TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 271/2015-RA-L

Sucre, 03 de junio de 2015


Expediente                : Potosí 49/2010

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Manuel Mamani Soto

Delitos        : Lesiones Graves y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2010, cursante de fs. 131 a 134, Manuel Mamani Soto, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 034/2010 de 27 de agosto, de fs. 123 a 125, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Normando César Mejía Ventura,  Marcos Leoncio Mejía Ventura; y, Froilán Mejía Mamani, contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Lesiones Graves y Agravación, Lesiones Gravísimas, Agravación y Asesinato en grado de Tentativa, previstos y sancionados por los arts. 270, 272 y 252 inc. 2), 3) y 7) con relación al art. 8, todos del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 3 a 5); y, particular presentada por Normando César Mejía Ventura, Marcos Leoncio Mejía Ventura y Froilán Mejía Mamani de fs. 20 a 22 vta., una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Tupiza, provincia Nor y Sud Chicas del Distrito Judicial de Potosí, pronunció la Sentencia 03/2010 de 4 de mayo (fs. 222 a 234 vta., por la que declaró al imputado Manuel Mamani Soto, autor y culpable de la comisión del delito de Lesiones Gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 inc. 3) con Agravante del art. 272 en relación al art. 252 incs. 2) y 3) del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de seis años de reclusión en la cárcel de Tupiza, más costas a favor del Estado y la acusación particular; asimismo, se lo absolvió por los delitos de Lesiones Graves y Asesinato en grado de tentativa, tipificados en los arts. 271 inc. 1) y 252 en relación al art. 8 del CP.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Manuel Mamani Soto, formuló recurso de apelación restringida (fs. 242 a 244), resuelto por Auto de Vista 034/2010 de 27 de agosto (fs. 123 a 125), dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que admitió y declaró improcedente el recurso interpuesto; confirmando parcialmente la Sentencia pronunciada, modificando la misma solamente en la determinación de la pena, a diez años y seis meses de privación de libertad, manteniéndose en lo demás el fallo del inferior.


  1. Notificado el recurrente con el mencionado Auto de Vista el 1 de septiembre de 2010 (fs. 129), interpuso recurso de casación mediante memorial presentado el 7 de los mismos mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Alega que pese a los defectos absolutos que fueron acusados a tiempo de plantear su apelación restringida, los cuales conculcan principios jurídicos básicos y la garantía contenida en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), el Tribunal de alzada, incumpliendo lo establecido por el art. 407 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no ingresó en el análisis de lo recurrido, al contrario, se limitó a señalar que el A quo no ingresó en el grave defecto acusado.


  1. Agrega que el Auto de Vista, agravó su situación jurídica, bajo un cómputo erróneo e infundado de la pena, apartándose de lo prescrito por el art. 400 del CPP y del principio de favorabilidad; omisión que provoca defecto absoluto no susceptible de convalidación, conforme dispone el art. 169 inc. 3) del CPP.


Finalmente glosa ciertas doctrinas y textos supuestamente contenidos en Autos Supremos; pero, sin identificar a cual número de Autos Supremos  corresponde y menos su fecha de emisión.


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto, inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas no fueron  valoradas en el proceso o en su caso, fueron valoradas defectuosamente; y, 2) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes se constata que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 1 de septiembre de 2010 (fs. 129), planteando su recurso de casación el 7 del mismos mes y año; cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


En el primer motivo denunciado, el recurrente alega que el Tribunal de alzada no ingresó al análisis de su denuncia sobre defectos absolutos, incumpliendo lo establecido por el art. 407 del CPP; sin embargo, incumplió con la invocación de los precedentes contradictorios, pues si bien glosó doctrinas legales y algunos textos supuestamente correspondientes a Autos Supremos; sin embargo, los mismos no se encuentran identificados de modo alguno, como tampoco explica cuál es la presunta contradicción con el Auto de Vista impugnado, incumpliendo con la carga argumentativa para la verificación de refutación, así como las exigencias contenidas en los arts. 416 y 417 del CPP, imposibilitando a este Tribunal efectuar la labor de contraste; por lo que, el motivo que se analiza resulta inadmisible.


De otro lado, de la revisión de los fundamentos de este primer motivo, se denota que el impugnante denuncia igualmente vulneración de sus derechos contenidos en el art. 115.II de la CPE; sin embargo, omite explicar la trascendencia de la supuesta vulneración vinculada presuntamente a un defecto absoluto no susceptible de convalidación, incumpliendo a cabalidad con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV del presente Auto Supremo, lo que impide la admisión del motivo, aun acudiendo a estos criterios.


En el segundo motivo el impugnante denuncia que el Auto de Vista agravó la pena impuesta por el Tribunal de juicio, bajo un cómputo erróneo e infundado, apartándose de lo prescrito por el art. 400 del CPP y del principio de favorabilidad, provocando defecto absoluto no susceptible de convalidación, conforme dispone el art. 169 inc. 3) del CPP. ´


Con relación a esta denuncia, se denota omisión de argumentos que demuestren contradicción alguna entre la doctrina legal aplicable y el Auto de Vista que se impugna, puesto que, tal como se señaló precedentemente, la glosa de jurisprudencia legal contenida en el memorial del recurso de casación, no se encuentra debidamente invocada; por lo tanto, el presente motivo deviene en inadmisible por inobservancia de lo prescrito por los arts. 416 y 417 del CPP.


No obstante lo señalado, este Tribunal advierte que se denunció la vulneración del principio de favorabilidad, así como se identificó adecuadamente el hecho que le causa agravio como es el agravamiento de la pena impuesta por el Tribunal inferior provocándole un perjuicio, de acuerdo a lo previsto por el art. 400 del CPP, explicando en qué consistió la deficiencia en que incurrió el Tribunal de alzada, como es el cómputo erróneo e infundado de dicha pena, así como el resultado dañoso que conllevó a la violación del principio constitucional, derivado a su criterio, en la comisión de defecto absoluto no susceptible de convalidación contenido en el art. 169 inc. 3) del CPP; en tal sentido, cumplidos como están los requisitos para ingresar al análisis de fondo de este agravio en forma extraordinaria, el mismo resulta admisible por flexibilización.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE, el recurso de casación, únicamente en cuanto al inc. 2) del apartado II de este Auto Supremo, interpuesto por Manuel Mamani Soto, cursante de fs. 131 a 133 vta.; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 34/2010 de 27 de agosto, cursante de fs. 123 a 125, así como la presente Resolución.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA