TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 274/2015-RA-L

Sucre, 03 de junio de 2015


Expediente         Potosí 57/2010

Parte acusadora            Ministerio Público

Parte imputada     : Armando Zuna Cuizara y otro

Delito        Lesiones Graves y Leves


RESULTANDO


Por memorial presentado el 29 de septiembre de 2010, cursante de fs. 112 a 115, Armando Zuna Cuizara, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 40/2010 de 10 de septiembre (fs. 91 a 92 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente y Rolando Calle Condori, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 -primera parte- del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia de la Provincia Modesto Omiste del Distrito Judicial de Potosí, pronunció la Sentencia de 6 de abril de 2010 (fs. 43 a 49 vta.), declarando a Armando Zuna Cuizara y Rolando Calle Condori , autores y culpables de la comisión del delito de  Lesiones Graves previsto y sancionado por el art. 271 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años y seis meses  a ser cumplida en el penal de “Santo Domingo” de la ciudad de Potosí.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Armando Zuna Cuizara y Rolando Calle Condori, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 51 a 55), observado por Auto de 23 de julio de 2010 (fs. 68) y subsanado por memorial de 1 de agosto del mismo año (fs. 76 a 78). La impugnación fue resuelta por Auto de Vista 40/2010 de 10 de septiembre (fs. 91 a 92 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia impugnada, con costas.


  1. Notificados los imputados con el referido Auto de Vista el 24 de septiembre de 2010 (fs. 97), Armando Zuna Cuizara interpuso recurso de casación, el 29 de septiembre del mismo año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de recurso de casación de fs. 112 a 115, se extrae el siguiente motivo:


  1. Denuncia infracción a los arts. 124 y 398 del  Código de Procedimiento Penal (CPP), por falta de pronunciamiento a todos los puntos apelados, porque -dice- no realizó una adecuada fundamentación jurídica, todo ello, en contradicción con los Autos Supremos 562/2004, 100/2005 y 307/2003, relativos a la obligación de fundamentar las Resoluciones (los dos primeros) y al orden público de las normas procesales y su consiguiente cumplimiento obligatorio; fallos, respecto a los cuales dice fueron incumplidos por el Tribunal de apelación de Potosí. Como aspectos que no fueron atendidos por los de alzada, indica los siguientes:


  1. Alega que el Auto de Vista infringió la ley sustantiva, incurriendo en defecto absoluto [art. 169 inc. 3) del CPP], que afecta su legítimo derecho a la defensa y contradice los fallos señalados como precedentes, al afirmar, de forma arbitraria, que el desistimiento realizado por los querellante, establecido, en el “art. 103 de la ley 1768” (sic), solo alcanza a la parte civil y no a la acción penal, cuando esta norma legal tiene relación con la parte in fine del art. 292 del CPP; por lo que, se  solicitó la no participación de la parte querellante que desistió, como mandan los arts. Citados, aclarando que no se opusieron a que el Ministerio Público prosiga con la acusación; sino, de los querellantes, que a pesar de su desistimiento, actuaron de forma conjunta con el Ministerio Público como coadyuvante querellante, vulnerando con ello la garantía del debido proceso y la seguridad jurídica.


  1. Denuncia infracción al art. 124 del CPP, en contradicción con los precedentes señalados; toda vez,  que ni el Auto de Vista y Tribunal de Villazón fundamentaron cuál fue la participación de cada uno de los imputados, ya que solo habría sido uno el que pateó y lesionó la mandíbula, mismo que no fue identificado; sostiene que contrariamente, el Tribunal de alzada señaló que los autores fueron identificados en aplicación del art. 20 de la Ley 1768, entendimiento bajo el cual, no existirían cómplice, encubridor ni otros presupuestos de participación. Se cuestiona, si el art. 20 de la Ley 1768 no tenía que aplicarse de manera integral con el art. 24 del mismo compilado legal. Sostiene que constituye defecto absoluto no dar aplicabilidad al ya citado art. 24.


  1. Acusa, falta de pronunciamiento respecto a apelación relativa a la negativa de producción de prueba extraordinaria, ya que el Certificado médico forense no era el idóneo para certificar el trauma maxilofacial; sino, el especialista al cual fue remitido; que el informe médico maxilofacial, jamás expresó impedimento alguno, ni demostró la incapacidad de 30 días; que cuando se solicitó prueba extraordinaria con la finalidad de que el colegio de la víctima informe sobre su incapacidad y su asistencia al colegio, fue denegada la petición; sobre lo cual señala: “Apelada y no Fundamentada y menos Considerada por el Tribunal Recurrido de la ciudad de Potosí” (sic). Señala que no se respetaron derechos y garantías constitucionales establecidas en el art. 169 inc. 3) del CPP, así como tampoco el debido proceso ni la seguridad jurídica del país. “Y más aún contradice los autos supremos expresados YA QUE  LOS MISMOS OBLIGAN AL DIGNO TRIBUNAL DE CASACIÓN PRONUNCIARSE DE OFICIO CUANDO SE ALEGAN DEFECTOS ABSOLUTOS E INCONVALIDABLES establecidos en el art. 169 en su Num. 3) de…” (sic).


  1. Denuncia falta de fundamentación “EN CUANTO A LA PENA Y QUE CONTRADICE LOS DIFERENTES AUTOS SUPREMOS YA QUE EN CASOS SIMILARES DE LESIONES GRAVES SE IMPUSIERON SANCIONES DE DOS AÑOS Y DE RES AÑOS, QUE EN UNA FUNDAMENTACIÓN ” (sic), sostiene que con fundamentación subjetiva, tanto del Tribunal de mérito como el de alzada, le impusieron una sanción de tres años y seis meses, inobservando lo establecido por los arts. 37, 38 y 39 de la Ley 1768, como si fueran delincuentes reincidentes, sin tomar en cuenta su estado de ebriedad, su situación de jóvenes estudiantes, ni que la víctima fue indemnizada; extremos que -afirma- denotan la falta de fundamentación de la pena y que contradicen los Autos Supremos dictados por el máximo Tribunal. El recurrente considera que no es pertinente explicar a más detalle la contradicción con los Autos Supremos en los que se impusieron sanciones de dos a tres años, accediendo a beneficios, solicita se tome en cuenta el quantum de la pena, ya que considera que no merece una sanción tan gravosa.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia) que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del Tribunal Supremo de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este máximo Órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo de Justicia) o Autos de Vista pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso


En primer término cabe recordar que, este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, respecto al primer requisito del recurso de casación, se constata que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 24 de septiembre de 2010 según diligencia (fs. 97) y presentó su recurso de casación el 29 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días que otorga el art. 417 del CPP.


Respecto a los demás requisitos señalados en la normativa legal precitada concordante con el art. 416 del CPP, este Tribunal considera necesario hacer algunas puntualizaciones a efectos de una mejor compresión del análisis de admisibilidad a realizarse.


Los precedentes contradictorios, conforme lo manifestado en el acápite III de este fallo, cumplen una función vital en el recurso casacional, pues son el instrumento de acceso a este medio impugnaticio, toda vez, que conforme prevé la normativa procesal penal, el Tribunal Supremo de Justicia tiene como competencia uniformar la jurisprudencia, para ello, es imprescindible que quien recurra en casación, no se limite a la cita o transcripción del o de los precedentes; sino, que los invoque de forma correcta, identificándolos adecuadamente (número, fecha, Sala de emisión, etc.); esto, con la finalidad de que sean ubicados en archivos y se pueda proceder a su contraste con el fallo denunciado de contradictorio (Auto de Vista), sin olvidar señalar la forma en que el Auto de Vista contradijo a cada uno de los precedentes invocados; solo con el cumplimiento de esos requisitos es posible para este Tribunal de Justicia, cumplir con su competencia uniformadora y unificadora (arts. 416, 417, 418 Y 419 del CPP).


Por otra parte, conforme dispone el art. 396 inc. 3) del CPP, los recursos, deben interponerse en la forma que determina el citado cuerpo legal (art. 417 primer párrafo, concordante con el 416 último párrafo del CPP), con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución (art. 417 párrafo segundo del CPP); para ello, quien recurra en casación, debe exponer de forma clara y precisa el agravio ocasionado con la emisión del Auto de Vista -no con la Sentencia- con la debida justificación legal, sin incurrir en contradicciones ni incoherencias que impidan comprender la pretensión del motivo y/o recurso, ya que es la expresión de agravio la que delimita el ámbito de pronunciamiento del Tribunal de impugnación. El incumplimiento de los requisitos señalados,  implica la declarar la inadmisibilidad del motivo o del recurso (art. 417 último párrafo del CPP).


Ahora bien, en este punto corresponde ejercer examen relativo al cumplimiento de requisitos aún no examinados, en ese entendido, se verifica que, en cuanto a los precedentes invocados, el recurrente citó los Autos Supremos 562/2004, 100/2005 y 307/2003, fallos que no se encuentran debidamente identificados, pues el recurrente no tuvo el cuidado necesario de hacer constar fecha o Sala emisora, que permitan su ubicación en archivos sin que exista la posibilidad de que se incurra en error de cualquier naturaleza; sin embargo, tomando en cuenta que a partir del año 2005 se creó la Sala Penal Segunda, se puede entender que los Autos Supremos 562/2004 y 307/2003 corresponden a Resoluciones emitidas por la única Sala Penal existente en esas gestiones; lo que no sucede con el Auto Supremo  100/2005, gestión en la que ya existían dos Salas Penales, razón por la que éste no puede ser individualizado, por existir dos Resoluciones con la misma numeración; pero, emitidas en fecha distinta y por distinto Tribunal; por lo que, corresponde verificar expresión de contradicción, únicamente con los Autos Supremos 562/2004 y 307/2003.


Sobre los argumentos expuestos en el recurso de casación, que se encuentran identificados en el acápite II de la presente Resolución, se evidencia que el recurrente, alega de forma general falta de pronunciamiento de todos los motivos que fueron objeto de apelación restringida, porque conforme su criterio, no se realizó una adecuada fundamentación jurídica, vulnerando los arts. 124 y 398 del CPP. De lo manifestado por el propio recurrente, se verifica contradicción en los fundamentos, habida cuenta  que la falta de pronunciamiento, implica que el Tribunal de  apelación no consideró de forma alguna los fundamentos señalados en la impugnación (art. 398 del CPP); en tanto que la inadecuada fundamentación, implica que sí hubo pronunciamiento, más éste no se encuentra conforme dispone el art. 124 del CPP; pese a ello, el impetrante desglosó los aspectos que, conforme su percepción, no merecieron pronunciamiento ni adecuada fundamentación, mismos que serán objeto de análisis a continuación.


En el motivo  primero [a)], relativo a la infracción de la norma sustantiva por el Tribunal de apelación, respecto a la aplicación del art. 103 de la “ley 1768” (sic), por haber permitido la participación de los querellantes que desistieron, en el entendido de que solo se desistió de la acción civil y no de la penal, este Tribunal advierte que el recurrente no expresó contradicción alguna con los fallos citados en calidad de precedentes contradictorios; sino, se limitó a cuestionar los fundamentos del Auto de Vista, atribuyéndoles vicio de defectos absoluto, sin acreditar normativamente, la forma en que el supuesto defecto le causó perjuicio, o de qué manera el resultado del fallo hubiere sido distinto al actual, en caso de haberse denegado la participación de los querellantes en la audiencia de juicio oral, todo ello, en consideración a los principios que rigen las nulidades, como el de trascendencia que establece que no hay nulidad por nulidad; sino, ésta debe emerger de la indefensión acreditada de la parte. Lo que no se dio en este caso, razón por la que, ante el incumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 417 del CPP, así como la falta de acreditación del daño emergente, que viabilicen una posible revisión en la vía excepcional, flexibilizando los requisitos de admisibilidad (acápite III de este fallo), corresponde declarar inadmisible el motivo.


En cuanto al motivo segundo [b)], en el que acusa infracción del art. 124 del CPP, en contradicción con los precedentes señalados, porque ni los de mérito ni los de alzada fundamentaron, cuál habría sido la participación de cada uno de los imputados, cuestionando la falta de aplicación integral de los arts. 20 y 24 del CP; se tiene que el recurrente, aunque de forma escueta, deja entender la forma en la que considera incurrió en contradicción, razón por la que corresponde verificar en el fondo la denuncia.


Sobre el motivo tercero [c)], en el que denuncia falta de pronunciamiento por el Tribunal de apelación, concerniente a la denuncia de alzada por la negativa de producción de prueba extraordinaria, el recurrente expresó de forma escueta la contradicción en la que considera incurrió el Tribunal de apelación respecto a los fallos invocados, razón por la que corresponde admitir el motivo, para verificar en el fondo la denuncia de contradicción y si con ello se vulneraron las garantías constitucionales del debido proceso y seguridad jurídica.

 

Finalmente, en lo referente al motivo cuarto [d)] en la que denuncia falta de fundamentación respecto a la imposición de la pena, alegando de forma general la existencia de Autos Supremos en los que, en una situación similar se condenó a penas mayores, pudiendo de esa manera acceder a algún beneficio; se advierte que el recurrente no invocó precedente contradictorio, pues contrariamente a lo manifestado por el impetrante, en el sentido de que no resultaba pertinente explicar con mayor detalle la contradicción, es de vital importancia invocar precedentes contradictorios en los que se diluciden cuestiones con temática análoga, señalando de forma clara la contradicción existente entre ambos fallos; la omisión, hace aplicable la sanción dispuesta por el último párrafo del art. 417 del CPP, como acontece en el caso presente.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación de fs. 112 a 115 (motivos segundo y tercero), interpuesto por Armando Zuna Cuizara; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA