TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 214/2015-RRC-L

Sucre, 11 de mayo de 2015


Expediente                : La Paz 310/2009

Parte Acusadora                : Romeo Antonio Camacho Garnica

Parte Imputada                        : Irlanda Magali Samaniego Cevallos y otro

Delitos                        : Difamación y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2009 cursante de fs. 216 a 218, Irlanda Magali Samaniego Cevallos y Nelson Bernardo Quiroga Céspedes, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 280/2009 de 4 de noviembre de fs. 209 a 211 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz ahora Tribunal Departamental de Justicia, dentro del proceso penal seguido por Romeo Antonio Camacho Garnica contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Propalación de Ofensas, Injurias y Calumnia, tipificado por los arts. 282, 285, 287 y 283, todos del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1 Antecedentes


  1. Por Sentencia 09/2009 de 20 de julio (fs. 148 a 151 vta.), el Juzgado Cuarto de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, declaró a los procesados Nelson Bernal Quiroga Céspedes e Irlanda Magali Samaniego Ceballos, autores de la comisión de los delitos de Difamación, Propalación de Ofensas e Injurias, tipificados por los arts. 282, 285 y 287 del CP, condenándoles a la pena de trabajo por un año, debiendo el Juez de Ejecución Penal determinar el lugar, más cien días multa a razón de Bs. 50.- (cincuenta bolivianos), por día a cada uno de los imputados, así como costas y el pago de daño civil a calificarse en ejecución de Sentencia, por otro lado absolvió a los dos co-imputados de la comisión del delito de Calumnia.


b)        Contra la mencionada resolución ambos imputados (fs. 154 a 165 vta. y de 197 a 206 vta.), interpusieron recurso de apelación restringida y posterior subsanación, el cual fue resuelto por Auto de Vista 280/2009 de 4 de noviembre, emitido por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declarando improcedente la apelación y en consecuencia confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso


Del memorial del recurso de casación formulado por los imputados Irlanda Magali Samaniego Cevallos y Nelson Bernardo Quiroga Céspedes y el Auto Supremo 079/2015-RA-L de 04 de marzo, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución,  sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Los recurrentes, invocaron como precedente el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006 admitido para el análisis de fondo-, alegan que en apelación restringida denunciaron la inobservancia de la ley sustantiva y la violación de garantías constitucionales; empero, el Tribunal de alzada habría resuelto con fundamentos simples, señalando que no puede revalorizar la prueba y que no se hizo reserva de apelación, omitiendo el control del principio de legalidad, que habrían denunciado con la falta de fundamentación de la Sentencia; haciendo referencia al Auto Supremo 166 de 12 de mayo de 2005, concerniente a que la falta de un elemento del tipo es suficiente para que el hecho no constituya delito; refieren que la Sentencia no habría precisado las circunstancias, tiempo, lugar y el grado de participación de sus personas, habiéndose limitado a hacer una relación de documentos e incumpliendo los requisitos de una resolución fundamentada por no ser expresa, clara, completa y lógica; defectos de la Sentencia que no habrían sido observados por el Tribunal de alzada, omitiendo su deber de resguardo a la seguridad jurídica y el debido proceso; añadiendo que el defecto que denunciaron en apelación no requiere la reserva de apelación, por ser violatorio del debido proceso y constituir defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP.


I.1.2. Petitorio.


Los recurrentes solicitan se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 079/2015-RA-L de 4 de marzo, cursante de fs. 240 a 242, este Tribunal declaró admisible el primer motivo del recurso interpuesto por los imputados Irlanda Magali Samaniego Cevallos y Nelson Bernardo Quiroga Céspedes, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1. De la Sentencia.


Por Resolución 09/2009 de 20 de julio (fs. 148 a 151 vta.), el Juzgado Cuarto de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, declaró a los procesados Nelson Bernal Quiroga Céspedes e Irlanda Magali Samaniego Ceballos, autores de la comisión de los delitos de Difamación, Propalación de Ofensas e Injurias, tipificados por los arts. 282, 285 y 287 del CP, condenándoles a la pena de trabajo por un año, debiendo el Juez de Ejecución Penal determinar el lugar, más cien días multa a razón de Bs. 50.- (cincuenta bolivianos), por día a cada uno de los imputados, así como costas y el pago de daño civil a calificarse en ejecución de Sentencia, por otro lado absolvió a los dos co-imputados de la comisión del delito de Calumnia.


II.2. Recurso de apelación restringida de los acusados.


Contra la mencionada Sentencia, ambos co-imputados, interpusieron recurso de apelación restringida y posterior subsanación, bajo los siguientes argumentos:


  1. Los recurrentes denuncian que el A quo incurrió en el defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, pues alega que en el acápite referido a la enunciación de los hechos, solo habría copiado la acusación particular, sin expresar el la fecha y tiempo en que se habrían colocado los comunicados que contenían la denuncia sobre el acoso sexual que presuntamente sufría la co-imputada Irlanda Magali Samaniego Cevallos, tampoco se detallaría el contenido de los comunicados, ni a quien estaba dirigido, ni otros detalles que determinen la comisión de los delitos que se les imputó; por lo que considera que se violó el art. 124 de la norma adjetiva penal, señalando que lo que pretende es que el A quo dicte Sentencia con una fundamentación que desglose detalladamente las circunstancias que hayan sido objeto del juicio.


  1. Alegaron los apelantes, que el A quo también incurrió en el defecto previsto por el inc. 2) del art. 370 del CPP, por violación de los arts. 38 inc. 1) y 37 inc. 1) del CP, pues no se habría hecho mención a las circunstancias personales de los imputados antes y después de la supuesta comisión de los delitos acusados, lo que a decir de los recurrentes constituye insuficiente individualización del imputado al tenor del art. 370 inc. 2) concordante con el art. 407 párrafo primero y segundo, todos del CPP.


  1. En los puntos 3, 4, 5, 10 y 11 de su recurso de apelación restringida, alegaron la existencia de los defectos previstos por los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, pues la Sentencia no contendría el relato de los hechos de manera cronológica, y la fundamentación de como adquirió el conocimiento de los mismos, así como tampoco habría fundamentado las razones por las cuales considera creíble o no las declaraciones de los testigos de cargo y de descargo; haciendo referencia a las declaraciones testificales de cargo, los recurrentes refieren que el A quo alegó “pruebas con las que se demuestra que los hechos cometidos por los imputados constituyen delitos contra el honor del querellante ya que estás también fueron enviadas a la Clínica del Sur a fin de desprestigiarlo”, sin explicar cómo llego a tal convicción; agrega también que en juicio se aceptó la incorporación de prueba extraordinaria de cargo, consistente en todo lo obrado en la Caja Nacional de Salud, conteniendo los SMS, llamadas etc., prueba que tampoco habría sido valorada por el Juez a quo; finalmente refiere que no existe una valoración conjunta y armónica de toda la prueba producida.


  1. Alega que la inspección debió llevarse a cabo conforme a las declaraciones de los testigos y no darse libertad al querellante para que interprete la supuesta comisión de los delitos, y que la misma no demostró su participación en los hechos acusados.


  1. Que el A quo solo valoró la prueba de cargo olvidándose que existe igualdad de partes conforme a lo dispuesto por los arts. 109, 115 parágrafo II, 116 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), y arts. 5, 6, 12 y 173 del CPP.


  1. Denuncian en los puntos 9 y 10 de su apelación restringida, que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 8) del art. 370 del CPP, porque: i) la Sentencia no se refirió al delito de Difamación; por lo que, también fueron procesados; y, ii) Porque el A quo alegó que “se han producido toda vez que la imputada Yrlanda Magaly Samaniego en su calidad de amiga del querellante HA PRESENTADO INJUSTIFICADAMENTE UNA DENUNCIA POR SUPUESTO ACOSO SEXUAL” (sic), sin tener competencia para tal afirmación pues solo la autoridad administrativa tendría facultades para determinar la  temeridad o no de la denuncia sobre el acoso sexual.


  1. En los puntos 12, 13 y 14 de su apelación restringida, los recurrentes denuncian que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 10) del art. 370 del CPP, pues no se habría determinado el grado de participación de cada uno, incumpliendo las previsiones contenidas en los arts. 20, 22 y 23 del CP, tampoco se habría fijado con precisión la sanción que corresponde por cada delito, la forma y lugar de cumplimiento; por otro lado alega que si bien fueron absueltos de la comisión del delito de Calumnias, esta fue sin costas ni declaración de temeridad, lesionando los arts. 270 y 365 del CPP; por otro lado refieren que una sentencia no puede ser condenatoria y absolutoria al mismo tiempo; que la Sentencia hizo referencia al art. 366 del CPP, cuando la Sentencia es condenatoria con pena privativa de libertad; por lo que, no correspondía tal mención.


  1. Que la Sentencia también incurre en el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, al no considerar la excepción de verdad, previsto por el art. 289 del CP, y que no pueden ser al mismo tiempo autores de la comisión de los delitos de Difamación, Calumnias y al mismo tiempo de Propalación de Ofensas.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta a través del Auto de Vista 280/2009 de 4 de noviembre, emitido por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declarando IMPROCEDENTE la apelación, bajo el siguiente argumento expuesto en el tercer considerando:


Que los recurrentes pese a la advertencia para su corrección, no subsanaron las observaciones realizadas al recurso de apelación restringida, pues el mismo no ingresaría en vicios de la Sentencia, “ni errónea inobservancia de la ley sustantiva y adjetiva” (sic), que no se habrían individualizado ni discriminado los vicios conforme lo dispuesto por el art. 407 y 408 del CPP.


En el mismo considerando señala el Tribunal de alzada, que el recurso de apelación restringida no es un medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho; sino, para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley, y ajustar su actividad a las directrices establecidas en los arts. 413 y 414 del CPP, Auto Supremo 64 de 27 de enero de 2007, “Entendiéndose a la apelación restringida como al control en cuanto a la motivación de la Sentencia como al aspecto procesal en su fase formal del resguardo de garantías procesales; por lo que, el Tribunal Ad quem que es el Tribunal de Alzada no puede ingresar a revalorizar las pruebas presentadas en el caso de Autos; toda vez, que el Juez A quo o Juez cuarto de Sentencia en lo Penal de la Capital ya realizó dicha valorización, siendo este quien efectúa la valoración de la prueba bajo las reglas de la sana crítica y el principio de inmediación; por lo que, el sustento apelatorio realizado en los puntos 3 a 11 se hace inviable, más aun cuando no establecen en que momento efectúa su reserva de apelación, además que valorar la prueba corresponde con exclusividad al Juez o Tribunal de Sentencia, quien adquiere convicción directa de las pruebas y las cuales son traducidas en juicio; asimismo, en la apelación interpuesta no se demuestra ni se menciona la violación a las reglas de la sana crítica que facultarían a este Tribunal a ingresar en su consideración” (sic). Por otro lado el Ad quem, argumento que si es posible dictar una Sentencia condenatoria y absolutoria, pues en el caso de autos se habrían juzgado cuatro delitos, cada uno independiente al otro y con sus propios elementos constitutivos diferentes entre sí; con base a tales argumentos concluyó el Tribunal de alzada que la Sentencia apelada cumple con los requisitos exigidos por Ley; por lo que, no evidenciando la vulneración de garantías y derechos constitucionales, refirió que corresponde su homologación, declarando en la parte resolutiva IMPROCEDENTE el recurso de apelación restringida interpuesto por ambos imputados.

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON EL PRECEDENTE INVOCADO


El recurso de casación formulado por los imputados, quienes alegan falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado; en cuyo mérito, corresponde analizar y resolver el motivo contenido en el recurso, conforme los límites establecidos en el Auto Supremo de admisión 097/2015-RA-L de 04 de marzo. A ese fin, antes de identificar los entendimientos asumidos en el precedente invocado por los recurrentes y el análisis particular del recurso, resulta menester efectuar una precisión sobre la labor de contraste en el recurso de casación por parte del Tribunal Supremo y la exigencia de fundamentación en las resoluciones judiciales.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por el art. 42.I inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial y 419 del CPP, las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por uno de los Tribunales Departamentales de Justicia, sea contrario a precedentes pronunciados por otros similares Tribunales o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el 420 del CPP.


III.2.        La debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


El mismo autor citando a Joan Pico I Junoy, manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el porqué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal mediante varios Autos Supremos, tales como el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, que estableció la siguiente doctrina legal: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


  1. Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


  1. Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


  1. Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


  1. Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada.


  1. Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”. (Las negrillas son nuestras).


III.3.        Del precedente invocado.


El recurrente invocó el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006, dictado dentro del proceso penal seguido a querella de MSS contra EAJ y otra, por la presunta comisión del delito de Hurto Agravado y Manipulación Informática, que estableció como doctrina legal aplicable, que: “En ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la resolución, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa y la resolutiva.


Por otra parte, se deja en “indefensión” a las partes y se viola la garantía constitucional del “debido proceso” cuando el Auto de Vista deviene en “infra petita” es decir cuando el Tribunal de apelación omite pronunciarse respecto a cada uno de los puntos de reclamación que contiene el recurso de apelación restringida.


Por lo que es esencial que el Auto de Vista que resuelve el recurso de apelación restringida, contemple fundadamente todos los puntos de impugnación contenidos en el recurso de apelación restringida a efecto de no vulnerar los derechos y garantías constitucionales de las partes.


Conforme a lo expuesto en el acápite I.1.1. y III de la presente resolución, se tiene que en el caso de autos, los recurrentes reclaman que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación, al declarar IMPROCEDENTE su recurso de apelación restringida, en el que denunciaron entre otros motivos la inobservancia de la ley sustantiva y violación de garantías constitucionales; con argumentos simples tales como el no poder revalorizar prueba y que no se hizo reserva de apelación: Situación fáctica análoga a la que generó la doctrina legal aplicable señalada en el precedente invocado, la cual tuvo como hechos efectivos entre otros, la constatación por parte del Tribunal de casación, que el Ad quem incurrió en falta de fundamentación y vulneración de derechos y garantías constitucionales, al referir que la Sentencia incurre en defectos, sin establecer cuáles son los mismos; por lo que, corresponde a este Tribunal establecer la posible existencia o no, de contradicción entre el precedente invocado y la resolución impugnada.


De la revisión del recurso de apelación restringida, se tiene que los imputados entre otros motivos, alegaron: i) En el punto 2 de la apelación, que la Sentencia incurre en el defecto previsto por el inc. 2) del art. 370 del CPP,  por violación de los arts. 38 inc. 1) y 37 inc. 1) del CP, al no haber hecho mención a las circunstancias personales de los imputados antes y después  de la supuesta comisión de los delitos acusados, lo que a decir de los recurrentes constituye insuficiente individualización del imputado; ii) En los puntos 12, 13 y 14 de la apelación restringida, los recurrentes denunciaron que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 10) del art. 370 del CPP, pues no se habría determinado el grado de participación de cada uno, incumpliendo las previsiones contenidas en los arts. 20, 22 y 23 del CP, además que el A quo no habría fijado con precisión la sanción que corresponde por cada delito, la forma y lugar de cumplimiento; por otro lado refieren que una sentencia no puede ser condenatoria y absolutoria al mismo tiempo; y, iii) Finalmente, alegaron que la Sentencia también incurre en el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, al no considerar la “excepción de verdad, previsto por el art. 289 del CP”, y que no pueden ser al mismo tiempo autores de la comisión de los delitos de Difamación, Calumnias y al mismo tiempo de Propalación de Ofensas.


De la revisión del Auto de Vista hoy impugnado, no se establece una respuesta debidamente fundamentada, pues el Tribunal de alzada de manera general en primer término sin especificar a qué puntos de la apelación restringida se refiere, argumenta que los recurrentes no subsanaron las observaciones realizadas a la apelación restringida; manifestación que hace entender que los recurrentes no hubiesen cumplido con los requisitos previstos por los arts. 407 y 408 del CPP; sin embargo, en el tercer y cuarto párrafo del mismo tercer considerando en el que expuso el incumplimiento de los requisitos previstos por la norma adjetiva penal para la admisibilidad de la apelación restringida, pareciera que ingresa al análisis de fondo del recurso, cuando argumenta que no tiene facultades para revalorizar prueba y que los recurrentes no hicieron reserva de recurrir cuando los imputados nunca platearon apelación sobre una resolución de exclusión probatoria-, y que si es posible que una sentencia sea condenatoria y absolutoria al mismo tiempo; finalmente el Tribunal de alzada declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación restringida: Ingresando con tales argumentos en uno de los errores de la fundamentación como es la motivación contradictoria, definido por el Autor Orlando Rodríguez, en su obra “Casación y Revisión Penal”, quien señala que la misma se presenta cuando: “existe un insanable contraste entre los fundamentos que se aducen, o entre estos y la parte resolutiva, de tal modo que se excluyen entre sí y se neutraliza; por lo que, el fallo queda así sin motivación;…” (las negrillas son nuestras).


En ese orden evidentemente se incurre en el referido defecto, pues en  primer lugar, el Tribunal de alzada no fundamentó de manera precisa, qué puntos o motivos del recurso de apelación restringida, no cumplieron con los requisitos exigidos por el CPP, para su admisión, y de manera contradictoria como se dijo- alega que no puede revalorizar prueba y no existe reserva de apelación, además de señalar que si es posible dictar una sentencia condenatoria y absolutoria al mismo tiempo, dando a entender que los recurrentes sí cumplieron con los requisitos previstos por los arts. 407 y 408 del CPP, cuando en la parte resolutiva de la resolución hoy impugnada, declaran además IMPROCEDENTE la apelación restringida, cuando lo correcto en aplicación del art. 399 segundo párrafo del CPP, era declarar INADMISIBLE si es que los recurrentes no cumplieron con los requisitos previstos por ley para la consideración de fondo de los motivos planteados en apelación, entendimiento asumido por este Tribunal mediante el Auto Supremo 71 de 9 de febrero de 2004.


Por otro lado, el Tribunal de alzada, alegó que el recurso no habría ingresado en errores de la Sentencia, ni errónea observancia de la norma sustantiva o adjetiva penal; y, tampoco estarían individualizados ni discriminados los vicios; argumento que al no consignar las razones para arribar a tal conclusión impidiendo el control de su inter lógico, no produce seguridad en las partes así como tampoco en la sociedad en general e infringe el debido proceso en su elemento de debida fundamentación, previsto por el art. 124 del CPP, y tutelado por el art. 181.I de la CPE, al no ser una resolución expresa y clara.


Con base a lo expuesto, en aplicación del art. 419 del CPP, corresponde DEJAR SIN EFECTO la resolución impugnada, a fin de que el Tribunal de alzada, emita nueva resolución que no contenga fundamentación  contradictoria capaz de devastarse recíprocamente, y por otro lado, exponga sus fundamentos de manera expresa y clara, haciendo publica las razones de su decisorio, permitiendo de esa manera el control del inter  lógico seguido por el Tribunal de alzada, logrando el convencimiento de las partes sobre la corrección de la decisión asumida, haciendo efectivo el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 115.I de la CPE, en cuanto a la protección oportuna y efectiva de las partes procesales, en cuanto a sus pretensiones; por lo que este Tribunal constata que el Auto de Vista ahora sujeto de control de legalidad, es contradictorio al precedente invocado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Irlanda Magali Samaniego Cevallos y Nelson Bernardo Quiroga Céspedes de fs. 216 a 218 de obrados, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 280 de 04 de noviembre de 2009, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, por secretaría de la Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA