TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 208/2015-RRC-L

Sucre, 08 de mayo de 2015


Expediente                        : La Paz 167/2009

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Remedios Quispe de Patty y otros

Delito                                : Lesiones Leves

Magistrada Relator        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina 


RESULTANDO


Por memorial presentado el 29 de abril de 2009, cursante de fs. 553 a 555, Remedios Quispe de Patty, Juana Huanca de Callisaya, Jacinta Huanca Quispe, Francisca Huanca de Quispe y Bernabia Huanca Quispe, interpusieron recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 99/2009 de 13 de abril, de fs. 549 a 550 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Julia Agustina Cabrera Huanca, Guadalupe Huanca Tarqui y Héctor Jacinto Tancara Amaru contra las recurrentes, por la presunta comisión del delito de Lesiones Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP).


I.ANTECEDENTES DEL PROCESO


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 6 a 7 vta.), particular y su subsanación (11 a 13 vta. y 16), desarrollada la audiencia de juicio oral, el Juez Cuarto de Partido y Sentencia de El Alto de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 21/2008 de 16 de octubre (513 a 519 vta.), que declaró a Remedios Quispe de Patty, Juana Huanca de Callisaya, Jacinta Huanca Quispe, Francisca Huanca de Quispe y Bernabia Huanca Quispe, autoras de la comisión del delito de Lesiones Leves, previsto y sancionado por el art. 271, segunda parte del CP, condenándolas a la pena de dos años de reclusión a  cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, con la imposición de costas, más daños y perjuicios ocasionados a las víctimas; por otro lado, les concedió el beneficio del perdón judicial dejando constancia que no comprende las consecuencias económicas emergentes de la responsabilidad de las acusadas, debiendo satisfacer los daños y perjuicios, así como las costas emergentes del proceso.


  1. Contra la mencionada Sentencia, las imputadas Remedios Quispe de Patty, Juana Huanca de Callisaya, Jacinta Huanca Quispe, Francisca Huanca de Quispe y Bernabia Huanca Quispe, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 529 a 532); que fue resuelto por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz mediante el Auto de Vista 99/2009 de 13 de abril (fs. 549 a 550 vta.), que declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando el presente recurso de casación.


I.1.1. Del motivo del recurso de casación


Las recurrentes sostienen que el hecho ya fue conocido por la justicia originaria campesina y resuelto de acuerdo a los usos y costumbres, no siendo posible que se realice un juicio en la vía penal, aspecto que, a decir de las recurrentes, quebranta los arts. 30, 31, 190, 191, 192 de la actual Constitución Política del Estado (CPE) y 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 


I.1.2. Petitorio


Las recurrentes solicitan que el presente caso se anule hasta el estado de la admisión de la demanda  y la reposición por otro Tribunal.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 029/2015-RA-L, cursante de fs. 564 a 567, este Tribunal admitió únicamente el segundo motivo enunciado en el apartado precedente, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


El Juzgado Cuarto de Partido y de Sentencia de El Alto de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 21/2008 de 16 de octubre (fs. 513 a 519 vta.), y declaró a las imputadas Remedios Quispe de Patty, Juana Huanca de Callisaya, Jacinta Huanca Quispe, Francisca Huanca de Quispe y Bernabia Huanca Quispe, autoras de la comisión del delito de Lesiones Leves, previsto y sancionado por el art. 271 en su segunda parte del CP, condenándolas a la pena privativa de libertad de dos años de reclusión a cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, debido a que llegó al convencimiento para establecer la configuración del ilícito penal sancionado en el que se enmarca la conducta de las imputadas, toda vez que de manera consciente causaron daño en la humanidad de las querellantes, con agresiones de hecho provocando una incapacidad de ocho a catorce días y dos días de impedimento respectivamente, por lo que se estableció plenamente la autoría, antijuridicidad y culpabilidad en el hecho acusado, correspondiendo la aplicación de la pena prevista en el marco sustantivo y adjetivo penal.


II.2.        De la apelación restringida.


Las recurrentes a través de memorial de recurso de apelación restringida, cuestionaron los fundamentos de la Sentencia, de acuerdo a los siguientes argumentos:


  1. La Sentencia contiene una serie de contradicciones, porque no es cierto que Juana Huanca Quispe, se hubiera presentado con sus hermanas, quienes llegaron después de los hechos, habiendo existido agresiones mutuas entre Juana Huanca Quispe y Julia Agustina Huanca, que duró unos pocos segundos.


  1. La Sentencia consideró como elemento de prueba, las declaraciones de los acusadores en violación de los arts. 3, 6 y 12 del CPP, relativas a la imparcialidad y la igualdad entre las partes y los testigos demostraron tener interés directo en el resultado del juicio.


  1. El peritaje de Freddy Torrejón y Rubén Solíz Pacheco, tiene que ver con pruebas documentales que no fueron ofrecidas, por lo que se solicitó su exclusión.


  1. Se produjo prueba testifical de descargo, todos originarios de la comunidad de Huancollo, indicando que existió agresiones mutuas entre Julia Agustina Cabrera de Huanca y Juana Huanca Quispe, mientras que no participaron Remedios Quispe de Patty, Juana Huanca de Callisaya, Jacinta Huanca Quispe, Francisca Huanca de Quispe y Bernabia Huanca Quispe, sumado al hecho de que sobre las lesiones se resolvió en su comunidad conforme a sus usos y costumbres, duplicándose y violándose Sentencias Constitucionales que prohíben el doble procesamiento, aspecto que incurre en vulneración de los arts. 4 del CPP y 171 de la CPE, situación que hubieran reclamado oportunamente. 


  1. Las pruebas fueron judicializadas infringiendo el art. 341 del CPP, con el asesoramiento del propio Juez en violación del CPP.


II.3.Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, resolvió el recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 99/2009 de 13 de abril, que declaró improcedente el recurso planteado, de acuerdo a los siguientes argumentos: 1) El Tribunal de alzada no tiene competencia para revalorizar prueba, conforme pretenden Remedios Quispe de Patty, Juana Huanca Callisaya, Jacinta Huanca Quispe y Francisca Huanca de Quispe, al ser una atribución del Tribunal de Sentencia, en base al principio de inmediación, cuando pretenden que se vuelva a analizar el contenido de las declaraciones de los testigos Angélica Limachi de Flores, Raúl Simón Chura, René Lucio Tancara Aramayo y Ciriaco Chávez Ayala. Por otra parte, el Tribunal de Sentencia llegó al convencimiento de las Lesiones Leves en los acusadores particulares y la autoría de los imputados, basado no sólo en las pruebas testificales, sino también en informes médicos forenses, informes de radiológica, exámenes complementarios, informe del investigador Humberto Chirinos, certificado del Mallku de la comunidad de Huacollo, que analizados conforme al art. 173 del CPP, llevaron a la convicción del juzgador en la comisión de la autoría del delito de Lesiones Leves, por los hechos ocurridos el 13 de septiembre de 2005, en la mencionada Comunidad. De tal manera, que no se incurrió en una defectuosa valoración de la prueba, conforme al art. 370 inc. 6) del CPP; 2) No es evidente que la Sentencia se basó en pruebas nunca incorporadas legalmente al juicio, más aún, cuando los informes médicos legales de Freddy Torrejón Rocabado y Rubén Solíz Pacheco, fueron producidos e introducidos en juicio, siendo falso que se haya violado el art. 341 con relación al 171 y 172 del CPP, porque los informantes periciales de dichos profesionales no vulneraron ningún derecho o garantía reconocida en la Constitución Política del Estado, ni las convenciones internacionales o leyes de la República, inobservándose que hubieran sido obtenidos por medios ilícitos; en consecuencia, no se habilitó el recurso de apelación restringida al tenor del art. 370 inc. 4) del CPP; y, 3) Con relación al argumento de los testigos de descargo respecto que las agresiones hubieran sido mutuas y se solucionaron en la Comunidad de Huacollo conforme a usos y costumbres, en principio no es evidente y por otra parte no constituye causa habilitante del recurso de apelación restringida.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DEFECTO ABSOLUTO


Este Tribunal admitió el recurso abriendo su competencia para verificar la posible vulneración del principio-garantía del non bis in ídem y el quebrantamiento de los arts. 30, 31, 190, 191 y 192 de la CPE y 4 del CPP, por cuanto en el planteamiento de la parte recurrente el hecho sujeto a proceso hubiese sido conocido y resuelto de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad a la que pertenecen las partes.


III.1. Marco Legal y Doctrinal.


III.1.1. Del debido proceso y el Juez natural.


El art. 115.II de la CPE, establece que: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones", precepto constitucional que encuentra su desarrollo y consagración práctica en la estructura del sistema penal del país, que se caracteriza por la oralidad, que a su vez está integrada por los principios de inmediación, contradicción, publicidad, continuidad, sobre los cuales debe desarrollarse el juicio con la fundamentación tanto de la acusación como de la defensa, la introducción de la prueba, el alegato de las partes y finalmente, en los plazos establecidos, el pronunciamiento de la Sentencia, resultando obligación de los Jueces y Tribunales, interpretar y aplicar los principios establecidos en armonía con las garantías jurisdiccionales y los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional.


Ahora bien el debido proceso, entre otros elementos, está compuesto o integrado por el juez natural, garantía que emerge del art. 117.I de la CPE que señala: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada” y del art. 120.I que dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con autoridad al hecho de la causa” y en relación a este, el art. 122 de la misma CPE, establece: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley", siendo este el marco constitucional que sustenta el principio del juez natural, que es entendido por la doctrina como el juez competente que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial, y así también lo establece el art. 12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) al señalar: "(Competencia) Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto", por lo que se  concluye que Juez natural, es aquel determinado por la ley.


III.1.3. Normativa constitucional referida al caso.


El art. 30 de la CPE se encuentra en el apartado dedicado a los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Hace referencia a los parámetros que permiten definir a una nación y pueblo indígena originario campesino y establece los derechos fundamentales de estas colectividades. Finalmente, se refiere a la función del Estado de garantizar estos derechos; el art. 31 del texto constitucional se encuentra en el mismo apartado y hace referencia a las naciones y pueblos indígena originario campesinos en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, así como a su derecho a ser protegidos y respetados, y su derecho a la delimitación y consolidación de sus territorios; el art. 190 de la misma normativa abre el apartado sobre jurisdicción indígena originario campesina. Hace referencia, por un lado, a las características de la jurisdicción indígena originario campesina, es decir las bases sobre las cuales las naciones y pueblos indígena originario campesinos podrán ejercer sus funciones jurisdiccionales. Por otro lado, el artículo establece los derechos, o mínimos jurídicos, que la jurisdicción indígena originario campesina deberá contemplar, para el ejercicio de sus funciones; el art. 191 se encuentra en el mismo apartado y hace referencia, en primera instancia, al fundamento de la jurisdicción indígena originario campesina, sobre la base del vínculo existente entre los miembros de una nación y pueblo indígena originario campesino; en segundo lugar, establece los ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originario campesina y el art. 192 de la CPE hace referencia a la forma de relacionamiento entre esta jurisdicción, o jurisdicciones, con la población en general, así como con las demás instituciones que conforman el Estado.


III.1.4. El principio non bis in ídem.


Es un aforismo que proviene del latín que significa “no dos veces lo mismo”, y se interpreta como la prohibición de que no se puede procesar ni condenar dos veces a una misma persona por un mismo hecho. Desde la óptica doctrinal, constituye un principio relacionado de forma directa con los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y cosa juzgada, toda vez que la prohibición significa un límite al poder sancionador del Estado, pero a la vez implica seguridad para el justiciable, quien no puede vivir en zozobra ante una probable persecución penal indefinida, máxime si ya fue sometido a proceso por un hecho denunciado; es decir, el citado principio prohíbe el desarrollo de dos o más procesos, así como la aplicación de dos o más sanciones, sea en el mismo orden jurídico sancionador o en otro, incluyendo en este razonamiento otros sistemas jurídicos, como el caso del sistema de naciones y pueblos indígena originario campesinos, que se encuentran bajo la jurisdicción indígena originaria campesina.


Este principio encuentra su vigencia en la primera parte del parágrafo II del art. 117 de la CPE, que dispone que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho; así como el art. 4 del CPP, referido a la persecución penal única, que señala: “nadie será  procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación, o se aleguen nuevas circunstancias”, de lo que se advierte que esta prohibición se plasma en dos ámbitos: a) En la de doble procesamiento por el mismo hecho, y; b) En condenar más de una vez por el mismo hecho.


En concordancia con la normativa interna, el art. 14 inc. 7) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por las Naciones Unidas (PIDCP) señala: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la Ley y el procedimiento penal de cada país”; por su parte el art. 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece entre otras garantías la siguiente: “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.


Por lo señalado anteriormente, se deja asentado que el principio non bis in ídem se configura en un derecho fundamental inherente al imputado, reconocido tanto por la normativa interna, como por el “bloque de constitucionalidad”, que prohíbe el doble procesamiento y/o doble sanción por los mismos hechos.


III.1.5. La fundamentación que debe contener toda resolución judicial

  

Al respecto se debe tener en cuenta lo establecido en el Auto Supremo 207 de 28 de marzo de 2007, que señaló lo siguiente: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: Porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: En la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aun por los legos.


c) Completa: La exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: La legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no esta debidamente motivada.


e) Lógica: Finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia.


Cuando a tiempo de emitir un decisorio, los Tribunales no observan los presupuestos señalados supra, incurren en vicios absolutos que atenta contra al derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones debidamente motivadas, guardando coherencia entre la parte considerativa y la dispositiva, esto es sin incurrir en contradicciones, en desorden de ideas, yuxtaposición numerativa de folios o de afirmaciones formuladas mecánicamente, o en una frondosa, enrevesada y superficial acumulación de disgresiones sin mayor relación con el caso a resolver, una resolución resulta insuficientemente motivada cuando en el caso concreto resulta superficial y/o unilateral o cuando los argumentos esgrimidos resultan contradictorios antagónicamente, o cuando se detectan vicios de razonamiento o de demostración (falacias o paralogismos), en todo caso la redacción debe guardar claridad explicativa, no siendo una exigencia que los decisorios sean extensos o ampulosos”. Este criterio ha sido reiterado, entre otros, por los Autos Supremos 449 de 12 de septiembre de 2007 y 410 de 20 de octubre de 2006; éste último, en cuyo contenido agregó lo que sigue: “Finalmente el Tribunal de alzada de acuerdo al imperio de lo dispuesto por el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal que dispone; Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, en consecuencia no pueden considerar otros aspectos procesales que ameriten obrar en forma ultrapetita en aplicación del principio de legalidad que obliga a los Tribunales de alzada de observar estrictamente esta disposición, a no ser que se evidencien violaciones a derechos y garantías constitucionales, vicios insubsanables no sujetos a convalidación contenidos en los artículos 169 inciso 3) y 370 del Código de Procedimiento Penal lo contrario significaría actuar en vulneración a la garantía constitucional del debido proceso, tal el caso de autos que el Tribunal de alzada, resuelve aspectos no reclamados por el apelante de la sentencia”.


De la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos glosados precedentemente, es posible determinar que el derecho a una debida fundamentación es un elemento del debido proceso, este último consagrado por los arts. 115.II, 117 y 180 de la CPE; se trata del derecho de todo ciudadano a contar con resoluciones debidamente motivadas, de tal manera que brinden certeza de su contenido y alcances de la decisión asumida. Es una premisa consolidada por este Órgano de justicia ordinaria; que todas las resoluciones, entre ellas, las emitidas por el Tribunal de alzada, deben cumplir con esta exigencia constitucional, emitiendo criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentra en el recurso de casación, así como en el caso de la concurrencia de defectos absolutos.


III.2.Análisis del caso en concreto.

Las recurrentes afirman que en su recurso de apelación restringida denunciaron la inobservancia del art. 4 del CPP, enfatizando que el Tribunal de alzada no consideró que se les juzgó en la justicia originaria campesina, pues respecto a dicho agravio se limitó a asumir una afirmación carente de fundamentación teniendo en cuenta que sólo señaló que: “no es evidente y por otra parte no constituye causa habilitante del recurso de apelación restringida” (sic). Al respecto, se debe tener en cuenta que la doctrina legal señalada, tiene por finalidad instituir un razonamiento sobre: la labor de valoración de la prueba del Juez y Tribunal de Sentencia; la obligación del Tribunal de alzada de motivar sus fallos y la prohibición a éstos de valorar prueba y un entendimiento sobre la facultad conferida por el art. 413 del CPP, a los Tribunales de alzada.


De la normativa precedentemente analizada y del mandato establecido por los arts. 124 y 398 de la Ley adjetiva penal, es necesario reafirmar que los Tribunales de alzada, al resolver los recursos de apelación, deben circunscribir su competencia a responder todos los motivos denunciados en el recurso, en dicha labor deben ejercer también el control constitucional sobre las actuaciones desarrolladas en el juicio oral por el Tribunal inferior, que refleje el respeto de todos los derechos y garantías reconocidas por la Constitución; además, dicha respuesta debe estar debidamente fundamentada y motivada sobre todos los motivos expuestos.


En autos se evidencia que las recurrentes, en su recurso de apelación restringida, denunciaron entre otros motivos, que por el hecho juzgado ya fueron sancionadas en la justicia originaria campesina, a cuyo efecto precisaron los motivos por los cuales se cometió un doble procesamiento; ante este motivo específico del recurso de apelación restringida, el Tribunal de alzada, mediante el punto tres del Auto de Vista impugnado, otorgó como respuesta: “que las agresiones hubiera sido mutuas, que solucionado en la Comunidad de Huacollo conforme a usos y costumbres; en principio no es evidente y por otra parte no constituye causa habilitante del recurso de Apelación Restringida” (sic). Esta conclusión asumida por el Tribunal de alzada, no puede constituir de modo alguno una respuesta positiva o negativa con relación al motivo del recurso de apelación sobre un doble procesamiento, porque no se puede identificar en su formulación ningún argumento jurídico, menos un análisis de la problemática planteada que haga sostenible la decisión del porqué declaró improcedente el motivo planteado; además, de que no se tuvo en cuenta la documentación que corre a fs. 468 y 503 a 504, la cual versa sobre que las recurrentes fueron juzgadas en la justicia originaria campesina.


Del análisis realizado, se evidencia que el Auto de Vista impugnado en inobservancia de los arts. 124 y 398 del CPP, contradice la doctrina legal asumida por este Tribunal respecto de la debida fundamentación, porque el Tribunal de alzada, no dio una respuesta fundamentada y motivada, además de coherente, sobre la denuncia de un doble procesamiento, pese a que las recurrentes hicieron hincapié en que el hecho denunciado ya fue resuelto por la justicia originaria campesina, por lo que le corresponde analizar toda la normativa señalada en el punto III.1. de la presente Resolución; en consecuencia, el Tribunal de alzada al no emitir su resolución de manera motivada incurrió en vulneración del debido proceso; en cuyo mérito, corresponde dejar sin efecto la Resolución recurrida.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 99/2009 de 13 de abril, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA