TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 251/2015-RA-L

Sucre, 03 de junio de 2015


Expediente        : Santa Cruz 119/2010

Parte acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte imputada        : David Silvety Argote

Delito        : Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito


RESULTANDO


Por memorial presentado por el 29 de junio de 2010, cursante de fs. 377 a 378 vta.), David Silvety Argote, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 110 de 15 de junio de 2010, de fs. 370 y vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a instancia de Cristian Neyer Colque contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 39 a 46) y particular presentada por Nora Colque Cabrera y René Sauciri Choque en representación legal de Cristian Neyer Colque Huanca (fs. 57 y vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Quinto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz se pronunció la Sentencia 8 de 12 de marzo de 2010 (fs. 330 a 337),  por la que se declaró al imputado David Silvety Argote, autor y culpable del delito de Lesiones Graves y Gravísimas, previsto y sancionado por el art. 261 del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de tres años a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Cárcel Pública Palmasola); accesoriamente se dispuso su inhabilitación para conducir vehículos por el tiempo de tres años; más costas y daños causados.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado David Silvety Argote (fs. 357 a 358 vta.), formuló recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 110 de 15 de junio de 2010 (fs. 370 y vta.), dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que declaró improcedente el recurso planteado.


  1. Notificado el imputado con el mencionado Auto de Vista el 23 de junio de 2010 (fs. 371), interpuso recurso de casación, el 29 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Señala que durante la tramitación del juicio oral, interpuso incidente de exclusión probatoria de la prueba signada como Nº 3, consistente en un requerimiento fiscal de 23 de marzo de 2008 referente al análisis de alcotest; y la Nº 4, relativa al certificado de alcotest de David Silvety Argote; el cual fue declarado procedente; y por tanto, se excluyeron ambos elementos probatorios; sin embargo, desconociendo dicha decisión, luego en la Sentencia se afirmó que se llegó a probar que el imputado estaba en estado de ebriedad en el momento del hecho delictivo; incurriendo con ello en errónea valoración de la prueba documental que ya fue desestimada por el propio Tribunal, transgrediendo el debido proceso y sobretodo el principio de congruencia que debe existir entre la parte considerativa y la dispositiva de la Sentencia. Aspectos que no fueron valorados por el Tribunal de alzada a tiempo de resolver su recurso de apelación restringida, incumpliendo lo preceptuado por el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y provocando defecto absoluto al dejarlo en total indefensión ante la falta de claridad y motivo legal para recurrir, violentando el mandato contenido en el art. 370 incs. 5), 6), 8) y 11) del CPP.


  1. Agrega el recurrente que se incurrió en errónea valoración de la prueba para determinar su supuesto estado de ebriedad, el cual, según el Auto de Vista impugnado, puede ser probado también con testigos; argumento subjetivo del Tribunal de alzada que no condice con lo estipulado por los arts. 205, 209 y 211 del CPP, puesto que se trata de una prueba ofrecida como pericial por parte del Ministerio Público; actuación que provoca un defecto sustancial no valorado por la Corte de alzada, la cual respondió sin una debida fundamentación de hecho y menos de derecho, provocando defecto en la Sentencia al tenor de lo establecido en el art. 370 incs. 6), 8) y 11) del CPP, y vulneración del debido proceso y de los principios de presunción de inocencia y legalidad; habida cuenta que se le impuso la pena máxima, la cual no se encuentra acorde con las pruebas obtenidas lícitamente. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 320/2013.


  1. Señala que se realizó una mala valoración de las atenuantes como defecto sustantivo, porque el Tribunal de Sentencia se limitó a mencionar lo establecido por los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; pero, desconoció y no valoró que su persona es bachiller, con estudios en la Universidad y que no tiene antecedentes de ninguna índole y sobretodo porque se trata de un delito culposo. Cita el Auto Supremo 314 de 23 de agosto de 2006.


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3)  CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación; sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones:


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas no fueron  valoradas en el proceso o en su en caso, fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el presente recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días y ante la Sala que lo dictó, teniendo en cuenta que el ahora recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado, el 23 de junio de 2010 (fs. 371), presentando su recurso el 29 del mismo mes y año; cumpliendo de esta manera, con lo preceptuado por el art. 417 del CPP relativo al plazo, correspondiendo por lo tanto, verificar la observancia de los demás requisitos.


En cuanto al primer agravio, referido a que no obstante haberse declarado procedente el incidente de exclusión probatoria de las pruebas signadas como Nº 3 y Nº 4, consistentes en el requerimiento fiscal para alcotest y el certificado de dicho análisis realizado al acusado; posteriormente, desconociendo dicha decisión, en la Sentencia se concluyó con que, el precitado se encontraba en estado de ebriedad en el momento del hecho delictivo, transgrediendo el debido proceso y sobretodo el principio de congruencia que debe existir entre la parte considerativa y la dispositiva de la Sentencia. Aspectos que, a decir del recurrente, no fueron valorados por el Tribunal de alzada a tiempo de resolver su recurso de apelación restringida, incumpliendo lo preceptuado por el art. 124 del CPP y provocando defecto absoluto al dejarlo en total indefensión ante la falta de claridad y motivo legal para recurrir, violentando el mandato contenido en el art. 370 incs. 5), 6), 8) y 11) del CPP. El recurrente omitió invocar algún precedente; por lo tanto, tampoco cumplió con la carga argumentativa que demuestre la contradicción entre los fundamentos del fallo de alzada y los contenidos en la doctrina legal aplicable; inobservando el mandato contenido en los arts. 416 y 417 del CPP.


No obstante lo señalado precedentemente, a tiempo de fundamentar el supuesto agravio, el impugnante denuncia la concurrencia de defecto absoluto por vulneración de sus derechos fundamentales, como son el debido proceso en su elemento a la debida motivación, defensa y el principio de congruencia, proporcionando los antecedentes generadores del hecho, señalando que el Auto de Vista omitió fundamentar su respuesta sobre la denuncia de consideración de prueba pericial que fue desestimada por el propio Tribunal de juicio, precisando además la restricción de los mismos, así como el resultado dañoso derivado del defecto (que no pudo ejercer plenamente sus derechos por haberlo dejado en absoluto estado de indefensión ante la falta de claridad y motivo legal para recurrir). De la fundamentación expuesta se observa que el recurrente cumplió adecuadamente con los presupuestos de flexibilización explicados en el acápite IV del presente Auto, haciendo viable la admisión de este motivo.


El segundo de los motivos denunciados, relativo a la supuesta errónea valoración de la prueba testifical para demostrar su estado de ebriedad por parte del Tribunal de alzada, en sentido que dicho extremo, podía ser acreditado también mediante testigos, cuando la prueba ofrecida por el Ministerio Público que pretendía demostrar el estado de ebriedad, era la pericial, la cual fue desestimada mediante un incidente de exclusión probatoria, dando lugar a la imposición de la pena máxima en base a pruebas no obtenidas lícitamente; citando a continuación de manera aislada, el Auto Supremo 320/20013, sin exponer su doctrina legal aplicable y menos explicar la supuesta contradicción entre la misma y los fundamentos del fallo ahora impugnado, en claro incumplimiento de lo estipulado en el art. 416 y 417 del CPP.


Sin perjuicio de lo señalado, se evidencia que el recurrente alegó vulneración de sus de derechos fundamentales al debido proceso, presunción de inocencia y legalidad, vinculados a defectos de la sentencia no susceptibles de convalidación, así como explicó el resultado dañoso como es la imposición de la pena máxima al haberse considerado la prueba pericial desestimada mediante un incidente de exclusión probatoria; extremos que demuestran el cumplimiento de los requisitos de flexibilización y provocan la admisibilidad del presente motivo de manera extraordinaria.


En cuanto al tercer motivo, en el cual, el impugnante señala que el Tribunal de Sentencia se limitó a analizar lo establecido en los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, omitiendo valorar sus antecedentes, como son que su persona es bachiller con estudios universitarios y que no tiene antecedentes de ninguna índole, además que se trata de un delito culposo; invocando al efecto el Auto Supremo 314 de 23 de agosto de 2006.


Aquí corresponde señalar que la labor de este Tribunal Supremo de Justicia se encuentra restringida a efectuar un control eminentemente de derecho sobre el contenido y lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado, siempre en correlación a las actuaciones realizadas por el Tribunal de alzada, así se desprende de lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, referidos a la procedencia y requisitos indispensables que viabilicen la admisibilidad del recurso de casación; en los que se dispone que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia, antes Cortes Superiores y Autos Supremos dictados por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia que sienten o ratifiquen doctrinal legal.


En virtud a lo cual, corresponde a quien recurre de casación, motivar en términos claros y precisos la supuesta contradicción entre los argumentos del Auto de Vista y los contenidos en el precedente contradictorio que invocó.


En ese entendido, de la revisión de los agravios denunciados por el recurrente en el motivo que se analiza, se puede establecer que si bien invocó un precedente; sin embargo, no demostró contradicción alguna con el Auto de Vista recurrido, incumpliendo con el requisito de procedencia contenido en el art. 416 del CPP; además de lo cual, se limitó a realizar un relato sobre las supuestas actuaciones irregulares que hubieren sido cometidas por el Tribunal del juicio; pretendiendo que este Tribunal realice su función nomofiláctica con relación a la Sentencia, buscando inducir a un nuevo control de legalidad de dicho fallo dentro de una etapa procesal que no se encuentra reservada para ello, puesto que la misma ya fue objeto de análisis por parte del Tribunal de alzada, en todo caso, corresponde al recurrente cumplir con la carga de realizar una fundamentación de forma objetiva, identificando expresamente cuáles son los actos procesales que provocaron la presunta vulneración legal; pero, siempre con relación al Auto de Vista emitido a tiempo de resolver la apelación restringida y no así la Sentencia de mérito; en consecuencia, puesto que no es posible legalmente, retozar etapas y menos utilizar un instituto jurídico desnaturalizando su verdadero alcance y objetivo; no resulta coherente, el planteamiento del recurso de casación mediante la reiteración de los mismos puntos reclamados a tiempo de la formulación de la apelación restringida, en atención a su diferente finalidad. Extremos que denotan la inadmisibilidad del presente agravio por incumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación de fs. 377 a 378 vta., interpuesto por David Silvety Argote, únicamente en cuanto a los incs. 1) y 2) del apartado II del presente Auto Supremo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 110 de 15 de junio de 2010, cursante de fs. 370 y vta., así como la presente Resolución. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA