TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 281/2015-RRC-L

Sucre, 08 de junio de 2015


Expediente                        : La Paz 6/2010

Parte Acusadora              : Francisca Aurora Linares Zamora

Parte Imputada                : Víctor Luján Flores y otros

Delitos                                : Despojo y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de diciembre de 2009, cursante de fs. 303 a 305 vta., Francisca Aurora Linares Zamora interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 121/2009 de 30 de noviembre, de fs. 287 a 288, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por la recurrente contra Carmen Linares Zamora, Florencia Octavia Linares Zamora, Maruja Antonia Blanco Paredes y Víctor Luján Flores, por la presunta comisión de los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los arts. 351 y 353 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes remitidos en casación se establece lo siguiente:


a) En mérito a la acusación particular, presentada por Francisca Aurora Linares Zamora (fs. 24 a 27), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Cuarto de Partido y Sentencia de El Alto de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 10/2009 de 10 de septiembre (fs. 258 a 263 vta.), por la que declaró a los imputados Carmen Linares Zamora, Florencia Octavia Linares Zamora, Maruja Antonia Blanco Paredes y Víctor Luján Flores, absueltos de culpa y pena de los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los arts. 351 y 353 del CP, sin costas y sin lugar a declararse la temeridad y malicia de la acusación particular.


b) Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular Francisca Aurora Linares Zamora interpuso recurso de apelación restringida (fs. 269 a 273 vta.), resuelto por Auto de Vista 121/2009 de 30 de noviembre (fs. 287 a 288), emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando el presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 145/2015-RA-L de 10 de abril (fs. 320 a 322 vta.), se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


1)  La recurrente refiere que existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado, porque la resolución del Tribunal de alzada en el inciso 1) de su último considerando señaló que no se pueden aplicar conceptos contenidos en el ámbito civil; el precedente señalaría que si la errónea valoración de la Ley emerge de la inobservancia de normas extra penales cuyo aspecto fue omitido por el A quo, el Tribunal de alzada podía reconducir el razonamiento del fallo con la sola inclusión del elemento que aportaba la norma; y la contradicción radicaría en que el precedente señala que se puede reconducir el fundamento del fallo por normas extrapenales aspecto que no se realizó, además resultaba pertinente referirse a norma extra penal debido a que los razonamientos sobre la posición que detentaban, para la existencia de los delitos de Despojo y Perturbación de Posición, ameritaba el análisis del art. 87 del Código Civil (CC). Respecto del motivo invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 535 de 29 de diciembre de 2006.


2)  El Auto de Vista en su inc. 2) del último considerando señaló que los tipos penales no se definen; sino, que la norma jurídico penal se interpreta, aspecto que supuestamente desconocería la impetrante, al respecto señaló que en su apelación restringida en el punto dos, párrafo primero se fundamenta la errónea interpretación del delito de Despojo, porque la Sentencia señaló que el querellante no tiene registrado su derecho propietario en Derechos Reales y no acreditó con prueba suficiente la existencia de actos y circunstancias de violencia o amenazas en su persona, ejercido por los acusados, extremos erróneos por los que no se pronunció el Tribunal de alzada y no se tomó en cuenta la doctrina legal aplicable que establece que el delito de Despojo no exige necesariamente que la víctima demuestre su condición de propietario; sino, basta que se pruebe que se encuentre en posesión del terreno; asimismo, el precedente establecía que no se exige necesariamente que se hubieren realizado acciones violentas porque se puede despojar de manera pacífica, por estas circunstancias el Juez a quo incurrió en error in iudicando, al respecto de ese punto el Tribunal de alzada no se pronunció incurriendo en defectos absolutos insubsanables previstos en el art. 169 incs. 3) y 4) del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, actuó en contradicción del precedente invocado. Con relación a la temática planteada invocó el Auto Supremo 66 de 27 de enero de 2006.


3)   Señala que el punto 3 del último considerando del Auto de Vista se afirma que la querellante no habría producido ningún elemento probatorio que acredite el hecho, al respecto no se tomó en cuenta que la Sentencia señala inequívocamente que las partes aportaron elementos de convicción vinculados al hecho que data del 25 de agosto de 2008; por lo tanto, sería impertinente producir prueba del 24 de agosto de 2008. Sobre el punto 4 del último considerando del Auto de Vista solo se limitó a afirmar que respecto a los hechos inexistentes “tal extremo es impertinente”. En conclusión los puntos 3, 4, 5 y 6 del Auto de Vista simplemente reflejan una valoración superficial de los extremos puntualmente señalados y contenidos en la apelación restringida porque el Auto de Vista no realizó un análisis prolijo de los defectos absolutos ni de los defectos de la Sentencia descritos en la apelación restringida. La contradicción con el precedente contradictorio radica en que el Auto de Vista no sustenta la expresión de los motivos por los cuales se ignora la apelación restringida no explicó objetivamente el contenido y fondo de las mismas. Con relación a este punto invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de vista y se dicte la doctrina legal aplicable de acuerdo al art. 419 del CPP.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 145/2015-RA-L, cursante de fs. 320 a 322 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por Francisca Aurora Linares Zamora, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


El Juez Cuarto de Partido y Sentencia de El Alto de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 10/2009 de 10 de septiembre (fs. 258 a 263 vta.), por la que declaró a los imputados Carmen Linares Zamora, Florencia Octavia Linares Zamora, Maruja Antonia Blanco Paredes y Víctor Luján Flores, absueltos de culpa y pena de los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los arts. 351 y 353 del CP, de acuerdo a los siguientes fundamentos: i) La querellante no probó con prueba suficiente, que los acusados hubieren ejecutado conductas o hechos que se subsuman en los elementos constitutivos del tipo penal de despojo; ii) No se demostró con evidencia contundente que los imputados hubiesen despojado a la querellante de su inmueble mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio, invadiendo el inmueble, manteniéndose en el o expulsando a los ocupantes, más aún si ni siquiera estaban en posesión inequívoca, inmediata, estable y continua en la habitación que dice le fue usurpada; iii) Fue María Paz Zamora vda. de Linares (madre de la querellante y de las acusados y abuela del imputado), quién estaba en posesión de la habitación y no solo tenía posesión de hecho, sino también título de propiedad; y, iv) No se acreditó con prueba suficiente la existencia de actos o circunstancias de violencia o amenazas en su persona ejercidos por los imputados, menos se estableció que esté en pacífica posesión de la habitación que refiere le fue despojada.  


II.2.De la apelación restringida de la querellante Francisca Aurora Linares Zamora.


La recurrente a través del recurso de apelación restringida, cuestionó los fundamentos de la Sentencia, de acuerdo a los siguientes argumentos: a) Refirió la existencia de defectos absolutos por violación del principio de legalidad al omitir en la interpretación del tipo penal denunciado los conceptos y definiciones contenidos en el ámbito civil, referidos a la posesión; b) Inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva por existir defectuosa definición de los tipos de Despojo y Perturbación de Posesión, puesto que de acuerdo a la doctrina legal aplicable, la calificación del delito en el CPP, se entiende como la apreciación que cada una de las partes hace de los hechos, de las leyes aplicables y de la resultante relacionada a los acusados; c) Existió fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia, toda vez que no se refirió a las declaraciones de los testigos de cargo, tampoco expresó qué se probó con esas declaraciones, consiguientemente, no se pronunció respecto a ella; d) La Sentencia se basó en hechos inexistentes y en valoración defectuosa de la prueba, toda vez que éstas deben valorarse de forma individual.


Con estos argumentos solicitó se anule totalmente la Sentencia y se disponga la reposición del juicio por otro Juez.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Por Auto de Vista 121/2009 de 30 de noviembre, la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia, fundamentando en los siguientes argumentos: 1) La apelante pretendió la aplicación de conceptos contenidos en el ámbito civil, lo que no es pertinente; toda vez, que para establecer la responsabilidad penal, la conducta de un sujeto debe subsumirse en los elementos constitutivos de uno o varios tipos penales, situación que no tomó en cuenta la apelante; 2) Los tipos penales no se definen, pues la norma jurídico penal se interpreta, aspecto que desconoce la parte apelante; 3) Con relación a la declaración de los testigos de cargo, el Juez de la causa en el punto 2 del apartado IV “MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA” señala que: “…Francisca Aurora Linares Zamora no ha producido ningún elemento probatorio que acredite lo ocurrido en la mencionada de fecha (24 de agosto de 2008), pues ningún testigo se refirió al respecto menos aún existió prueba documental”, de lo que se infiere no ser evidente el cuestionamiento; 4) sobre los hechos inexistentes, revisado el contenido de la Sentencia, en el punto III “enunciación del hecho y circunstancia objeto del juicio” el Juez de la causa hace una relación detallada del hecho objeto del proceso penal; consiguientemente, el punto de impugnación es impertinente; 5) Con relación a la estructura y contenido de la Sentencia se advierte que cumple con los requisitos previsto en el art. 360 del CPP y la decisión de absolver a los imputados es correcta; toda vez, que al no haberse producido ningún elemento de prueba de cargo corresponde la aplicación del principio In Dubio Pro Reo; y 6) El juez de la causa al pronunciar la Sentencia absolutoria actuó con crédito procesal adecuado, siendo el recurso inviable.   


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Este Tribunal admitió el recurso abriendo su competencia a objeto de verificar la supuesta contradicción en la que hubiere incurrido el Tribunal de Alzada al momento de emitir el Auto de Vista con relación a los precedentes invocados, ante las siguientes denuncias de la recurrente: a) No se aplicó la normativa extra penal; b) Se incurrió en defectos absolutos insubsanables previstos en el art. 169 incs. 3) y 4) del CPP; y, c) Se realizó una valoración superficial sin efectuarse un análisis prolijo en los puntos 3, 4, 5 y 6 de la Resolución impugnada, correspondiendo analizar y resolver cada de estas problemáticas.


III.1. Respecto a la denuncia de falta de aplicación de norma extrapenal.


Con relación al primer motivo, el recurrente invocó el Auto Supremo 535 de 29 de diciembre de 2006, cuya doctrina legal aplicable señala:“El Tribunal de alzada no se encuentra facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo circunscribir sus actos a los motivos que fueron objeto de la apelación restringida, el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal establece que: "Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley y/o su errónea aplicación, el Tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o Tribunal".


La inobservancia de la ley en el acto de valoración de la prueba, importa que la actividad probatoria no ha sido realizada conforme a la sana crítica, puesto que lo lógico resulta ser la estricta observancia de las normas legales vigentes.


Cuando el ad quem advierte que en el proceso se han pronunciado fallos sustentados en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando la previsión del artículo 173 y 339 ambos del Código de Procedimiento Penal, incurriendo así en el defecto del artículo 370-6) de la referida norma adjetiva, se hace evidente que el fallo no contiene los elementos de prueba necesarios para subsanar el defecto en que incurrió al juez de grado, por ello corresponde conforme prevé el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, anular la sentencia totalmente y disponer la reposición del juicio por otro Tribunal; empero, si la errónea valoración de la ley, emerge de la inobservancia de normas extrapenales cuya aplicación fue omitida por el a quo y el Tribunal de alzada, puede reconducir el razonamiento del fallo con la sola inclusión del elemento que aporta la norma cuya omisión ha sido identificada, deberá hacerlo directamente dictando una nueva resolución en base a los elementos probatorios expresados en el fallo con la inclusión del nuevo elemento probatorio que aporta la ley y que fue omitido, expresando de manera clara el razonamiento completo en el que sustenta su resolución”.


La doctrina glosada precedentemente fue establecida ante la constatación de que a tiempo de valorarse las circunstancias del hecho, el Tribunal de juicio incurrió en vulneración de las reglas de la sana crítica, cuando resultaba lógico observar la ley a tiempo de valorar la prueba, empero no lo hizo, motivo por el cual dicho Tribunal, sobre la base de una errónea valoración de la prueba, llegó a conclusiones falaces para luego construir el silogismo práctico y aplicar erróneamente la ley sustantiva al sustentarse en un antecedente defectuoso; determinándose que el fallo de mérito se sustentó en una falacia. Además, se enfatizó que cuando los elementos de prueba contenidos en la sentencia surgen como consecuencia de una defectuosa actividad valorativa de la prueba, se configura un defecto del fallo conforme a la previsión del art. 370 inc. 6) del CPP.


Con el precedente invocado la recurrente refiere en el presente caso, que existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado, porque la resolución del Tribunal de alzada en el inciso 1) de su último considerando señaló que no podían aplicarse conceptos contenidos en el ámbito civil; al respecto, debe quedar claro, que si bien de la doctrina se advierte que si la errónea valoración de la ley, emerge de la inobservancia de normas extrapenales cuya aplicación fue omitida por el Juez o Tribunal de Sentencia, el Tribunal de alzada, puede reconducir el razonamiento del fallo con la sola inclusión del elemento que aporta la norma cuya omisión ha sido identificada, en el presente caso no sucede lo referido, porque ciertamente la recurrente señaló que se tenía que analizar la norma extrapenal comprendida en el art. 87 del CC, referido a la posesión por cuenta ajena, pero el Tribunal de alzada consideró que la Sentencia fue debidamente fundamentada con relación a la inexistencia de la comisión de los delitos atribuidos, debido a que no se configuraron los tipos penales de Despojo y Perturbación de Posesión y no precisamente porque el Juez de Sentencia hubiera incurrido en errónea aplicación de la norma sustantiva, sino más bien, porque la prueba aportada no probó que los imputados hubiesen ejecutado conductas o hechos que se subsuman en los elementos constitutivos de los tipos penales, previstos y sancionados por los arts. 351 y 353 del CP, es decir que se le haya despojado por cualquier medio invadiendo el inmueble en cuestión, denotando que el Tribunal de alzada efectuó el control interno y externo de la Sentencia, de donde se estableció la correcta aplicación del art. 360 del CPP.


En consecuencia, dadas las razones para la absolución de los imputados, no existe contradicción con el precedente a partir de la posición asumida por el Tribunal de alzada de resultar impertinente el uso de normas extrapenales, más cuando se advierte que en el precedente, el hecho emerge de un proceso seguido por la comisión del delito de Cheque en descubierto, que tiene matices diferentes al caso presente, teniendo en cuenta que en aquel el litigio emergió de la emisión de un cheque sin la previa protesta de su cobro en el tiempo oportuno, situación de hecho fáctico completamente distinta a la que motiva esta causa.


De lo señalado se evidencia que el Tribunal de alzada se pronunció como correspondía respecto al punto impugnado en el recurso de apelación restringida, pues tiene la facultad de controlar la valoración de la prueba efectuada en Sentencia, con el propósito de constatar si el razonamiento jurídico contenido en la Sentencia, se adecuó a las reglas que impone el sistema de sana crítica; por otro lado, es evidente que el sujeto procesal que impugne la sentencia, tiene el deber no sólo de determinar con precisión cuál o cuáles las vulneraciones, sino debe brindar la explicación de la forma en que tal vulneración se produjo y de qué manera influyó en la parte dispositiva de la resolución impugnada; exigencias procesales que no fueron cumplidas por la recurrente, deviniendo en consecuencia en infundado el presente motivo.


III.2. Sobre la denuncia de defectos absolutos insubsanables previstos en el art. 169 incs. 3) y 4) del CPP.


Al respecto, la recurrente invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 66 de 27 de enero de 2006, que en su doctrina determinó: “Se considera defecto absoluto, cuando en la resolución sea sentencia o Auto de Vista, no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución basados en normas sustantivas, adjetivas penales o que correspondan a convenios o tratados internacionales, porque lo contrario se traduce en "error injudicando" que debe ser corregido por el Tribunal de alzada o ante error de este Tribunal corresponde a la Corte Suprema de Justicia subsanar los errores de interpretación o aplicación de la Ley sentando las correspondientes líneas doctrinales vinculantes a efectos de que los defectos absolutos emergentes de indebida aplicación de la Ley sean subsanados.


El juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el artículo 1ro. del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, consecuentemente el tribunal de alzada velando por su observancia y la economía procesal, debe obrar de acuerdo a ley y no como en la especie que el Tribunal de alzada causando perjuicio a las partes, incurre en indebida interpretación del artículo 351 del Código Penal violando el "principio de legalidad" al omitir en la interpretación de este tipo penal elementos objetivos del tipo de injusto de "despojo" importantes para la subsunción de la conducta del imputado en el marco descriptivo del artículo indicado”.


En este motivo, la recurrente señaló que se incumplió con lo previsto en el art. 169 incs. 3) y 4) del CPP, porque el delito de Despojo no exige necesariamente que la víctima demuestre su condición de propietario, siendo suficiente que se pruebe que se encuentre en posesión del terreno; asimismo, recalcó que el precedente señala que no se exige necesariamente que se hayan realizado acciones violentas, porque se puede despojar de manera pacífica; en consecuencia, no se hubiera aplicado correctamente el art. 351 del CP (Despojo).


Al respecto, se evidencia que el Auto de Vista cuestionado por el recurrente no contradice lo determinado en el Auto Supremo 66 de 27 de enero de 2006, sino que cumple con su doctrina legal, al evidenciarse de los datos del proceso, que el Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada sustentando su decisorio con la argumentación de que el Juez emitió la Sentencia respecto de lo previsto en el art. 351 y 353 del CP, previo control de los hechos probados en juicio oral y público, y la valoración de las pruebas, ratificando la inexistencia de subsunción del hecho a los tipos penales previstos por los arts. 351 y 353 del CP, incluso previa transcripción de algunos fragmentos de la Sentencia en los que consta que esa determinación se basó en que el Juez de Sentencia tomó en cuenta los aspectos que señaló de la enunciación del hecho y circunstancias objeto de juicio, apartado que en el cual se detalló los motivos de hecho y de derechos, puntos en los cuales hizo un detalle de las pruebas que se consignaron y cuáles no, los hechos que no se probaron, etc. (fs. 258 vta. a 263 vta.) de donde se advierte que realizó un análisis coherente con el hecho ocurrido con relación a las pruebas incorporadas en juicio, sin que se advierta contradicción alguna con el precedente invocado.


III.3.Con relación a la denuncia de que el Tribunal de alzada realizó una valoración superficial, sin efectuar un análisis prolijo en los puntos 3, 4, 5 y 6 de la Resolución impugnada.


En este tercer motivo la parte recurrente invocó el Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006, que contiene la siguiente doctrina legal: “Las resoluciones, para ser válidas, deben ser motivadas. Esta exigencia constituye una garantía constitucional, no sólo para el acusado sino también para el Estado, en cuanto tiende a asegurar la recta administración de justicia.


La exigencia de motivación constituye una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al juez el material necesario para ejercer su control, y sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


En virtud de estas razones, la ley procesal consagra la exigencia de motivación de las sentencias, amenazando la infracción a dicha regla, con la nulidad conforme reza el artículo 370.5) Código de Procedimiento Penal.


La motivación, a la vez que un requisito formal, que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico (Claría Olmedo). Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consigna habitualmente en los "considerandos" de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución.


La motivación debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.


a) Expresa : Porque el juez, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan la condena o a la absolución, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: En la sentencia, el objeto del pensar jurídico debe estar notoriamente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la lean, aún sea por los legos.


c) Completa: La exigencia comprende a todas las cuestiones fundamentales de la causa y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar y habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los motivos sobre un punto esencial de la decisión.


Esto no implica que los hechos secundarios queden excluidos; la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprende el iter a través del cual el juez llega a la conclusión sobre el hecho principal. El error sobre el hecho secundario será relevante sólo en la medida en que repercuta o influya sobre el asunto principal.


La motivación, para ser completa, debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y expresando las conclusiones a las que arribe el Tribunal luego de un examen sobre la subsunción del hecho comprobado en un precepto penal y sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de su aplicación.


d) Legítima: La legitimidad de la motivación se refiere tanto a la validez intrínseca de las pruebas valoradas en la sentencia, como a que ellas provengan del debate. La prueba invocada debe ser válida. La sentencia que se funde en prueba ilegal es una sentencia ilegalmente motivada. Por lo tanto, la sentencia que se funda en una prueba procesalmente ilegítima, no está debidamente motivada. Si el defecto recae sobre un aspecto esencial de sentencia, procederá la anulación de ésta.


También, por supuesto, será ilegítima la motivación si se funda en prueba obtenida por un procedimiento ilegítimo y violatorio de las normas constitucionales que consagran las garantías del debido proceso.


Al respecto, señala Maier: "...que a la verdad solo se puede arribar por los medios y en la forma que la ley permite; que, de haberse incorporado al procedimiento un elemento de prueba mediante un acto irregular o mediante un acto regular, cuya posibilidad de realización provenga necesaria y directamente del conocimiento adquirido por un acto irregular, él es invalorable para fundar una decisión judicial en perjuicio del imputado".


e) Lógica: Finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las pruebas producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y expondrá los razonamientos en que fundamenta su decisión, es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”.


En el caso presente, la recurrente denuncia que el Auto de Vista en los puntos 3, 4, 5 y 6, simplemente realizó una valoración superficial de los extremos señalados en el recurso de apelación restringida y el aspecto contradictorio versa sobre que el precedente establece que las resoluciones deben estar debidamente motivadas y fundamentadas; en ese sentido, se tiene que el Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006 efectivamente estableció que las resoluciones, para ser válidas, deben ser motivadas, constituyendo esta exigencia una garantía constitucional, no sólo para el acusado sino también para el Estado, en cuanto tiende a asegurar la recta administración de justicia. En este Auto Supremo se estableció los fines de la exigencia de la motivación y los rasgos que debe presentar esa motivación, es decir expresa, clara, completa, legítima y lógica.


Ahora bien, previamente al análisis de la denuncia, es menester referir que de acuerdo a la naturaleza acusatoria del procedimiento penal vigente en Bolivia, en el que priman los principios de oralidad, inmediación y contradicción, en mérito a los cuáles el Juez o Tribunal de juicio tienen conocimiento directo de los hechos y pruebas, sobre los cuales el acusador pretende demostrar la comisión de un hecho delictivo frente a la actividad defensiva del acusado, constituye una potestad privativa la valoración de la prueba sobre la cual formará convicción a efectos de emitir su decisión, determinando si efectivamente la parte acusada tiene responsabilidad en el hecho delictivo atribuido, limitándose la facultad de los Tribunales de apelación, ante el planteamiento del recurso de apelación restringida, a pronunciarse únicamente sobre impugnaciones de derecho, de acuerdo a los alcances del art. 407 del CPP, no encontrándose normada la facultad de replicar la facultad asignada únicamente al Tribunal de juicio, de valoración de la prueba. En ese entendido, en reiterada jurisprudencia, la extinta Corte Suprema de Justicia, estableció, a través de Auto Supremo 057/2006 de 27 de enero, que: “No existe en la economía procesal penal actual, la posibilidad que el Tribunal de alzada revalorice la prueba por lo que debe circunscribirse a lo dispuesto por el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, consecuentemente cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Si la anulación es parcial, deberá indicarse el objeto concreto del nuevo juicio, y finalmente cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente, dictando una nueva. Consecuentemente, no existiendo doble instancia en el actual sistema procesal penal, el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional ya sea a anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal o dictar nueva resolución.


La apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la substanciación del juicio o la sentencia; no siendo la resolución que resuelve la apelación restringida el medio impugnativo idóneo para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho a cargo de los jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley”, razonamiento reiterado en el Auto Supremo 016/2007 de 26 de enero.


Siguiendo la referida lógica, este Tribunal, en relación a la facultad de revisión de la actividad valorativa del Tribunal de Sentencia, en el Auto Supremo 200/2012-RRC de 24 de agosto, señaló lo siguiente: “Es necesario precisar, que el recurso de apelación restringida, constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la Sentencia, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si el ad quem, advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal”.


Efectuadas estas previsiones, se tiene del precedente invocado y el aspecto supuestamente contradictorio con relación a que el Tribunal de alzada hubiere realizado una fundamentación superficial de los puntos 3, 4, 5 y 6, que el Auto de Vista no incurre en falta de fundamentación, debido a que en apego de las facultades de revisión que la ley le confiere, emitió su fallo enmarcado en las líneas jurisprudenciales; al constatarse que el Tribunal de apelación agrupó los motivos de la apelación en cinco y conforme se destacó a tiempo de resolver el anterior motivo, sustentó su argumento en que el Juez de Sentencia interpretó correctamente el hecho de que no se configuró la comisión de los delitos acusados, transcribiendo incluso fragmentos de la Sentencia en donde constan que esa determinación fue en base a que el Juez de instancia tomó en cuenta para su decisión los aspectos que señaló de la enunciación del hecho y circunstancias objeto de juicio, apartado en el cual se detalló los motivos de hecho y de derecho, puntos en los cuales hizo un detalle de las pruebas que se consignaron y cuáles no, los hechos que no se probaron, en otros aspectos.


Por lo referido, se constata que en el Auto de Vista impugnado, se procedió a dar respuesta a los puntos objeto de agravio denunciado en el recurso de apelación restringida, siendo un fallo coherente con los datos del proceso, con el advertido de la inexistencia de la comisión de los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión debido a que, conforme se estableciera en la Sentencia, de la inspección ocular se verificó que la habitación en cuestión no se encontraba ocupada por los imputados; por otro lado, en el numeral 1) apartado IV de la Sentencia que corresponde a los motivos de hecho y de derecho, se estableció que la habitación motivo de litigio y el muro medianero perforado, se encuentran en la cuota parte del inmueble que le corresponde a Delfín Isaac Linares Zamora, parte que le fue concedido en vida y en los hechos por su madre María Paz Zamora vda. de Linares y que a su fallecimiento, por herencia les corresponde a sus hijos Delfo Linares Blanco, Max Ariel Linares Blanco y Anibal Linares Blanco; asimismo, la referida habitación no se encontraba en posesión directa, inmediata y de hecho de la querellante; en ese sentido, se puede establecer la inexistencia de contradicción entre los precedentes invocados con relación al Auto de vista, al advertirse que dicho fallo al declarar improcedente el recurso de apelación planteado, actuó acorde a lo establecido en la jurisprudencia de este Máximo Tribunal de Justicia, al  analizar todos los elementos argumentados en el recurso de apelación restringida,  con la debida fundamentación para finalmente declarar improcedente el recurso. En consecuencia, ante la inexistencia de contradicción con el precedente invocado, este motivo también deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Francisca Aurora Linares, cursante de fs. 303 a 305 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA