TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 229/2015-RA-L

Sucre, 03 de junio de 2015


Expediente         La Paz 47/2010

Parte Acusadora        Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Wilfredo Walter Guzmán Rivera

Delito                Manipulación Informática


RESULTANDO


Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2009, cursante de fs. 530 a 536, Sonia Churqui Sullca en representación legal de la Honorable Alcaldía Municipal de El Alto, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 608/09 de 21 de septiembre de fs. 510 a 513 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por la entidad recurrente contra Wilfredo Walter Guzmán Rivera, por la presunta comisión del delito de Manipulación Informática, previsto y sancionado por el art. 363 bis del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal Cuarto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció Sentencia de 85/2009 de 17 de marzo (fs. 430 a 434), declarando a Wilfredo Walter Guzmán Rivera, autor de la comisión del delito de Manipulación Informática, previsto y sancionado por el art. 363 Bis del CP,  imponiéndole la pena privativa de libertad de cuatro años de reclusión a cumplir en la penitenciaria de San Pedro de la ciudad de La Paz, más cien días multa a razón de Bs. 5.- (cinco bolivianos) por día, así como al pago de costas procesales y reparación del daño a ser regulados en ejecución.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Wilfredo Walter Guzmán Rivera, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 446 a 451 vta.), que fue resuelta por Auto de Vista 608/2009 de 21 de septiembre (fs. 510 a 513 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró procedente el recurso de alzada, anuló la Sentencia y dispuso la reposición del juicio por otro Tribunal.


  1. Notificada la entidad recurrente, con el referido Auto de Vista el 2 de diciembre  de 2009 (fs. 514), interpuso recurso de casación el 8 de del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Se acusa al Tribunal de apelación de emitir el Auto de Vista, vulnerando derechos y garantías constitucionales del municipio Alteño, alegando que dicho fallo, ante el recurso de alzada planteado por el imputado, concluyó erróneamente que en audiencia de juicio oral, se vulneró la garantía del debido proceso por infracción del art. 329 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al haberse incumplido el principio de continuidad; al respecto arguye la entidad recurrente, que efectivamente existieron suspensiones durante la sustanciación del juicio oral; pero, que ninguna de ellas incumplía lo dispuesto por los arts. 335 y 336 del CPP, para cuya demostración realizó una relación de actuaciones. Alega que estos fundamentos fueron expuestos al momento de responder al recurso de apelación restringida acompañado prueba -que dice- no fue revisada por el Tribunal de alzada.


  1. Acusa a los de alzada, de anular la Sentencia con base en “las falacias” señaladas en la apelación restringida, afirmando que la acusación Fiscal y particular, probó de forma fehaciente, con prueba testifical y documental la comisión del delito de Manipulación Informática cometida por Wilfredo Walter Guzmán Rivera, aún sin la participación del perito razón; por la que, considera que el Tribunal Cuarto de Sentencia habría determinado -por unanimidad- emitir Sentencia condenatoria. De forma reiterada sostiene la entidad recurrente, que correspondiendo la carga de la prueba a la acusación, tanto el Ministerio Público como los querellantes, presentaron toda la prueba pertinente al hecho delictivo cometido por el imputado.


  1. Finalmente aduce la entidad impetrante, que conforme se puede evidenciar de la prueba adjunta a los incidentes planteados; el abogado de la defensa, Erick Rollano, era Jefe de Asuntos Técnicos Jurídicos de la Dirección de Recaudaciones en el momento en que el imputado cometió el hecho delictivo; profesional, que cuando se encontraba como jefe de ATJ en el GIMEA, denunció al imputado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); y, que actualmente de forma sospechosa, pasó a ser defensor del imputado, hecho que considera ilegal.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo de Justicia) o Autos de Vista pronunciados por las Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, respecto al primer requisito del recurso de casación, se constata que la entidad recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 2 de diciembre de 2009 (fs. 514) y presentó recurso de casación el 8 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días que otorga el párrafo primero del art. 417 del CPP.


Respecto al primer motivo, la recurrente alega que, el Auto de Vista vulnera derechos y garantías constitucionales del municipio Alteño, toda vez que, concluyó erróneamente que en audiencia de juicio oral, se vulneró la garantía del debido proceso por infracción del art. 329 del CPP, al haberse incumplido el principio de continuidad; al respecto argumenta la entidad recurrente, que efectivamente existieron suspensiones durante la sustanciación del juicio oral; pero, que ninguna de ellas incumplía lo dispuesto por los arts. 335 y 336 del CPP; en este sentido, se evidencia que el recurrente omite invocar precedente contradictorio y por ende, no realiza ni indica de manera clara y precisa, cual la contradicción entre el precedente y el Auto de Vista ahora impugnado, incumpliendo así los requisitos establecidos por el art. 416 y 417 del CPP; sin embargo de ello, denuncia la vulneración de derechos y garantías constitucionales del municipio del Alto, toda vez que los del Tribunal de alzada en base a falacias del recurso de apelación interpuesto por el imputado, concluyeron que se vulnero el principio de continuidad; aspecto que decir del recurrente no es verdad conforme a la prueba presentada en apelación que no fue analizada por los Vocales; en este sentido, se constata la denuncia de derechos y garantías constitucionales, como también se tiene identificado el hecho generador,
correspondiendo excepcionalmente admitir el presente motivo vía flexibilización, al encontrarse comprometidos presuntamente -como se dijo- derechos fundamentales.


Sobre el segundo motivo, se acusa a los de alzada, de anular la Sentencia con base en “las falacias” señaladas en la apelación restringida, afirmando que la acusación Fiscal y particular, probó de forma fehaciente, con prueba testifical y documental la comisión del delito de Manipulación Informática cometida por Wilfredo Walter Guzmán Rivera, aún sin la participación del perito, razón por la que, considera que el Tribunal Cuarto de Sentencia habría determinado -por unanimidad- emitir Sentencia condenatoria. De forma reiterada sostiene la entidad recurrente, que correspondiendo la carga de la prueba a la acusación, tanto el Ministerio Público como los querellantes, presentaron toda la prueba pertinente al hecho delictivo cometido por el imputado; ahora bien, al igual que el primer motivo, si bien la recurrente no invoco precede contradictorio alguno conforme lo exige la Ley, sin embargo de ello, este Tribunal no puede soslayar el fundamento esgrimido en el recurso, constatándose así como antecedentes generadores del hecho que el Tribunal de alzada habría anulado la sentencia basándose únicamente en las “falacias señaladas por el condenado” aspecto que a decir de la recurrente sería atentatoria a derechos y garantías constitucionales del municipio, por lo que vía flexibilización, corresponde admitir el presente motivo a los fines de verificar si fue correcta o no la anulación de la sentencia.


Respecto al tercer motivo, la recurrente alega, que conforme se puede evidenciar de la prueba adjunta a los incidentes planteados; el abogado de la defensa, Erick Rollano, era Jefe de Asuntos Técnicos Jurídicos de la Dirección de Recaudaciones en el momento en que el imputado cometió el hecho delictivo; profesional, que cuando se encontraba como jefe de ATJ en el GIMEA, denunció al imputado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); y, que actualmente de forma sospechosa, pasó a ser defensor del imputado, hecho que considera ilegal; sin embargo de ello, al igual que el primer y segundo motivo que anteceden, omite invocar precedente contradictorio y la contradicción que podría existir entre el mismo y los fundamentos del Auto de Vista ahora impugnado; además, no denuncia la vulneración de derechos y garantías constitucionales para que este Tribunal vía flexibilización pueda dilucidar tales extremos, razón por la cual, este motivo deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Sonia Churqui Sullca, en representación legal de la Honorable Alcaldía Municipal de El Alto, cursante de fs. 530 a 536; respecto al primer y segundo motivo; y en cumplimiento del segundo párrafo del mencionado artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, fotocopias legalizadas del Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA