre de 2005, 6 de 26 de febrero de 2007, 132 de 31 de enero de 2007, 518 de 17 de noviembre de 2006 y 455 de 14 de noviembre de 2005.


El Auto Supremo 448/07 de 12 de septiembre, desarrolla una doctrina legal sobre la debida motivación, a la cual está obligado todo Tribunal de alzada, a tiempo de emitir sus fallos respondiendo a todos los aspectos apelados, en el siguiente sentido: “Que es una premisa consolidada que toda resolución, como la emitida por el Tribunal de Alzada, debe ser debidamente fundamentada, vale decir, que es necesario que el Tribunal de Apelación, emita los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentran en el recurso de casación, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del porque dicho acto se considera defecto absoluto y que principios constitucionales fueron afectados.


La falta de fundamentación en las resoluciones jurisdiccionales constituye un defecto absoluto, porque afecta al derecho a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva; de ahí, que es necesario que cada resolución brinde a las partes procesales y a terceras personas interesadas, los razonamientos jurídicos esenciales del por qué se ha dispuesto de una u otra manera la resolución del conflicto penal; además, con la fundamentación jurídica, el Juez o Tribunal legitima sus actos, esa motivación no puede ser sustituida por una repetición de frases hechas sobre el alcance del recurso o los requisitos de su fundamentación, sino que, en verdad debe descansar en la expresión del razonamiento requerido por la norma procedimental de forma imperativa.


La jurisprudencia penal tiene sentada una línea con respecto a la falta de fundamentación en las resoluciones; al respecto, el Auto Supremo Nº 141 de 22 de abril de 2006, establece (...) el Tribunal de Apelación al circunscribir su competencia a los puntos impugnados o a los defectos absolutos, los mismos deben encontrarse con el fundamento respectivo, obligación que debe cumplir ineludiblemente, la falta de fundamento en uno de ellos en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada vulnera los principios de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso".


Expresamente sobre el principio de congruencia, en el Auto Supremo 417/03 de 19 de agosto de 2003, se desarrolló lo siguiente: “El Auto de Vista deberá circunscribirse indefectiblemente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, por ello la pertinencia del Auto de Vista con los puntos resueltos por el inferior, deriva de la correspondencia que aquél debe tener con los extremos de la apelación y que inexcusablemente debe contener la fundamentación, respecto a los hechos fácticos debatidos y traídos en apelación”.


A lo señalado, el Auto Supremo 6 de 26 de febrero de 2007, agregó que: “Al no haberse pronunciado el Tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta táctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.


Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra el derecho a la defensa, al debido proceso, y al recurso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el fallo recurrido de casación”.


De las doctrinas legales aplicables, es posible determinar que el Tribunal de alzada tiene limitada su competencia, puesto que debe circunscribir su actividad jurisdiccional a los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, labor que deberá cumplir, pronunciando una resolución debidamente motivada; dado que en caso de incumplimiento, se incurre en un defecto absoluto, porque se desconoce el art. 124 del CPP y se atenta contra los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva, razón por la cual, es imperativo el cumplimiento del art. 398 del precitado cuerpo legal. En el mismo criterio jurídico, se desarrollaron las doctrinas contenidas en los Autos Supremos 87 de 31 de marzo de 2005, 152 de 2 de febrero de 2007, 431 de 15 de octubre de 2005, 132 de 31 de enero de 2007 y 518 de 17 de noviembre de 2006, invocados igualmente en el actual recurso de casación.


En cuanto a los Autos Supremos 658 de 25 de octubre de 2004 y 455 de 14 de noviembre de 2005, resulta ser que ambos contienen supuestos fácticos diferentes al actual, pues en definitiva no abordaron el tema en actual análisis, como es la incongruencia omisiva, pues el primero fue emitido ante una denuncia de inobservancia de la ley y su errónea aplicación y el segundo ante la omisión de señalamiento de audiencia de ampliación y fundamentación oral del recurso de apelación restringida, por lo que al no guardar ambos correlación con lo demando en el motivo que se analiza, no serán tomados en cuenta.


III.4.Precedentes contradictorios relativos a la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.


En el segundo motivo analizado, el impugnante invocó el Auto Supremo 221 de 28 de marzo de 2007, cuya doctrina legal aplicable refiere lo siguiente: “Los Tribunales de alzada aplicando debidamente el principio de economía procesal y sobre todo el de legalidad deben observar estrictamente lo dispuesto por el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal en su párrafo último que señala cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal de alzada resolverá directamente. Los casos que posibilitan esta disposición estén traducidos en la función que actualmente cumplen los Tribunales de apelación que se traducen sobre todo en la identificación de error in iudicando, o lo establecido en el artículo 414 del mismo cuerpo adjetivo procesal penal, disponer lo contrario significaría que por una indebida aplicación de una norma sustantiva o indebida interpretación de la ley tenga que realizarse un nuevo juicio oral, aspecto que llevaría que los juicios orales tengan duraciones demasiado largas por los cuales se restringiría el derecho que tienen los sujetos procesales a un juicio sin dilaciones.


Considerando que ninguna persona puede ser condenada por un hecho distinto al atribuido en la acusación conforme al principio de congruencia, empero se debe tomar en cuenta el principio iura novit curia por el cual, la congruencia debe existir entre el hecho (base fáctica) y la sentencia y no -respecto a la calificación jurídica que provisionalmente establece el Ministerio Público o la acusación particular de manera indistinta teniendo el Juez o el Tribunal de Sentencia, luego del desfile probatorio y del análisis de las pruebas incorporadas a juicio, realizar la subsunción del hecho al tipo penal que corresponda pudiendo ser diferente al de la calificación jurídica provisional realizada por la acusación, en aplicación precisamente del principio procesal indicado (siempre que se trate de la misma familia de delitos) como en el presente caso que los tipos penales protegen el mismo bien jurídico, por lo que en ese antecedente corresponde al Tribunal de alzada, realizando un correcto análisis de los elementos de prueba contenidos en la sentencia de mérito, conforme a la previsión del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, dictar directamente una nueva sentencia”.


Finalmente, el Auto Supremo 144 de 22 de abril de 2006, estableció que: "Si el Tribunal de Alzada en el marco constitucional del Art. 116.VI de la Carta Fundamental del Estado, Art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Art. 3 del Código de Pdto. Penal, con legítima independencia y análisis jurídico, forma convencimiento pleno que el hecho objeto de la acusación particular no existió, no constituye delito o que la imputada no participó en él; conclusión que se origina en los antecedentes que constituyen la base del juicio, en el cual se halla plasmada la voluntad de las partes, de naturaleza civil, en aplicación del principio doctrinal de la universalidad de la administración de justicia por la cual ésta debe resolver el conflicto correspondiente, resolviendo los extremos que las partes han sometido a su conocimiento mediante el código procesal expuestos en el recurso de apelación de defectos absolutos, previstos en los arts. 370 incs. 1) y 6, y 169 inc. 3) del citado Código Adjetivo Penal”.


III.5.Análisis del caso concreto.


Teniendo en cuenta que en el presente recurso corresponde un pronunciamiento respecto a dos motivos con temáticas distintas,  se ingresa a su análisis y resolución en los siguientes términos.


III.5.1. Respecto a la denuncia de incongruencia omisiva.


En el primer motivo del recurso, el recurrente expresa que en el Segundo Considerando del Auto de Vista ahora impugnado, no se hubiera respondido al quinto punto impugnado en el recurso de apelación restringida, interpuesto por su parte, relativo a pruebas ilícitamente incorporadas a juicio.


En ese ámbito, resulta necesario revisar los antecedentes procesales, de los cuales se evidencia que en el punto quinto del recurso de alzada planteado por el acusado, ahora impugnante, se reclamó en sentido de que: “La prueba asignado como informe documentológico realizado por el Sgto. Adalid Huarayo constituye una prueba pericial que no se ha basado en los art. 204 y siguientes, violando su ingreso pese de haberse planteado la exclusión probatoria, ha ingresado violando 307 que señala sobre la prueba anticipada en tratándose de prueba pericial, es decir que la prueba pericial en etapa preparatoria solo debe efectuarse como anticipo de prueba, o prueba pericial en juicio, según la S.C. 543/2005 de 19 de mayo, al ingresar esta prueba en etapa preparatoria viola el art. 13 del c.p.p. que se refiere a la legalidad de la prueba” (sic); agregando más adelante que el Tribunal de Sentencia, debió aplicar lo preceptuado por el art. 172 del CPP y excluir la prueba, es decir, aceptar el incidente de exclusión probatoria planteado por la defensa.


Ahora bien, de la lectura integral del Auto de Vista impugnado, se desprende que en el Primer Considerando, el Tribunal de alzada sostuvo que: “…referente a las exclusiones probatorias e incidentes planteadas son enteramente falsos y subjetivos, por cuanto las resoluciones que se tomaron en el desarrollo del juicio oral, fueron en estricta aplicación a las normas procesales establecidas en los Arts. 64, 124 y 359 del Código de Procedimiento Penal (…) y, si la parte imputada consideró que hubo defecto de procedimiento (…) en la resolución de los incidentes, le correspondía reclamar oportunamente su saneamiento o efectuado la reserva de recurrir, lo que en el caso que se analiza, no se observa lo dispuesto por el art. 407 del Código de Procedimiento Penal, por tanto, los vicios que reclama no tiene sustento legal por tanto resulta inatendibles” (sic).


De lo referido, se concluye que no es evidente lo denunciado por el ahora recurrente, en sentido que el Tribunal de alzada hubiere omitido dar respuesta al reclamo sobre la exclusión probatoria; puesto que, tal como se demostró, el Auto de Vista desestimó la pretensión del apelante al no haber constatado que se hubiera realizado reclamo oportuno o efectuado su reserva de recurrir, alegando incumplimiento de lo establecido por el art. 407 del CPP. Dicho de otra manera, tal como se explicó en el Fundamento III.2 de la presente Resolución, a efectos de aperturar la competencia del Tribunal de alzada, para conocer y resolver el fondo del recurso de apelación restringida, resultaba imprescindible el cumplimiento de lo prescrito en el art. 407 del CPP, por tanto, a criterio del Tribunal de alzada, las resoluciones a las exclusiones probatorias e incidentes planteados en el juicio oral, se ajustaron a las normas procesales establecidas en los arts. 64, 129 y 359 del CPP, alegando luego que la parte apelante no acató lo dispuesto por el precitado art. 407 del mencionado cuerpo legal, al no haber reclamado oportunamente su saneamiento o efectuado reserva de recurrir; lo que demuestra haberse otorgando una respuesta expresa en resguardo del debido proceso y la seguridad jurídica; lo que en definitiva no constituye incongruencia omisiva y por tanto, no se encuentra contradicción con la doctrina legal invocada.


De todo lo analizado precedentemente, se denota no ser evidente el reclamo de la parte recurrente, en sentido que el Tribunal de alzada hubiere omitido dar respuesta a su reclamo, relacionado a las pruebas supuestamente incorporadas de manera ilícita al juicio, deviniendo en consecuencia infundado el presente motivo.


III.5.2. Con relación a la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.


El segundo motivo se circunscribe a la supuesta inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva de los tipos penales que se atribuyen al recurrente, puesto que a su criterio, los montos que no canceló junto a los formularios de pago de impuestos, corresponden ser demandados en el ámbito civil y no en el penal, puesto que considera que se trata de un incumplimiento a su trabajo y no una conducta delictiva.


A efectos de sustentar dicho entendimiento, invocó los Autos Supremos, cuya doctrina legal se encuentra glosada expresamente en el punto III.4. del presente fallo, el primero de ellos, viene a ser el Auto Supremo 221 de 28 de marzo de 2007, que fue emitido ante la constatación de parte del Tribunal de casación, dentro de un proceso por el delito de Lesiones Leves, que la sentencia emitida incurrió en errónea aplicación, interpretación y aplicación de la ley penal procesal, ya que se constató falta de fundamentación y se redujo a una simple relación de documentos o a la mención de requerimientos de las partes y que el Tribunal de alzada incurrió en el mismo error al confirmar la sentencia. Además, verificó que el Tribunal de mérito incurrió en un error in iudicando al no haber considerado que existiendo una reyerta entre el imputado y la víctima, la lesión principal objeto de ese proceso, no resultó como consecuencia directa del accionar del sujeto activo, siendo más bien resultado de una acción culposa, puesto que el imputado no observó el cuidado a que estaba obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales y por ello, si bien tenía como posible la realización del tipo penal y, no obstante esta previsión, realizó el hecho en la confianza de que evitaría el resultado, empero por las circunstancias en las que se encontraba el lugar donde se desarrollaron los hechos, tanto el agresor como la víctima se desplomaron por una barranca, en cuyo mérito resultó lesionada esta última, motivo por el que el Tribunal de casación advirtió que el Tribunal de mérito, incurrió efectivamente en errónea aplicación del art. 271 en inobservancia del art. 274 ambos del CP, motivo por el que conforme a la previsión del art. 419 in fine del CPP, correspondía emitirse la correspondiente doctrina legal aplicable.


La precisión anterior demuestra que la situación fáctica del Auto de Vista impugnado y el Auto Supremo 221 invocado en calidad de precedente, no son similares, pues si bien en el caso presente se denuncia una supuesta inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva de los tipos penales en el Auto de Vista, debe tenerse en cuenta que siendo el planteamiento de naturaleza sustantiva, el supuesto fáctico análogo exigido por ley, debía ser un hecho similar conforme el entendimiento jurisprudencial contenido en el Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, pues el precedente resolvió una temática relativa al delito de Lesiones en tanto que el recurrente para sostener su planteamiento se basa en que su conducta no resultaría reprochable penalmente sino en el ámbito civil, por lo que considera que “no hay delito sin ley que lo tipifique”; consecuentemente, la Resolución suprema invocada, no constituye precedente contradictorio para la denuncia en análisis, hecho que impide la labor de contraste en los términos exigidos por el art. 419 relacionado con el art. 416 último párrafo, ambos del CPP.


En cuanto al Auto Supremo 144 de 22 de abril de 2006, también invocado como precedente, se advierte que fue emitido dentro de un proceso penal seguido por el delito de Estafa, previsto en el art. 335 del CP, estableciéndose la doctrina legal aplicable glosada en la parte pertinente de esta resolución, ante la constatación por el Tribunal de casación de que el hecho se originó en la suscripción de un contrato privado de anticresis, en base al cual, los acusadores y su familia ocuparon un cuarto y una cocina de propiedad de los progenitores de la imputada, aproximadamente por el término de dos años; posterior a ello, al constituir dicho inmueble una garantía a favor de una entidad bancaria, el citado inmueble fue transferido por sus propietarios a terceras personas, por lo cual los ocupantes tuvieron que deshabitar la casa; es así, que la imputada alquiló una habitación en otro lugar, para que los anticresistas y su familia vivan, para luego trasladarse a otro inmueble, donde también el alquiler corrió a cargo de la imputada; empero, después de transcurrido un tiempo ésta se olvidó de seguir pagando dicho canon mensual, sin  haber devuelto el monto correspondiente al contrato anticrético. En ese marco fáctico, en casación se concluyó que la sentencia condenatoria era incorrecta, ante la inexistencia de engaños o artificios en perjuicio del querellante, concluyendo que la conducta de la acusada no se subsumió en la previsión del art. 335 del CP, toda vez que el hecho que originó la causa era materia civil.


Por lo referido, se advierte que la parte recurrente incurrió en la misma falencia identificada con relación al primer precedente invocado en este segundo motivo, al no haber considerado que quien recurre de casación debe necesariamente invocar el precedente al que contradice el Auto de Vista recurrido, explicando la forma en que el fallo impugnado incurrió en contradicción, demostrando de manera inequívoca que el precedente mencionado, se refiere a una situación fáctica afín en cuanto a los hechos denunciados así como con relación a los puntos resueltos y que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo debe estar referido a un hecho similar que haga posible a este Tribunal Supremo de Justicia, verificar la probable contradicción a efectos de unificar la jurisprudencia nacional.


Se llega a la referida conclusión, pues el Auto Supremo 144 invocado en calidad de precedente, fue emitido en una causa penal que se originó en un contrato anticrético, hecho que difiere del presente proceso penal que dio lugar al presente recurso de casación, pues conforme el Tribunal de mérito, el contrato de cancelación de obligación suscrito entre el imputado Mario Mamani Quispe y Víctor Méndez Nina y esposa, faccionado como emergencia al incumplimiento en el pago de tributos por parte del acusado, no resultó ser la prueba principal que dio lugar a la tramitación de la causa; al contrario, fue presentado como una prueba dentro de la causa, siendo que los actuados denunciados y que constan tanto en las acusaciones pública y particular como en los fallos posteriores, es el incumplimiento de los pagos de impuestos por parte del imputado, pese a haber recibido dineros de la víctima, presentado formularios declarados sin cancelación de monto alguno, así como la alteración de los mismos, insertando declaraciones falsas, induciendo en error al querellante al entregarle las declaraciones presentadas sin movimiento, adulterando los montos, como si supuestamente hubiera pagado la obligación, fortaleciendo en error y provocando un acto de disposición patrimonial a su favor.


Lo expuesto denota que la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 144 de 22 de abril de 2006, no puede ser contrastada con los argumentos del Auto de Vista, puesto que no se constata la existencia de una situación de hecho similar, por lo tanto, resulta materialmente imposible desentrañar si el sentido jurídico de ambos es diferente o contradictorio. Por lo tanto, el segundo motivo analizado también resulta infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación formulado por Mario Mamani Quispe, cursante de fs. 251 a 254 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.



Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA