TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 273/2015-RA-L

Sucre, 03 de junio de 2015


Expediente                : Potosí 54/2010

Parte acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte imputada        : Henry Wilson Buergo Sagardia y otros

Delitos                : Robo y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 27 de agosto y 4 de septiembre, ambos de 2010, cursante de fs. 259 a 261 vta. y fs. 284 a 300 vta., los imputados Henry Wilson Buergo Sagardia y Vladimir Garvizu Vargas, a su turno, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 34/2010 de 15 de julio, de fs. 239 a 242, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Banco de Crédito de Bolivia S.A. representado por Juan Carlos Bustillos Murillo, contra los recurrentes y José Aurelio Ayllón, por la presunta comisión de los delitos de Robo y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 331 y 332 inc. 2) del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a las acusaciones, pública (fs. 15 a 26 vta.) y particular interpuesta por Juan Carlos Bustillos Murillo en representación legal del Banco de Crédito de Bolivia S.A. (fs. 45 a 47 vta.); una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, pronunció la Sentencia 08/2010 de 20 de abril (fs. 146 a 167), por la que declaró a los imputados Henry Wilson Buergo Sagardia, Vladimir Garvizu Vargas y José Aurelio Aylllón Casazola, absueltos de la comisión de los delitos de Robo y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 331 y 332 inc. 2) del CP, más costas al querellante.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el apoderado legal Johnny Martínez Tapia del Banco de Crédito de Bolivia S.A., interpuso recurso de apelación restringida (fs. 192 a 198 vta.), resuelto por Auto de Vista 34/2010 de 15 de julio (fs. 239 a 242), dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró procedente el recurso planteado y en el fondo anuló totalmente la Sentencia absolutoria, disponiendo la reposición del juicio mediante reenvió ante el Tribunal Segundo de Sentencia.


  1. Notificados los recurrentes con el Auto Complementario al Auto de Vista el 30 de agosto de 2010 (fs. 249), interpusieron a su turno recursos de casación; Henry Wilson Buergo Sagardia el 27 del mismo mes; y, Vladimir Garvizu Vargas el 4 de septiembre, todos de 2010, los cuales son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De la revisión de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1.        Recurso de casación de Henry Wilson Buergo Sagardia


  1. El nombrado imputado refiere que no obstante que los apelantes nunca reclamaron error in iudicando, ni expresaron qué parte de los tipos penales han sido aplicados erróneamente, tampoco denunciaron que los elementos constitutivos de los delitos de Robo y Robo Agravado fueron vulnerados o mal interpretados; sin embargo, a fuerza de abstracción se redactó en el Auto de Vista, de manera ultra petita, es decir, más allá de lo solicitado.


Agrega que el Tribunal de apelación señaló que existieron serias contradicciones en la Sentencia, extremo que no es evidente, no obstante ello, si así fuere, tampoco se puede sostener la incongruencia prevista por el art. 362 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para justificar el error in iudicando, ya que la mala valoración de la prueba deviene de un supuesto defecto de la Sentencia, mas nunca del error in iudicando.


Señala que la acusación particular no demostró que su persona se hubiere beneficiado con el apoderamiento o sustracción de $us. 100.000.- (cien mil dólares estadounidenses); y, tampoco llegó a establecer en qué forma hubo errónea aplicación de la ley sustantiva y que para que esta opere debe conllevar a la violación del principio de legalidad; y en su caso, se lo absolvió por falta de carga probatoria y no así por errónea aplicación de la ley sustantiva.


  1. En el Auto de Vista se expresa que el Tribunal de Sentencia no valoró las pruebas correspondientes a las bolsas autosellantes por haber sido excluidas; pese a ello, en la Sentencia se hace mención a las mismas; empero, éstas nunca fueron consideradas en el punto de hechos probados, aspecto que no implica contradicción alguna. De otro lado, se sostiene que se dictó una Resolución anacrónica; pero, no se explican los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Se afirma que no se valoró la prueba testifical, documental e informes policiales, sin identificar a cuáles se refiere; extremo falaz y mentiroso ya que se valoraron todas las pruebas, así tenemos las testificales valoradas a partir de la página 61, las documentales en la página 65 vta., y la fundamentación probatoria descriptiva se realizó de fs. 66 a 77 de la Sentencia. Invoca la SC 0391/2004 y denuncia vulneración de lo establecido en el art. 124 del CPP.


II.2. Recurso de casación de Vladimir Garvizu Vargas.


  1. Señala que el Auto de Vista impugnado violo el debido proceso y seguridad jurídica porque admitió la apelación restringida interpuesta por el querellante, sin que se hubieren cumplido las previsiones contenidas en los arts. 407 y 408 del CPP, por ende, se inobservó lo establecido por el art. 399 del mismo cuerpo legal, el cual dispone que se debe otorgar el plazo de tres días para la subsanación y luego admitir o no hacerlo; prueba de ello, es que en la Resolución de alzada, no se realizó un análisis de cumplimiento de los requisitos exigidos; violando el debido proceso.


Agrega que en el citado recurso de apelación, no se invocaron precedentes contradictorios ni se estableció el petitorio y pretensión en forma separada para cada caso concreto; tampoco se expresan cuáles fueron los supuestos errores injudicando o improcedendo, además que no se hicieron reservas de ley, ni para la exclusión probatoria de las bolsas autosellantes.


Invoca en calidad de precedentes contradictorios, los Autos de Vista 032 de 6 de marzo de 2003 y 249/2004 de 22 de octubre de 2004; y, Autos Supremos 198 de 2 de abril de 2004 y 432 de 11 de octubre de 2006.


  1. De otro lado, denuncia violación de sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la petición, ya que, a su criterio, no se consideraron las respuestas a la apelación presentadas en término hábil y oportuno, por los coacusados, como tampoco la exposición oral realizada en la audiencia, donde inclusive se denunció que el abogado del Banco de Crédito de Bolivia, violó el Código de Ética al invocar un Auto Supremo cercenado a conveniencia.


  1. Alega que en el Cuarto Considerando del Auto de Vista se realizó una revalorización de la prueba, vulnerando sus derechos a la defensa y al debido proceso, usurpando funciones propias del Tribunal de Sentencia; condenándolo sin haber visto y oído de modo directo los elementos probatorios y sin tener competencia para el conocimiento de los hechos, su existencia y la responsabilidad del imputado; desnaturalizando el medio de impugnación; y provocando defecto de la resolución, conforme determina el art. 370 inc. 6) del CPP; alegando que las bolsas autosellantes encontradas cortadas en el basurero no debieron haber sido excluidas en aplicación de lo dispuesto por el art. 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), puesto que fueron entregadas a requerimiento del fiscal; en virtud a lo cual, determina que el Tribunal de Sentencia no las valoró adecuadamente en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida, la cual no vulneró ninguna garantía procesal ni constitucional; además que incluso los imputados reconocen la existencia de tales bolsas.


Asimismo, alegan que los acusados Henry Buergo y José Aurelio Ayllón, a tiempo de recibir el dinero no cumplieron con la normativa interna, como es identificar a la persona que entrega el dinero y revisar que las bolsas no tangan ningún corte ni alteración y confrontar con la hoja de transporte de la Empresa; de manera susceptible la hora fue firmada únicamente por Ayllón y no por Buergo, y más extraño es que verificaron el monto en bolivianos; pero, no el de dólares americanos; es más no podían cerrar la bóveda hasta cuadrar las diferencias.


Se expresa que no se verificó ni cotejó la seguridad de los yutes y las bolsas de plástico y menos se cumplió con el Manual de Funciones, sólo con relación a los dólares; y, en el juicio oral entraron en serias contradicciones con referencia a quien hubiere abierto las bolsas.


Invoca los Autos Supremos 450 de 19 de agosto, 104 de 20 de febrero, ambos de 2004, 373 de 6 de septiembre de 2006, que estaría referidos a la imposibilidad de revalorizar prueba en etapa de apelación.


  1. El fallo de alzada incurre en insuficiente fundamentación, puesto que sostiene que la Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados, sin demostrar dicha aseveración, citando el art. 370 inc. 6) del CPP; incurriendo en error, puesto que antes de decir cuál es la base de su apelación indican que la amplia jurisprudencia establece, sin señalar cuál es esa jurisprudencia; se refiere a la prueba consistente en las bolsas autosellantes y las hojas de transporte,  las cuales nunca fueron consideradas por los Ejecutivos el Banco, como por los investigadores asignados al caso; y sin embargo, recién ahora, en etapa de apelación, si lo hacen los Vocales


No se indica como su persona hubiere cometido el delito que se le atribuye y con qué pruebas se sustenta aquello; ni prueba testifical que lo identifique como la persona que rompió los precintos de la bolsa de yute que contenía una bolsa autosellante, y que sacó $us.100.000.- (cien mil dólares estadounidenses) y que luego la hubiere cerrado; lo que motivó su absolución.


Refiere que el Auto de Vista anula la Sentencia absolutoria y viola los derechos al debido proceso y seguridad jurídica, mencionando algunos Autos Supremos en unos cuantos renglones para cada caso específico; empero, no explica el motivo de la nulidad en que se basa, pretende basar su nulidad en el Auto Supremo 374 de 22 de junio de 2004 sin motivar los hechos y derechos que dan lugar a esa nulidad, invocado de forma ultrapetita, puesto que no fue citado por el apelante, rompiendo los principios de objetividad, equidad y justicia, así como el debido proceso.


En el fallo de alzada se afirma que en la Sentencia no existió una enunciación del hecho, extremo falso que sólo sirvió de argumento para anular una justa Resolución; por lo que, se violaron los arts. 124, 173 y 370 inc. 3) del CPP.


Invoca los Autos Supremos 479 de 8 de diciembre de 2005, 374 de 22 de junio de 2004 y 449 de 12 de septiembre de 2007.


  1. El Auto de Vista lesionó el debido proceso y el principio de congruencia, dado  que anuló la Sentencia absolutoria hasta la acusación formal, lo que incluye a ambas acusaciones fiscal y particular, ofrecimiento de pruebas y notificaciones; en consecuencia, se debió ordenar la remisión de la causa ante el Juez cautelar para que se prosiga con el proceso y no como se dispuso ante el Tribunal Segundo de Sentencia.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto, inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes se constata que los recurrentes cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que, fueron notificados con el Auto Complementario el 30 de agosto de 2010 (fs. 249), planteando sus recursos de casación: Henry Wilson Buergo Sagardia el 27 de agosto y Vladimir Garvizu Vargas el 4 de septiembre, ambos del mismo año; cumpliendo de esta manera con lo preceptuado por el art. 417 del CPP.


V.1. Del recurso de casación de Henry Buergo Sagardia.


Con relación al primer motivo denunciado por el precitado recurrente, en el cual, alega; de un lado, que no obstante que los apelantes nunca reclamaron error in iudicando, ni tampoco observaron aplicación errónea de la norma sustantiva; en el Auto de Vista, de manera ultra petita, se refirió a ello; y de otro lado, que la Resolución de alzada sostiene que la Sentencia tiene contradicciones, extremo que el impugnante reputa como falso; y finalmente, afirma que no se demostró que su persona hubiere cometido el delito atribuido; por ende, se lo absolvió por falta de elementos probatorios y no así por errónea aplicación de la ley; el recurrente no invocó ningún precedente contradictorio relativo al agravio planteado, como tampoco cumplió con la carga argumentativa que demuestre contradicción alguna entre los argumentos que impugna del Auto de Vista y la doctrina legal aplicable, incumpliendo las exigencias establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP, imposibilitando a este Tribunal efectuar la labor de contraste; aclarando que si bien, dicho sujeto procesal no fue quien planteó la apelación restringida, dado que el resultado de la Sentencia no le resultaba desfavorable, lo que le eximía sin duda de citar los precedentes pertinentes en esa oportunidad; sin embargo, por imperio de lo preceptuado por el art. 417 del precitado cuerpo legal, tenía la obligación legal de hacerlo a tiempo de plantear el presente recurso de casación.


En el segundo motivo, el recurrente expresa que en el Auto se Vista se afirmó que la Resolución de mérito fue anacrónica y contradictoria, lo cual no es evidente; pues con relación a la afirmación sobre la supuesta omisión de valoración de las bolsas autosellantes por haber sido excluidas, en la que hubiere incurrido supuestamente el Tribunal de Sentencia, es evidente que se mencionaron en el texto del fallo; sin embargo, no se consideraron en el punto de hechos probados; y las demás pruebas presentadas en el juicio, todas merecieron una valoración expresa. El recurrente no invoca ningún Auto Supremo que contenga doctrina legal aplicable; y por ende, tampoco cumple con la labor de demostración de contradicción con la misma, provocando inobservancia de lo establecido por los arts. 416 y 417 del CPP, y la inadmisibilidad del presente motivo.


Finalmente, con referencia a la Sentencia Constitucional invocada como precedente contradictorio; debe recordarse que, conforme dispone el art. 416 del CPP, sólo los Autos de Vista ejecutoriados, pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal, son considerados precedentes contradictorios; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer una Sentencia Constitucional como precedente contradictorio en la jurisdicción ordinaria, no es atendible.


V.2. Del recurso de casación de Vladimir Garvizu Vargas.


Respecto del primer motivo, en el que se denuncia que el Tribunal de alzada admitió el recurso de apelación restringida, sin que se hubieren cumplido las previsiones contenidas en los arts. 407 y 408 del CPP, puesto que no se invocaron precedentes contradictorios y tampoco se estableció el petitorio y la pretensión, de forma separada para cada caso concreto, menos se demostraron cuáles fueron los supuestos errores injudicando o improcedendo, ni se hicieron reservas de ley correspondientes, ni siquiera para la exclusión probatoria de las bolsas autosellantes; por lo que, debió aplicarse lo exigido por el art. 399 del CPP, otorgando el plazo de tres días para su subsanación, omisión que contraviene lo desarrollado en los Autos de Vista 032 de 6 de marzo de 2003 y 249/2004 de 22 de octubre de 2004; y, Autos Supremos 198 de 2 de abril de 2004 y 432 de 11 de octubre de 2006.


Aquí conviene recordar, que como se señaló anteriormente, sólo los Autos de Vista ejecutoriados, pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal, pueden ser considerados como precedentes contradictorios; sin embargo, en la especie se invocaron dos Autos de Vista; con relación a lo cual, corresponde dejar claramente establecido, que resulta imprescindible demostrar que dichos fallos se encuentren ejecutoriados; puesto que de lo contrario, resultarían pasibles de modificación. Respecto a este punto, la entonces Corte Suprema de Justicia, en el Auto Supremo 211 de 6 de abril de 2004, estableció lo siguiente: “Tan marcada y evidente es la incompatibilidad para determinar si verdaderamente existe contradicción entre los precedentes y el A.V. de fs. 375-377 objeto del recurso de casación, que a esto se suma la duda de que los Autos de Vista invocados como precedentes a fs. 378-379 y 381-384 de obrados, se hallan debidamente ejecutoriados, en los términos que previene el art. 126 de la Ley N° 1970, concordante con el art. 515 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, qué validez podría tener una resolución judicial susceptible de modificación por recursos ulteriores, si ésta es ofrecida como precedente?; el entendimiento doctrinario y sentido interpretativo del tercer periodo del art. 416 del Código de Procedimiento Penal, radica en buscar la uniformidad de la jurisprudencia y en tal virtud el presupuesto indispensable es que dichos precedentes invocados por los recurrentes en casación, estén debidamente ejecutoriados, lo que supone del tribunal la exigencia del requisito, y con mayor sigilo si se invocan como precedentes Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Distrito del país en sus Salas Penales”, doctrina de la cual, se desprende que, para que un Auto de Vista sea considerado como precedente contradictorio, resulta imprescindible acreditar su ejecutoria, aspecto que no se advierte en el caso de Autos; el que si bien se invocan los Autos de Vista 032 de 6 de marzo de 2003 y 249/2004 de 22 de octubre de 2004; sin embargo, se desconoce si los mismos gozan de calidad de cosa juzgada; por lo que, no pueden ser objeto de análisis por parte de este Tribunal.


Con relación a los Autos Supremos, invocados se tiene que el 198 de 2 de abril de 2004 se trata de una Resolución emitida en etapa de admisión; y el 432 de 11 de octubre de 2006, si bien es un Auto que resuelve el fondo de una causa; sin embargo, su forma de resolución fue de infundado al recurso; por tanto, ninguna de ellas contiene doctrina legal aplicable susceptible de contrastación; pues uno de los fines principales del recurso de casación, es el de lograr la uniformidad en la emisión de fallos judiciales por parte de los administradores de justicia a fin de evitar que ante la presentación de hechos similares se apliquen normas legales con diverso alcance; por lo que, es primordial la invocación de precedentes contradictorios con doctrina legal aplicable por parte de los recurrentes para proceder a las contrastaciones de éstos con el Auto de Vista que se pretende se revea, conforme se entiende de los arts. 416, 419 y 420 del CPP; extremo que imposibilita que este Órgano cumpla con su labor de contrastación; dado que los Autos Supremos invocados no generaron doctrina legal; por lo tanto, la pretensión del impugnante debe ser rechazada. Razonamiento que se explicitó en el Auto Supremo 571/2014 de 15 de octubre, de la siguiente manera: “Se deja constancia que los Autos Supremos 544 Bis de 12 de noviembre de 2009 y 215 de 28 de marzo de 2007, no contienen doctrina legal aplicable susceptible de contrastación, conforme se entiende de los arts. 416, 419 y 420 del CPP, pues el primero, resolvió la admisibilidad de un recurso de casación, y el segundo, declaró infundado la impugnación que analizó”.


Al margen de lo señalado, se denota que en la exposición del presente agravio se denuncia violación de los derechos al debido proceso y seguridad jurídica, sin embargo, tal como se estimó en el apartado referido a los supuestos de flexibilización, a efectos de ingresar al fondo de los agravios de manera extraordinaria, el recurrente debe cumplir con los presupuestos explicados en el apartado IV de la presente Resolución, los cuáles en el caso, fueron omitidos, puesto que a más de señalarse de forma general los hechos y los derechos supuestamente vulnerados, de ninguna manera se precisa en qué consistiría la restricción o disminución del citado derecho y tampoco demuestra el resultado dañoso emergente de los supuestos defectos; por lo tanto, el presente motivo resulta inadmisible aun acudiendo a los supuestos de flexibilización.


Por las razones detalladas precedentemente, el presente motivo deviene en inadmisible.


El segundo motivo consistente en supuestas violaciones de derechos a la defensa, al debido proceso y a la petición, ya que, a decir del apelante, los Vocales no consideraron las respuestas otorgadas por los coacusados, tanto en sus memoriales como en su fundamentación oral en la audiencia, a la apelación restringida interpuesta por el acusador particular; ni se refirió a la denuncia de violación al Código de Ética que se realizó contra el abogado del Banco de Crédito de Bolivia; no se evidencia que el recurrente hubiere invocado precedente contradictorio alguno y menos se cumplió con la exposición de contradicción entre el Auto de Vista que ahora impugna y la doctrina legal aplicable; inobservando lo previsto por los arts. 416 y 417 del CPP, provocando la inadmisibilidad de este segundo motivo.


De otro lado, tampoco resulta viable la aplicación de los supuestos de flexibilización, puesto que si bien el recurrente denuncia vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la petición; sin embargo, su simple mención, sin precisar la normativa penal sustantiva o adjetiva penal que hubiere sido vulnerada con la decisión asumida por el Tribunal de alzada, provoca un menoscabo en el recurso, puesto que de lo sucintamente relatado, no se encuentra la demostración de la posible existencia de restricción o disminución de los derechos alegados ni el resultado dañoso emergente del defecto; pues la sola denuncia de vulneración de derechos y garantías, no es suficiente para aperturar la admisibilidad excepcional de los agravios deducidos, vía flexibilización, por cuanto de acuerdo al argumento expresado en el Fundamento IV del presente Auto Supremo, la misma además debe estar vinculada a la existencia de un defecto absoluto no susceptible de convalidación, aspecto no satisfecho por el impugnante.


Por consiguiente, no es admisible el tratamiento de fondo del agravio que se analiza, por incumplimiento de los requisitos detallados en los arts. 416 y 417 del CPP, ni aun acudiendo a los supuestos de admisión por flexibilización.


El tercer agravio referido a la supuesta revalorización de la prueba en la que incurrió el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista, en el que se modificó la situación jurídica de los co-acusados; dando por válida prueba que había sido excluida en etapa de juicio y reanalizando otros elementos de prueba; actuaciones que imputa como contradictorias a la doctrina legal establecida en los Autos Supremos 450 de 19 de agosto, 104 de 20 de febrero, ambos de 2004, 373 de 6 de septiembre de 2006, que estaría referida a la imposibilidad de reanalizar prueba en etapa de apelación; afirmando que el Tribunal de alzada ingresó en contradicción con los citados precedentes por cuanto no estaba facultado a valorar la prueba y modificar la situación jurídica de los imputados; en tal sentido, habiendo el recurrente cumplido con la carga argumentativa para la verificación de contradicción por este Tribunal, el motivo ahora analizado, resulta admisible ante el cumplimiento de lo prescrito por los arts. 416 y 417 del CPP.


En cuanto al cuarto motivo en que se denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en insuficiente fundamentación, puesto que atribuyó que la Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados, sin demostrar dicha aseveración, lo que a decir del recurrente implica defecto establecido en el art. 370 inc. 6) del CPP; justifican el fallo de apelación en la amplia jurisprudencia sin identificar la misma; se motiva la Resolución valorando prueba que nunca fue considerada en la etapa anterior; y no se fundamenta y menos demuestra que el ahora recurrente hubiere cometido el delito que se le atribuye como tampoco se motiva la nulidad del fallo de mérito, violando sus derechos al debido proceso y seguridad jurídica y los arts. 124, 173 y 370 inc. 3) del CPP.


De lo relatado, se tiene que se argumentó con precisión la supuesta insuficiente fundamentación del fallo de alzada, agregando las causales contenidas en los incs. 3) y 6) del art. 370 del CPP, así como vulneración de los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica; contrastando adecuadamente con el precedente invocado como es el Auto Supremo 479 de 8 de diciembre de 2005 referido a la obligación del motivación de los fallos jurisdiccionales; habiendo cumplido con la carga argumentativa mínima para la verificación de contradicción por este Tribunal; consiguientemente, al haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, el motivo planteado deviene en admisible; con relación a la doctrinal legal contenida en el precitado Auto Supremo, no ocurriendo lo mismo con la estimada en los Autos Supremos 374 de 22 de junio  y 449 de 12 de septiembre, ambos de 2004, el primero porque fue declarado infundado, por tanto, no contiene doctrina legal aplicable, y el segundo porque no se encuentra debidamente identificado, lo que impide su ubicación en la base de datos de este Tribunal.


El quinto motivo, en el cual el recurrente alega que el Auto de Vista dispuso erróneamente la remisión de la causa al Tribunal Segundo de Sentencia cuando debió haber ordenado que sea al juez cautelar, dado que anuló obrados hasta la acusación formal; el recurrente no invocó ningún precedente contradictorio, por lo que tampoco explicó ni fundamento la contradicción con el Auto de Vista impugnado, consiguientemente, se hace evidente el incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, deficiencia que no puede ser suplida de oficio, por lo que este motivo deviene en inadmisible.


Finalmente en cuanto a la denuncia de lesión del debido proceso y principio de congruencia, no se explica de qué forma los mismos hubieran sido restringidos y el resultado dañoso emergente de dicha vulneración y menos que implique defectos absolutos no susceptibles de convalidación. Por lo tanto, el incumplimiento de los requisitos de admisión extraordinaria, provoca declarar sin mérito al presente motivo también por flexibilización.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de Henry Wilson Buergo Sagardia, cursante de fs. 259 a 261 vta.; y, ADMISIBLE el recurso interpuesto por Vladimir Garvizu Vargas cursante de fs. 284 a 300 vta., únicamente con relación al tercer y cuarto motivos; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del art. 418 del CPP, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA