TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 295/2015-RRC-L

Sucre, 17 de junio de 2015


Expediente                        : Oruro 20/2010

Parte Acusadora                : Ministerio Público

Parte Imputada                : Virgilio Mamani Calizaya y otros

Delitos                : Falsedad Ideológica y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina

       

RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de marzo de 2010, cursante de fs. 91 a 96 vta., Daniel Fernando Flores Poma, Virgilio Mamani Calizaya, Casilda Flores Clemente y Wálter Nicolás Cortez, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 02/2010 de 22 de febrero de fs. 85 a 87 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


  1. Por Sentencia 32/2009 de 26 de noviembre (fs. 31 a 38), el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, declaró a los imputados, Daniel Fernando Flores Poma, Casilda Flores Clemente y Walter Nicolás Cortez; absueltos de culpa y pena de la comisión del delito de Falsedad Ideológica en sus dos párrafos; y, a Virgilio Mamani Calizaya sólo por el primer párrafo, todos del art. 199 del CP. Asimismo, se absolvió a todos por la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto por el art. 203 del precitado cuerpo legal.


  1. Contra la referida Sentencia, el Ministerio Público, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 42 a 50 vta.), resuelto por Auto de Vista 02/2010 de 22 de febrero (fs. 85 a 87 vta.), dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, que declaró procedente el recurso deducido, anuló íntegramente la Sentencia apelada y dispuso la sustanciación de nuevo juicio, observando y salvando convenientemente todas las observaciones realizadas.


I.1.1. Motivos del recurso.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 170/2015-RA-L de 10 de abril, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuáles, este Tribunal circunscribirá su análisis, conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


  1. Señalan los recurrentes que el recurso de apelación restringida formulado por el Ministerio Público, fue planteado sin la debida fundamentación y con una redacción entreverada; y no obstante de ello, el Tribunal de alzada, en vez de conceder un plazo para su subsanación, resolvió ingresar al fondo y anular la Sentencia apelada, no sin antes reconocer en el Auto de Vista que la impugnación contenía una urdida redacción, no muy clara y que hizo un esfuerzo supremo para entender lo que se pretendía; incurriendo en el defecto absoluto contenido en el art. 169 inc. 3) del CPP; vulnerando la garantía del debido proceso; y por ende, infringiendo lo prescrito por el art. 408 del mismo cuerpo legal. Omisión que, a criterio de los imputados, contradice lo establecido por el Auto Supremo 57 de 27 de enero de 2006.


  1. Agregan que el Auto de Vista impugnado, revaloriza la prueba y obliga en caso de reenvío a una valoración específica y concreta; dado que, en su texto alude que: “…lo que queda del primer motivo es la insuficiente fundamentación del fallo respecto al valor otorgado a los medios de prueba, la naturaleza de los documentos incriminatorios y muy especialmente lo relativo a las notificaciones…” (sic); luego al referirse a la prueba testifical y pericial consideradas en la Sentencia, establece lo siguiente: “…respecto a los testigos y perito, indican que nada valioso aportaron; sin embargo señala el Tribunal que, sobretodo el perito se hubiera limitado a igualar las resoluciones y establecer cuál de esa podía ser falsa, llegan al convencimiento de que las pericias no tienen ningún efecto en el hecho acusado. Estas conclusiones confunden, ya que no se sabe si fue una sola pericia o más de una, y si no tiene ningún efecto, no manifiesta de qué manera o sobre qué aspecto no tienen eficacia, habida cuenta de dos tipos penales acusados…” (sic).


Razonamiento que los recurrentes consideran no idóneo, puesto que el Tribunal de Sentencia emitió su criterio de valoración de la prueba pericial, al señalar específicamente en la Sentencia que aquella pericia no resulta vinculante al hecho acusado, dado que en el juicio oral se juzgan los hechos que conformaron el ámbito de la acusación; en consecuencia, no puede aludirse que no existe mención sobre qué aspectos tiene eficacia sobre aquella pericia, en función a los tipos penales, cuando lo que, el fallo de mérito establece es la vinculación entre aquella pericia y los hechos. De otro lado, tampoco podía afirmarse que no se sabe si fue una sola pericia o más, cuando la Sentencia es clara y establece que existió un solo perito, quien además nunca se refirió a la autenticidad o falsedad de las resoluciones incriminadas. Por tanto, el razonamiento de los Vocales resulta incorrecto y más allá de constituir una falta de fundamentación de la Sentencia, incurren en una exigencia descontextualizada en la redacción del fallo, cuando el mismo resulta claro en función a los hechos y al derecho.


Arguyen que al margen de lo señalado, el recurso de apelación restringida interpuesto por el Ministerio Público, no contiene ningún agravio referido a la prueba “pericial”; por lo que, consideran que el Tribunal de alzada pronunció un fallo más allá de lo denunciado.


En calidad de precedentes, invocan los Autos Supremos 132 de 31 de enero y 437 de 24 de agosto, ambos de 2007.


I.1.2. Petitorio.


Por lo expuesto, los recurrentes solicitan que una vez admitido el presente recurso, se deje sin efecto el Auto de Vista 02/2010 de 22 de febrero, dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, disponiendo que se emita nueva Resolución con la doctrina legal aplicable y con las exigencias legales previstas por ley.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 170/2015-RA-L, cursante de fs. 136 a 139, este Tribunal admitió los motivos denunciados en el recurso de casación, por los imputados Daniel Fernando Flores Poma, Virgilio Mamani Calizaya, Casilda Flores Clemente y Walter Nicolás Cortez, identificado en el acápite II de la presente Resolución, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Desarrollado el juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dictó la Sentencia 32/2009 de 26 de noviembre, por la que se declaró a los imputados, Daniel Fernando Flores Poma, Casilda Flores Clemente y Walter Nicolás Cortez; absueltos de culpa y pena de la comisión del delito de Falsedad Ideológica en sus dos párrafos; y, a Virgilio Mamani Calizaya sólo por el primer párrafo, todos del art. 199 del CP. Asimismo, se absolvió a todos, por la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto por el art. 203 del precitado cuerpo legal, bajo los siguientes fundamentos:


  1. La acusación pública tiene como presupuesto el hecho y consiguiente pretensión de adecuación del hecho fáctico, en los preceptos legales previstos en los arts. 199 y 203 del CP, respecto de los cuáles no existe la prueba generada de forma suficiente que permita asumir la convicción suficiente sobre la participación de los autores presuntos en el hecho, y en esta clase de delitos, esa participación debió ser demostrada sin ninguna dubitación, intervención de los autores que debe ser material y formal, no pudiendo acreditarse aquello con el hecho que los acusados ocupaban cargos públicos como son de Concejales Munícipes y funcionario policial, es decir, que la ostentación del cargo que ejercían los acusados, no es la única condición para determinar que de antemano existe la presunción de que son autores de un delito; entonces se debe asumir que la prueba presentada debió demostrar en qué consistía la inserción de un instrumento público y verdadero, declaraciones falsas concernientes a un hecho de que el documento deba probar; y que como efecto de esa inserción y declaración, exista perjuicio que denote daño, traducido en la acción que contenga el elemento subjetivo del dolo. Por lo que, en el caso, la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado no fueron demostrados, pues las resoluciones municipales signadas en originales como 038/07 y 040/07 se refieren a temáticas administrativas de competencia municipal.


  1. Con relación a la elaboración de las otras Resoluciones Municipales también signadas como 038/07 y 040/07 de diferentes fechas, en cuanto a su vinculación con las primeras, no se alteró su contenido de ningún modo en sentido material, pues las mismas sólo fueron repetidas en su numeración; pero, el efecto de su contenido no sufrió ninguna variación, quedando incólumes; pues las resoluciones municipales emanadas por el Concejo Municipal fueron elaboradas por Virgilio Mamani Calizaya, Daniel Fernando Flores Poma y Casilda Flores Clemente, cuando ostentaban los cargos de Concejales Municipales de Soracachi, entonces si no existió ninguna alteración a resoluciones concejales en sentido material, tampoco se puede considerar la Falsedad Ideológica, si no se insertó ninguna declaración falsa en las aludidas.


  1. En lo que respecta al acusado Walter Nicolás Cortes, a quien se le atribuye la falsedad de las notificaciones; empero, tal como se valoró en la prueba, en la medida que en un primer momento, dicha diligencia tuvo algún efecto aparentemente, no es menos cierto que como consecuencia de la misma, a la fecha, exista una falsedad ideológica, porque el acto que en un primer momento se tradujo como legal, posteriormente fue anulado, así se asume de la Resolución Constitucional 14/2007 de 16 de noviembre. En este caso, las notificaciones endilgadas como ilegales y las cuales, según la acusación fiscal, resultarían en su contenido, un instrumento que en su oportunidad hubiere servido para validar un acto de Moción Constructiva de Censura; pero, como efecto de la acción jurídica de la nulidad, quedó sin efecto; y en consecuencia, ya no tuvo vida jurídica, traduciéndose todo ello, en que, el acto en sí se lo realizó en el marco de la ley en un principio; sin embargo, al haberse declarado la nulidad de los actos mediante un recurso de amparo constitucional y dentro de ellos, la notificación y al considerarse que se traduciría en Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, ciertamente resulta incomprensible si se razona que el mismo ya no tiene más vida jurídica y el efecto que en un principio tuvo, ya no existe; por lo que, no hay los elementos suficientes que demuestren que los hechos se ajusten y cuadren al tipo penal.


  1. Desde el 4 de octubre de 2007 se suscitaron una serie de acontecimientos que se traducen en actos donde se establece la participación de los acusados, Virgilio Mamani Calizaya, Daniel Fernando Flores Poma y Casilda Flores Clemente, ejerciendo su condición de Concejales Munícipes, para efectivizar la Moción Constructiva de Censura contra el entonces Alcalde Municipal de Soracachi, y a efectos de realizar la notificación intervino el policía Walter Nicolás Cortes, de donde se lo involucra a este último.


  1. La acusación pública no generó la convicción suficiente en cuanto a la participación de los acusados Concejales Munícipes, porque no se llegó a precisar si cuando emitieron las Resoluciones Municipales “pertinentes”, fueron los que afectaron a las otras resoluciones también “Municipales”, que desde luego tiene otro contenido, es decir, no se demostró si las resoluciones acusadas como faltas ideológicamente causaron el efecto y produjeron el daño; de otra parte, en cuanto a la notificación, tampoco se demostró cuáles son las razones para considerar que tal instrumento también es falso, y tampoco se determinó su uso en detrimento y perjuicio de otros, más aún si el entonces Alcalde Municipal de Soracachi, fue restituido a sus funciones, no demostrándose que se hubieren materializado los hechos acusados, aspectos éstos que contrastados con lo acusado y la prueba producida, generaron duda razonable y por eso se llegó a establecer la forma pésima de cómo fue encarada la investigación por parte de los funcionarios policiales, por esa razón, el Tribunal en pleno, al existir carencia de pruebas llegó a la conclusión de que la prueba aportada por el acusador público es insuficiente.


  1. Se configuraron así, para el Tribunal en pleno, que los elementos propios del tipo penal de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado no se dieron de forma plena en la participación de los acusados en el delito, y menos se acreditó que éstos fueron los que actuaron y enmarcaron sus actos a los tipos penales acusados.


II.2. Del recurso de apelación restringida de la acusadora.


El acusador público, interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia 32/2009 de 26 de noviembre (fs. 114 a 122 vta.), bajo los siguientes argumentos:


  1. La parte imputada no presentó ninguna prueba que conduzca a generar la duda razonable en este caso, es más, renunció a cualesquier medio probatorio y tampoco surgió durante el debate, contraprueba que permita inferir la no participación de los imputados en los hechos atribuidos, al contrario, la prueba generada y producida demostró claramente la autoría de los imputados en los delitos atribuidos.


Una Sentencia absolutoria debe explicar de manera clara y sin ambigüedades, las razones por las que resta valor a las pruebas y el motivo por el que no generaron convicción, lo que no puede ser reemplazado por la relación de los elementos que fueron incorporados como prueba, como en el caso concreto, en el que contradictoriamente se señala que éstos sólo reflejan la existencia de resoluciones municipales repetidas, es decir, que el propio Tribunal reconoce que los imputados utilizaron los documentos verdaderos para introducir ideas falaces en los mismos, es más induce a que se hubiese juzgado el delito de Falsedad Material y no así de Falsedad Ideológica, donde el documento en sí es verdadero y lo que se introduce en él son ideas que resultan falsas. Peor aún, en ningún lugar del fallo, se menciona si es ilícito dictar dos o diez resoluciones con el mismo número, cuando se demostró que los imputados tuvieron la intención de tomar a toda costa la Alcaldía de Soracachi, y por ello, incurrieron en la comisión del delito imputado, lo que se corroboró mediante las declaraciones testificales de Iver Pereira, Freddy Padilla y Elmer Maldonado, respaldadas por la documentación contenida en las pruebas signadas como MPD1, MPD2, MPD3, MPD4, MPD5, MPD6 y MPD14.


  1. En el punto 3 del Considerando IV se reconoce que hubo falsedad con referencia a las notificaciones presuntamente efectuadas por el funcionario policial Walter Nicolás Cortez, y luego, de forma contradictoria, se le resta valor a la prueba que demuestra inicialmente tal convicción, mediante un razonamiento confuso. El Tribunal de Sentencia no expresa cuáles son los fundamentos para asumir que existió duda razonable, sólo se apoya en malabarismos artificiosos; hecho que constituye defecto de la sentencia y vulneración del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP (fundamentación insuficiente y contradictoria y valoración defectuosa de la prueba), contradiciendo el precedente contenido en el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004.


  1. La prueba codificada como MPD-1 y MPD-2, referente a las presuntas notificaciones que realizó Walter Nicolás Cortez, demuestran en su contenido, lo falso de su existencia, pues a simple vista se puede verificar las diferencias entre una y otra, siendo que ambas debían tener una uniforme redacción, hecho que fue detectado por el Tribunal de amparo (prueba MPD-7) y admitido así por vuestras propias autoridades en el último párrafo del punto 3, Considerando IV; sin embargo, ese aspecto no fue considerado ni valorado correctamente, al igual que las testificales.


  1. La declaraciones testificales, en especial de Iver Pereira, Freddy Padilla y Elmer Maldonado, corroboradas por la documentación contenida en las pruebas signadas con la MPD1, MPD2, MPD3, MPD4, MPD5, MPD6 y MPD14, tampoco fueron correctamente valoradas; por ejemplo en la prueba MPD3 aparece la firma de Daniel Flores Poma como Concejal Munícipe y en la MPD6 como Concejal Secretario a.i., lo que demuestra la intencionalidad de incurrir en una declaración falsa, insertada en los documentos.


  1. Tampoco se tomó en cuenta que en los hechos atribuidos a los imputados concurre la condición objetiva de punibilidad que en los delitos de Falsedad resulta ser el perjuicio, lo que quedó demostrado con el recurso de amparo constitucional interpuesto por la víctima Agustín Antonio Cruz contra los imputados, donde demuestra que los éstos incurrieron en la toma fraudulenta de la Alcaldía de Soracachi, utilizando los documentos incriminados que sugestivamente.


  1. Respecto a la prueba codificada como MPD3, MPD4 y MPD5 se señaló que sólo fueron repetidas en su numeración, lo que implica un reconocimiento expreso sobre la existencia de la falsedad, sin embargo, no indican las razones para haberle restado valor probatorio, ignorando lo establecido en el art. 124 del CPP.


  1. No se explica en ningún lugar de la Sentencia impugnada, la razón por la que desvirtúan el segundo delito atribuido a los imputados, como es Uso de Instrumento Falsificado, ni siquiera hacen mención sobre los fundamentos que resultarían desvirtuando la comisión de este ilícito por parte de los imputados, pese a que en el punto 1 del Considerando IV, indican cuáles son los elementos del tipo.


Invoca en calidad de precedente contradictorio con relación a la defectuosa valoración de la prueba, el Auto Supremo 17 de 26 de enero de 2007,


II.3.Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida formulado por el acusador público, emitiendo el Auto de Vista 02/2010 de 22 de febrero, declarándolo procedente y deliberando en el fondo, anuló íntegramente la Sentencia impugnada, disponiendo el reenvío de la causa ante el siguiente Tribunal en número; de acuerdo a los siguientes argumentos:


  1. En el punto referido a la apreciación de la prueba de la Sentencia, sostiene que sólo se hizo un recuento general de las numerosas pruebas generadas en el juicio, con sus respectivas codificaciones, y a continuación se afirma que las documentales no generaron mayor precisión (no dice sobre qué), sólo señala que en las resoluciones municipales repetidas se reiteraron los mismos números; pero, en ningún caso el uno alteró al otro o que se hubiere afectado su contenido.


  1. La Sentencia cuestiona la originalidad de las resoluciones y de las notificaciones, señalando que aun teniendo el mismo número, generados y relativos a las resoluciones municipales, en realidad se referirían a dos aspectos diferentes y ambas fuesen auténticas; si ello fuere así, no se entiende por qué la pregunta de cual es original o cual una copia; sin embargo, de la figura penal de Falsedad Material, se desprende que no se requiere de otro documento auténtico u original, ya que la falsedad recae en un mismo instrumento; y por otra parte, también se comete el delito cuando se altera uno verdadero. En este caso si será menester el documento original para advertir que en el segundo reputado de falso se introdujeron alteraciones materiales. Si ese fuera el criterio del Tribunal de Sentencia, se estuviera tratando un tipo penal diferente al acusado, como sostiene el apelante.


  1. Por su parte, la Falsedad Ideológica consiste en la inserción en un instrumento público verdadero, de declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar. En este caso, el documento en sí es verdadero, de manera que no habrá menester de otro documento, pues en este único documento se insertaron o hicieron insertar declaraciones falsas.


Por lo que aprecia el Tribunal inferior, se tratarían de dos Resoluciones Municipales con el mismo número; pero, diferente contenido de modo que siendo así, los dos documentos son auténticos, salva prueba en contrario, que al parecer no existe. El número de por sí mismo no es del todo trascendental para reputar de falsos los documentos de esta índole.


  1. El análisis de las otras pruebas, como la de testigos y un perito, pareciera que no fue esencial ya que habrían tenido conocimiento de los hechos en forma indirecta o que no fueron precisas, respecto de cuál de las resoluciones fuese falsa o verdadera, lo que demuestra que el Tribunal de Sentencia, no acierta a concluir nada concreto. Además llega a concluir que las pericias no tiene ningún efecto en el hecho acusado. Conclusiones que confunden, ya que no se sabe si fue una sola pericia y más de una y si no tienen ningún efecto, tampoco manifiesta de qué manera o pericia o más de una, y si no tienen ningún efecto, no manifiesta de qué manera o sobré qué aspectos no tienen eficacia, habida cuenta de dos tipos penales acusados.


La confusa y pobre redacción del fallo, no permite una apreciación clara acerca de sus conclusiones, por lo que no se sabe si se afirma que las resoluciones cuestionadas son auténticas o será menester obtener los originales, si la hay, o de qué modo precisó las pruebas, particularmente testificales y pericial; lo que evidencia que no dan pautas para señalar hecho y autor o autores. De donde se concluye que el fallo en esta primera parte, no tiene el debido sustento, careciendo de suficiente fundamentación, provocando defecto de Sentencia, de conformidad con el art. 370 inc. 5) del CPP.


  1. Luego, se advierte otra complicada manera de expresar las cosas, de modo que nada perece claro, puede entenderse que lo que quiso decir el Tribunal es que la condición de funcionario público no es presupuesto suficiente para suponer que sus actuaciones son faltas. Esto es cierto; pero, no que se infiere de la relación de hechos de la causa, es que Daniel Fernando Flores Poma, Casilda Flores Clemente y Walter Nicolás Cortez, fueron acusados de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica en sus dos párrafos y de Uso de Instrumento Falsificado, mientras que Virgilio Mamani Calizaya, sólo fue por la comisión del delito de Falsedad Ideológica en su primera parte, y también de Uso de Instrumento Falsificado.


Entonces, si no hay plena convicción acerca de la comisión de estos delitos, porque la prueba es insuficiente, o la misma probó que las resoluciones con un mismo número, son auténticas no hay original para cotejarlo, no se logra discriminar de qué manera se puede asumir la tesis de que todos los imputados o alguno de ellos no es responsable de todos o algunos de los delitos por los cuales fueron acusados.


  1. El fallo de mérito, maneja diferentes numeraciones de resolución municipal, concluyendo que éstas sólo fueron repetidas en su numeración, cuando al parecer no fue así, puede que existan dos resoluciones con un mismo número y diferente contenido, o tres resoluciones de las cuales dos tiene el mismo número y el tercero diferente y/o diferente contenido. No queda claro, por la poca precisión, si además de ello, las tres resoluciones son auténticas, o no existe falsedad alguna en todas ellas o en alguna. Y el remate está en el numeral 4, que afirma expresamente que: “De todo ello se llegó a establecer la existencia del hecho, empero de la prueba producida… no se generó la convicción suficiente en cuanto a la participación de los acusados pre nombrados”; es decir, la conclusión de que el hecho se demostró, es decir la Falsedad, pero cuál de ellas? La Falsedad Ideológica o el Uso de Instrumento Falsificado o ambos a la vez, todos constituyen uno solo? O se trata de un concurso ideal?. Partes del fallo que resultan incompletas.


  1. Respecto del coimputado Walter Nicolás Cortez, el Tribunal inferior concluye que si bien se establece la comisión del delito acusado, es decir, Falsedad Ideológica; sin embargo, por la nulidad operada, como efecto de una resolución de amparo constitucional, su efecto jurídico quedó sin efecto, sin tener presente que las nulidades procesales no constituyen causales de exención de responsabilidad penal, pues el hecho delictual, de haberse dado, continúa latente, pese a la nulidad que en el marco de alguna acción se hubiere producido.


  1. La Sentencia sólo fundamenta sobre el primer delito acusado con las imprecisiones y contradicciones anotadas; más no se refiere al segundo de los delitos, por el que también se absolvió a los imputados, independientemente de la calidad del sujeto calificado que correspondiera a tres de los imputados, sucede que a los cuatro se les atribuye la falsedad en términos generales, como también haber hecho uso de un instrumento falsificado, cuando no todos fueron acusados por los mismos delitos.


  1. La absolución general es incompleta, no acierta a discriminar las conductas individuales en el marco del art. 24 del CPP, o si se supone que todos a la vez responden por todo, también aclararlo correctamente, pese a discriminación de tipos que se realizó a tiempo de formularse la acusación.


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y CONTRADICCIÓN CON PRECEDENTES INVOCADOS


Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia contenida en el Auto de Vista ahora impugnado; a continuación se analizarán los agravios denunciados por los recurrentes que fueron admitidos en el Auto Supremo 170/2015-RA-L de 10 de abril, referidos a: i) No obstante que el recurso de apelación restringida formulado por el Ministerio Público fue planteado sin la debida fundamentación y con una redacción entreverada; extremo reconocido expresamente en el Auto de Vista, en vez de conceder un plazo para su subsanación, resolvieron  ingresar al fondo y anular la Sentencia apelada, incurriendo en el defecto absoluto contenido en el art. 169 inc. 3) del CPP; vulnerando la garantía del debido proceso; y por ende, infringiendo lo prescrito por el art. 408 del mismo cuerpo legal; y, ii) Que el Auto de Vista impugnado, revalorizó la prueba y obligó que en el reenvío se proceda a una valoración específica y concreta; extremo que reputa no haber sido objeto de la apelación restringida y no obstante, el Tribunal de alzada se pronunció, de forma ultra petita, más allá de lo denunciado; lo que, a criterio de los accionantes, contradice los Autos Supremos 132 de 31 de enero y 437 de 24 de agosto, ambos de 2007. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de alzada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados son evidentes y si constituyen vulneraciones a derechos y garantías constitucionales; o en su caso, si contradicen los precedentes invocados, a fin de dejar sin efecto o declarar infundado el recurso intentado.


III.1. El derecho a la impugnación.


La Constitución Política del Estado (CPE) vigente desde el 7 de febrero de 2009, reconoce, entre otros derechos, el de recurrir, conforme a lo previsto por el art. 180.II de la mencionada norma suprema; por su parte, el art. 394 del CPP, establece que las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por ese Código. Además, el art. 8.2. inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho de recurrir del fallo ante el Juez o Tribunal superior y en su art. 25 refiere que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.


Por otro lado, la CPE proclama los principios constitucionales de verdad material y el debido proceso entre otros, conllevando a considerar el respeto de los derechos humanos y el alcance de principios como el pro homine y pro actione; sobre el segundo, el Tribunal Constitucional de Bolivia en la Sentencia Constitucional 0501/2011-R de 25 de abril, con base a las normas contenidas en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señaló lo siguiente: “…el principio pro actione se constituye como el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción, lo que también evita pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo, prohibiendo asimismo la discriminación al acceso de la justicia de cualquier persona y brindar una justicia pronta y oportuna, sin dilaciones”.


El principio pro actione directamente vinculado, en el presente caso, con el debido proceso y los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia, es una manifestación del principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual, la interpretación de una disposición legal, debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la justicia material antes que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela judicial efectiva.


Sobre el principio pro actione, el Auto Supremo 201/2013-RRC de 2 de agosto, expresó lo que sigue: “…principio de interpretación más favorable, que es parte inmanente del principio pro actione, que significa que el órgano jurisdiccional tiene la inexcusable obligatoriedad de interpretar las normas previstas para la admisibilidad de la apelación restringida en el sentido más favorable del presentante; es decir, que un defecto formal puede ser superado siempre y cuando la norma no identifique dicha irregularidad como requisito esencial en la admisión”.


III.2. Requisitos del recurso de apelación restringida.


Los requisitos exigidos para la presentación de recurso de apelación restringida, se encuentran delimitados en el art. 408 del CPP, cuyo mandato dispone que: “El recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito, en el plazo de quince días de notificada la sentencia. Se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cual es la aplicación que se pretende.


Deberá indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Posteriormente, no podrá invocarse otra violación.


El recurrente deberá manifestar si fundamentará oralmente su recurso”.


Entre las variadas formas normativas dictadas con la finalidad de garantizar el ejercicio del principio de impugnación, se encuentra lo prescrito por el art 399 del CPP, instituido en el Libro Tercero del CPP, relativo a las normas generales de los recursos; el mismo que prescribe que ante la falta de cumplimiento de los requisitos formales a tiempo de hacer uso de los medios de impugnación idóneos: “Si existe defecto u omisión de forma, el tribunal de alzada lo hará saber al recurrente, dándole un término de tres días para que lo amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo”.


Entonces, de lo expuesto, se concluye que no existe vulneración al principio pro actione cuando el Tribunal de alzada previo al rechazo de un recurso, da a conocer al recurrente, las falencias de su apelación, a fin de que puedan ser subsanadas en el plazo establecido por el art. 399 del CPP, recientemente glosado verificando previo a la conminatoria de subsanación, que lo que solicita, se encuentre expresado en el recurso de manera expresa o tácita, a fin de no lesionar el principio de pro actione.


III.3. Labor de control de logicidad por parte del Tribunal de alzada ante la denuncia de errónea valoración de la prueba y la obligación de la carga argumentativa del apelante.


Aunque la apreciación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas (intangibilidad de la prueba y de los hechos) de la Sentencia son inatacables en apelación restringida; empero, están sujetas al control de logicidad a cargo del Tribunal de apelación, que verificará a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la Sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.


Pues bien, el juzgador debe observar los principios lógicos supremos o leyes supremas del pensamiento que gobiernan la elaboración de los juicios y otorgan base cierta para determinar cuáles son, necesariamente, verdaderos o falsos. A decir del profesor De la Rua, las leyes del pensamiento son leyes a priori que están constituidas por las leyes fundamentales de coherencia y derivación, por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. (De la Rua, Fernando. Teoría General del Proceso. Editorial Depalma, Buenos Aires 1991. Pág. 154-158). 


Asimismo, en relación a las leyes de la psicología, el Tribunal o Juez tiene el deber de aplicarlas en la valoración de las pruebas, no siendo necesario que indique cuál sea el procedimiento psicológico empleado; además, de aplicar las normas de la experiencia, que son los juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia; pero, independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos. (Arroyo, Gutiérrez José Manuel y Rodríguez, Campos Alexander. Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal. Editorial Jurídica Continental. San José-Costa Rica 2003. 2da. Edición. Pág. 91).


En el ordenamiento jurídico boliviano, el sistema de valoración de la sana crítica, se encuentra establecido en el art. 173 del CPP, que refiere: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”; lo que implica, que el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia en la emisión de la sentencia, que podrá ser impugnada, cuando la parte considere que no fueron aplicadas correctamente.


Consiguientemente, ante la denuncia de errónea valoración de la prueba por la incorrecta aplicación de las leyes del pensamiento humano respecto a la sana crítica, que además deberá contener necesariamente la identificación de cuáles los elementos de prueba incorrectamente valorados, así como la solución pretendida; el Tribunal de alzada, verificará si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, y de evidenciar el reclamo, determinará la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio, ante la prohibición de corregir directamente el defecto, conforme dispone el art. 413 del CPP; en cambio de resultar incorrecta la denuncia, dispondrá su rechazo y confirmará lo resuelto en sentencia por el A quo.


Este entendimiento ha sido ampliamente desarrollado en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que señala: “El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente a admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez” (las negrillas son nuestras).


Por lo señalado precedentemente, el Tribunal de alzada tiene la obligación de efectuar la labor de control de logicidad ante la denuncia de errónea valoración de la prueba; como también resulta inexcusable para el recurrente señalar e identificar qué elementos de prueba fueron incorrectamente valorados y cuál la solución que pretende; es decir, precisar qué partes de la decisión incurrieron en errores lógico-jurídicos en el que se aplicaron de manera inadecuada las reglas de la sana crítica, con el correspondiente análisis lógico buscado; y no referirse a aspectos procesales que no vayan a tener incidencia en el fondo del litigio; de ser así, el Tribunal de apelación determinará por declarar inadmisible, si pese a haber otorgado el plazo de tres días para la subsanación del recurso persistió el incumplimiento de lo observado.


III.4. Precedentes contradictorios invocados por la parte recurrente.


En calidad de precedentes se invocaron los Autos Supremos 132 de 31 de enero y 437 de 24 de agosto, ambos de 2007, los cuales, establecieron lo siguiente:


El primero de los citados establece lo siguiente: Como resultado de las contradicciones jurídicas halladas precedentemente se determina con precisión que el Tribunal de Apelación al pronunciar su resolución debe fundamentar los aspectos de derecho aplicando la norma legal pertinente, en caso de incumplimiento, esta situación se convierte en defecto absoluto, porque desconoce el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y atenta contra los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva.


Que conforme al precepto consagrado en el articulo 31 de la Constitución Política del Estado, que hace a la reserva legal para el nacimiento de la competencia, norma de la cual dimanan las leyes sustantivas previstas tanto en la Ley de Organización Judicial y en la norma especial aplicable a la materia: Código de Procedimiento Penal, queda claro que el Tribunal de Apelación tiene limitada su competencia por el artículo 398 con relación al 413, ambos del nombrado Código Adjetivo Penal, instancia que se encuentra impedida para considerar y resolver otro aspecto distinto a los puntos impugnados en el recurso de apelación restringida, menos puede acomodar su actuar fuera de lo pedido por el recurrente, aspecto que constituye defecto absoluto porque desnaturaliza el recurso y contraviene la propia competencia del Tribunal. Ahora bien, si el Tribunal de Alzada se inclina por aplicar el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, se concluye que el Tribunal de Apelación no podrá revisar de oficio los actos procesales o resoluciones cuando no haya solicitud expresa de subsanar un defecto relativo; sólo podrá revisar actos procesales o resoluciones que constituyen defectos absolutos, subsumiendo con esta actuación su proceder en las previsiones de los artículos 169 y 170 del precitado Procedimiento Penal.


Se ratifica por tanto que el Tribunal de Alzada tiene facultad para rectificar el error de derecho, según el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, pero no proceder con actuaciones de oficio, que atentarían contra los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva”.


Por su parte, el Auto Supremo 437 de 24 de agosto de 2007, estimó lo que sigue: Que es una premisa consolidada que toda resolución, como la emitida por el Tribunal de Alzada, debe ser debidamente fundamentada, vale decir, es necesario que el Tribunal de Apelación, emita los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentran en el recurso de casación, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del porque dicho acto se considera defecto absoluto y que principios constitucionales fueron afectados.


La falta de fundamentación en las resoluciones jurisdiccionales constituye un defecto absoluto, porque afecta al derecho a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva; de ahí, que es necesario que cada resolución brinde a las partes procesales y a terceras personas interesadas, los razonamientos jurídicos esenciales del por qué se ha dispuesto de una u otra manera la resolución del conflicto penal; además, con la fundamentación jurídica, el Juez o Tribunal legitima sus actos, esa motivación no puede ser sustituida por una repetición de frases hechas sobre el alcance del recurso o los requisitos de su fundamentación, sino que, en verdad debe descansar en la expresión del razonamiento requerido por la norma procedimental de forma imperativa.


La jurisprudencia penal tiene sentada una línea con respecto a la falta de fundamentación en las resoluciones; al respecto, el Auto Supremo Nº 141 de 22 de abril de 2006, establece "(...) el Tribunal de Apelación al circunscribir su competencia a los puntos impugnados o a los defectos absolutos, los mismos deben encontrarse con el fundamento respectivo, obligación que debe cumplir ineludiblemente, la falta de fundamento en uno de ellos en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada vulnera los principios de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso".


III.5. Análisis del caso concreto.


En relación al primero de los motivos denunciados por los recurrentes,  admitido por este Tribunal, en el cual, alegan que el recurso de apelación restringida planteado por el Ministerio Público, fue interpuesto sin la debida fundamentación y con una redacción entreverada, y no obstante que el Tribunal de alzada reconoce dicha falencia en el propio Auto de Vista, en vez de haber concedido el plazo de tres días dispuesto por el art. 399 del CPP, para su subsanación, resolvió ingresar al fondo de la impugnación y anular la Sentencia apelada, no sin antes reconocer que hizo un esfuerzo supremo para entender lo que se pretendía; lo que a decir de los impugnantes, implica defecto absoluto contenido en el art. 169 inc. 3) del CPP, por vulneración del debido proceso, infringiendo lo prescrito por el art. 408 del citado cuerpo legal.


Con relación a ello, conforme se desarrolló precedentemente, el derecho a la impugnación se encuentra garantizado en su ejercicio por la propia Constitución Política del Estado, así como por los instrumentos legales internacionales y nacionales, normas que aseguran el cumplimiento de la justicia material sobre la justicia formal, esta última siempre y cuando implique un obstáculo carente de trascendencia y obstruya el acceso a tutela judicial efectiva. En ese orden normativo, una de las formas que permiten la efectivización de dicho derecho, se encuentra inserta en el art. 399 del CPP, el cual establece que si a tiempo de plantear la apelación restringida, el Tribunal de alzada detecta un defecto u omisión de forma, entonces está constreñido a otorgar al recurrente, un término de tres días para que lo amplíe o corrija, explicando de manera fundada, en qué consisten dichas omisiones bajo apercibimiento de rechazo, lo contrario, es decir, dictar la improcedencia sin otorgar dicho término, implicaría un defecto absoluto por vulneración al debido proceso y a la defensa.


Dicho ello, corresponde a continuación cumplir con el silogismo jurídico, subsumiendo los supuestos del caso concreto a las normas legales y doctrina desarrollada al efecto. En ese orden, resulta necesario acudir a los fundamentos expresados por las autoridades jurisdiccionales de alzada, a tiempo emitir el Auto de Vista, las que, con relación al presente motivo, señalaron expresamente lo siguiente: “…Conviene apuntar que la generalidad del recurso, por su entreverada redacción, no es muy clara, debiendo hacerse un esfuerzo supremo para entender lo que pretende.


Se citan con mucha regularidad codificaciones de pruebas, como pretendiendo que este Tribunal realice un examen de hechos o una revalorización de la prueba, cuando por los mismos precedentes que cita, como es el Auto Supremo No 17 de 26 de enero de 2007, la apelación restringida no es propiamente una segunda instancia y un Tribunal de esta índole no está facultado a valorar total o parcialmente la prueba producida en instancia. Por lo mismo, referirse a dicho catálogo es innecesario.


No obstante, lo que queda del primer motivo es la insuficiente fundamentación del fallo respecto al valor otorgado a los medios de prueba, la naturaleza de los documentos incriminatorios y muy especialmente lo relativo a las notificaciones” (sic).


De la copia textual anterior se puede extraer que, en efecto, en la primera parte, el Tribunal de alzada reputa de entreverada y poco clara, la redacción del recurso de apelación restringida, planteado por el Ministerio Público, determinando a continuación que no le compete a dicha instancia, la valoración probatoria ni el examen de los hechos, como a su criterio, pretendiera el Fiscal a cargo de la investigación, procediendo luego a delimitar el ámbito de su competencia, estableciendo que su resolución se circunscribirá a la denuncia sobre la insuficiente fundamentación de la Sentencia respecto al valor otorgado a los medios de prueba, la naturaleza de los documentos incriminatorios y lo relativo a las notificaciones.


Lo sostenido por las autoridades jurisdiccionales no genera duda sobre el incumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 408 del CPP, para la presentación del recurso de apelación restringida, simplemente es una alerta sobre la forma de redacción del memorial de impugnación presentado, que aprecian como no muy clara, estableciendo luego, como ya se dijo, a demarcar su ámbito de competencia, aclarando acertadamente que la apelación no es segunda instancia y que un tribunal de alzada no está facultado a valorar total o parcialmente la prueba producida en instancia, como entienden que pretenden los apelantes; aclarando a continuación que no cumplirán dicha tarea por no ser atribuida por la norma legal; sino, que abocaran su resolución a la insuficiente fundamentación del fallo respecto al valor otorgado a los medios de prueba, a la naturaleza de los documentos incriminatorios y a las notificaciones.


En síntesis, no se evidencia que la actuación de los Vocales hubiere vulnerado ningún derecho de los denunciados por los ahora recurrentes, al contrario, ésta se enmarcó dentro de las reglas del debido proceso, ejerciendo un papel protagónico pro actione, al haber interpretado los argumentos del memorial, de manera más favorable al apelante, a favor de la admisibilidad del recurso de alzada; superando un defecto formal que no contiene trascendencia alguna, dando prioridad a la realización de la justicia material, puesto que, consideraron que la “redacción entreverada y no muy clara”, no obstruía la comprensión integral de lo demandado, lo que no implica de modo alguno, que dichas autoridades hubieren consentido que la impugnación incumplió los requisitos formales de admisibilidad.


Además de lo cual, los ahora recurrentes no se encuentran legitimados para denunciar una supuesta infracción del art. 399 del CPP, relativo al recurso interpuesto por la parte contraria; toda vez, que ese hecho, bajo ningún aspecto podía ir en desmedro de sus intereses, pues las partes sólo se encuentran legitimadas para denunciar lo que les causa un agravio cierto. Diferente sería la restricción del ejercicio del derecho a impugnar, inobservando lo previsto por el art. 399 del CPP, es decir, declarar la improcedencia sin dar curso a su subsanación. Lo que no ocurrió en el presente caso, en el que, a más de no evidenciarse el incumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 408 del CPP relativo a la interposición del recurso de apelación restringida y menos que el Tribunal de alzada hubiera admitido dicho extremo; aún si hubiera sido el caso, tampoco es un hecho que hubiera implicado violación de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, descartando cualquier posibilidad de presencia de defectos absolutos contenidos en el art. 169 inc. 3) del CPP en la Resolución de alzada, como erróneamente comprendieron los ahora impugnantes.


Consiguientemente, ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentes y/o garantías constitucionales de los recurrentes, por los argumentos expuestos precedentemente, el presente motivo se declara sin mérito.


En relación al segundo motivo, en el cual, los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada procedió a revalorizar prueba y obligó supuestamente a que en el reenvío dispuesto, la misma sea valorada de una forma específica y concreta, puesto que, en el texto del Auto de Vista, señaló lo siguiente: “…lo que queda del primer motivo es la insuficiente fundamentación del fallo respecto al valor otorgado a los medios de prueba, la naturaleza de los documentos incriminatorios y muy especialmente lo relativo a las notificaciones…” (sic); luego al referirse a la prueba testifical y pericial consideradas en la Sentencia, establece que: “…respecto a los testigos y perito, indican que nada valioso aportaron; sin embargo señala el Tribunal que, sobretodo el perito se hubiera limitado a igualar las resoluciones y establecer cuál de esa podía ser falsa, llegan al convencimiento de que las pericias no tienen ningún efecto en el hecho acusado. Estas conclusiones confunden, ya que no se sabe si fue una sola pericia o más de una, y si no tiene ningún efecto, no manifiesta de qué manera o sobre qué aspecto no tienen eficacia, habida cuenta de dos tipos penales acusados…” (sic). Prueba pericial que señalan los recurrentes, está claramente delimitada en la Resolución, y que no fuera cierta la afirmación realizada por los citados Vocales.


Afirmaciones que a criterio de los impugnantes implican revalorización de la prueba, además de actuación ultra petita con relación a lo resuelto respecto al perito, extremo que a decir de los recurrentes, no fue demandado.


Establecido el fundamento del agravio y el contenido de los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios, corresponde revisar la respuesta otorgada por el Tribunal de alzada en el Auto de Vista 02/2010 de 22 de febrero de 2010, con relación a la denuncia interpuesta por el Ministerio Público en lo concerniente al valor otorgado por el Tribunal de Sentencia, a los medios de prueba.


Así, de la revisión de lo reclamado por los recurrentes, es posible determinar que lo señalado por los Vocales de alzada no implica de ninguna manera, una revalorización de la prueba; con relación a la primera parte denunciada, en la que señala: “…lo que queda del primer motivo es la insuficiente fundamentación del fallo respecto al valor otorgado a los medios de prueba, la naturaleza de los documentos incriminatorios y muy especialmente lo relativo a las notificaciones” (sic), afirmaciones que como se señaló, lo único que persiguen, es la delimitación de lo que a continuación será analizado a tiempo de la resolución del caso concreto, como es la fundamentación de la Sentencia en relación a la valoración probatoria; por lo tanto, en esta parte no se encuentra que las autoridades jurisdiccionales hubieran contrariado los precedentes invocados por los recurrentes, puesto que en definitiva, ni siquiera hacen mención y menos análisis alguno de los elementos probatorios presentados en el juicio oral del proceso penal que dio origen al presente recurso.


Ahora bien, a continuación se denota que el Auto de Vista, a tiempo de realizar el análisis de la prueba, expresa que en la Sentencia se hizo un recuento general de las numerosas pruebas generadas en el juicio con sus respectivas codificaciones, y que las pruebas documentales no hubieran generado mayor precisión; respecto de lo cual sostiene que si bien se afirma lo señalado; sin embargo, no se establece “sobre qué”, analizando a continuación que según el fallo de mérito, dichas pruebas sólo reflejarían actos que se hubieron practicado en las fechas indicadas y que se remitirían a resoluciones municipales repetidas, es decir, que habrían reiterado los mismos números, pero en ningún caso, la una alteró la otra o que se hubiese afectado su contenido, cuestionando si alguna de esas Resoluciones fuese original o cómo se endilgan de falsas si no tiene su propio original. Repite cuál de esas resoluciones tiene la característica de autenticidad, lo mismo en cuanto a las notificaciones, en las cuáles no se tiene constancia de su originalidad.


Con relación a lo cual, sostienen los Vocales que si bien se afirma que los documentos generados y relativos a las resoluciones municipales, así tuvieran un mismo número, en realidad se referirían a dos aspectos diferentes y ambas fuesen auténticas. Si ello fuera así, no se entiende por qué la pregunta de cuál fuese original o cual una copia. O por el contrario, como también resulta del entendimiento que surge del fallo, parece decirse que para que un documento sea reputado de falso necesariamente debería haber otro original o auténtico, de modo que cotejando ambos se pudiese llegar al convencimiento de que alguno es fraudulento. Procediendo, a continuación a realizar un análisis doctrinal de lo que implican los tipos penales denunciados, concluyendo que en este caso, el documento en sí, resulta verdadero, de manera que no habrá menester de otro original; lo que pasa es que en este único documento se insertaron o hicieron insertar declaraciones falsas.


Arguye que el análisis de la Sentencia, de las otras pruebas como la de testigos y el perito, pareciera que no fue esencial, ya que habrían tenido conocimiento de los hechos de forma indirecta o que no fueron precisas respecto a cuál de las resoluciones fuere falsa o verdadera. Concluyendo con relación a ello, que el Tribunal inferior no acertó a concluir en nada concreto, puesto que por una parte señaló que las dos resoluciones son auténticas aunque tengan un mismo número, pero luego sostiene que no hubiese la necesidad de algún original, seguramente para cotejo.


Respecto de los testigos y perito, el Auto de Vista indica que la Sentencia afirmó que nada valioso aportaron; sin embargo, señala que sobretodo el perito, se hubiera limitado a igualar las resoluciones y establecer cuál de ellas podía ser falsa, llegando al convencimiento de que las pericias no tienen ningún efecto en el hecho acusado. Afirmaciones sobre las cuáles, reputa que reflejan conclusiones que confunden, ya que no se sabe si fue una sola pericia o más de una, y si no tienen ningún efecto, no manifiesta de qué manera o sobre qué aspectos no tiene eficacia, habida cuenta de dos tipos penales acusados. Agregando que la pobre redacción del fallo, no permite una apreciación clara acerca de sus conclusiones; por lo que, no se sabe si se está diciendo que las resoluciones cuestionadas son auténticas, o habrá menester a originales si la hay o de qué modo preciso las pruebas, particularmente testificales y pericial, no dan pautas para señalar hecho y autor o autores, concluyendo que el fallo carece de un debido sustento, y que ello constituye defecto de la sentencia, de conformidad con el art. 370 inc. 5) del CPP.


De lo glosado y que corresponde a las apreciaciones realizadas por el Tribunal de alzada, no se encuentra que se tratara de una motivación inidónea, como erróneamente comprenden y denuncian los recurrentes, con relación a la valoración reclamada, al contrario, se limita a analizar que el iter lógico realizado en el fallo de mérito, respecto al análisis probatorio, resulta incomprensible y falto de fundamentación, indicando adecuadamente las razones por las que considera que el análisis realizado por el Tribunal de Sentencia careció de un proceso lógico en su razonamiento y aplicación de las reglas de la sana crítica en su fundamentación; a más de lo cual, no se detecta que hubiere ingresado al análisis de fondo de ninguna de las prueba incorporadas al juicio oral; es más, detalla con precisión, los párrafos redactados en la Sentencia, que a su criterio, no se encontrarían debidamente estructurados y que generarían confusión, explicando las razones para haber arribado a dicha conclusión, haciendo inclusive una revisión doctrinal de los tipos penales acusados; pero, sin mayor juicio de valor con relación a cada una de ellas.


En este estado del análisis, es necesario resaltar que es obligación de las partes del proceso que hacen uso del recurso de casación para reclamar actuaciones que impliquen revalorización probatoria; explicar los motivos por los que consideran que en alzada, las autoridades no se sujetaron únicamente al control de logicidad de la prueba; sino, que sobrepasaron dicha competencia, pues si bien, los impugnantes denuncian que el Tribunal de apelación revalorizó la prueba, obligando a que en el reenvío se proceda a una valoración específica y concreta, más no explica de qué forma, tales autoridades hubieran impuesto dicho extremo, cuando como se señaló, no se encuentra que éstas sobrepasaron las atribuciones conferidas por ley a tiempo de cumplir con el control de logicidad de la valoración de las pruebas; tampoco señala expresamente de qué formas se hubieran revalorizado los elementos probatorios, tan solo se basa en el subjetivismo de que el razonamiento de los Vocales fuere incorrecto y que más allá de constituir una falta de fundamentación de la Sentencia, incurren en una exigencia descontextualizada de la redacción del fallo, cuando a criterio de los impugnantes, resultaría claro en función a los hechos y al derecho, sin siquiera especificar en qué lugar de la Sentencia se hubiera cumplido con lo que afirman los propios reclamantes. Argumentos que no pueden servir de base material para imputar de ilegales las actuaciones de dichos juzgadores, quienes tiene la obligación legal de verificar que el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo, se encuentre acorde con las reglas del recto entendimiento humano, lo que en los hechos ocurrió, respetando de no ingresar a la reconsideración de los hechos y de las pruebas.


Finalmente, se debe dejar establecido que el Tribunal de alzada en ningún momento excedió lo establecido por el art. 398 del CPP, como pretende hacer ver el presente recurso, con relación a la prueba pericial, puesta de un lado, el Ministerio Público demandó expresamente la falta de fundamentación con relación a toda la prueba ofrecida y analizada en juicio, así como el valor otorgado a los medios de prueba; respecto de lo cual, de manera congruente el Tribunal de alzada analizó, alegando que respecto de la prueba pericial, no se llega al convencimiento de que si se trata de un perito o más, el o los que participaron en el juicio, dando lugar a que la conclusiones arribadas en la Sentencia resulten confusas, al omitir manifestar de qué manera o sobre qué aspectos no se tuviera eficacia, ello en aplicación del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, que fueron expresamente demandados de haber sido inobservados.


Consecuentemente, se advierte que los jueces de apelación dieron cumplimiento a lo establecido por la doctrina legal aplicable de este Tribunal en los Autos Supremos 132 de 31 de enero y 437 de 24 de agosto, ambos de 2007, que determinan los parámetros o exigencias para el control de logicidad de la valoración probatoria de la Sentencia. Extremos que implican que el presente motivo sea igualmente declarado infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación formulado por Daniel Fernando Flores Poma, Virgilio Mamani Calizaya, Casilda Flores Clemente y Wálter Nicolás Cortez, de fs. 91 a 96 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA