TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 287/2015-RRC-L

Sucre, 15 de julio de 2015


Expediente                        : La Paz 15/2010

Parte Acusadora                : Oscar Alberto Calle Rojas

Parte Imputada                : Jorge Isaac Callao Guzmán

Delitos                : Estafa y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina

       

RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 de diciembre de 2009 cursante de fs. 249 a 250 vta., Jorge Isaac Callao Guzmán, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 300/2009 de 20 de noviembre de fs. 242 a 243 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Oscar Alberto Calle Rojas contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Falsedad Ideológica, previstos y sancionados por los arts. 335 y 199, todas del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


  1. Por Sentencia 16/2009 de 19 de junio (fs. 185 a 190), el Juez Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró al imputado Jorge Isaac Callao Guzmán, absuelto de pena y culpa de la comisión de los delitos de Estafa y Falsedad Ideológica, tipificados y sancionados por los arts. 335 y 199 del CP; y, 363 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


  1. Contra la referida Sentencia, el acusador particular formuló recurso de apelación restringida (fs. 193 a 196), resuelto por Auto de Vista 300/2009 de 20 de noviembre (fs. 242 a 243 vta.), dictado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró procedente la apelación restringida y anuló totalmente la Sentencia impugnada, ordenando la reposición del juicio por otro Juez.


I.1.1. Motivos del recurso.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 150/2015-RA-L de 10 de abril, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del CPP.


Denuncia el recurrente que el Tribunal de apelación a tiempo de emitir el Auto de Vista, estableció que con relación al delito de Falsedad Ideológica, el Juez de Sentencia, no valoró debidamente los formularios 1159868, 1159866 y la carta del Banco Unión Cite: BUM/ASL/0150/2007; y con relación al delito de Estafa, que se habrían realizado pagos para un trámite de regularización de planos de un inmueble y la cancelación de multas a la Alcaldía Municipal, dejando de lado la existencia de un contrato civil suscrito entre el acusador particular y el imputado; por lo que, a criterio de las precitadas autoridades, se observa falta de fundamentación con los medios de prueba referidos, vulnerándose lo preceptuado por el art. 370 inc. 5) del CPP. No obstante, que el Juez de la causa refirió categóricamente en la Sentencia, que no se llegaron a demostrar los ilícitos incriminados por falta de elementos constitutivos del delito, además de la insuficiencia de la prueba ofrecida y producida y que se hizo una valoración integral de toda la prueba de cargo en cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 359, 360 y 363 del CPP.


Con esos antecedentes, señala que el Tribunal de alzada se encuentra constreñido a circunscribir sus actos jurisdiccionales a los puntos apelados que delimitan su competencia, así se estableció en el Auto Supremo 431 de 15 de octubre de 2005; y en la especie, dicha instancia actuó ultra petita, puesto que de la revisión de la apelación restringida formulada por la otra parte, se evidencia que no se invocó el numeral del art. 370 del CPP, en el que apoya o basa los fundamentos de su impugnación, o los defectos de procedimiento debidamente respaldados con articulados; y, tampoco se refirió cuál es la aplicación que se pretendía, en tal razón, la apelación restringida carece de sustento legal, al ser imprecisa y ambigua; sin embargo, los Vocales, atendiendo más de lo pedido, complementaron de oficio la solicitud del apelante, estableciendo el inc. 5) del precitado artículo, como el supuestamente vulnerado por el Juez Tercero de Sentencia.


I.1.2. Petitorio.


Por lo expuesto, el recurrente solicita que una vez admitido el presente recurso, se deje sin efecto el Auto de Vista 300/2009 dictado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz y ordene que se pronuncie nueva resolución, subsanando los agravios cometidos.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 150/2015-RA-L, cursante de fs. 262 a 264, este Tribunal admitió el motivo denunciado en el recurso de casación, por parte del imputado, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Desarrollado el juicio oral, el Juez Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dictó la Sentencia 16/2009 de 19 de junio (fs. 185 a 190); por la que, se declaró al imputado Jorge Isaac Callao Guzmán, absuelto de culpa y pena de la comisión de los delitos de Estafa y Falsedad Ideológica, tipificados y sancionados por los arts. 335 y 199 del CP; y 363 inc. 2) del CPP. De acuerdo a los siguientes fundamentos:


  1. El 4 de marzo de 2005, las partes suscribieron un documento privado sobre prestación de servicios profesionales para conseguir la aprobación de los planos de construcción del edificio DELTA, recibiendo el imputado por una parte, la suma de $us. 4.200.- (cuatro mil doscientos dólares estadounidenses) por concepto de honorarios profesionales; y por otra parte, Bs. 20.519,70.- (veinte mil quinientos diecinueve 70/100 bolivianos) para la tramitación; entregas respaldadas por recibos firmados y la declaración de la testigo de cargo Sheyla Felicidad Maes Farfán, funcionaria de la empresa DELTA CONSULT Ltda.; asimismo, se tiene de los formularios de pago 1159868 de 28 de julio de 2005 por Bs. 5.691,90.- (cinco mil seiscientos noventa y uno 90/100 bolivianos) y 1159866 de 29 de julio de 2005 por Bs. 10.367,86.- (diez mil trescientos sesenta y siete 86/100 bolivianos), ambos del Gobierno Municipal de La Paz, el pago por concepto de la tramitación encomendada, haciendo un total de Bs. 16.059,72.- (dieciséis mil cincuenta y nueve 72/100 bolivianos), entregados.


  1. Según la acusación, los Formularios 1159868 y 1159866 no corresponden a las cancelaciones efectuadas por el imputado para el trámite de regularización ante la Alcaldía; empero, sin embargo de hacer referencia a este hecho, no se demuestra con prueba objetiva que dichos formularios no correspondan a los originales, no siendo suficiente ofrecerlos y producirlos como pruebas sin respaldo probatorio; por lo que, los mismos merecen fe probatoria mientras no se demuestre lo contrario.


  1. Si bien se entregó al imputado la suma de Bs. 20.519,70.- (veinte mil quinientos diecinueve 70/100 bolivianos), la misma se halla descargada con los formularios de pago, sindicados de contener declaraciones falsas, no demostrados; de esa manera, no se puede alegar, menos acusar de falsedad ideológica de dichos documentos consistentes en los formularios 1159868 y 1159866, menos que los dineros entregados se hubieren obtenido mediante engaño o artificios.


  1. De no haber cumplido con el contrato privado de servicios profesionales suscrito entre partes, al que se sujetaron, sometiéndose en forma voluntaria a las previsiones del art. 519 del Código Civil (CC), correspondía ejercer su derecho por dicha vía; toda vez, que por la penal no se llegaron a demostrar los ilícitos incriminados por falta de los elementos constitutivos del delito, cuales son la acción típica, antijurídica y culpable, siendo además insuficientes las pruebas de cargo ofrecidas y producidas; y,


  1. Se debe pronunciar Sentencia condenatoria únicamente cuando en el proceso exista prueba plena contra el encausado, es decir, es deber de la autoridad jurisdiccional formal plena convicción y tener seguridad de la culpabilidad del justiciable para emitir un fallo condenatorio, tomando en cuenta además el principio in dubio pro reo, que es un criterio rector de la valoración de la prueba, situación que no aconteció en el presente caso.


II.2. Del recurso de apelación restringida de la acusadora.


La parte acusadora Oscar Alberto Calle Rojas, planteó recurso de apelación restringida contra la Sentencia 16/2009 de 19 de junio (fs. 193 a 196), bajo los siguientes argumentos:


  1. Denuncia que el Juez de la causa omitió valorar los elementos probatorios de cargo, respecto al delito de Estafa, como son: a) El certificado y el informe, evacuados por la Sub Alcaldía de Cotahuma, que acreditan que el imputado jamás realizó trámite alguno por regularización por edificaciones fuera de norma a nombre del querellante o del edificio DELTA, pese a que si cobró dineros por esos conceptos; incluso demostró mediante prueba judicializada y no valorada, que su persona debió realizar los pagos para la procedencia de la regularización de construcciones fuera de norma, llegando a pagar las multas correspondientes a dicho trámite, mediante Formulario Único de Pago de Multas y Legalización de Planos de la Alcaldía Municipal 304148 por un monto de Bs. 16.307,28.- (dieciséis mil trescientos siete 28/100 bolivianos), lo cual prueba que no existen otros formularios de pago de multas por ese concepto, lo que enerva los Formularios 1159868 y 1159866; y, b) Tampoco se tomó en cuenta los hechos referidos en los alegatos iniciales, donde se refirió que el imputado se presentó en sus oficinas para ofrecer sus servicios, afirmando ser experto en trámites por ser ex funcionario de la Alcaldía Municipal de La Paz, demostrando su premeditación y accionar doloso para inducirlo al error al afirmar que el trámite se resolvería en tiempo prudente, prometiendo hacerlo con diligencia, premura y eficiencia; sin embargo, luego de más de tres años y de haber contratado a este profesional, ni siquiera había iniciado el cometido encargado, sonsacándole dineros de su patrimonio para apropiarse indebidamente de los mismos, utilizando para su descargo, formularios que no se usan para el pago de multas por trámites de regularización de edificios fuera de norma, tal como se demostró mediante a prueba ofrecida y producida en juicio oral, consistente en la carta dirigida al Fiscal de Materia Antonio Santa María Cite: BUN/ASL/0150/2007, en la cual se afirma que los sellos estampados en los Formularios 1159868 y 1159866 no corresponden al Banco Unión y que el cajero Villalobos Cuentas Miguel, no es ni fue funcionario del Banco Unión. Pruebas no valoradas que demuestran que la conducta de Jorge Isaac Callao Guzmán, se subsume perfectamente en el tipo penal de Estafa.


  1. Agregó que se incurrió también en defectuosa valoración de la prueba con relación al delito de Falsedad Ideológica, puesto que el Juez de Sentencia no se pronunció respecto de la prueba de cargo plena y producida en juicio, como es: i) La carta del Banco Unión S.A. con Cite: BUN/ASL/0150/2007, la cual sostiene que los sellos estampados en los formularios 1159868 y 1159866 no corresponden al Banco Unión y que el cajero Villalobos Cuentas Miguel no es ni fue funcionario del Banco Unión; y, ii) El Formulario Único de Pago de Multas y Legalización de Planos de la Alcaldía Municipal acredita que son los usados para el pago de multas y no los presentados por la otra parte.


II.3.Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió el fondo el recurso de apelación restringida formulado por el acusador particular Oscar Alberto Calle Rojas, emitiendo el Auto de Vista 300/2009 de 20 de noviembre de 2009, declarándolo procedente y anulando la Sentencia impugnada, ordenando la reposición del juicio por otro Juez, de acuerdo a los siguientes argumentos:


  1. Para absolver al imputado del delito de Falsedad Ideológica en relación a los Formularios 1159868 y 1159866, el Juez de la causa señaló que corresponderían a los pagos realizados por el acusado para el trámite de regularización ante la Alcaldía y que no se demostró con prueba objetiva que dichos Formularios no corresponden a los originales, porque la parte querellante no hubiera producido otro medio de prueba que respalde esa situación; mientras que la parte querellante alega que la prueba que acredita la Falsedad Ideológica es aquella judicializada relativa a la carta del Banco Unión S.A. con Cite BUM/ASL/0150/2007, donde se sostiene que los sellos estampados en los Formularios 1159868 y 1159866 no corresponden al Banco Unión S.A., sumado al hecho del supuesto Cajero que firma esos documentos por la suma de Bs. 20.519,70.- (veinte mil quinientos diecinueve 70/100 bolivianos), con relación a lo cual, se denota falta de fundamentación por parte del Juzgador al tenor del art. 370 inc. 5) del CPP, en cuanto a la valorización de dicha prueba, labor que no puede ser reemplazada por el Tribunal de alzada.


  1. En relación al delito de Estafa, el Juez de Sentencia señaló que si bien el imputado recibió la suma de Bs. 20.519,70.- (veinte mil quinientos diecinueve 70/100 bolivianos) que se hallan descargados con formularios de pago, descartando que los dineros entregados hubieran sido obtenidos mediante engaños; mientras la parte querellante objeta ese razonamiento señalando que el imputado no realizó ningún trámite sobre regularización del edificio Delta, pero sí cobró dineros por honorarios y por el pago de multas, extremo que señala haber acreditado mediante el Formulario Único de Pago de Multas y Legalización de Planos de la Alcaldía Municipal 304148, que el querellante tuvo que volver a pagar, no obstante que el encargado de pagar las mismas era Jorge Isaac Callao Guzmán; y sobre ese extremo tampoco existe fundamentación, pese a haber sido reclamado en audiencia de fundamentación oral, que constituye causa de invalidez de la Sentencia.


  1. La falta de fundamentación constituye error in procedendo que invalida la Sentencia, tal como se estableció en las SSCC 0012/2002-R de 9 de enero, 1523/2004-R de 28 de septiembre y 0682/2004-R de 6 de mayo; adicional a lo cual, el citado Juez violentó la seguridad jurídica, desarrollada en la SC 0097/2006-R de enero, 0887/2005-R de 29 de julio, 0163/2005-R de 28 de febrero, 0395/1999-R de 9 de diciembre y 0362/2006-R de 12 de abril; que consecuentemente determinan que la exigencia de la renovación del proceso ante otro juez, conforme al art. 413 del CPP, al no ser posible reparar directamente la inobservancia de la ley.


III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia contenida en el Auto de Vista ahora impugnado; a continuación se analizará el agravio que fue denunciado por el recurrente y admitido en el Auto Supremo 150/2015-RA-L de 10 de abril, relativo a que el Auto de Vista estableció que el Juez de Sentencia no fundamentó su Resolución en cuanto a la valoración de las pruebas presentadas por las partes, inobservando lo preceptuado por el art. 370 inc. 5) del CPP; no obstante que dicha autoridad refirió categóricamente que no se llegaron a demostrar los ilícitos incriminados por falta de elementos constitutivos del delito, valorando integralmente toda la prueba y cumpliendo lo prescrito por los arts. 359, 360 y 363 del CPP. Provocando acciones ultra petita, puesto que el art. 370 inc. 5) del CPP, en la cual apoya y basa los fundamentos, nunca fue invocado por la parte apelante, la que tampoco refirió cuál es la aplicación que pretendía, denotando que su recurso carece de sustento legal al ser impreciso y ambiguo; lo que denuncia de contradictorio con el Auto Supremo 431 de 15 de octubre de 2005. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de alzada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados son evidentes y si constituyen contradicciones con los precedentes invocados y/o vulneraciones de derechos fundamentales, a fin de dejar sin efecto o declarar infundado el recurso intentado.


III.1.Identificación del precedente contradictorio invocado relativo a la obligación del Tribunal de alzada a circunscribir sus decisiones a los puntos impugnados por la parte recurrente


El Auto Supremo 431 de 15 de octubre de 2005, invocado por el recurrente, señaló lo siguiente: “…el Tribunal de Apelación se encuentra constreñido a circunscribir sus actos jurisdiccionales a los puntos apelados que delimitan su competencia, tal cual señalan los artículos 396 inciso 3) y 398 del Código de Procedimiento Penal, caso contrario se estarían resolviendo aspectos fuera del contexto legal y de los puntos impugnados; situación en la cual el Tribunal de Apelación estaría actuando sin competencia, con lo que provoca retardación de justicia.


El Tribunal de Apelación al ejercer el control jurisdiccional, está ejercitando también el control constitucional como establece el principio de la supremacía de la norma constitucional incurso en el artículo 228 de la Constitución Política del Estado con relación al artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal que señala que constituyen defectos absolutos Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes; en consecuencia, resulta de mayor relevancia que el Tribunal de Alzada cometa uno o más defectos absolutos, cuando es el llamado por la Constitución Política del Estado y la Ley, a que el proceso penal se desarrolle con una efectiva tutela judicial, siendo además sus resoluciones debidamente fundamentadas.


La competencia del Tribunal de Apelación se encuentra delimitada por los puntos cuestionados en la apelación restringida como enseña el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal y por los defectos absolutos que violan los derechos y garantías previstos en artículo 396 inciso 3) del citado código adjetivo; debiendo en consecuencia el Tribunal de apelación dictar una nueva resolución fundada cumpliendo la presente Doctrina Legal”.


En este sentido, en el marco del principio de congruencia, el Tribunal de Apelación se encuentra constreñido a circunscribir sus actos jurisdiccionales a los puntos apelados que delimitan su competencia conforme establece el art. 398 del CPP;  en consonancia con ello, se tiene que el juez, no puede otorgar o resolver lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita), por ello la necesidad de fijar con claridad, el objeto del reclamo o litigio; por eso mismo debemos destacar que la congruencia como elemento constitutivo del derecho, garantía y principio del debido proceso, responde a la estructura misma de una resolución judicial, por cuanto expuestas las pretensiones jurídicas de las partes traducidas en los puntos en los que reúne una acción o recurso, la autoridad jurisdiccional para resolver el mismo está impelida y en el deber de contestar y absolver cada una de las alegaciones y denuncias expuestas, reflejadas a partir de una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador y el decisum que asume.


III.2. Análisis del caso concreto.


Antes de ingresar al análisis del caso concreto, resulta necesario realizar ciertas precisiones técnicas; puesto que del motivo denunciado se puede advertir que el mismo contiene dos reclamos independientes, el primero en el cual, el recurrente, refiere que el acusador particular, a tiempo de plantear su recurso de apelación restringida contra la Sentencia de mérito, no refirió cuál es la aplicación que se pretendía, configurando una impugnación sin sustento legal al ser, a su criterio, imprecisa y ambigua; y la segunda, relativa a que no obstante de no haberse respaldado la denuncia sobre defectos de procedimiento, como es la errónea valoración probatoria de parte del Juez de Sentencia, en ninguna base normativa, el Tribunal de alzada, de manera ultra petita, anuló el fallo del juicio, en base al art. 370 inc. 5) del CPP, cuando éste nunca fue objeto de apelación.


Dicho ello, corresponde señalar a la parte recurrente, que con relación a la primera denuncia, el Auto Supremo invocado, como es el 431 de 15 de octubre de 2005, tiene como supuesto fáctico la denuncia en contra del Tribunal de alzada, que resolvió la apelación restringida inobservando el art. 398 del CPP, al no haberse circunscrito dichas autoridades a los puntos apelados por la acusada, quien solicitó "sentencia absolutoria"; mientras que el Auto de Vista anuló la Sentencia, contraviniendo los artículos 12 y 413 del CPP.


Ahora bien, como se dijo en el motivo reclamado, el recurrente interpuso el recurso, denunciando, entre otras cosas, la falta de cumplimiento de los requisitos señalados en el art. 407 del CPP, por parte del apelante a tiempo de plantear su recurso. Impugnación sobre la cual, como se puede evidenciar, el precedente invocado no puede ser contrastado de modo alguno, puesto que, revisados los antecedentes, se establece que la situación fáctica entre el Auto de Vista impugnado y el fallo previamente analizado, no es similar; toda vez, que en el presente caso, el Tribunal de apelación no emitió un fallo rechazando el recurso por incumplimiento de requisitos de admisibilidad; sino, contrariamente, lo admitió y resolvió en el fondo; consecuentemente, el fallo invocado, no constituye precedente contradictorio para la denuncia en análisis, por no corresponder a una situación fáctica similar, hecho que impide la labor de contraste en los términos exigidos por el art. 419 relacionado con el art. 416 último párrafo, ambos del CPP.


A mayor abundamiento, corresponde señalar que, en caso de haber sido similar la situación, el recurrente no se encontraba legitimado para denunciar la infracción del art. 399 del CPP, relativo al recurso interpuesto por la parte contraria; toda vez, que ese hecho, bajo ningún aspecto podía ir en desmedro de sus intereses, pues las partes sólo se encuentran legitimados para denunciar lo que les cause un agravio cierto; por lo que, corresponde la declaratoria de infundado del motivo recientemente analizado.


Ahora bien, con relación a la segunda denuncia, corresponde en efecto ingresar a su análisis de fondo, puesto que el precedente contradictorio invocado se refiere a una situación fáctica similar, con relación a la supuesta actuación ultra petita, sobrepasando los límites establecidos por el art. 398 del CPP, por parte del Tribunal de alzada.


En ese orden, de la revisión de los agravios denunciados en el recurso de apelación restringida presentado por el acusador particular Oscar Alberto Calle Rojas, se desprende que expresamente reclamó dos cuestiones; ambas relativas a la defectuosa valoración de la prueba de cargo; de un lado, de aquella referida al delito de Estafa, acusando que el Juez de Sentencia determinó en la Resolución de mérito que no se llegaron a demostrar los ilícitos incriminados por falta de los elementos constitutivos del delito, bajo el argumento que fueron insuficientes las pruebas de cargo ofrecidas y producidas; sin tener presente que los elementos probatorios de cargo ofrecidos, consistentes en un certificado y un informe, los dos emitidos por la Sub Alcaldía de Cotahuma, demostraban que el imputado, en calidad de arquitecto, jamás realizó trámite alguno para la regularización por edificaciones fuera de norma a nombre del querellante o de su edificio, cuando cobró dineros por esos conceptos; inclusive que se demostró mediante prueba judicializada y no valorada correctamente, que el acusador principal debió realizar los pagos para la procedencia de la regularización de construcciones fuera de norma; alegando que llegó a cubrir las multas correspondientes a la regularización del edificio DELTA, afirmación que respaldó con el Formulario Único de Pago de Multas y Legalización de Planos de la Alcaldía Municipal 304148 por un monto de Bs. 16.307,28.- (dieciséis mil trecientos siete 28/100 bolivianos), lo que evidencia que no existe otro formulario de pago de multas por ese concepto, lo que, denuncia que no fue valorado pese a su producción en juicio oral y que enervaba los Formularios 1159868 y 1159866.


En el segundo punto de la apelación, agrega que el Juez de la causa, tampoco tomó en cuenta los hechos referidos en los alegatos iniciales, cuando el acusado refirió que, fue él quien se presentó en las oficinas del querellante a proponerle hacer los trámites de su edificio, sosteniendo ser perito experto en dicho oficio al ser ex funcionario de la Alcaldía Municipal de La Paz, actuar que lo convierte en doloso y premeditado y le indujo en error al acusador particular, al sostener que lo resolvería en tiempo prudente, prometiendo hacerlo con diligencia; y sin embargo, luego de pasados más de tres años, y después de contratar a otro profesional arquitecto, con sorpresa se enteró que nunca se inició el merituado trámite, y que se usaron para su descargo Formularios que no son los que se utilizan para la cancelación de multas por regularización de edificios fuera de norma, como se demostró de las carta dirigida al Fiscal de Materia con Cite: BUN/ASL/0150/2007, donde se señala que los sellos estampados en los Formularios 1159868 y 1159866 no corresponden al Banco Unión y que el cajero Villalobos Cuentas Miguel, no es, ni fue funcionario de la citada entidad bancaria.


De otro lado, denuncia, defectuosa valoración de prueba con relación al delito de Falsedad Ideológica, arguyendo que en la Sentencia, la autoridad jurisdiccional concluyó que no se demostró con prueba objetiva que los Formularios presentados no correspondían a los originales, no siendo suficiente ofrecerlos y producirlos como pruebas sin respaldo probatorio, que si bien es cierto la entrega de Bs. 20.519,70.- (veinte mil quinientos diecinueve 70/100 bolivianos), la misma se halla descargada con los formularios de pago, sindicados de contener declaraciones falsas no demostradas, por lo que no se puede alegar, menos acusar de falsedad material; sin pronunciarse respecto de la prueba de cargo presentada como Carta del Banco Unión con Cite: BUN/ASL/0150/2007, donde textualmente señala que los sellos estampados en los Formularios 1159868 y 1159866 no corresponden al Banco Unión y que el cajero Villalobos Cuentas Miguel no es ni fue funcionario de ese Banco, donde dicha entidad taxativamente que tanto los sellos y las firmas no corresponden a los que actualmente utiliza el Banco y ninguna de las firmas de sus empleados concuerda con las de las fotocopias entregadas al querellante; prueba plena que señala haberla presentado en el juicio y no mereció valoración y que es respaldo legal respecto a los precitados Formularios; asimismo, la prueba denominada Formulario Único de Pago de Multas y Legalización de Planos de la Alcaldía Municipal, de igual forma, demuestra que es ese y no los Formularios 1159868 y 1159866, es el utilizado para el pago de multas correspondiente al trámite de regularización de edificios fuera de norma.


En consecuencia acusa el apelante como disposiciones legales violadas o erróneamente aplicadas, los arts. 216, 217, 218 y 173, todas del CPP.


Ahora bien, de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista, se evidencia que se dio respuesta expresa cabal y expresa a lo específicamente impugnado en el recurso de apelación restringida. Al punto primero alegando que no obstante lo señalado por el Juez de Sentencia, en sentido que no se hubiera producido prueba de cargo que respalde que los Formularios 1159868 y 1159866 no son originales; mientras que la parte querellante señaló haberse acreditado la Falsedad Ideológica en prueba judicializada relativa a la carta del Banco Unión S.A. con cite BUM/ASL/0150/2007 donde se señala que los sellos estampados en los Formularios no corresponden al citado Banco, sumado al hecho de que el supuesto cajero que firma en esos documentos, que son prueba de descargo por la suma de Bs. 20.519,70.- (veinte mil quinientos diecinueve 70/100 bolivianos); lo que a decir de los Vocales implica falta de fundamentación con relación a dicho medio de prueba por parte del juzgador, al tenor del art. 370 inc. 5) del CPP; agregando a continuación que dicha autoridad se limitó a sostener que “no se demuestra con prueba objetiva que dichos formularios corresponden a los originales, no siendo suficiente ofrecerlos y producirlos como pruebas sin respaldo probatorio; por lo que, los mismos merecen fe probatoria mientras no se demuestre lo contrario”; pero, sin ninguna referencia ni análisis en relación a la carta del Banco Unión S.A. En cuando a la valorización de la prueba, afirman no tener competencia para revalorizarla, correspondiendo dicha función al Juez de instancia, en virtud al principio de inmediación y contradicción.


Al punto segundo impugnado, relativo al delito de Estafa, el Auto de Vista alega que, el Juez de Sentencia señaló que si bien el imputado recibió la suma de Bs. 20.519,70.- (veinte mil quinientos diecinueve 70/100 bolivianos), la misma se hallaría descargada con formularios de pago, de tal manera que nos e puede sostener que los dineros entregados hubieren sido obtenidos mediante engaños; afirmando que mientras que la parte querellante objeta ese razonamiento, señalando que el imputado no realizó ningún trámite sobre regularización del edificio DELTA; pero, si cobro dineros por honorarios y por el pago de multas, y que ese extremo está demostrado por el Formulario Único de Pago de Multas y Legalización de Planos de la Alcaldía Municipal 304148 que acredita que el querellante tuvo que volver a pagar, no obstante de que el encargado de dicha cancelación era Jorge Isaac Callao Guzmán; extremo sobre el cual afirma el Auto de Vista que no se existe fundamentación que es reclamada en audiencia de fundamentación oral, que constituye causa de invalidez de la Sentencia.


De lo relatado, se posible concluir que el Tribunal de alzada dio cumplimiento expreso a la doctrina legal invocada por el ahora recurrente, como es el Auto Supremo 431 de 15 de octubre de 2005; toda vez, que se limitó a atender específicamente los puntos impugnados en el recurso de apelación restringida, circunscribiendo su motivación a los actos jurisdiccionales denunciados, como son la carente valoración probatoria de la prueba de cargo, introducida y judicializada durante la etapa del juicio oral, con relación a los tipos penales acusados, cuáles son los de Estafa y Falsedad Ideológica, dentro del contexto de lo expresamente denunciado, preservando o resguardando los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales del recurrente, al verificar que en efecto el Juez de la causa incurrió en falta de valoración probatoria, puesto que, conforme se arguye en el fallo de alzada, los aspectos cuestionados en la apelación restringida fueron en efectivamente omitidos por el Juez de Sentencia, lo que dio lugar a la determinación asumida en el mismo, cumpliendo a cabalidad lo estipulado por el art. 398 del CPP, en sentido que los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, los cuáles en la especie, fueron el límite al que se ciñó la resolución de alzada.


Ahora bien, en efecto se denota que el Tribunal de alzada anuló la Sentencia de mérito, disponiendo el reenvío de la causa, en aplicación del art. 370 inc. 5) del CPP, por considerar que dicho fallo omitió fundamentar sobre las pruebas de cargo presentadas por la parte querellante; sin embargo, siempre dentro de los límites de los agravios denunciados; si bien basó su determinación en la falta de una debida motivación; pero, la misma la circunscribió siempre a la valoración probatoria, la cual acusa de no haberse explicado ni tomado en cuenta. Se debe tener presente que en el caso, por las características de la denuncia, la carente valoración probatoria se encuentra íntimamente vinculada con la falta de fundamentación, puesto que la primera de ellas, se materializará en su lesión, mediante la falta de una debida fundamentación, lo que, a entendimiento de los Vocales de alzada ocurrió y dio lugar a la nulidad de obrados; cosa diferente sería que dichas autoridades pretendan resolver de esa forma en base a la falta de fundamentación sobre aspectos que no fueron denunciados, lo que en definitiva no ocurrió en el caso de análisis, en el que consta que las denuncias y su respuesta resultan perfectamente congruentes; por lo tanto, corresponde declarar sin mérito los agravios traídos a colación en el presente recurso de casación, al no detectarse contradicción alguna con el precedente contradictorio invocado.


Por todo lo expuesto, al no haberse detectado contradicción entre el Auto de Vista recurrido y el precedente invocado por el recurrente en su recurso de casación, en mérito al entendimiento desarrollado por este Tribunal, corresponde declarar infundado el recurso pretendido.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jorge Isaac Callao Guzmán, cursante de fs. 249 a 250 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA