TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 270/2015-RA-L

Sucre, 03 de junio de 2015


Expediente        Potosí 48/2010

Parte acusadora        Fidel Noguera Pereira y otra

Parte imputada        : Edgar Rubén Mamani Ojeda y otro

Delitos        : Apropiación Indebida y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de agosto de 2010, cursante de fs. 117 a 122, Lourdes Duran Ovando y Fidel Noguera Pereira, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 30/2010 de 7 de julio (fs. 82 a 84), pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Edgar Rubén Mamani Ojeda y Germán Jancko Mamani, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Juzgado Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, pronunció Sentencia de 09/2010 de 30 abril de 2010 (fs. 51 a 56), declarando a Edgar Rubén Mamani Ojeda y Germán Jancko Mamani, absueltos de la comisión de los delitos de  Apropiación Indebida y Abuso de confianza  previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, sin costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los querellantes Lourdes Duran Ovando y Fidel Noguera Pereira, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 63 a 68), resuelto por Auto de Vista 30/2010 de 7 de julio (fs. 82 a 84), pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia impugnada, con costas. El Auto de Vista, fue enmendado de oficio por Auto complementario de 23 e agosto de 2010 (fs. 88), que rectificó el año de emisión del fallo, siendo el correcto “30/2010” emitido el 7 de julio de 2010.

  1. Notificados los querellantes Lourdes Duran Ovando y Fidel Noguera Pereira con los Autos de Vista y Complementario, en fechas 7 de julio y 23 de agosto de 2010 (fs. 85 vta. y 90), interpusieron recurso de casación el 23 de agosto del mismo año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de recurso de casación de fs. 117 a 122, se extraen los siguientes motivos:


  1. Acusan al Tribunal de apelación de falta de pronunciamiento respecto a la retardación de justicia alegada en alzada, afirmando, que la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de Potosí, en el Auto de Vista impugnado, sobre el punto apelado, señaló que el juzgador de mérito cumplió con los plazos procesales, debiéndose las suspensiones a la inasistencia de las partes, al receso de fin de año, a la enfermedad del Juez y a las vacaciones; al respecto, los recurrentes sostienen que no existieron recesos de fin de año o vacaciones, existiendo únicamente suspensión el 25 de diciembre, el “2ro de enero de 2012” (sic) y el 2 de enero del mismo año por inauguración del año judicial. En cuanto a la suspensión de plazos por vacaciones, se realizó desde “17 de febrero de 2.001 hasta 9 de marzo del año en curso” (sic), reinstalándose el juicio el 25 de marzo de 2010. Cuestionan la decisión de no reanudar audiencia a partir del 3 de febrero hasta el 17 de febrero; toda vez, que se contaba con más de 45 días para señalar audiencia, a sabiendas de que el art. 336 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señala que es posible disponer la suspensión de la audiencia por un plazo no mayor a 10 días. Como precedente invoca el Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007 (relativo a la aplicación del principio de continuidad en audiencia de juicio), señalando que el citado fallo no admite suspensión o interrupción en la forma que se realizó en el caso de autos.


  1. Bajo el rótulo “ERROR AL NO CONSIDERAR (LA EXISTENCIA DE TIPOLOGÍA DEL DELITO) (sic), denuncian al Tribunal de alzada de desconocer su obligación de circunscribir la Resolución a los puntos apelados o en su caso advertir defectos absolutos, debiendo fundamentar en ambos casos el fallo. Sostienen que al no haberse resuelto los puntos de su apelación, ni fundamentar su aceptación o rechazo conforme la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 141 de 22 de abril de 2006 (vinculada a la obligación de circunscribir las Resoluciones a los puntos apelados y a la obligación de fundamentación), incurrieron en defecto absoluto, atentando al principio de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y al debido proceso.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este máximo Tribunal de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo de Justicia) o Autos de Vista pronunciados por las Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: a) Precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; b) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, c) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En cuanto al cumplimiento del requisito relativo al plazo, se constata que, según diligencia (fs. 90 vta.), los recurrentes fueron notificados con el Auto complementario el 23 de agosto de 2010, presentando recurso de casación en la misma fecha; es decir, dentro del plazo de los cinco días que otorga el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos señalados en la normativa precitada, concordante con el art. 416 del CPP, se establece:


Con relación al primer motivo, los recurrentes alegan falta de pronunciamiento respecto a la retardación de justicia; pero, contradictoriamente afirman que el Tribunal de apelación concluyó que el juzgado cumplió con los plazos procesales; afirmaciones que impiden a este Tribunal comprender el agravio denunciado, y por ende, impiden emitir pronunciamiento alguno sobre este motivo. Por otra parte, invocaron como precedente contradictorio el Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007, que conforme refieren los impetrantes, está vinculado al principio de continuidad de la audiencia de juicio oral; consecuentemente, conforme dispone el art. 417 del CPP, correspondía su invocación, inicialmente, en el recurso de apelación restringida, lo cual no se dio; sino, el fallo fue invocado recién en el recurso de casación, provocando con ello, que este Tribunal se encuentre impedido de verificar la supuesta contradicción alegada. Por lo señalado, este motivo  es declarado inadmisible.


En lo que respecta al segundo motivo, los recurrentes alegan de forma general falta de pronunciamiento respecto a los puntos apelados, sin especificar qué aspectos de su recurso de alzada no merecieron atención por parte del Tribunal de apelación, o cuales argumentos no se encuentran debidamente motivados, conforme los parámetros señalados en el acápite IV de este fallo. Señalan, que no se fundamentó “su aceptación o su rechazo”; pero, no brindan a este Tribunal explicación de qué Rechazó o qué aceptación debió ser fundamentada, incumpliendo así la carga procesal mínima exigida por el art. 396 inc. 3) del CPP, que dispone que los recursos deben interponerse, indicando de forma específica de los aspectos cuestionados de la Resolución.


En cuanto al precedente invocado Auto Supremo 141 de 22 de abril de 2006, si bien señalan que el Tribunal de alzada incurrió en contradicción con el fallo citado, que obliga a pronunciarse, con la debida fundamentación, sobre todos los puntos cuestionados, afirmando que en el caso de autos no se dio; al haber omitido señalar los aspectos que no merecieron pronunciamiento ni fundamentación, impiden a este Tribunal verificar cualquier posibilidad de contradicción.


Por otra parte, al alegar de forma general defecto absoluto que atenta al principio de tutela judicial efectiva al derecho a la defensa y al debido proceso, sin señalar de qué forma fueron infringidos estos, cuál la acción u omisión (qué punto no fue resuelto o fundamentado) en la que incurrió el Tribunal de alzada, cuál el daño emergente, cuya relevancia constitucional permita a este Tribunal dejar sin efecto el fallo impugnado y retrotraer el proceso, lesionando el principio de celeridad, cuando es precisamente ese aspecto uno de los que aparentemente cuestionaron los recurrentes; incumplimiento que, una vez más, al no poder ser suplido de oficio, impide a este Tribunal revisar  en el fondo la denuncia, correspondiendo en consecuencia declarar inadmisible el motivo examinado.


Ante la evidencia de haberse planteado un recurso defectuoso, que incumple lo estipulado por los arts. 396 inc. 3), 416 y 417 del CPP, el recurso deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Lourdes Duran Ovando y Fidel Noguera Pereira, cursante de fs. 117 a 122.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA