TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 297/2015-RRC-L

Sucre, 17 de junio de 2015


Expediente                        : Chuquisaca 27/2010

Parte Acusadora                : Ministerio Público 

Parte Imputada                : Jamill Pillco Calvimontes y otro

Delito                        : Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias en grado de Instigación 

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 27 y 28 de octubre de 2010, cursantes de fs. 657 a 660 vta. y de fs. 672 a 675 vta., Gustavo Carrión Gorena y Jhonny Escobar Paredes; y, Jamil Pillco Calvimontes, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 291/2010 de 16 de octubre de fs. 633 a 639, pronunciado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jamill Pillco Calvimontes y Cristian Jaime Flores Vedia, por la presunta comisión del delito de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias en grado de Instigación, previsto y sancionado por el art. 298 con relación al art. 22 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. Desarrollado la audiencia de juicio oral, el Juez Segundo de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, pronunció la Sentencia 09/2010 de 24 de junio (fs. 555 a 571 vta.), por la que declaró al imputado Jamill Pillco Calvimontes autor y responsable de la comisión del delito de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias en grado de Instigación, previsto y sancionado por el art. 298 con relación al art. 22 del CP, condenándole a la pena privativa de libertad de dos años y ocho meses de reclusión en la cárcel pública de esta ciudad, más costas y responsabilidad civil a favor del Ministerio Público y la víctima y la multa de ciento treinta y tres días equivalentes a Bs. 2.- (dos bolivianos) por día; asimismo, declaró a Cristian Jaime Flores Vedia, absuelto de pena y culpa en la comisión del delito de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias en grado de Instigación, previsto y sancionado por el art. 298 con relación al art. 22 del Código Penal, con costas en contra del Ministerio Público. En aplicación del art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena en favor de Jamil Pillco Calvimontes.  Resolución complementada y enmendada mediante Auto de 20 de julio de 2010 (fs. 577 y vta.), respecto a la absolución del acusado Cristian Jaime Flores Vedia, en observancia del art. 266 del CPP, sin costas y por descrita y valorada la prueba PC-Nº6 según la referida resolución.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Jamil Pillco Calvimontes, formuló recurso de apelación restringida (fs. 591 a 597) subsanada a fs. 622 y vta.; resuelto por Auto de Vista 291/2010 de 16 de octubre, emitido por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, que rechazó por inadmisibles los motivos primero y tercero del recurso de apelación y declaró procedente el segundo motivo, anulando totalmente la Sentencia impugnada y disponiendo su reenvío.


I.2. Motivos de los recursos.


De los memoriales de recurso de casación  y del Auto Supremo 187/2015-RA-L de 10 de abril (fs. 695 a 698 vta.), se extraen los motivos a ser analizadas en la presente Resolución, aspectos sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del CPP y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


I.2.1 Recurso de Casación del Ministerio Público.


1)        Los representantes del Ministerio Público, alegan que el Auto de Vista vulnera el derecho a la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica al haberse admitido el segundo motivo del recurso de apelación sin justificativo valedero, vulnerando los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) al negar el derecho a la defensa; 124 del CPP, por carecer de fundamentación en razón a que el motivo admitido del recurso de apelación restringida del imputado, no cumplió con los requisitos señalados en el art. 408 del CPP; 398 del CPP, por no circunscribirse a los aspectos cuestionados de la Sentencia; 169 inc. 3) del CPP, por vulnerar el debido proceso y el derecho a la defensa; 370 inc. 5) y 6) del CPP, al fundarse en el hecho inexistente de que el apelante cumplió con los requisitos previstos en el art. 408 del CPP.


2)        Bajo el acápite: “EL AUTO DE VISTA CONTIENE FUNDAMENTACIÓN INSUFICIENTE Y CONTRADICTORIA (ART. 370 NUMERAL 5) DEL CÓDIGO DE PDTO PENAL” (sic); los recurrentes argumentan que el Auto de Vista carece de fundamentación señalando como normas vulneradas los arts. 124, 169 inc. 3) y 398 del CPP, pretendiendo la aplicación de los arts. 124, 398 y 360 inc. 3) del CPP y 115.II de la CPE; asimismo, manifiestan que los de alzada se apartaron de los fundamentos de la apelación restringida del imputado en su segundo motivo, donde se aludían contradicciones en las declaraciones testificales de cargo, sin hacer mención a algunas de ellas, refiriéndose a una presunta contradicción en la apreciación de la prueba efectuada por el A quo, tomando como fundamento algo que no fue reclamado. Por otro lado, manifiestan que el Tribunal de apelación señaló que la Sentencia restó credibilidad a las declaraciones de Víctor Cutipa, Josefina Talavera, David Cutipa y Joaquin Hurtado por el interés que tenían, afirmación subjetiva y personal, cuando en realidad sirvieron para emitir la Sentencia, extremo que no fue alegado en la apelación restringida del imputado, incluso emitieron un juicio de valor respecto del impedimento físico de David Cutipa que tampoco fue fundamento de la apelación. Alegan que el Auto de Vista, al fundamentar la anulación de la Sentencia, hace referencia al art. 370 inc. 6) del CPP, fundamento del motivo de la apelación; sin embargo, se acomodaría al inc. 8) del art. 370 de la referida norma procesal penal.  Reitera que los de alzada no consideraron, entre otras declaraciones, la de Joaquín Hurtado Mancilla, limitando la defensa del Ministerio Público respecto a la postura que hubiere asumido el Tribunal de apelación y la posible impugnación respecto de ese punto. Concluyen el recurso manifestando que el Auto de Vista incurre en el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, por falta de fundamentación y por ser contradictoria violando los arts. 124 del CPP y 115 de la CPE.


I.2.2 Recurso de casación de Jamill Pillco Calvimontes.


1)        Argumenta que el Tribunal de Apelación, de manera injustificada, rechazó la prueba ofrecida en su recurso de apelación señalando el incumplimiento del art. 404 del CPP, aplicable por mandato del art. 410, sin considerar que en sus otrosíes 3 y 4 no sólo ofrecieron y adjuntaron la prueba; sino, que indicó de manera clara y expresa los hechos que pretendía probar, a cuyo efecto transcribe parte de los citados otrosíes, con lo cual demostraría que cumplió las reglas del art. 404 del CPP; asimismo, manifiesta que, en caso de que la prueba sea impertinente esta debió considerarse en la audiencia pública. Invoca como precedente el Auto Supremo 350 de 28 de agosto de 2006 SPII y transcribe la doctrina legal del mismo, señalando que si el Tribunal decidía prescindir de la prueba adjuntada a su recurso, debería hacerlo en la audiencia de fundamentación, restringiendo su derecho a ser oído y a una defensa amplia.


2)        Manifiesta que los de alzada incurrieron en violación de derechos y garantías al omitir ingresar en el fondo de todos los puntos apelados (art. 169 inc. 3 del CPP) pese a que, subsanaron las observaciones del Tribunal de apelación, cumpliendo con los requisitos previstos en los arts. 407 y 408 del CPP, citando las normas violadas o erróneamente aplicadas de manera individual y la aplicación pretendida; sin embargo, el Auto de Vista rechaza por inadmisible el primer motivo con el argumento de que carecería de requisitos formales. Citando los arts. 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica, 14. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, argumenta que se vulneró las normas del debido proceso en su componente del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva en el marco de los arts. 115, 116 y 117 de la CPE.


I.1.2. Petitorio.


Los representantes del Ministerio Público solicitan que, una vez admitido su recurso, emitan Auto Supremo “CASANDO EL AUTO DE VISTA” conforme a la doctrina legal a establecerse, y se proceda conforme a la parte in fine del art. 419 del CPP.


Por su parte, Jamill Pillco Calvimontes, solicita se acojan los motivos de su recurso y se ordene la corrección del Auto de Vista impugnado  “manteniéndose incólume la decisión de anular la Sentencia en mi contra, al no ser este un motivo del presente recurso, pero al mismo tiempo el Tribunal A-quo pueda ingresar a considerar el fondo de todos los motivos llevados en Apelación Restringida” (sic).


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 187/2015-RA-L de 10 de abril, cursante de fs. 695 a 698 vta., este Tribunal admitió los recursos formulado por el Ministerio Público y por el imputado Jamill Pillco Calvimontes para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Desarrollado el juicio oral, el Juez Segundo de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dictó Sentencia absolutoria a favor de Cristhian Jaime Flores Vedia y condenatoria contra Jamill Pillco Calvimontes por la comisión del delito de Allanamiento de Domicilio o sus dependencias en grado de Instigación, arribando a las siguientes conclusiones: i) Que, al promediar el mediodía  del 24 de mayo de 2008, un grupo de 40 a 50 campesinos huyendo del enfrentamiento en la zona de Azari, ingresaron al domicilio de Víctor Cutipa; ii) Estando en el inmueble, se refugiaron en una habitación donde también se encontraban la esposa e hijo de Víctor Cutipa, siendo rodeado el inmueble por los perseguidores de los campesinos para sacarlos; iii) Para lograr sacarlos, la gente arrojaba piedras y palos al techo de calamina, que fue dañado así como rompieron los vidrios de la ventana de la habitación  donde estaban refugiados los campesinos; iv) Para sacar a los campesinos, Jamill Pillco y otras personas, sin permiso ni autorización del propietario del inmueble ingresaron de manera abusiva y arbitraria, dirigiendo y presionando a la gente, cambiando de actitud cuando llegó la prensa convirtiéndose en apaciguador. A objeto de garantizar la reparación de los daños al inmueble, en un papel anotó su nombre, cédula de identidad y número de celular, demostrando responsabilidad de los hechos en razón a que nadie voluntariamente se hace responsable de algo que no ha ocasionado. Por otra parte, para que salgan los campesinos de la habitación, el apaciguamiento y aceptación de la gente, establecen que maneja a las personas que habían allanado el inmueble; v) Respecto a Cristhian Flores, si bien se encontraba en el inmueble, no se advierte que hubiere incentivado o presionado a la gente para que allanen el inmueble, sólo se encontraba observando los sucesos e incluso colaboró a un campesino hacia la carretera; vi) Que, Jamill Pillco con su participación en diferentes medios de comunicación, de manera indirecta incentivaba a los universitarios y a la población para enfrentar a los campesinos al señalar que los hechos ocurridos el 24 de mayo de 2008 eran responsabilidad de los movimientos sociales y del Gobierno; vii) Que, al 1º de febrero de 2010, Jamill Pillco no tiene antecedentes penales y que el 9 de julio de 2007 fue designado auxiliar de docencia en la asignatura de informática del al Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca; viii) Que, de la valoración de la prueba, se concluye que, al promediar el mediodía del 24 de mayo de 2008, Jamill Pillco no sólo allanó el inmueble de la familia Cutipa; sino, que también liderizó y dirigió un grupo de universitarios, incentivando para que ingresen al inmueble. De otro lado, Cristhian Flores se encontraba en el inmueble del Sr. Cutipa sin advertirse que este incitara a la gente para que ingresen al mismo.


Sentencia complementada y enmendada mediante Auto de 20 de julio de 2010, en cuanto concierne al co-imputado Cristhian Flores, dispuso que la absolución sea sin costas, al amparo del art. 266 del CPP; respecto a la prueba PCNº6, fue descrita y valorada.

II.2.  Del recurso de  apelación restringida de Jamill Pillco Calvimontes.


En su recurso de apelación restringida (fs. 591 a 597); el apelante denuncia como agravios: i) Insuficiencia y contradicción en la sentencia en razón a que no se manifestó como su persona pudo manejar, dirigir o coaccionara una turba de personas desconocidas que ya había decidido ingresar al inmueble, tampoco se explicó quiénes serían esas personas para determinar la relación de trato directo y la influencia psicológica de magnitud sin la cual jamás se hubiere cometido el hecho antijurídico, que elemento probatorio dilucida ese comportamiento respecto a terceros; la Sentencia no refiere los medios de los que se valió para incitar a las personas a cometer el ilícito. Alega también que, por la declaración de Joaquín Hurtado Mansilla, éste admite haber ingresado al inmueble sin percatarse de la presencia de su persona ni haber sido inducido para ingresar, reconociendo su accionar; sin embargo, es tenido por testigo y no como acusado. Por otro parte, las grabaciones de video muestran que su persona trató de apaciguar a la gente, hecho corroborado por la declaración de Cristhian Flores, Rabed Flores, Jaime Ríos y Carlos Zambrana, tampoco el Juez de la causa justifica tener convicción de que los autores indeterminados no tenían decidido cometer el delito, careciendo la Sentencia del iter lógico; por otro lado resulta contradictoria debido a que en la acusación se le acusa del delito de Allanamiento en grado de instigador; empero, el juez señala que hubiere ingresado al inmueble azuzando a los universitarios para que ingresen, otorgándole una doble figura de autor e instigador. ii) Que la Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, debido a que el A quo valoró las declaraciones de cargo sin considerar las contradicciones en las que ingresaron especialmente Víctor Cutipa que manifestó que los dos coimputados abrieron las puertas e ingresaron al inmueble y que Cristhian Flores decía que quería quemar la casa y ahorcar al propietario, concluyendo el Juez que el testigo ingresó en contradicciones respecto a Cristhian Flores, cuestionando entonces que lo referido contra Jamill Pillco resultaría del mismo modo Josefina Talavera se encontraba en el cuarto junto con su hijo, estando la ventana tapada con una mesa, por cuanto no podía ver lo que sucedía afuera y determinara que era su persona quien incitaba al allanamiento, reconociendo su voz siendo que no lo conocía además de que manifestó que no podía escuchar mucho porque había bulla y que vio a Crithian Flores parado mientras su esposo trató de involucrar a ambos; la declaración de David Cutipa Talavera que es no vidente y refirió no saber quien dirigía a los universitarios; Joaquín Hurtado quien reconoció su participación activa en el allanamiento, encontrándose filmado en el video tratando de ingresar al cuarto mientras que su persona intentaba alejar a la gente, por otra parte, en el primer juicio manifestó que nunca ingresó al inmueble y en el segundo juicio reconoce haber ingresado, resultando poco creíble y generando duda razonable. Respecto a las declaraciones testificales de descargo, debido a las contradicciones en que ingresaron y fueron explicadas en juicio, el Juez no las tomó en cuenta, como la declaración de Jaime Ríos que se contradijo respecto a Cristhian Flores; pero, no respecto a su persona, Juan Carlos Zambrana que declaró que nunca instigó a la gente, declaración coincidente con las demás declaraciones de descargo y el DVD, infringiéndose el art. 173 del CPP; iii) Respecto al incidente de contradicción y oscuridad de la acusación, se reservó para la audiencia de fundamentación.  


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa en la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, otorgó el pazo señalado por el art. 399 del CPP, a objeto de que el apelante subsanará los errores u omisiones de su recurso de apelación restringido, una vez subsanados, resolvió el fondo del recurso emitiendo el Auto de Vista 291/2010 de 16 de octubre, en el cual concluyó:


i)        Sobre la denuncia de insuficiente y contradictoria fundamentación de la Sentencia, la misma fue observada sin que el apelante subsanará la observación, limitándose a señalar como normas violadas los arts. 124 y 173 del CPP, sin explicar individualmente la violación de cada una de ellas; rechazando el motivo por inadmisible.


ii)        Respecto a la defectuosa valoración de la prueba, analizando las declaraciones de cargo de Víctor Cutipa Saavedra y de descargo de Jaime Augusto Ríos Barrientos, el juzgador concluye que la primera es totalmente contradictoria, reconociendo que puede ser interesada para luego darle un contenido y alcance extraordinario al señalar que será útil para resolver los hechos acusados; en contrapartida sobre la segunda declaración, concluyó que hacía una relación de lo sucedido sin tomarla en cuenta por haber incurrido en contradicciones respecto al coimputado Cristhian Flores, sin tomar en cuenta que es testigo de Jamill Pillco y no de Cristhian Flores, además que su declaración serviría para formar un criterio de la personalidad del encausado, lo que tiene relación con las agravantes y atenuantes; otro aspecto que tampoco fue considerado por el A quo, es que manifestó que presentó su declaración informativa sin la presencia de un abogado y bajo presión; por lo que, así analizadas ambas declaraciones de cargo y descargo, se concluye que las razones expuestas para cada una de ellas, son ilógicas. Respecto a los testigos de cargo Josefina Talavera de Cutipa y David Cutipa Talavera, el juzgador incurre en el mismo error de apreciación que con la declaración de Víctor Cutipa, puesto que al principio les resta credibilidad por su interés en el asunto para luego señalar que las considerará para resolver los hechos, peor aun cuando se refiere a David Cutipa con discapacidad visual que no puede relatar los hechos del mundo exterior que se perciben con la vista, que es lo que se está juzgando. Estas observaciones no tendrían razón si no fueran relevantes para la decisión final, conforme se advierte en las primeras cuatro conclusiones arribadas por juzgador donde establece la participación del apelante en el hecho incriminado, extremos que repercuten en la decisión. En base a estas observaciones, evidencia que el juzgador incurrió en defectuosa valoración de la prueba por la incongruente fundamentación al otorgarles o restarles valor, y; ante la inexistencia de valoración conjunta y armónica, se evidencia la infracción del art. 173 del CPP, situación que se enmarca en el defecto previsto por el art. 370. 6) del CPP, declarando procedente el motivo; y siendo de exclusiva competencia de los Jueces y Tribunales de Sentencia valorar la prueba, en aplicación del art. 413 primer párrafo del CPP, anula la Sentencia y el juicio, disponiendo su reenvío.


iii)        Respecto al incidente de contradicción y oscuridad de la acusación, no cumple con los requisitos de forma y fondo previstos por los arts. 396 inc. 3), 407 y 408 del CPP, siendo aplicable la segunda parte del art. 399 del citado cuerpo legal, declarando su rechazo por inadmisible.


Con esos argumentos, rechazó por inadmisibles los motivos primero y tercero del recurso de apelación restringida y declaró procedente el segundo motivo, anulando totalmente la Sentencia y disponiendo su reenvío.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON EL PRECEDENTE INVOCADO Y LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


Este Tribunal, admitió los recursos del Ministerio Público y del imputado Jamill Pillco Calvimontes, abriendo su competencia a fin de verificar, las denuncias alegadas por ambas partes, correspondiendo resolver las problemáticas planteadas mediante la labor de contraste entre el fallo recurrido y el Auto Supremo 350 de 28 de agosto de 2006 SPII y la posible vulneración del debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva.


En ese contexto corresponde señalar que el Auto Supremo 350 de 28 de agosto de 2006, fue emitido dentro de un proceso penal por Estelionato, en el cual, la Sala Penal Segunda de la extinta Corte Suprema de Justicia determinó dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado en razón a que la apelante, al momento de interponer su recurso, ofreció prueba que no fue analizada, ni fue señalada la audiencia de fundamentación, resolviendo el recurso de manera directa, en ese sentido el Tribunal de Casación estableció la siguiente doctrina legal:


“La decisión de la autoridad en el sentido de no acceder a la consideración de una prueba dentro del trámite de la apelación restringida, es una decisión discrecional, limitada sin embargo conforme a los criterios previstos en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal concordante con el artículo 412 de la citada norma, de ahí, que la decisión que prescinda de la consideración probatoria, debe producirse en audiencia y con anterioridad a la adopción de la decisión sobre el recurso; dado que el fallo sólo puede pronunciarse cuando se haya oído al interesado y obren dentro del proceso las pruebas necesarias para tomar una resolución ajustada al derecho y a la equidad. Es decir, que cuando se va a resolver el fondo sobre la situación que se debate el Tribunal de alzada tiene que tener certeza acerca de la prueba que va a evaluar, luego de haberla sometido al contradictorio; por su parte, el recurrente debe tener la seguridad de que las pruebas que ha ofrecido y ha acompañado a su recurso habrán de ser valoradas de modo que se consideren las pretensiones o razones de su defensa, y a la vez asegurar que quien se opone a las pretensiones del recurrente, pueda ejercitar sus derechos respecto a la misma.


Este razonamiento se sustenta en el artículo 411 del Código de la materia, que dispone la realización de una audiencia cuya exclusiva finalidad puede ser la producción de la prueba, ofrecida dentro de los límites del artículo 410 del Código de Procedimiento Penal.


Negar las pruebas del interesado en el mismo acto en que se toma la decisión o no hacerlo, implica una determisión grave del procedimiento, desconocimiento del derecho de ser oído, de que se practiquen las pruebas solicitadas y a contradecir las que se aleguen en su contra”.


IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS


IV.1. Libertad probatoria en nuestro sistema penal. La Sana Crítica.


En el proceso penal boliviano, todos los elementos y medios de convicción son admisibles; aspecto que denota la permisión de una amplia libertad probatoria, pero cuya admisión debe obedecer a la verificación objetiva de que los mismos han sido obtenidos e incorporados lícitamente al proceso en observancia de las formalidades establecidas por el legislador, pues la incorporación al proceso de medios de prueba sin guardar las formalidades de Ley, sin duda dará lugar a su exclusión conforme a lo previsto por el art. 172 del CPP.


En este marco, el art. 171 del CPP, establece: El juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado.


Podrán utilizarse otros medios además de los previstos en este Libro. Su incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo de prueba previsto.


Un medio de prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes”


Por su parte, el art. 173 del código adjetivo, refiere al sistema de valoración probatoria en el sistema procesal penal adoptado en Bolivia; norma que señala que: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”.


A partir del alcance de la normativa especial descrita, se tiene que el Juez o Tribunal, al momento de deliberar sobre la culpabilidad o absolución del imputado o acusado, conforme al art. 358 y siguientes del CPP, -en base a las reglas de la sana crítica- debe justificar las razones de la valoración realizada, en base a una apreciación conjunta, armónica e integral de las pruebas fundamentales producidas en el juicio.


En lo referente a la noción de lo que constituye la sana crítica y la valoración de la prueba, el tratadista Eduardo J. Couture, expresa que: “Las reglas de sana crítica, son una categoría intermedia que no tiene ni la rigidez propia de la prueba legal, ni la excesiva inestabilidad de la prueba de la conciencia” (COUTURE, Eduardo J, Estudios de Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Tomo I, pág. 319); ALBA MUÑOZ, con relación a la valoración de la prueba, en base a las reglas de las sana crítica, destacando su importancia señala: “Hay desde luego aparte de la prueba circunstancial y la conducta del acusado, un sistema procesal que se llama de la sana crítica. Que hasta donde es posible, creo que es el más apropiado. Ese sistema parte de tres principios: el dato de ORDEN FORMAL, es decir, que la prueba se haya rendido conforme a las normas procedimentales; el DATO DE ORDEN LOGICO, es decir, la lógica en sentido formal que de acuerdo con la sana interpretación de los que se dedican a esto, la lógica, es la recta “ratio factirium”, la razón o explicación apropiada de lo posible, ese es el dato de orden lógico, y por último EL DATO DE ORDEN CRITICO que es contraponer el dato de orden lógico al dato de orden histórico que se desprende del resto de las circunstancias” “cualquiera que sean las reglas que dé la Ley al respecto, el buen juez debe tener en cuenta la sana crítica, es decir, el dato de orden formal, que la prueba haya sido recibida conforme a Ley, el dato de orden lógico, es decir, la credibilidad de lo asentado y el dato de orden histórico, hasta donde las circunstancias revelan” (ALBA MUÑOZ Javier, Contrapunto penal, Cárdenas Editor, México, 1998 pág. 153).


Sobre el principio de libertad probatoria y sana critica, el AS 131 de 31 de enero de 2007, entre otros, señalo: A partir del cambio de sistema procesal, se implementa como principio rector del sistema de prueba vigente el principio de la libre valoración; por tanto no existe el sistema de prueba legal o tasada, vigente durante mucho tiempo en el marco del proceso inquisitivo, en el que sólo determinadas pruebas servían para demostrar la verdad de los hechos imputados, señalándose además el valor de cada una de ellas.


En el sistema actual, a diferencia del sistema anterior, el Juez es libre para obtener su convencimiento, porque no está vinculado a reglas legales sobre la prueba, ni a las presunciones que ésta defina, de ahí que puede convencerse por lo que le diga un único testigo, frente a lo que digan varios. Ahora bien, el principio de libre valoración de la prueba no significa que el juez o Tribunal tengan una facultad sin limitaciones, con total irrevisabilidad de la convicción del órgano a quo respecto de los hechos probados. El principio de libre valoración de la prueba significa que el Juez debe apreciar la prueba durante el juicio “según las reglas de la sana crítica, es decir según las reglas de la lógica y dentro de ellas, el principio de no contradicción, así como según los principios generales de la experiencia”, debiendo traducir ese razonamiento en el fallo de manera objetiva, situación que se expresa a través de los elementos que prueba que en su conjunto formulan la razonabilidad del fallo y la motivación del titular del órgano jurisdiccional para decidir de tal o cual forma, sobre la base de la imputación objetiva. (Negrillas propias); en el mismo sentido el AS 35/2013-RRC de 14 de febrero, SÎI.


El AS 145/2013-RRC, que si bien declaro infundado el recurso, pero refirió que: “La libre valoración de las pruebas, que es el sistema que rige el proceso penal en Bolivia bajo los parámetros de la sana crítica, no significa otorgar espacios para la arbitrariedad; sino que las pruebas valen según el grado de convicción que se genere en el juzgador, de modo que si la convicción de la autoría del imputado no alcanza la plenitud, ingresará el principio in dubio pro reo; por lo que el convencimiento del juez producto del desfile probatorio en juicio oral, deberá estar basado en los hechos probados. Expresado de otra forma, no es la acumulación de pruebas, sean literales, periciales, testificales u otros, la que permite emitir un fallo determinado al juzgador, sino en función de la libertad probatoria, la otorgación de valía correspondiente a los distintos elementos de prueba producidos en el juicio, en base a una valoración integral en los términos previstos por el art. 173 del CPP que establece: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”; siendo posible en este contexto sostener una sentencia sea condenatoria o absolutorio en la declaración de un solo testigo”.


Por su parte, el AS 217/2014-RRC de 4 de junio, señalo que en lo: “Referido a los postulados del art. 173 del CPP, que establece el sistema de valoración probatoria dentro del sistema procesal penal adoptado por el Estado, asumiendo para tal fin el de la sana crítica, dónde el juez o tribunal debe por un lado y en un primer momento valorar la prueba producida durante el juicio de manera individual, para luego ofrecer la justificación y fundamentación de la misma de un modo armónico y conjunto. Este último elemento no debe ser entendido bajo el argumento falaz de a mayor número de pruebas mayor culpabilidad o mayor inocencia; sino que la equivalencia de culpabilidad o inocencia, debe ser comprendida en relación a la convicción asumida en el Juez o Tribunal sobre el conjunto probatorio, al ser aquél la más próxima a la producción probatoria, siempre claro, bajo el sistema de la sana crítica, entendida como el cúmulo de criterios relativos a las reglas formales de la lógica, a la experiencia y la psicología. El juzgador, con base a estas reglas, debe apreciar todos los elementos de prueba incorporados al proceso, ya de manera individual, pero en conjunto; esto es; una vez admitidos, forman el todo o hacen unidad entre sí para producir certeza o convicción, significa que el elemento de prueba conserva su valor individual, pero que una vez reconocido el valor individual del elemento de prueba este debe ser apreciado en concordancia y convergencia con los demás elementos de prueba”.


Por lo que queda claro, que en nuestro sistema penal rige la libertad probatoria la cual debe ir en consonancia con la sana critica; de ahí entre otras cosas- es que el juzgador puede convencerse por lo que le diga un único testigo, frente a lo que digan varios. Sin embargo, a lo dicho conviene recalcar que si bien el sistema de la sana crítica  goza de las más amplias facultades de convencimiento para con el juzgador, su libertad tiene un límite insalvable: el respeto de las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, caracterizado por la posibilidad de que el juzgador logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad pero respetando, siempre, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica constituidas esencialmente por: el principio de identidad (una cosa sólo puede ser idéntica a sí misma); el principio de contradicción (una cosa no puede entenderse en dos dimensiones al mismo tiempo); el principio del tercero excluido (establece que entre dos proposiciones de las cuáles una afirma y otra niega, una de ellas debe ser verdadera); y el principio de razón suficiente (dónde ningún hecho puede ser verdadero o existente, y ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo); así también la experiencia común (constituida por conocimientos comunes indiscutibles por su raíz científica, tales como la gravedad por ejemplo); y los principios inexpugnables de las ciencias (no sólo de la psicología, utilizable para la valoración de dichos o actitudes y aferrados no a conocimientos técnicos sino más bien los que sean compatibles al hombre común). Todos estos preceptos reunidos poseen como fin el conducir a que los razonamientos del juez o tribunal no sean arbitrarios, incoherentes, contradictorios, o lleven al absurdo (AS 14/2013-RRC de 6 de febrero).


IV.2. Sobre la valoración probatoria de “parte” de la declaración testifical.


En el marco del principio de libertad probatoria -el cual sin duda no es absoluto conforme establece la SC 0406/2007-R- y en coherencia con los fundamentos que anteceden; se tiene que, en el actual sistema penal prevalece -como se dijo- el régimen de la libre valoración probatoria, por el cual, el hecho de que una parte de la declaración de un testigo no sea veraz, no implica que el resto del mismo necesariamente lo sea, pues no existe en la norma especial un mandato o cláusula jurídica que determine que la declaración del testigo es efectivamente indivisible; asimismo, también es válido, el hecho de que el juez pueda convencerse por lo que le diga un único testigo, frente a lo que digan varios; pues como dice ROCHA DEGREEF, el testimonio no forma un todo indivisible pues “un testigo puede muy bien engañarse y aun mentir sobre una parte y decir la verdad sobre el resto” (ROCHA DEGREEF Huho, El Testigo y el Testimonio, Edición Juristas Cuyo, Argentina, pág. 40) el mismo autor en la referida obra, cita a WIGMORE quien refiere que “es insuficiente aquel por el cual se pretende deducir por un error de detalle, que el testigo es capaz de haberse equivocado también sobre los demás puntos” por ello la pertinencia de la aplicabilidad de la sana crítica, que obliga a valorar este tipo de casos y testimonios con mayor cuidado, contrastándolo con los otros elementos probatorios para que a partir de esta disonancia el juzgador, aplicando las reglas de la experiencia común, la lógica y la psicología con mayor agudeza, considere las razones correctas para desmerecer parte de un testimonio y apreciar otras, valoración enriquecida por los principios y la dinámica propia que se genera de la inmediación y la oralidad, detectando esas variables, explicándolas, motivándolas y fundamentándolas; al regir en el proceso penal este principio de libre valoración de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana critica, lo relevante para valorar si las razones dadas para desmerecer parte de un testimonio y apreciar otra, son correctas o no, es precisamente la calidad de los razonamientos otorgado por los juzgadores a la luz de las referidas reglas; por eso mismo, también es necesario que el juzgador a momento de otorgarle un valor determinado a parte de la declaración de un testigo, lo haga justificando razonablemente él porque considera válido y creíble ese segmento del testimonio; además, “la obligación impuesta a los jueces de brindar las razones de su convencimiento, demostrando el nexo racional entre las aseveraciones o negaciones a que arribo y los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas” (CAFFERATA NORES, José, La Prueba en el proceso Penal) y por ello dicha acción debe entrar en consonancia con la concurrencia de la descripción del elemento probatorio y su valoración crítica, inclinado a evidenciar su plena idoneidad para fundar la conclusión que en él se basa jurídicamente. Ello reflejará sin duda que las determinaciones judiciales no resulten puros actos de voluntad, conjeturas circunstanciales o emerjan de subjetivas impresiones de los jueces, sino que sea fruto directo y legítimo de lo percibido en el juicio oral dentro de condiciones que contengan racionalidad y certidumbre de la decisión a ser asumida.


Es evidente, que la credibilidad de un testimonio puede resultar afectada, si es posible comprobar que se ha ocultado o tergiversado parte de la información; pero, todo ello tiene que valorarse a partir de las razones concretas que los juzgadores plasmen, a cuyo efecto se buscará ante todo los motivos que llevan al testigo a declarar, las circunstancias en las que se encontraba al momento de percibir el hecho y las fuentes de donde el testigo recibió la información suministrada; factores determinantes para su credibilidad.


En consonancia con lo que antecede, corresponde al Tribunal de apelación, por el principio de inmediación, realizar el control de la valoración efectuada por el Juez o Tribunal de juicio, en razón a que los hechos probados en juicio se hallan sujetos al principio de intangibilidad; por lo cual, la actividad del Ad quem debe ceñirse al respeto de las reglas relativas a la carga de la prueba -onus probandi-, la legalidad de la prueba practicada y -como se dijo- a la razonabilidad y ausencia de arbitrariedad en las apreciaciones y conclusiones que se extraen de dichas pruebas, o dicho de otro modo el control de la valoración de la prueba está referido a los vicios de fundamentación, vicios en la Sentencia, violación de la sana critica, inclusión de prueba que no ha sido producida, exclusión de la prueba que si ha sido producida o valoración de prueba ilícita. Este examen de verificación del cumplimiento de las normas del correcto entendimiento humano se limita a establecer si del material probatorio se pueden inferir los hechos que se tiene por demostrados, y si de éstos se puede colegir razonablemente la conclusión a la que arribó el Juez o Tribunal de Sentencia.


V. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO


V.1 Recurso de casación del Ministerio Público.


Ingresando en el análisis del primer motivo donde se denuncia que el Auto de Vista vulnera el derecho a la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica por admitir el segundo motivo del recurso de apelación del imputado, sin justificativo valedero, vulnerando los arts. 115 de la CPE, al negar el derecho a la defensa; 124 del CPP, por carecer de fundamentación en razón a que el motivo admitido del recurso de apelación restringida del imputado, no cumplió con los requisitos señalados por los arts. 408 y 398 del CPP, por no circunscribirse a los aspectos cuestionados de la Sentencia; 169 inc. 3) del CPP, por vulnerar el debido proceso y el derecho a la defensa; 370 inc. 5) y 6) del CPP, al fundarse en el hecho inexistente de que el apelante cumplió con los requisitos previstos en el art. 408 del CPP, se advierte que los argumentos expuestos por los representantes del Ministerio Público, resultan genéricos y contradictorios, debido a que alegan que el Tribunal de alzada admitió el segundo motivo del recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado cuando aquel no cumplía con los requisitos previstos por el art. 408 del CPP, sin referir de manera concreta cuál o cuáles requisitos fueron inobservados e incumplidos, toda vez que, el alcance de la norma referida, contienen no un solo o simple presupuesto jurídicos, sino varios, pues no nos olvidemos que el propósito de los requisitos de forma exigidos por el legislador en la materia, radica fundamentalmente en facilitar a la autoridad jurisdiccional el conocimiento cabal y objetivo de la pretensión impugnatoria del recurrente; por otra parte alegan que, con la admisión del referido motivo, el Ad quem vulnera el art. 398 del CPP, por no circunscribir su resolución a los aspectos cuestionados de la Sentencia impugnada, cuando inicialmente manifiestan que el Tribunal de apelación admitió para su análisis el segundo motivo del recurso de apelación, reconociendo que el motivo si fue expresado en el referido recurso. De igual manera la contradicción se observa cuando los recurrentes, en el inciso D) (COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN) de su recurso de casación alegan que el Auto de Vista carece de fundamentación por limitarse a señalar los motivos de la apelación “y no ingresa a realizar la debida motivación o fundamentación de ley, pues el tribunal de alzada, debió pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos que fueron objeto de la apelación y no lo hizo” (sic) pretendiendo con ello que el Tribunal de alzada se pronuncie sobre los tres motivos denunciados en apelación restringida, resultando incongruente su argumento de que no debió admitirse el segundo motivo de la apelación restringida interpuesta por el imputado, en ese sentido, este primer motivo traído en casación deviene en infundado.


En lo que concierne al segundo motivo del Ministerio Público en el cual se alega que “EL AUTO DE VISTA CONTIENE FUNDAMENTACIÓN INSUFICIENTE Y CONTRADICTORIA (ART. 370 NUMERAL 5) DEL CÓDIGO DE PDTO PENAL) (sic); porque los de alzada se apartaron de los fundamentos de la apelación restringida, donde se aludían contradicciones en las declaraciones testificales de cargo tomando como fundamento algo que no fue reclamado, manifestando que la Sentencia restó credibilidad a las declaraciones de Víctor Cutipa, Josefina Talavera, David Cutipa y Joaquín Hurtado por el interés que tenían, afirmación subjetiva y personal, cuando en realidad sirvieron para emitir la Sentencia; que emitieron un juicio de valor respecto del impedimento físico de David Cutipa que tampoco
fue fundamento de la apelación y no consideraron las declaraciones de Joaquín Hurtado Mancilla, limitando la defensa del Ministerio Público incurriendo en el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, por falta de fundamentación y por ser contradictoria violando los arts. 124 del CPP y 115 de la CPE; sobre este tópico, conviene realizar la siguiente relación de antecedentes:


i)        En apelación restringida, el imputado Jamill Pillco Calvimontes denunció  bajo el epígrafe “II.-  LA SENTENCIA SE BASA EN HECHOS INEXISTENTES O NO ACREDITADOS O EN VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LA PRUEBA.- NORMA HABILITANTE ART. 370 NUM.6” (sic) que el A quo, al valorar la prueba, otorgó certeza irrefutable a todas las declaraciones de cargo, sin hacer una valoración integral respecto a las contradicciones de los testigos del Ministerio Público, realizando al efecto una relación de las declaraciones testificales de Víctor Cutipa, Josefina Talavera de Cutipa, David Cutipa Talavera y de Joaquín Hurtado Mancilla señalando los aspectos que considera contradictorios y que fueron valorados por el Juez de Sentencia vulnerando las reglas de la sana crítica; de igual manera, en lo que concierne a las declaraciones de los testigos de descargo alegó que el Juez de la causa no les otorgó valor probatorio en mérito a supuestas contradicciones entre lo declarado en la etapa preparatoria y lo depuesto en juicio, alegando como norma vulnerada el art. 173 del CPP. Motivo observado mediante proveído de 06 de septiembre de 2010 (fs. 616) que fue subsanado (fs. 622 y vta.), donde el apelante señalaba como pretensión la anulación de la Sentencia por tratarse de un defecto absoluto inconvalidable.


ii)        Resolviendo este motivo, el Tribunal de alzada concluyó que el A quo incurrió en defectuosa valoración de la prueba “por la incongruente fundamentación al otorgarles o restarles valor y ante la inexistencia de valoración conjunta y armónica, con infracción evidente del art. 173 del CPP, situación que se enmarca a lo previsto como defecto de la Sentencia por el art. 370 inc. 6) del CPP, que habiendo sido acreditado, corresponde declarar PROCEDENTE al motivo de recurso que lo invoca” (sic); siendo sus fundamentos para esta decisión que: a) Sobre la declaración de Víctor Cutipa Saavedra (testigo de cargo) el Juez de Sentencia habría manifestado que era contradictoria, reconociendo su interés y, posteriormente le otorgó un contenido y alcance extraordinario al señalar que resultaba útil para resolver los hechos acusados; b) Que en la declaración de Augusto Ríos Barrientos el A quo concluyó que hacía una relación de lo sucedido; pero, que no sería tomada en cuenta por incurrir en contradicciones respecto al co-imputado Cristhian Flores, sin advertir que era testigo de Jamill Pillco y no de Cristhian Flores, y que su declaración serviría para formar un criterio de la personalidad del encausado (agravantes y atenuantes); además que manifestó haber prestado su declaración informativa sin la presencia de un abogado y bajo presión; concluyendo el Tribunal de apelación que las razones valorativas de cada atestación, resultaban ilógicas; c) Respecto a los testigos de cargo Josefina Talavera de Cutipa y David Cutipa Talavera, el Auto de Vista estableció que el juzgador incurre en error de apreciación, inicialmente restándoles credibilidad por su interés en el asunto, para luego manifestar que serán consideradas para resolver los hechos; d) en lo que concierne a la declaración David Cutipa, el Ad quem concluyó que su discapacidad visual impide relatar los hechos del mundo exterior que se perciben con la vista, que es lo que se está juzgando; manifestando que estas observaciones no tendrían razón si no fueran relevantes para la decisión final, conforme se advierte en las primeras cuatro conclusiones arribadas por juzgador, donde establecen la participación del apelante en el hecho incriminado, extremos que repercuten en la decisión. En base a estas observaciones, el Tribunal de apelación manifestando su impedimento de revalorizar prueba para resolver directamente el caso, dispuso anular la Sentencia y el juicio, disponiendo su reenvío.

 

iii)        Revisada la confutada Sentencia, se evidencia que el juzgador, respecto a la declaración de Víctor Cutipa concluyó que la misma resultaba interesada por ser la víctima cuyo inmueble fue allanado; sin embargo, manifestó que “se la toma en cuenta para resolver los hechos acusados por que no es contradictoria con los otros elementos probatorios introducidos, estableciéndose de la misma que los hechos acusados se dieron en el inmueble de su propiedad (Aclarándose con dicha atestación; el momento y la fecha en la que produjeron los hechos; el ingreso de los campesinos a su vivienda, los mismos que estaban siendo perseguidos; las características de su inmueble y la habitación en la que se refugiaron los campesinos, la falta de autorización para que ingresen a su inmueble de la gente que intentaba sacar a los campesinos para agredirlos y que los mismos fueron sacados de la habitación donde se encontraban refugiados y que con ellos se encontraban su esposa e hijo no vidente; asimismo que el acusado Yamill Pillco era quien dirigía a los universitarios y que inclusive a este pidió garantías; que el señor Pillco en un papel le dio sus datos de su nombre, su número de carnet y su número de celular para que posterior le busque y le sean reparados los daños ocasionados en su inmueble y que dicho acusado no le cumplió; los destrozos realizados en el interior de su inmueble. Que, dicho testigo también declaró sobre la participación del imputado Cristhian Flores en los hechos acusados, sin embargo de ello, no se los toma en cuenta, porque dichos aspectos son contradictorios con los otros elementos probatorios introducidos a juicio, como por ejemplo que a la cabeza de las personas que ingresaron a dicho inmueble se encontraba también el señor Cristian Flores; que el señor Flores señalaba que había que quemar la habitación” (sic); de manera similar refiere que la declaración de Jaime Augusto Ríos Barrientos: “si bien hace una relación de los hechos ocurridos en el inmueble de propiedad del señor Cutipa, resulta ser contradictoria respecto a lo declarado en la etapa preparatoria pues en esa oportunidad señaló que el señor Cristian también instigaba y ahora refiere que no conoce al señor Cristian Flores, consecuentemente no se la toma en cuenta a los efectos de aclarar los hechos acusados” (sic). Sobre la declaración de Josefina Talavera, la valoró de manera similar a la declaración de Víctor Cutipa, señalando que tenía interés por su condición de propietaria del inmueble allanado; sin embargo, la tomó en cuenta por no resultar contradictoria a otros elementos probatorios, estableciendo que los hechos acusados se dieron en su inmueble, aclarando el momento, la fecha, la presencia de los campesinos y los universitarios y las circunstancias de los hechos acaecidos así como la participación de Jamill Pillco, quien anotó sus datos en un papel para solucionar los daños ocasionados en el inmueble, así como refirió la presencia de Cristian Flores señalando que lo vio parado; respecto a la declaración de David Cutipa Talavera, concluyó que tenía interés; pero, no resultaba contradictoria a otros elementos introducidos a juicio, aclarando el momento, la fecha de los hechos, la presencia de los campesinos, de los universitarios y que Jamill Pillco anotó sus datos en un papel comprometiéndose a reparar los daños. 


Ahora bien, analizando las observaciones realizadas por el Tribunal de alzada y la fundamentación de la valoración realizada por el Juez de Sentencia precedentemente descritos, se tiene que a la conclusión de cada declaración testifical, el juzgador valoró cada una de ellas, exponiendo las razones por las cuáles consideró que aportaban luces en el esclarecimiento de algunos hechos, en base a coincidencias con otros elementos de prueba y descartando lo que advirtió como contradictorio, Sobre este particular, debe entenderse que resulta ilógico pretender que todas las declaraciones sean uniformes con otras atestaciones en la totalidad de sus afirmaciones, en razón a que cada testigo tiene una propia percepción de lo acontecido conforme lo recogido por sus sentidos y sus capacidades, no pudiendo desmerecer aquellas que fueron percibidas por otros sentidos y no así por la vista, como sucede en el caso de la declaración de David Cutipa Talavera, quien por su discapacidad visual, consideró el Ad quem que “no podía relatar los hechos del mundo exterior que se percibe con la vista, que es lo que se está juzgando” (sic), afirmación fuera de contexto, en razón a que el Juez de instancia manifestó que su declaración era tomada en cuenta en lo que respecta al esclarecimientos de los hechos sucedidos referentes al día, hora, la presencia de los campesinos y los universitarios así como la existencia del papel donde Jamill Pillco anotó sus datos; sin embargo, en ninguna parte de la fundamentación valorativa el Juez de Sentencia señala que el testigo hubiere referido lo que “vio”, mas al contrario revisando la declaración se evidencia que el testigo hace referencia a que, cuando se encontraban comiendo, se “escucharon” ruidos en la calle (pasos de chancletas, gente corriendo, cohetes); que reconoció a los campesinos por las chancletas y a los universitarios por la forma en la que hablaban añadiendo que los escuchaba hablar así en la televisión haciendo sus revueltas, que los campesinos entraron pidiendo auxilio; que no escuchó nada que les hubiere dicho el señor Pillco a los universitarios, pero conversó con sus padres… etc.”; en ese sentido, lo manifestado por el Ad quem carece de asidero al señalar que: “ puede referir lo que escucha, siente con el olfato, el tacto o el gusto, no así relatar hechos del mundo exterior que se perciben con la vista, que es lo que se está juzgando” (sic). Por ello resulta importante que el Juez o Tribunal de Sentencia, por el principio de inmediación, capte las circunstancias en las cuales se encontraba cada testigo, puesto que no resultará igual lo que percibe una persona que se encuentra en medio del hecho, que otra que se encuentra a mayor distancia, también influirán las características del lugar, tiempo, visibilidad, acústica, sensibilidad, etc.; es por ello que el juzgador debe tener la capacidad de captar la certeza de las afirmaciones o la dubitación de las mismas, y; contrastándola con los demás medios probatorios, concluir con convicción respecto a qué puntos  considera fueron probados; es por ello, que el legislador previó que la valoración de la prueba sea una actividad privativa de los jueces y tribunales de Sentencia por los principios de inmediación y contradicción, quienes asumen conocimiento directo de los elementos probatorios que le generan determinada convicción por encontrarse en relación directa con las partes y las pruebas, y; es a partir del principio de inmediación y de la percepción directa de la prueba, que el juzgador en un primer momento, adquiere convencimiento sobre los hechos que se juzgan para que después de concluido el juicio oral, público y contradictorio, en base a las convicciones arribadas, exprese los razonamientos que otorgan soporte racional al juicio que realizó sobre la prueba, traduciendo de manera objetiva, el valor asignado a cada elemento de la misma y explicando la operación lógica realizada para llegar a determinada conclusión; garantizando la correcta aplicación del sistema de valoración de la prueba, para un posible control de legalidad ulterior. Nuestro ordenamiento procesal penal por principio de inmediación de la prueba que rige el juicio oral, público y contradictorio, otorga una amplia discrecionalidad al juzgador inmediato para apreciarla y valorarla, y corresponde a los Tribunales de Alzada ejercer el control del iter lógico de los razonamientos que lo llevaron a la decisión asumida.


Bajo tales parámetros, el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, en el control de la valoración de la prueba realizada por el Juez de Sentencia, equivocó entender los razonamientos alcanzados por el juzgador, quien de manera concreta y precisa refirió los alcances de cada atestación así como de los otros elementos probatorios, desconociendo el Ad quem  el proceso lógico seguido en la valoración de todas las pruebas para la fundamentación de la sentencia, cuando le correspondía cotejar si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia, mismas que se encuentran entrelazadas de manera que orientan al juzgador a analizar la prueba con arreglo a la sana razón y un conocimiento experimental de las cosas, de manera tal que, la apreciación y valoración de la prueba a cargo del Juez o Tribunal de Sentencia no resulte equivocada, arbitraria, absurda o irracional.


Por los argumentos expuestos se concluye que el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista recurrido, equivocó su labor de verificación del iter lógico en la valoración de la prueba, al pretender que el Juez de instancia se encuentre compelido a tomar en cuenta sólo aquellas declaraciones cuya  totalidad de sus afirmaciones resulten coincidentes con las demás pruebas, cuando resulta evidente que siempre existirán disonancias entre lo narrado por uno y otro testigo, lo que conllevó a la vulneración del debido proceso; pues su trascendencia de este principio, derecho y garantía se encuentra en íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, que señalo: “La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes”; entendimiento acorde y compatible con la nueva Ley Fundamental; sin embargo, respecto al derecho a la defensa, no obstante que dicho derecho es un instituto integrante de la garantía al debido proceso, pero que ha sido consagrado constitucionalmente en forma autónoma; éste Tribunal no constata de qué forma o manera se haya vulnerado el mismo, menos se ha acreditado objetivamente la referida situación. En ese orden, el presente motivo deviene en fundado.


V.2. Recurso de casación de Jamill Pillco Calvimontes


       En su primer motivo, alega que el Tribunal de Apelación rechazó la prueba ofrecida en su recurso de apelación señalando el incumplimiento del art. 404 del CPP, aplicable por mandato del art. 410, sin considerar que en sus otrosíes 3 y 4 no sólo ofrecieron y adjuntaron la prueba; sino, que indicó de manera clara y expresa los hechos que pretendía probar, debiendo considerarse en audiencia la pertinencia de la prueba, lo cual resulta contradictorio al Auto Supremo 350 de 28 de agosto de 2006 SPII.


       Respecto a este motivo, contrastando la doctrina legal establecida en el precedente invocado y la determinación asumida por el Tribunal de apelación, corresponde precisar, que los Vocales de la Sala Penal de la extinta Corte Superior de Chuquisaca no incurrieron en contradicción alguna con el Auto Supremo 350 de 28 de agosto de 2006, debido a que señalaron fecha de fundamentación del recurso que fue llevada a cabo el 21 de septiembre de 2010 (fs. 628 a 629 vta.) en la cual, la defensa realizó una exposición de la doctrina referida al delito de Instigación y, en su segundo motivo, reiteró las fundamentos contenidos en su recurso de apelación restringida, sin advertirse alegación alguna sobre la prueba ofrecida en su memorial de apelación restringida. En lo que concierne al tópico de que el Tribunal de alzada tiene la discrecionalidad de admitir o rechazar prueba ofrecida en el  recurso de apelación y si decide prescindir de ella deberá hacerlo en la audiencia de fundamentación; cabe precisar, que este entendimiento procede cuando se analiza una prueba ligada a demostrar algún defecto de forma o procedimiento cometido por el inferior, en ese contexto el Ad quem considerará su pertinencia, para ello resulta imprescindible que el apelante señale de manera concreta e individual cada prueba y el defecto procedimental en concreto que pretende probar. En ese sentido, el Ad quem al señalar que las pruebas ofrecidas (Acusación, Auto de apertura de juicio, Sentencia y Acta de Registro de juicio oral)) formaban parte de los antecedentes remitidos, determinó que no habría lugar a su introducción; empero, en ningún momento señaló que rechazaba la consideración de las mismas; otro aspecto que no se advierte en el memorial de apelación es el señalamiento expreso de las partes de cada actuado procesal precedentemente citado, que tendrían por objeto probar algún defecto de forma o procedimiento. Por otro lado, las documentales adjuntadas al memorial de apelación restringida consistentes en copias legalizadas de las actas de juicio oral, sobre las cuales el apelante alega que demostraría las contradicciones incurridas por el testigo Joaquín Hurtado Mancilla entre el primer juicio realizado ante el Juzgado Primero de Sentencia  y este segundo juicio, resulta inatendible, porque como prevé el mismo art. 410 del CPP, citado por el Tribunal de alzada, la prueba debe demostrar el error de forma o procedimiento incurrido dentro del proceso en cuestión y no así en base a un anterior juicio que fue anulado en su totalidad, lo contrario implicaría una cadena de comparaciones entre lo visto y resuelto por uno y otro Juez o Tribunal que conoció el mismo caso, desvirtuándose la figura del reenvío y los principios de inmediación y contradicción que rigen el sistema penal vigente. Finalmente la prueba consistente en el DVD, ofrecida en su otrosí 4, que demostraría su actitud que no fue valorada, no contiene una fundamentación que la relacione con algún error de forma y procedimiento en concreto, más aún si, conforme consta en la Sentencia, la misma fue debidamente valorada por el Juez de la causa. Bajo tales parámetros el Ad quem acertadamente determinó que las pruebas ofrecidas en los otrosíes 2 y 3 eran parte de los antecedentes cursantes en obrados; por lo cual, no habría lugar a su nueva introducción en alzada y que la prueba ofrecida en el otrosí 4 no especifica el hecho que pretende probar que esté vinculado al recurso, aclarándose que el ofrecimiento de prueba previsto en el art. 404 del CPP, se encuentra relacionado con el art. 410 del CPP, como el mismo Auto Supremo 350/2006 señala en su tercer párrafo: “Este razonamiento se sustenta en el artículo 411 del Código de la materia, que dispone la realización de una audiencia cuya exclusiva finalidad puede ser la producción de la prueba, ofrecida dentro de los límites del artículo 410 del Código de Procedimiento Penal(el resaltado es propio); ello en razón a restringir la posibilidad de introducir prueba, que desvirtúa la concepción del juicio oral, público y contradictorio, etapa única e idónea para la producción y valoración de la misma. Al no evidenciarse contradicción alguna entre los fundamentos del Auto de Vista y la doctrina del precedente invocado, el presente motivo deviene en infundado.


El segundo motivo traído en casación, refiere la vulneración de las normas del debido proceso en su componente del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva en el marco de los arts. 115, 116 y 117 de la CPE, debido a que los de alzada omitieron ingresar en el fondo de todos los puntos apelados (art. 169 inc. 3 del CPP) pese a que, subsanaron las observaciones del Tribunal de apelación, cumpliendo con los requisitos previstos en los arts. 407 y 408 del CPP, citando las normas violadas o erróneamente aplicadas de manera individual y la aplicación pretendida; sobre tales argumentaciones, se tiene que el Tribunal de alzada, a fs. 616 y vta. observó el memorial de apelación restringida en lo referente a los motivos primero y segundo señalando: “En cuanto al primer motivo del recurso; si bien el recurrente expresa la norma habilitante, no cita las normas sustantivas y adjetivas presuntamente violadas o erróneamente aplicadas, conforme a la previsión del párrafo segundo del art. 408 del CPP; es decir, ´deberá indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos´; así como tampoco expresa cual fuere la aplicación que pretende de cada una de ellas. En cuanto al segundo motivo; si bien expresa la norma habilitante y cita la norma violada con sus fundamentos, pero no expresa cual fuere la aplicación que pretende de ella. () Al no cumplir los recursos interpuestos con los requisitos extrañados art. 408 primer párrafo in fine y segundo párrafo del CPP-; expresamente exigidos por dicha norma; corresponde al Tribunal de alzada dar aplicabilidad al art. 399 primer párrafo del Código de Procedimiento Penal, concediendo al recurrente el plazo de tres días …” (sic). Ante estas observaciones, el imputado Jamill Pillco Calvimontes presentó memorial de subsanación (fs. 622 y vta.) señalando: “1.- En cuanto al primer motivo del Recurso.- a) Cito expresamente que las normas violadas son el art. 124 del Código Adjetivo de la materia, así como el Art.173 respectivamente. b) Aplicación que se pretende: Con relación a este defecto de la Sentencia, pido que al tratarse de un defecto absoluto de la sentencia, la misma sea anulada en vista de que la valoración es una atribución privativa de los tribunales de instancia, en virtud al principio de inmediación. Por ello corresponde la anulación de la defectuosa sentencia, disponiendo de conformidad con el art. 414 del C.P.P. el reenvío a nuevo juicio oral por otro Tribunal, para que sea este Tribunal el que de correcta aplicación y cumpla con las reglas inmersas en los arts. 124 y 173 del CPP.2.- En cuanto al segundo motivo del Recurso- a) Aplicación que se pretende; Con relación a este defecto de sentencia y al tratarse de un defecto absoluto, respectivamente, la sentencia sea anulada en vista de que la valoración es una atribución privativa de los tribunales de instancia, en virtud al principio de inmediación. Por ello corresponde la anulación de la defectuosa sentencia, disponiendo de conformidad con el art. 414 del C.P.P. el reenvío a nuevo juicio oral por otro Tribunal, para que sea este Tribunal el que de correcta aplicación a la norma adjetiva violada realizando una correcta valoración de la prueba aplicando los principios de la sana crítica” (sic). Dentro de ese parámetro, el Ad quem sobre el primer motivo que alegaba insuficiencia y contradicción en la sentencia, que fue observado respecto al señalamiento separado de cada norma vulnerada con su fundamento, concluyó que el memorial de subsanación no cumplió la observación extrañada, donde se reiteró como vulnerados los arts. 124 y 173 del CPP “sin explicar en hecho y derecho cómo fueron violadas cada una de ellas, lo que importa el incumplimiento del requisito observado oportunamente contenido en el art. 408 del CPP” (sic) (el resaltado es propio); rechazando este motivo por inadmisible; en ese entendido, se evidencia que el entonces apelante, incumplió la observación concreta de expresar de manera separada cuáles las infracciones cometidas por el juez de sentencia con relación a los arts. 124 y 173 como instruyó realizarse el Tribunal de apelación, limitándose el imputado a señalar como aplicación pretendida, la anulación de la sentencia y el reenvío del caso a otro “tribunal”; en ese ámbito, no se advierte vulneración alguna a los derechos o garantías del imputado por parte del Tribunal de alzada, que por negligencia u olvido de la parte acusada no cumplió en subsanar a completitud las observaciones realizadas en el proveído de 06 de septiembre de 2010 (fs. 616 y vta.). Sobre el segundo motivo, relacionado a la defectuosa valoración de la prueba, como se tiene expuesto precedentemente en el acápite IV.1, se evidencia que el mismo fue analizado; por otro lado, respecto al tercer motivo del Incidente de contradicción  del recurso de apelación restringida, el imputado simple y llanamente manifestó  que: “Al haber sido resuelto junto con la sentencia el incidente planteado por mi defensa, al momento me reservo el derecho de fundamentar mi apelación respecto a este punto, es decir respecto al incidente, para la audiencia de fundamentación oral del presente recurso”. (sic); revisados los antecedentes, a fs. 638 vta., el Auto de Vista en su párrafo final, señaló que el motivo: “no cumple con los requisitos de forma y fondo previstos por los arts. 396 num.3), 407 y 408 del CP, por lo que le es aplicable directamente el art. 399 segundo párrafo de la Ley Adjetiva citada; es decir, ser RECHAZADO POR INADMISIBLE, sin ingresar en el fondo” (sic); de igual manera, revisada el acta de audiencia de fundamentación de 21 de septiembre de 2010 (fs. 628 a 629 vta.), se advierte que la defensa únicamente expuso argumentaciones doctrinarias sobre la figura Instigación y cómo supone que este aspecto no fue considerado por el juez de instancia;  en lo que concierne al segundo motivo, se señaló la reiteración de los fundamentos expresados en su apelación restringida, expresando que la aplicación que pretende es la aplicación de la sana crítica, la lógica, la experiencia en base al principio in dubio pro reo; no existiendo mayores argumentos que determinen que el incidente haya sido expuesto y fundamentado en la audiencia de 21 de septiembre de 2010; no evidenciándose mayores argumentos que permitan dilucidar alguna violación por parte de los de alzada; en ese contexto, siendo que el  Ad quem no ingresó en análisis de los motivos primero y tercero en razón a que se incumplieron los requisitos previstos en los arts. 396 inc. 3), 407 y 408 del CPP, el motivo deviene en infundado. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO en parte el recurso formulado por los representantes del Ministerio Público, conforme los fundamentos expuestos, e INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jamill Pillco Calvimontes; en cuyo mérito DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 291/10 de 16 de octubre y determina que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina establecida en el acápite III del presente fallo. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departa mentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer esta Resolución a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA