TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 269/2015-RA-L

Sucre, 03 de junio de 2015


Expediente                : Potosí 46/2010

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Waldo Antonio Moscoso Cortes

Delitos        : Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 21 y el 27 de agosto de 2010, cursantes de fs. 196 a 198 y de 201 a 210 vta., Abel Nuñez Rosas, Representante Distrital del entonces Consejo de la Judicatura del Distrito de Potosí; y, Edwin Alegría Martínez, Fiscal de Materia, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 030/2010 de 25 de junio, de fs. 183 a 187, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia Germán Méndez Olivera, Representante Distrital a.i. del Consejo de la Judicatura contra Waldo Antonio Moscoso Cortes, por la presunta comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, y Prevaricato, previstos y sancionados por los arts. 153 y 173 primera parte del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 7 a 11 vta.), y particular presentada por Demetrio Dilver Campana Iñiguez representante distrital del Consejo de la Judicatura de Potosí (fs. 17 a 21), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, pronunció la Sentencia 08/2010 de 5 de abril (fs. 117 a 129),  por la que declaró al imputado Waldo Antonio Moscoso Cortes, absuelto de la comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; y,  Prevaricato, previstos y sancionados por los arts. 153 y 173 primera parte del CP, sin costas.


  1. Contra la referida Sentencia, el entonces Consejo de la Judicatura del Distrito de Potosí a través de su representante legal y el Ministerio Público, a su turno, formularon recursos de apelación restringida (fs. 132 a 134 vta. y 137 a 149 vta.), resueltos por Auto de Vista 030/2010 de 25 de junio (fs. 183 a 187), dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró improcedentes los recurso interpuestos.


  1. Notificados los recurrentes con el mencionado Auto de Vista, Abel Núñez Rosas el 31 de julio de 2010 (fs. 190 vta.); y, Edwin Alegría Martínez el 17 de agosto del mismo año (fs. 190), interpusieron, a su vez, recurso de casación mediante memoriales presentados el 21 y el 27 de agosto del mismo año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Recurso de casación de Abel Nuñez Rosas, en representación del Consejo de la Magistratura Distrito de Potosí.


  1. Como primer motivo, alega el recurrente que el Auto de Vista impugnado incurre en defectos de procedimiento, puesto que de manera infundamentada sostiene que la Sentencia 51/2007 dictada por el acusado dentro de un proceso laboral, ordenando el pago de vacaciones en dinero al demandante contraviniendo la normativa especial aplicable a funcionarios públicos (Estatutos del Funcionario Público y Reglamentos del Poder Judicial); al no aplicar las normas especiales, lo hizo por omisión; afirmación que viola la ley adjetiva y todas las reglas de la sana crítica y lógica jurídica, dado que el delito acusado es de comisión y no de omisión.


  1. Agrega que el citado Auto de Vista sostiene que la Sentencia 51/2007 fue anulada por Auto de Vista 11/2008; por lo tanto, no se ejecutó la pretensión del actor y menos se causaron daños económicos, dado que en ningún momento se efectivizó pago alguno de vacación por duodécimas; sino, que al haberse anulado obrados por parte del Tribunal superior, la Sentencia perdió valor y eficacia jurídica por la ilegibilidad de los actos procesales, retrotrayéndose los hechos a su estado original, porque dejó de tener existencia jurídica; sin tener presente que la fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de documentos o mención de los requerimiento de las partes, y su valoración debe reflejar la tarea intelectual efectuada por el juzgador, conforme a la jurisprudencia sentada en las SSCC 222/2001, 119/2004 referidas a los arts. 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y art. 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).


  1. Arguye que en el punto tres del Considerando del Auto de Vista recurrido se señala que otro fundamento utilizado en la Sentencia 51/2007 consiste en la aplicación del principio de jerarquía normativa que le valió en el supuesto a favor del actor en aplicación preferente de los arts. 157.I y 228 de la CPE, respecto de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, su Decreto Reglamentario, la Ley de Organización Judicial, así como los reglamentos de Administración y Control del Personal del Poder Judicial; sin embargo, la Sentencia no refiere cuál es la contradicción normativa para concluir que la vacación anual es compensable económicamente; lo cual además no es evidente, puesto que no existe conflicto jurídico alguno, si bien el descanso anual remunerado tiene rango constitucional y goza de la protección del Estado, ésta se efectiviza a través de la legislación ordinaria que regula el ejercicio y goce del derecho a la vacación, existiendo al efecto dos ámbitos de protección, como son la Ley General del Trabajo y el Estatuto del Funcionario Público.


Invoca en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 23 de 13 de febrero de 1981 y 66 de 11 de abril de 1979 relativos al goce de vacación anual y su compensación.


II.2. Recurso de casación de Edwin Alegría Martínez, por el Ministerio Público.


  1. Alega violación de garantías procesales y derechos fundamentales, porque el Auto de Vista no se pronunció sobre todos los temas impugnados, al contrario indujo fundamentos de análisis y valoración diferentes, asumidos de la respuesta del acusado que no condicen con el principio de imparcialidad, confundiendo verbos rectores del tipo con los elementos del delito; arribando a la conclusión que la Sentencia laboral no fue ejecutada como tampoco la pretensión del actor y en consecuencia, no causó daño económico a la entidad demandada, manifestando que son tres los elementos que configuran el tipo penal previsto en el art. 153 del CP, afirmando que se demostró uno de ellos por omisión y que los dos últimos no fueron cumplidos, sin tomar en consideración que estos aspectos no fueron alegados en las acusaciones del Ministerio Público y menos del Consejo de la Judicatura. De donde se establece que existe una insuficiente fundamentación de la Sentencia respecto del delito porque no indica la norma constitucional o legal que faculta al Juez del Trabajo y Seguridad Social la no aplicación de lo dispuesto por el art. 50 de la Ley del Funcionario Público, desarrollada por el art. 23 de su Reglamento.


  1. Denuncia inobservancia de la ley sustantiva en el análisis de los elementos típicos del delito de prevaricato, puesto que la Sentencia recurrida aborda el análisis de dicho delito de omisión impropia cuando se trata de un delito de acción; pues si bien la doctrinal legal aplicable expuesta en el fallo (Autos Supremos 15 de 17 de enero, 385 y 390 de 5 y 6 de septiembre de 2008), establece la competencia del Juez en materia laboral para conocer el proceso instaurado por Octavio Jancko por cobro de vacaciones; sin embargo, no vincula a los Jueces y Tribunales a disponer el pago de vacación a los funcionarios administrativos del Poder Judicial. Por lo que, el Juez ingresó en defecto de la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP; y, vulneración del derecho a la seguridad jurídica en su vertiente al principio de legalidad, así como de los principios de taxatividad y tipicidad y por ende del debido proceso. Invoca los Autos Supremos 6 de 26 de enero de 2007, 431 de 15 de octubre de 2005, 80 de 24 de mayo de 2005, 290/2005, 226/2005.


Señala que si bien, en la apelación se denunció carente fundamentación analítica y descriptiva de la Sentencia [(art. 370 inc. 5) del CPP)], dado que en el acápite correspondiente a la producción probatoria, se hace una transcripción acrítica de los testimonios de Williams Alfredo Torrejón, Demetrio Dilver Campana, Víctor Hugo Carpio, así como de los testigos de descargo, respecto de los cuales, tampoco existe una debida motivación con relación a Gustavo Adolfo Calvo Ugarte. Tampoco se fundamentó sobre la valoración de la prueba documental y pericial, las cuales no merecieron ningún tipo de análisis.


De otro lado, alega que no se conoce la interpretación que le dio el Juzgador al hecho de que en todas las vías agotadas ante el Consejo de la Judicatura y Superintendencia de Servicio Civil, le hubieren indicado la improcedencia de la compensación económica a la vacación; lo que a criterio del recurrente demuestra la Sentencia es manifiestamente contraria a la Constitución.


Defectos absolutos, que no obstante se los hizo notar a tiempo de plantear el recurso de apelación, los Vocales pretendieron convalidarlos, sosteniendo que al no haber solicitado explicación y complementación, el Ministerio Público convalidó los defectos relativos, olvidando que la ausencia de fundamentación implica violación de derechos y garantías al debido proceso y seguridad jurídica, conforme dispone el art. 169 inc. 4) del CPP, tal como disponen las SSCC 0207/2004-R y 0582/2005-R.


  1. Afirma que el Tribunal de apelación revalorizó las pruebas incorporadas al juicio como si fueran jueces de grado, tomando en cuenta todos los argumentos expuestos por la defensa del acusado durante el juicio y en la respuesta a la apelación. Así sostiene que “…la culpabilidad el juez imputado no ha sido con la intencionalidad de cometer un delito, no existe el nexo de causalidad que tenga el imputado para perjudicar al Consejo de la Judicatura, no existe el nexo de causalidad para determinar la lesividad del bien jurídico, no se ha demostrado el grado de intencionalidad” (sic). Sobre el particular invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 314/03 de 13 de junio de 2003 y 111 de 31 de enero de 2007.


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo de Justicia) o Autos de Vista pronunciados por las Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo), demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos, la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que, este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, en los supuestos antes destacados, de acuerdo a lo siguiente:


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.-


En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: a) Precisar en su impugnación qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación, no mereció o merecieron debida fundamentación; o sobre qué cuestiones se incurrió en omisión de respuesta; b) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, c) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos, o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes se constata que el recurrente Abel Núñez Rosas cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que, fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 31 de julio de 2010 (fs. 190 vta.), planteando su recurso de casación el 21 de agosto del mismo año; teniendo en cuenta que las labores judiciales en la jurisdicción correspondiente al Distrito Judicial de Potosí, fueron interrumpidas del 2 al 16 de agosto de 2010; cumpliendo de esta manera con lo preceptuado por el art. 417 del CPP.


Con relación al recurso de casación interpuesto por el Fiscal de Materia Edwin Alegría Martínez, en representación del Ministerio Público; se tiene que el mismo fue notificado con el Auto de Vista que ahora impugna el 17 de agosto de 2010, tal cual consta en la diligencia de notificación cursante a fs. 190; sin embargo,  en la misma fecha dicho sujeto procesal presentó un memorial solicitando notificación con el Voto Disidente pidiendo ampliación del plazo para la presentación del recurso de casación, dicha petición fue rechazada por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, mediante decreto de 18 de los mismos mes y año; no obstante  dicho Fiscal procedió a interponer su recurso de casación recién el 27 de agosto de 2010; es decir, nueve días después de la notificación con la Resolución de alzada; pero, fuera del plazo de los cinco días otorgado por el art. 417 del CPP. Por lo tanto, dicha impugnación resulta extemporánea, y por ende, debe ser desestimada; correspondiendo únicamente realizar el análisis de los argumentos expuestos en el recurso plantado por Abel Nuñez Rosas, tarea que se pasará a realizar a continuación.


Con relación al primer motivo en el cual, el recurrente alega que el Auto de Vista impugnado incurre en defectos de procedimiento porque de manera infudamentada sostiene que la Sentencia emitida por el acusado dentro de un proceso laboral que ordena el pago de vacaciones en dinero, no aplicó las normas especiales por omisión; afirmación que a criterio del impugnante viola la ley adjetiva y las reglas de la sana crítica y lógica jurídica, puesto que el delito acusado es de comisión y no de omisión; se evidencia que no se invocó ningún precedente contradictorio relativo al agravio planteado y por ende, tampoco se demostró contradicción alguna entre éste y los argumentos del Auto de Vista que ahora se impugna, incumpliendo las exigencias contenidas en los arts. 416 y 417 del CPP, imposibilitando a este Tribunal efectuar la labor de contraste.


Asimismo, con relación a la mera alegación de defectos de procedimiento en la exposición de este agravio; el recurrente omitió demostrar que se tratan de defectos absolutos no susceptibles de convalidación, así como precisar la posible vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, y explicar la trascendencia de la supuesta lesión, no habiendo cumplido los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV de este Auto Supremo, lo que imposibilita la admisión del recurso, aun acudiendo a estos criterios.


En el segundo motivo se alega que el Auto de Vista carece de una debida fundamentación, porque afirmó que la Sentencia emitida dentro del proceso laboral fue anulada en apelación y por tanto nunca se ejecutó y menos causó daños económicos, por ende carecería de eficacia jurídica por la ilegibilidad de los actos procesales; sin tomar en cuenta que el fallo de mérito debió reflejar la tarea intelectual efectuada por el juzgador. El recurrente omitió citar doctrina legal aplicable y fundamentar claramente contradicción alguna entre esta y el Auto pronunciado en alzada.


Con relación a invocación de las SSCC 222/2001 y 119/2004 cabe señalar que, conforme dispone el art. 416 del CPP, sólo los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal, son considerados precedentes contradictorios; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer una Sentencia Constitucional como precedente contradictorio en la jurisdicción ordinaria, no es atendible.


Aplicando lo señalado líneas arriba al caso concreto, se hace notar que el recurrente de casación, omitió invocar doctrina legal pertinente, dado que, por lo señalado, las Sentencias Constitucionales citadas; por las razones expuestas, no pueden ser consideradas como precedentes contradictorios; además de lo cual, como se dijo, tampoco expone una presunta contradicción, incumpliendo con la carga argumentativa para la verificación de refutación, así como las exigencias contenidas en los arts. 416 y 417 del CPP, imposibilitando a este Tribunal efectuar la labor de contraste; por lo que, el motivo que se analiza resulta inadmisible.


A mayor abundamiento corresponde aclarar que si bien se denota que en el presente agravio se denuncia que el Auto de Vista carece de una debida fundamentación, elemento integrante del debido proceso; sin embargo, tal como se estimó en el apartado referido a los supuestos de flexibilización, a efectos de ingresar al fondo de los agravios, el recurrente debe cumplir los presupuestos explicados, los cuáles en el caso fueron omitidos, puesto que a más de señalarse de forma general los hechos y el derecho supuestamente vulnerado, de ninguna manera precisa en qué consistiría la restricción o disminución del citado derecho, y menos el resultado dañoso emergente de los supuestos defectos y que ello implique la presencia de defectos absolutos no susceptibles de convalidación; por lo tanto, tampoco resultan aplicables los supuestos de flexibilización; convirtiendo el presente motivo en inadmisible.


Finalmente el tercer motivo concerniente a que el Auto de alzada alega que la Sentencia objeto del presente recurso se fundamentó en la aplicación de la jerarquía normativa, otorgando preeminencia a las normas constitucionales sobre la Ley del Estatuto del Funcionario Público, su Decreto Reglamentario, la Ley de Organización Judicial, así como los reglamentos de Administración y Control del Personal del Poder Judicial; sin estimar cuál sería la contradicción entre dichas normas; extremo que a decir del recurrente, no es evidente puesto que el descanso anual remunerado si bien tiene rango constitucional y goza de la protección del Estado, éste se efectiviza a través de la legislación ordinaria que regula el ejercicio y goce del derecho a la vacación, existiendo al efecto dos ámbitos de protección, como son la Ley General del Trabajo y el Estatuto del Funcionario Público. El impugnante invocó los Autos Supremos 23 de 13 de febrero de 1981 y 66 de 11 de abril de 1979 que estarían referidos al goce de vacación anual y su compensación; los cuales, una vez sometidos al respectivo análisis para determinar su correspondencia, a fin de ser considerados como precedentes contradictorios, se tiene que dichos Autos Supremos resolvieron procesos penales tramitados con el Código de Procedimiento Penal de 1972, no correspondiendo al sistema acusatorio actual, puesto en vigencia plena a partir del 31 de mayo de 2001, conforme a la Disposición Final Primera del actual Código de Procedimiento Penal (Ley N°1970); por lo que, dichas Resoluciones no pueden constituir precedentes contradictorios para el fallo ahora recurrido, máxime si se tiene presente que por mandado legal sólo tendrán calidad de precedentes contradictorios a efectos del recurso de apelación restringida y de casación, aquellos Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por Tribunales Departamentales de Justicia, emitidos en procesos penales tramitados conforme el vigente sistema procesal, teniendo en cuenta que tanto el recurso de apelación y de casación tienen en la actualidad fines distintos a los que se reconocían en el abrogado sistema procesal (Código de Procedimiento Penal de 1972) así se estableció en los Autos Supremos 038/2012 de 12 de marzo de 2012 y 291 de 25 de julio de 2013, entre otros.


En consecuencia, las citadas falencias en la técnica recursiva del memorial de casación, que no pueden ser suplidas y menos corregidas de oficio, impiden a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; por lo cual, el recurso deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Abel Nuñez Rosas y Edwin Alegría Martínez, cursantes de fs. 196 a 198 y 201 a 210 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA