TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 276/2015-RA-L

Sucre, 03 de junio de 2015


Expediente            : Potosí 64/2010

Parte Acusadora        Fondo Financiero Privado PRODEM S.A.

Parte Imputada    : Vanesa Libertad Puerta Herbas

Delitos                   : Apropiación Indebida y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de octubre de 2010, cursante de fs. 239 a 240 vta., Vanesa Libertad Puerta Herbas, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 40/2010 de 15 de octubre (fs. 226 a 229), pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por Luis Adolfo Romero Martínez en representación legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A. contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), con las agravantes señaladas en los arts. 346 bis (Agravación en Caso de Víctimas Múltiples) y 348 (Agravación y Atenuación) del mismo cuerpo legal.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Juez de Partido, Mixto, Liquidador y Sentencia de provincia Modesto Omiste del Distrito Judicial de Potosí, pronunció la Sentencia de 88/2010 de 28 de junio (fs. 187 a 193), declarando a Vanesa Libertad Puerta Herbas, autora de la comisión de los delitos de  Apropiación Indebida y Abuso de confianza  previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, aplicando la agravante establecida en el art. 346 bis de la misma compilación legal, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años y un mes, con costas.

  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Vanesa Libertad Puerta Herbas, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 195 a 200 vta.), resuelta por Auto de Vista 40/2010 de 15 de octubre (fs. 226 a 229), pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia impugnada, con costas.


  1. Notificada la recurrente Vanesa Libertad Puerta Herbas, con el referido Auto de Vista el 20 de octubre de 2010 (fs. 231), interpuso recurso de casación el 26 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación de fs. 239 a 240 vta., se extraen los siguientes motivos:

  1. Denuncia vulneración al principio non bis in ídem; toda vez, que en cuanto a la valoración de la prueba de cargo, la testifical de Roberta Vidal Molina Vda. de Ramírez y la excepción de cosa juzgada, que señalaba que con anterioridad ya se llevó a cabo un proceso penal en el cual existe una Resolución firme; que ese aspecto no fue tomado en cuenta el Tribunal de mérito ni por el de apelación; refiere que se trataría de un mismo hecho por el que se le juzga en el caso de autos, situación que vulneraría los principios señalados el art. 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, que no fue observada por los citados Tribunales. Invoca el Auto Supremo 529 en calidad de precedente contradictorio, que conforme señala, es relativo a la falta de fundamentación de la Sentencia en cuanto a la valoración de la prueba, vicio que constituiría defecto absoluto descrito en el art. 169 inc. 3) del CPP y que  atenta contra el debido proceso.


  1. Acusa defectuosa valoración de la prueba en la Sentencia, relativa a las declaraciones juradas de Zacarías García Calderón, María Elena Vidaurre Aramayo, Hilaria Martínez Huallpa de Heredia, respecto a las cuales -dice- solicitó su exclusión, porque les privó de la posibilidad de indagar sobre los suceso descritos en ellas  “y que la defensa a través de su defensa material y técnica pueda aportar con elementos de convicción sobre los hechos y el juzgador dentro la sana crítica pueda fundar la verdad jurídica de los hechos” (sic); alega, que así fue denunciado en la apelación restringida, que las demás supuestas víctimas no se presentaron jamás a estrados judiciales, impidiendo con ello aplicar la igualdad de las partes y el debido proceso.


Como disposiciones violadas o erróneamente aplicadas cita los arts. 13, 171, 172, 216, 217, 218, 307, 333, 355 y 375 del CPP, así como los arts. 116 Y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), señala que respecto a lo anterior, el Tribunal de casación, debe examinar la falta de fundamentación  en la Sentencia, que conforme la doctrina penal y la jurisprudencia, a ningún Tribunal le está permitido pronunciar resoluciones carentes de fundamentación, y menos incurrir en incongruencia entre el razonamiento jurídico emergente de la valoración objetiva de las pruebas según las reglas de la sana crítica, que así fue establecido por los Autos Supremos 340 de 28 de agosto de 2009 y 221 de 7 de junio de 2006.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia) que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del Tribunal Supremo de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este máximo Órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo de Justicia) o Autos de Vista pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, respecto al primer requisito del recurso de casación, se constata que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 20 de octubre de 2010, presentando su recurso de casación el 26 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días que otorga el art. 417 del CPP (párrafo primero).


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos estipulados en la normativa legal precitada, concordante con el art. 416 del CPP, considera este Tribunal, con carácter previo, hacer algunas puntualizaciones.


El art. 416 del CPP, concordante con los arts. 50 inc. 1) y 51 inc. 2) del mismo compilado legal, establece con total claridad, que el recurso casacional procede únicamente contra Autos de Vista emergentes de apelaciones restringidas -no contra Sentencias ni otras Resoluciones- y que resulten contrarios a otros precedentes; pues, es competencia de este Tribunal, sentar y uniformar jurisprudencia, con base en los precedentes invocados y la expresión de contradicción; es decir, el argumento esgrimido por el recurrente debe señalar de forma clara y precisa, la forma en que el Auto de Vista impugnado incurrió en contradicción con el o los fallos invocados, lo que quiere decir, que todas las denuncias plasmadas en el memorial de casación, deben estar dirigidas contra el Auto de Vista y la forma en que éste ejerció control sobre la Sentencia; pues, como ya se manifestó, este Tribunal debe verificar las contradicciones en las que incurrió el fallo de alzada con relación al precedente contradictorio, por lo que, ante la inexistencia de expresión de agravio en el que hubiere incurrido el Tribunal de alzada, este Tribunal no puede abrir su competencia para revisar aspectos que no corresponden a sus atribuciones.


Con relación al primer motivo, en cuanto al precedente contradictorio invocado Auto Supremo 529, se advierte que el mismo no se encuentra debidamente identificado, pues el recurrente se limitó a señalar el número, pero no brindó ningún otro dato que permita ubicar en fallo en archivos, pues como es lógico, existen innumerables fallos en archivos con esa numeración, mismos que fueron emitidos por distintas Salas y en distintos años; consecuentemente, el descuido del recurrente, impide individualizar el fallo y con ello cualquier posibilidad de contraste con la Resolución impugnada, incumpliendo así el requisito establecido en el párrafo segundo del art. 417 del CPP.


Por otra parte, del argumento expuesto en el memorial de impugnación, se advierte que el recurrente, vía casación, y bajó el rótulo “PRINCIPIO NOM BIS ÍDEM”, pretende la revisión de la valoración probatoria y del fallo emitido como resultado del planteamiento de la excepción de cosa juzgada en audiencia de juicio oral, tal cual es expresado por la mismo recurrente, Resolución sobre la cual, conforme establece el art. 403 inc. 2), no procede impugnación casacional; consiguientemente, no existe fundamento legal que haga viable la apertura de la competencia de este máximo Tribunal de justicia, a los efectos pretendidos por la recurrente.


En cuanto al segundo motivo,  los precedentes contradictorios Autos Supremos 340 de 28 de agosto de 2009 y 221 de 7 de junio de 2006,  se establece que el primero, no existe en archivos; toda vez, que la gestión 2009 existían dos Salas Penales en funcionamiento, y que la Sala Penal Primera, emitió en Auto Supremo 340 en fecha 8 de junio de 2009, en tanto que la Sala Penal Segunda lo hizo el 23 de marzo del mismo año; en cuanto al Auto Supremo 221 de 7 de junio de 2006, se verifica que fue emitido por la Sala Penal Primera de la extinta Corte Suprema de Justicia y respecto a la cual, la recurrente señala que a ningún Tribunal le está permitido emitir fallos  carentes de fundamentación jurídica, menos incurrir en incongruencia entre el razonamiento jurídico emergente de la valoración de la prueba y las reglas de la sana crítica; acusando al juzgador de mérito, de incurrir en defectuosa valoración de la prueba, relativa a las declaraciones juradas incorporadas a juicio.


Ahora bien, de los argumentos esgrimidos en el motivo en examen, se verifica que la recurrente no expresó agravio alguno en el que hubiere incurrido el Auto de Vista, pues limita su reproche a la defectuosa valoración de la prueba ejercitada en la Sentencia, sin identificar cuál fue el papel del Tribunal de apelación respecto a ese motivo, que dice, fue denunciado en apelación restringida; contrariamente y de manera errada, sostiene que este Tribunal debe examinar la fundamentación de la Sentencia, apoyándose en el Autor Fernando de la Rua refiere, en cuanto al recurso de casación, que es el “medio de impugnación por el cual, por motivos de derecho específicamente previsto por ley, un aparte postula la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva o la anulación de la sentencia” (sic), ello sin tomar en cuenta el sistema procesal vigente en el Territorio, cuya normativa pertinente fue citada a lo largo de este fallo y que bajo ningún aspecto admite la revisión de la Sentencia por este medio impugnaticio, por lo que corresponde declarar la inadmisibilidad de este motivo.


Del examen completo del recurso, se establece que la recurrente, únicamente dio cumplimiento al requisito temporal de admisibilidad; sin embargo, ante la evidencia de que el recurso de casación fue planteado de forma defectuosa, incumpliendo las demás exigencias establecidas en las disposiciones  legales [arts. 396 inc. 3), 416 y 417 del CPP], deficiencias que no pueden ser suplidas por este Tribunal por estar fuera de su competencia, corresponde aplicar el último párrafo de citado art. 417.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Vanesa Libertad Puerta Herbas, cursante de fs. 239 a 240 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA