TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 233/2015-RA-L

Sucre, 03 de junio de 2015


Expediente                La Paz 61/2010

Parte Acusadora        Pascual Félix Macías Aruquipa y otros

Parte Imputada        Armando Mita Sirpa y otro

Delito                Falsedad Material


RESULTANDO


Por memorial presentado el 24 de abril de 2010, cursante de fs. 444 a 445 vta., Pascual Félix Macías Aruquipa, Alberto Tinta Chipana, Pablo Bautista Condori, Julián Laime Cori y Jacinto García Valle, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 28/2010 de 15 de abril (fs. 432 a 433 vta.), pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes y Andrés Plata Ramírez contra Armando Mita Sirpa y Enrique Érico Morales Apaza, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203  del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal Primero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, pronunció Sentencia de 14/2009 de 14 de diciembre (fs. 365 a 372), declarando a Armando Mita Sirpa y Enrique Érico Morales Apaza, absueltos de la comisión de los delitos de  Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los querellantes Pascual Félix Macías Aruquipa, Alberto Tinta Chipana, Pablo Bautista Condori, Julián Laime Cori y Jacinto García Valle, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 405 a 407 vta.), observado por providencia de 31 de marzo de 2010 (fs. 419) y subsanado por memorial de 6 de abril del mismo año (fs. 428 y vta.). La impugnación fue resuelta por Auto de Vista 28/2010 de 15 de abril (fs. 432 a 433 vta.), pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia impugnada.


  1. Notificados los querellantes Pascual Félix Macías Aruquipa, Alberto Tinta Chipana, Pablo Bautista Condori, Julián Laime Cori y Jacinto García Valle con el referido Auto de Vista el 19 de abril de 2010 (fs.434), interpusieron recurso de casación el 24 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del memorial de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Los recurrentes acusan que la Sentencia incurrió en defecto absoluto descrito en el art. 169 inc. 3) del CPP, por conculcar el debido proceso, además de las garantías mínimas establecidas en nuestra normativa jurídica y normas internacionales; toda vez, que el juicio se habría desarrollado sin asistencia legal al co-imputado Armando Mita Sirpa, quien inicialmente habría sido abandonado por su abogada defensora, ausencia ante la cual, se habría designado una defensora de oficio, misma que -afirman- no se apersonó, ni asumió defensa por el co-imputado. Sostienen, que este defecto habría sido denunciado en apelación restringida de forma detallada y que ante el conocimiento, el Tribunal de alzada debió observar lo dispuesto en el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJabrg).


  1. Aducen, que el Tribunal de mérito vulneró el principio de continuidad, al incumplir lo dispuesto por los arts. 334, 335 y 336 del Código de Procedimiento Penal (CPP), incurriendo en defecto absoluto establecido en el art. 169 inc. 3) del cuerpo de leyes precitado; a cuyo efecto, se habría suspendido audiencias de juicio oral en distintas oportunidades, extendiéndose inclusive por un lapso de 14 días; por lo que, -afirman- correspondía al Tribunal de apelación anular la Sentencia por haber incurrido en defecto absoluto insubsanable, conforme establece la doctrina legal de los Autos Supremos 37 de 27 de enero de 2007 y 167 de 6 de febrero de 2007, que habrían sido citados como precedentes, además de acompañados.


  1. Acusan al Tribunal de alzada de no considerar la denuncia realizada en apelación restringida, relativa a la defectuosa valoración de la prueba e infracción del art. 173 del CPP; denuncia; en la cual, establecieron como pruebas defectuosamente valoradas, las signadas como AP1, AP2, AP3 y AP4; sostienen, que invocaron como precedente contradictorio el Auto Supremo 100 de 24 de marzo de 2005 y que no mereció consideración por parte del Tribunal de apelación.


  1. Agregan, que el Tribunal sentenciador, así como el de apelación, no tuvieron el cuidado de revisar el abandono de la querella por parte del acusador particular y querellante Andrés Plata Ramírez, lo constituiría, conforme refieren, actividad procesal defectuosa al tenor del art. 167 del CPP; toda vez, que el Tribunal de Sentencia, incumplió aplicar lo previsto por el art. 292 del CPP, referido al abandono de la querella.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo de Justicia) o Autos de Vista pronunciados por las Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, respecto al primer requisito del recurso de casación, se constata que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado, el 19 de abril de 2010 (fs. 434) y  presentó su recurso de casación el 24 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días que otorga el párrafo primero del art. 417 del CPP.


Respecto al cumplimiento de los demás requisitos señalados en la normativa legal precitada, se establece lo siguiente:


Sobre el primer motivo, en el que los recurrentes acusan al Tribunal de apelación de no observar el art. 15 de la LOJabrg; toda vez, que se habría conculcado el debido proceso, pues el co-imputado Armando Mita Sirpa, no contó con asistencia técnica durante el desarrollo del juicio oral; al respecto, los recurrentes no invocaron precedente contradictorio alguno que permita a este Tribunal cumplir con su labor uniformadora de jurisprudencia, ya que, conforme dispone el art. 417 del CPP, quien recurra en casación debe invocar precedente contradictorio en el momento señalado por la norma y en la forma establecida en el art. 416 de la ley precitada.


Por otra parte, de la lectura de lo alegado por los recurrentes en el motivo en examen, se verifica que pretenden que se deje sin efecto el Auto de Vista, invocando un perjuicio sobre el cual no tienen interés legítimo; es decir, siendo los recurrentes la parte acusadora, aducen que uno de los co-imputados -absuelto- no contó con defensa técnica durante el desarrollo del juicio oral; circunstancia, que por principio de lógica elemental, no causa perjuicio o gravamen a los intereses legítimos de los impetrantes; consecuentemente, bajo ningún aspecto se encuentran legitimados para denunciar cuestiones que no les hayan sido perjudiciales, ya que es el gravamen o perjuicio personal el que, además de los requisitos formales señalados en el art. 417 concordante con los arts. 394, 396 inc. 3) y 416 del CPP, constituye un elemento esencial de la impugnación y por ende habilita al recurrente a impugnar un fallo dentro un proceso en el que es parte, en procura de que se le restablezca algún derecho o garantía restringida o suprimida, por tener interés legítimo. Por lo señalado, corresponde declarar inadmisible el motivo analizado.  


En cuanto al segundo motivo, en el que denuncian infracción al principio de continuidad e incumplimiento de los arts. 334, 335 y 336 del CPP, los recurrentes invocan los Autos Supremos 37 de 27 de enero de 2007 y 167 de 6 de febrero de 2007, respecto a los cuales no señalan la forma en que el Auto de Vista incurrió en contradicción con los fallos invocados, limitándose a referir, que éstos habrían sido invocados y acompañados al recurso y que correspondía al Tribunal de alzada anular la Sentencia por haber incurrido en defectos absoluto tal cual establece la doctrina legal aplicable de los fallos invocados; argumento, que bajo circunstancia alguna puede suplir la exigencia legal establecida en la normativa de la materia, relativa a la forma expresar la contradicción exigida como medio de acceso al recurso casación; toda vez, que en el art. 417 del CPP, demanda señalar en el recurso, la contradicción en la que incurrió el Auto de Vista con los fallos invocados, pudiendo acompañar, como única prueba admisible, una copia de la apelación restringida en la que conste que se invocó el precedente de forma oportuna. Por otra parte, el art. 416 de la norma adjetiva penal, señala lo que se entiende por contradicción, explicando: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance.”; consecuentemente, el recuso casacional debe adecuar sus argumentos también a esta normativa, lo que no se dio en el caso de autos, evidenciándose así el incumplimiento a la normativa legal ya señalada.


Ahora bien, los recurrentes alegan la existencia de defecto absoluto inconvalidable, por la infracción del principio de continuidad, señalando que la audiencia de juicio oral se habría suspendido en distintas ocasiones, inclusive por un lapso de tiempo mayor al permitido legalmente (14 días); sin embargo, para que este Tribunal pueda abrir de forma excepcional su competencia, se requiere el cumplimiento de  condiciones específicas por parte de los recurrentes, señaladas en el acápite III de este fallo, siendo necesario, que los argumentos del recurso sean tendientes a acreditar el daño ocasionado, pues el simple incumplimiento a las formas procesales no implica nulidad tácita; sino, conforme los principios que rigen las nulidades procesales, no existe nulidad sin perjuicio (principio de trascendencia), aspectos que los recurrentes no argumentaron en el recurso, impidiendo con ello, que este Tribunal pueda revisar en el fondo la denuncia. Por lo manifestado, corresponde declarar inamisible el motivo en análisis.


Respecto al tercer motivo, en que los recurrentes alegan que el Tribunal de alzada no consideró la denuncia relativa a la  defectuosa valoración de la prueba realizada en el recurso casacional, en la que además refieren que, invocaron el Auto Supremo 100 de 24 de marzo de 2005; al respecto se establece que los recurrentes, al igual que en el motivo anterior, incumplieron su obligación de señalar en términos claros y precisos la contradicción  en la que incurrió el Tribunal de impugnación con el fallo invocado; consecuentemente, no es posible admitir el motivo para su verificación en el fondo.


En cuanto al cuarto motivo, cuya denuncia señala que el Tribunal de apelación al igual que el sentenciador, no tuvo cuidado de revisar el abandono de la querella por parte de Andrés Plata Ramírez, lo que constituiría actividad procesal defectuosa por incumplimiento del art. 292 del CPP; se verifica que los recurrentes no invocaron precedente contradictorio; consecuentemente, tampoco establecieron contradicción alguna, incumpliendo de esta forma las exigencias establecidas por el legislador en los arts. 416 y 417 del CPP.


En cuanto a la alegación de que el incumplimiento del art. 292 del CPP, constituiría actividad procesal defectuosa, los recurrentes no expresaron qué derecho o garantía fue vulnerado, mucho menos cuál fue el daño emergente de dicha circunstancia; toda vez, que conforme fue manifestado en el análisis del motivo segundo de este fallo, no es posible abrir la competencia de este Tribunal de manera excepcional, si los argumentos de los recurrentes no exponen con claridad la infracción a derechos o garantías sobre las cuales tengan interés legítimo por ser los sujetos directamente agraviados con la decisión asumida por el Tribunal inferior y cuyo fallo se impugna; pues si bien, la Resolución de alzada, en general, no les fue favorable, tocaba a los recurrentes interponer el recurso, cumpliendo los requisitos legales para la admisión de la impugnación; por lo que, el motivo examinado deviene en inadmisible.


Del análisis del recurso casacional se verifica el incumplimiento de los requisitos formales establecidos por el legislador, así como la falta de argumentos necesarios que acrediten el interés legítimo para recurrir en el primer y cuarto motivo, exponiendo las infracciones a derechos y/o garantías constitucionales que permitan percibir la pretensión del recurrente a partir del daño personal causado y la reparación que pretenden, con sujeción al derecho objetivo. Por lo manifestado, corresponde aplicar la parte in fine del art. 417 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Pascual Félix Macías Aruquipa, Alberto Tinta Chipana, Pablo Bautista Condori, Julián Laime Cori y Jacinto García Valle, cursante de fs. 444 a 445 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA