TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 299/2015-RRC-L

Sucre, 29 de junio de 2015


Expediente                        : Santa Cruz 34/2010

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Nazareth Cuellar Aguilera 

Delitos                                : Falsificación de documento Privado y otros 

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina 


RESULTANDO


Por memorial presentado el 8 de enero de 2010, cursante de fs. 122 a 126, Ruth del Carmen Ortiz Gutiérrez interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 158 de 14 de diciembre de 2009, de fs. 112 a 114 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Nazareth Cuellar Aguilera, por la presunta comisión de los delitos de Falsificación de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado y Estafa, previstos y sancionados por los arts. 200, 203 y 335, todos del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   En merito a la acusación pública y particular; y una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 51/2009 de 28 de septiembre (fs. 82 a 87 vta.), por la que declaró a la imputada Nazareth Cuellar Aguilera, absuelta de culpa y pena de la comisión de los delitos de Falsificación de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado y Estafa, previstos y sancionados por los arts. 200, 203 y 335 del CP, en consecuencia se dejó sin efecto legal todas las medidas jurisdiccionales de carácter personal que afecten a la libertad de locomoción que se hubieren dictado en contra de la imputada absuelta.


b)   Contra la mencionada Sentencia, Ruth del Carmen Ortiz Gutiérrez (fs. 91 a 93) y Osman Arias Villarroel, en su calidad de Fiscal de Materia en representación del Ministerio Público (fs. 100 a 102) interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 158 de 14 de diciembre de 2009 (fs. 112 a 115 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, la cual declaró Admisibles e Improcedentes los recursos de apelación restringida planteados, motivando el presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 157/2015-RA-L de 10 de abril (fs. 135 a 137), se extrae solamente el primer motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Refirió que en su recurso de apelación restringida señalo como defecto absoluto que el Tribunal de Sentencia solo leyó el veredicto el 24 de septiembre de 2009 y señaló fecha de lectura íntegra de la Sentencia para el 28 del mismo mes y año; pero, en esa fecha no se instaló la audiencia y no se dio lectura completa a la Sentencia; por lo que, se vulneró la seguridad jurídica y el debido proceso incurriendo en defecto absoluto insubsanable previsto en los arts. 1, 130, 169 inc. 3) con relación al 361 del CPP y los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese sentido se incurrió en pérdida de competencia por incumplimiento de la lectura íntegra de la audiencia y con ella la notificación de la Sentencia, aspectos que el Auto de Vista no ha tomado en cuenta; por tanto, falta  de pronunciamiento sobre los defectos absolutos reclamados vulnerando lo previsto por el art. 398 con relación al 169 inc. 3) del CPP. Al respecto invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 131 de 13 de mayo de 2005.


I.1.2. Petitorio.


Por lo expuesto, el recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista y se emita la doctrina legal aplicable en sentido de que el Tribunal de Alzada instruya el reenvío del juicio.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 157/2015-RA-L, cursante de fs. 135 a 137 este Tribunal admitió el recurso formulado por Ruth del Carmen Ortiz Gutiérrez, para el análisis de fondo solamente con relación al primer motivo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.De la Sentencia.


El Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 51/2009 de 28 de septiembre (fs. 82 a 87 vta.), por la que declaró a la imputada Nazareth Cuellar Aguilera, absuelta de culpa y pena de la comisión de los delitos de Falsificación de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado y Estafa, previstos y sancionados por los arts. 200, 203 y 335 del CP, de acuerdo a los siguientes fundamentos: i) No se probó la comisión del delito de Falsificación de documento privado, previsto y sancionado por el art. 200 del CP, por que los libros que utilizaba la imputada eran para el control del cemento entregado a los clientes de la Empresa de propiedad del acusador particular así como para controlar los dineros recibidos por pago de cemento entregado a crédito y lo adeudado por los clientes, porque se tiene que cuando la acusada salía de vacaciones esos mismos libros los utilizaban otras personas como es el caso de una testigo que no fue incluida como acusada en el presente proceso penal, no obstante que la accionante particular manifestó que esta le robó y era cómplice de la imputada; por cuanto, este delito no fue probado; ii) Con relación al delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP, para que se configure este tipo penal necesariamente debe probarse primero que la imputada hubiere incurrido en el delito de falsificación de documento privado; por lo que, no  se ha probado tal falsedad con prueba cierta, tampoco puede probarse el delito de Uso de Instrumento Falsificado, porque los documentos acusados de falsos, continúan siendo verdaderos y auténticos ante la ley mientras no se demuestre lo contrario; iii) Respecto del delito de Estafa previsto y sancionado por el art. 335 del CP, en ningún momento se probó que la imputada con engaños o artificios hubiere inducido en error a la acusada particular que habría motivado realice algún acto de disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero.    


II.2.De la apelación restringida de la imputada Ruth del Carmen Ortiz Gutiérrez.


La recurrente, a través de memorial de recurso de apelación restringida, cuestionó los fundamentos de la Sentencia, de acuerdo a los siguientes argumentos: a) Señaló que no se cumplió con la aplicación del art. 361 del CPP y posteriormente señaló que existió inobservancia y errónea aplicación de la Ley, así como valoración defectuosa de la prueba y la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia, porque el apelante dijo que el Tribunal inferior no tuvo en cuenta la tipificación de los arts. 200, 203, y 335 del CP y la conducta antijurídica de la imputada, sin considerar que en el juicio se demostró que la imputada es autora de los delitos de Falsificación de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado y Estafa, porque se incurrió en aplicación errónea del art. 363 inc. 2) del CPP al absolver a la imputada; b) La  prueba instrumental y testifical fue suficiente para demostrar la responsabilidad penal de la imputada; c) Manifiesta que el Tribunal inferior valoro la prueba en forma defectuosa al interpretar erróneamente la prueba documental y testifical sin asignarles el valor correspondiente para dictar una Sentencia condenatoria; y d) Solicita se de aplicación al art. 413 del CPP y se anule totalmente la Sentencia ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal.   


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa ante la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 158/2009 de 14 de diciembre, declaró admisibles e improcedentes el recurso de apelación restringida interpuesto, fundamentando en los siguientes argumentos: 1) No se probaron los delitos de Uso de Instrumento Falsificado y Estafa, previstos y sancionados por los arts. 203 y 335 del CP, porque no se probó el engaño, artificio que le hubiere hecho incurrir en error al acusador particular y que habría realizado algún acto de disposición patrimonial en perjuicio del querellante o un tercero; 2) El Tribunal de alzada no puede ingresar a analizar los hechos, modificarlos, complementarlos o desconocerlos debiendo respetar los fijados por el Juez o Tribunal a quo siempre y cuando cumplan con las reglas de la sana crítica; y 3) La Sentencia se encuentra debidamente fundamentada porque el Tribunal inferior a tiempo de  valorar las pruebas de cargo y de descargo desarrolló una operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con la finalidad de determinar si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral, púbico, continuado y contradictorio, poseían la entidad y cualidad suficiente y requerida para corroborar la presunción de inocencia y permitir con certeza plena e irrevocablemente sobre la absolución de la imputada.  


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Este Tribunal admitió el recurso abriendo su competencia a objeto de verificar la supuesta contradicción en la que hubiere incurrido el Tribunal de Alzada al momento de emitir el Auto de Vista con relación al precedente invocado, respecto de que el Auto de Vista no analizo que la Sentencia se hubiese leído de forma íntegra fuera del plazo de tres días.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


El art. 416 del CPP, instituye que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema”, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: “Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “…será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto, al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que en esencia constituye una cuestión jurídica que fue discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que fueron utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista ejecutoriado, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se hubiere formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.


III.2. Del caso en concreto.


La recurrente denuncia la existencia de defecto absoluto porque luego de dar lectura a la parte resolutiva de la Sentencia, no cumplió con su lectura íntegra dentro de los tres días establecidos por el art. 361 del CPP, en contradicción con el precedente invocado; por lo que, en el planteamiento del recurrente debe anularse el proceso y realizarse un nuevo juicio por otro Juez.


Al efecto, citó como precedente contradictorio el Auto Supremo 131/2005 de 13 de mayo, que fue emitido dentro de un proceso penal seguido por el delito de Estafa, cuya Sentencia declaró absuelto al imputado, resolución que luego de ser recurrida en apelación restringida fue confirmada, ante lo cual el acusador particular recurrió de casación y denunció, que el Tribunal de apelación incurrió en una mala interpretación del art. 361 del CPP; toda vez, que el plazo máximo de tres días para la redacción y lectura de la Sentencia no admite ninguna prórroga y tiene carácter perentorio según el art. 130 del citado Código penal adjetivo. Es así, que  alegó que el Tribunal de apelación al no reparar que la Sentencia fue dictada fuera del término, vulneró el art. 413 del CPP, porque dicho acto jurisdiccional fue defectuoso e insubsanable, al omitir anular parcial o totalmente la Sentencia ordenando la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal.


Al respecto, el Tribunal de casación estableció que, la Sentencia no sólo está conformada por la parte resolutiva que determina la responsabilidad penal o la absolución del encausado, que también es parte el contenido que sustenta a la parte resolutiva; de manera que, la redacción no es un simple hecho mecánico; sino, el basamento donde se encuentra el fundamento de hecho y derecho, esta motivación no sólo debe ser convincente para el juzgador, también para las partes que esperan que su litigio penal sea resuelto sobre la base del respeto al debido proceso y que cada acto procesal cumpla con el propósito para el cual fue creado. En el caso de autos el Juez o Tribunal, se encuentran constreñidos a redactar y dar lectura a la sentencia en el plazo máximo de tres días; lo que significa, que puede darse lectura en un plazo menor, pero no fuera del plazo máximo asignado.


Bajo estos argumentos, el precedente emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “que, el respeto al debido proceso pasa por cumplir los actos procesales, debiendo los sujetos procesales observar las acciones que les compete. En el caso de autos, el sujeto procesal que dirime el conflicto penal es el juez o tribunal de sentencia que se encuentra obligado a cumplir con el plazo legal para pronunciar sentencia; corrientemente, concluida la deliberación inmediatamente el Juez o Tribunal deberá redactar y firmar la sentencia, sin interrupción dando lectura en la misma audiencia. Sin embargo, por la complejidad del proceso y lo avanzado de la hora, el Juez o Tribunal puede adoptar el mismo procedimiento que para los casos normales, con la única diferencia de que la redacción y la lectura de la sentencia, deberá realizarse en el plazo máximo de 3 días computables a partir de la lectura de la parte resolutiva de la sentencia, momento en que también las partes se darán por notificadas, en la sala de audiencia. El incumplimiento de este plazo es causal de pérdida de competencia, porque vulnera el debido proceso, aspecto que tiene mayor relevancia tratándose de la responsabilidad del director del proceso que es el Juez o Tribunal de sentencia. La vulneración del debido proceso por incumplimiento del plazo, la redacción y lectura de la sentencia constituye defecto absoluto no siendo susceptible de enmienda conforme prescriben los artículos 1, 130, 169 inciso 3 y 370 inciso 10 del Código de Procedimiento Penal concordante con el artículo 16-IV de la Constitución Política del Estado. Debiendo el Tribunal de Apelación, aplicando el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, anular la sentencia de fojas 714 a 718 y disponer la reposición del juicio oral y público encomendado su realización a otro Juez de Sentencia”.


Ahora bien, previamente a realizar el contraste entre el precedente y el Auto de Vista recurrido, es necesario considerar que, conforme se destaca en el Auto de admisión del presente recurso, el Tribunal Supremo de Justicia tiene la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza de que la norma procesal y material, será efectivamente aplicada por igual.


Al respecto, efectivamente el segundo párrafo del art. 361 del CPP, dispone que: "Por la complejidad del proceso o lo avanzado de la hora podrá diferirse la redacción de los fundamentos de la sentencia y se leerá sólo la parte resolutiva, señalando día y hora de audiencia para su lectura integral, la que se realizará en el plazo máximo de tres días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva", y si bien el Auto Supremo 131/2005, estableció como doctrina que el incumplimiento de este plazo es causal de pérdida de competencia; sin embargo, debe reconocerse que la jurisprudencia no es estática, sino más bien contiene un espíritu y esencia dinámica, motivo por el cual va variando de acuerdo a los avances del derecho y puede ser cambiada con relación a las circunstancias en que se desarrollan los hechos; así en un sentido general, el Auto Supremo 215/2015-RRC-L de 11 de mayo, señalo que: “…debe recordarse que, la jurisprudencia no tiene un carácter netamente estático, sino más bien dinámico; más aún, si nos encontramos en un sistema jurídico distinto a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado cuya voluntad del constituyente y la ingeniería constitucional es diferente a la anterior; razón por la cual, existe la necesidad en ciertos momentos y circunstancias que la referida jurisprudencia tienda a modular y cambiar…”.


En ese sentido, el Auto Supremo 13 de 27 de enero de 2007, ante el hecho de que el Tribunal de alzada anuló obrados ante la inobservancia del art. 361 del CPP, estableció como doctrina legal aplicable que de acuerdo a la filosofía del Código de Procedimiento Penal y la línea doctrinal sentada por este Tribunal de Justicia, el Tribunal de apelación debe tomar en cuenta que la anulación del juicio sólo se justifica si los vicios de la Sentencia o la violación a la garantía del debido proceso es de tal magnitud que permita en el juicio de reenvío la posibilidad de un cambio radical en la sentencia, no existiendo doble instancia en el actual sistema procesal; por lo que, la Corte de alzada se encuentra obligada a ajustar su actividad jurisdiccional ya sea anulando total o parcialmente la Sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal o dictar nueva resolución, emisión que la realizará sin llegar a revalorizar la prueba introducida a juicio.


Posteriormente, el Auto Supremo 259 de 06 de mayo de 2011, estableció que los Autos Supremos citados en calidad de precedentes contradictorios por la recurrente en el recurso de casación que fuera motivo de análisis, en referencia a los Autos Supremos 110 de 31 de marzo de 2005, 616 de 24 de noviembre de 2007 y 259 de 6 de mayo de 2011, superaron y modularon la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo 131/2005, bajo el fundamento de que, en materia penal, el incumplimiento de plazos no acarrea la pérdida de competencia, menos la nulidad de lo actuado; sino, la retardación de justicia que amerita la responsabilidad administrativa o penal de los funcionarios públicos negligentes. Criterio que se mantiene vigente y que debe ser aplicado conforme se desprende de la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 045/2012-RRC de 22 de marzo, que estableció lo siguiente: “En observancia a los derechos al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, reconocidos por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, los Jueces y Tribunales de Justicia están obligados a sustanciar y resolver los procesos en los plazos establecidos por Ley; de manera específica, los Jueces y Tribunales de Sentencia, competentes para conocer la etapa del juicio dentro del proceso penal, una vez agotadas las distintas actuaciones propias del acto del juicio, procederán conforme al art. 361 del CPP, a dar lectura sólo de la parte resolutiva de la Sentencia en los supuestos de complejidad del proceso o lo avanzado de la hora, difiriendo la redacción y lectura íntegra de la Sentencia, señalando audiencia al efecto a realizarse en el plazo máximo de tres días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva; empero, el incumplimiento de este plazo no acarrea la pérdida de competencia menos la nulidad de lo actuado, sino da lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente conforme determina el art. 135 del CPP; entendimiento que, se funda en el interés de las partes procesales, al no resultar justo erogarles mayores perjuicios cuando la negligencia es responsabilidad del órgano jurisdiccional”.


A partir del este entendimiento, se tiene que la jurisprudencia sobre la temática, fue modulada progresivamente, llegando a la conclusión de que, el incumplimiento del plazo establecido en el art. 361 del CPP, no conlleva de ninguna manera a la nulidad ni a la perdida de competencia, sino más bien dicha omisión -ya sea del Juez o del Tribunal- se constituye en un acto susceptible de responsabilidad disciplinaria y en su caso penal. En este sentido, tenemos que la jurisprudencia que antecede, se encuentra plenamente vigente, y en el marco de un control de legalidad amplio y objetivo, éste Tribunal no puede desconocer su alcance y sus efectos a momento de aplicar la misma a cada caso concreto, aún el recurso de casación haya invocado algún precedente existente en ese momento, pero que ahora dicho razonamiento se encuentra modulada justamente por el carácter dinámico de dicha jurisprudencia; pues las funciones de éste máximo Tribunal ordinario, no pueden -sin duda- ser desnaturalizados por la referida razón; en todo caso, -bajo la óptica de la seguridad jurídica- corresponde aplicar líneas jurisprudenciales vigentes que consoliden entendimientos acordes a los principios y valores que irradia la Constitución y que fortalezcan el propio sistema penal.


En el caso de autos, dada la jurisprudencia y doctrina legal mencionadas, se advierte que la recurrente se sustenta en jurisprudencia y doctrina legal que fue modulada  y que por ende que ya no se encuentra vigente; además de ello, la recurrente no identificó con precisión, ni fundamentó mínimamente en su recurso de apelación restringida, la trascendencia del agravio que se le causó con tal mora procesal y por ello, la relevancia constitucional que justifique una posible nulidad; máxime -como se dijo- si el incumplimiento del plazo ahora cuestionado, conforme determina la jurisprudencia vigente, no acarrea la pérdida de competencia menos la nulidad de lo actuado; en coherencia con lo manifestado, tampoco tendría eficacia disponer la nulidad del Auto de Vista por la alegación, de no pronunciamiento y análisis sobre este particular; ya que una nueva resolución por el Tribunal de alzada por esta presunta omisión, conllevaría a que dichas autoridades resuelvan conforme al nuevo entendimiento y jurisprudencia vigente mencionada en el presente Auto Supremo, llegando así al mismo resultado jurídico; por lo que -como se dijo- no existe relevancia para el efecto pretendido, ya que la irregularidad denunciada no afecta de forma trascendente  y significativa a la salud y estructura del proceso, menos se podría decir que -en el presente caso- exista defecto absoluto; por lo que, el motivo deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por Ruth del Carmen Ortiz Gutiérrez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA