TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 202/2015-RRC-L

Sucre, 10 de abril de 2015


Expediente                        : La Paz 129/2010

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Gregoria Mamani Nacho de Quenta

Delito                        : Uso de Instrumento Falsificado

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 31 de agosto de 2010, cursante de fs. 301 a 306, Gregoria Mamani Nacho de Quenta, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 159/2010 de 21 de Julio, de fs. 284 a 287 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Lázaro Ajllahuanca Mamani, contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del Código Penal (CP).

       

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1 Antecedentes


  1. Desarrollada la audiencia del juicio oral y público, por Sentencia 001/10 de 29 de marzo de 2010 (fs. 220 a 234), el Tribunal de Sentencia de Achacachi del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Gregoria Mamani Nacho de Quenta, culpable de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP, imponiéndole la pena de cinco años y seis meses de reclusión a cumplir en el centro de orientación femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, con costas a favor del Estado más el pago de daños, costas y perjuicios a favor de la parte acusadora particular.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Gregoria Mamani Nacho de Quenta (fs. 256 a 261 vta.) interpuso recurso de apelación restringida, resuelta por Auto de Vista 159/2010 de 21 de julio emitido por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada.


  1. El 26 de agosto de 2010 (fs. 290), fue notificada la recurrente Gregoria Mamani Nacho de Quenta con el rechazo a la solicitud de explicación, complementación y enmienda al referido Auto de Vista 159/2010 de 21 de julio y el 31 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación.


I.1.1. De los motivos del recurso de casación


Del memorial de casación y el Auto Supremo 124/2015-RA-L de 04 de marzo, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Manifiesta vulneración al principio de continuidad, señalando que en el transcurso del juicio existieron suspensiones mayores a los diez días calendario previstos por el art. 336 del Código de Procedimiento Penal (CPP), contradiciendo lo establecido por la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007, que en lo principal establece: “Esta Sala estima que el espíritu del CPP y del sistema oral acusatorio, contiene como regla general, el principio de continuidad de la audiencia de juicio...”, jurisprudencia que no hubiese sido tomada en cuenta por el Tribunal de alzada a tiempo de emitir la resolución ahora recurrida, pese a haberse precisado de forma puntal las suspensiones de audiencia mayores a los 10 días dispuestas por el Tribunal de sentencia, y que al contrario se le hubiese declarado improcedente su recurso con el argumento de que las suspensiones no fueron excesivas y que en su caso el apelante no observó los proveídos que dispusieron o reprogramaron las audiencias fijadas. Al respecto señala también que el Auto de Apertura de juicio oral hubiese señalado el inicio de las audiencias fuera del plazo establecido por el art. 343 del CPP; es decir, al día 48 descontando inclusive los días de vacación dispuesta mediantes circular 18/2009, estos aspectos habrían determinado la dispersión probatoria.


  1. Arguye contradicción del Auto de Vista con relación al Auto Supremo 449/07, referido a la falta de pronunciamiento de los puntos apelados y falta de fundamentación incurriendo en vulneración del art. 124 del CPP, identificando como puntos no resueltos o con insuficiente fundamentación los siguientes; i) Se denunció la falta de fundamentación en la sentencia respecto los elementos probatorios que hubiesen acreditado que las pruebas MP-6 y MP-7 eran falsos y por lo tanto se acreditaría el delito de Uso de Instrumento Falsificado, al respecto el Auto de Vista solo hubiese resuelto señalando que si existió la suficiente prueba para acreditar la culpabilidad de la recurrente y que en todo caso no corresponde verificar sólo algunas partes de la resolución impugnada sino realizar el análisis de la totalidad de ésta; sin embargo, esta fundamentación resultaría también insuficiente ya que del total de la sentencia no se llega a establecer con certeza qué elementos probatorios establecieron la ilegalidad de sus actos; ii) Que el tribunal de alzada se limitó a reiterar los fundamentos de la sentencia en cuanto a las presuntas pruebas relacionadas a Daniel Huanca Larico (Oficial de registro civil), y su negativa de haber otorgado el certificado de defunción, además de haberse demostrado que los datos insertos en dicho certificado serian falsos, conclusiones que no están respaldadas por prueba alguna; iii) Observa la mención efectuada en la valoración probatoria respecto de la prueba MP-7 firmada por Francisco Yujra con C.I. 2944475, empero en la sentencia se hace referencia a una certificación emitida por Francisco Yujra Yujra, es decir con dos apellidos, pero además en la prueba MP-8 (informe de identificación) se certifica dicho nombre con dos apellidos y con distinto C.I. 4867738 LP; iv) El Auto de Vista no fundamentó sobre el DOLO con el que hubiese actuado el imputado, pues no se señaló con qué prueba o fundamento se llegó a demostrar dicho extremo. Estos cuatro puntos serían los que el Tribunal de alzada omitió realizar una correcta fundamentación, infringiendo los arts. 124, 370 inc. 5) y 169 inc. 3) del CPP, hecho que acredita la violación de garantías y derechos constitucionales, siendo estos el debido proceso, legítima defensa, tutela judicial efectiva y presunción de inocencia



    establecidos en los arts. 180, 15, 116.I, 117.I y 119.II. de la CPE.  


  1. Aduce error en la fecha de fallecimiento de Simón Mamani Gómez, señalada en la Sentencia pues este aspecto no corresponde a un error subsanable como lo señala el Tribunal de alzada, sino más al contrario se constituye en
    un defecto absoluto de procedimiento, pues la fecha de fallecimiento data de 14 de julio de 1969 y no el 23 de junio de 1983 que sería la fecha del Certificado de defunción, tomando en cuenta la fecha correcta denotaría que la madre del acusador e hija de “Simón Mamani Gómez”, falleció 5 años después de este; es decir, el 20 de enero de 1975, consiguientemente con este dato se acredita que el acusador no está legitimado como víctima en el presente proceso ya que la directa heredera era su madre, constituyendo este aspecto un defecto absoluto que determina la concurrencia de vulneración a derechos y garantías constitucionales, respecto del precedente contradictorio señala que ante situaciones verdaderamente injustas la Corte Suprema de Justicia estableció a través del Auto Supremo 401 de 18 de agosto de 2003, instauró la posibilidad de ingresar a conocer dichos argumentos a los fines de reencaminar el proceso ante la existencia de violaciones flagrantes al procedimiento además de la concurrencia de defectos absolutos.


  1. El Auto de Vista recurrido no revisa ni se manifiesta sobre el quantum de la pena, misma que sería excesiva, contradiciendo la doctrina legal aplicable establecida en el Auto Supremo 50 de enero de 2007 emitido por la Sala Penal II, que si bien no fue invocada en su apelación restringida el Tribunal de alzada tenía la plena competencia para considerar este punto, pues se impuso la pena casi máxima  (cinco años y seis meses) de los seis años previstos para el delito de Uso de Instrumento Falsificado, sin considerar las atenuantes como ser que; no cuenta con antecedes penales, recién aprendió a leer y escribir, jamás inscribió en Derechos Reales ningún derecho propietario de su padre, entre otros, estableciéndose que el Tribunal de Sentencia en lo Penal de Achacachi, al emitir la Sentencia 01/2010, violó las reglas de imposición de la pena establecidas en los arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal y art. 3 de la Ley 1970 concordante con el art. 119. I de la CPE.


I.1.2. Petitorio


La recurrente solicita, se deje sin efecto el Auto de Vista 159/2010 de 21 de julio de 2010, dictado por la Sala Penal Tercera del Distrito de La Paz, declarando la doctrina legal aplicable de acuerdo a lo previsto en el art. 419 del CPP, ordenando se emita nuevo Auto de Vista.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 124/2015-RA-L de 4 de marzo, éste Tribunal declaró ADMISIBLES los cuatro motivos del recurso interpuesto.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


II.1. Sentencia.


Por Sentencia 001/10 de 29 de marzo de 2010 (fs. 220 a 234), el Tribunal de Sentencia de Achacachi del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Gregoria Mamani Nacho de Quenta, culpable de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP, imponiéndole la pena de cinco años y seis meses de reclusión a cumplir en el centro de orientación femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, con costas a favor del Estado más el pago de daños, costas y perjuicios a favor de la parte acusadora particular.


Los hechos probados en juicio oral establecieron que:


  1. El deceso de Simón Mamani Gómez, se produjo el 23 de junio de 1983, quien dejó como herederos a sus hijos supérstite Gregoria Mamani Nacho y Candelaria Mamani Nacho, habiendo esta última nombrada fallecida, quien dejó como heredero a su hijo Lázaro Ajllahuanca Mamani (nieto de Simón Mamani Gómez).


  1. Por Resolución 15/06 de 13 de febrero de 2006, por ante el Juzgado de Instrucción de Achacachi, Gregoria Mamani Nacho de Quenta es declarada heredera de los bienes dejados por Simón Mamani Gómez y que este documento (declaratoria de herederos) se lo hizo protocolizar obteniendo la Escritura Pública Nº 13 de 23 de marzo de 206, emitido por Dolly Martha Pinto Gemio, Notaria de Fe Pública de Segunda Clase de la provincia Omasuyos.


  1. Que el resultado de la obtención de la declaratoria de herederos (vía judicial) está sujeta y basada en documentos acreditados ante el Juez instructor de Achacachi como ser: i) El certificado de defunción de Simón Mamani Gómez, expedido por Daniel Huanca Larico, Oficial de Registro Civil Nº 2058; ii) Certificado emitido por Francisco Yujra Yujra, en calidad de Sub Central de la Comunidad de Pahana Grande, de Cantón Santiago de Huata, mismos que los utilizó para tal acto la nombrada acusada.


Consecuentemente, el certificado de defunción (punto i) resulta siendo falso a raíz de la negativa de haber sido otorgado por Daniel Huanca Larico, Oficial de Registro Civil y además de que los datos insertos en tal certificado son falsos en las fechas de partida y de expedición.


El certificado otorgado por Francisco Yujra Yujra (punto ii) también resultaría falso, por cuanto esta persona no sabe leer ni escribir (analfabeto).


En conclusión, obtenida la declaratoria de herederos, donde se insertan los documentados anteladamente referidos, se los llega a utilizar para dicho trámite y protocolización (vía judicial y vía Notario).


  1. En relación al de cujus y la acusada, se considera legal una sucesión; empero, no se puede negar derechos de terceras que aleguen igual o mejor derecho a costa de utilizar documentos fraguados u obtenidos ilegalmente.





  1. Que, para la comisión o el acto propio del hecho ilícito se determina en documentos que no son los adecuados cuando para tratar y lograr beneficios se urde, engañando, mintiendo y haciendo valer derechos que en su totalidad no le corresponden; en consecuencia, se llega a establecer el daño al bien jurídico protegido por ley.


  1. Que, a decir de la prueba misma, presentada por la parte acusada, se estableció que: i) Haber tramitado una reposición del certificado de defunción de Simón Mamani Gómez, en forma a-posterior de llegar a utilizar el fraguado; ii) El tratar de sustentar que hubo un acuerdo a través de las autoridades comunitarias, donde firman estas empero no así los nombrados interesados; y, iii) Que la declaratoria de herederos a favor de Lázaro Ajllahuanca Mamani, precisamente, demuestra un derecho que le asiste y que puede ser reclamado como hacerla válida por ante cualquier autoridad o terceras personas.


De toda la prueba producida, englobando en su valoración se estableció:


Una conducta típica o sea la de hacer uso o la de utilizar el documento o certificado falso en cualquier acto (público o privado) de acuerdo con su destino probatorio; requiere una actividad que pueda revertir sobre derechos de un tercero empleándolo con propiedad o sea de acuerdo con la finalidad del documento o certificado, presentándolo ante autoridades, intentando hacer efectivos los derechos que emanen de el por vía jurisdiccional o privada. Resultando, la posibilidad de un perjuicio o el perjuicio efectivo.


La autoría en la que rigen todas las reglas generales que regulan la autoría que se configura la acción, típicamente antijurídica y culpable en relación a los elementos  constitutivos de la tipificación de autos, ello referente a la prueba testifical como la literal signada como MP-1 a la MP -9.


II.2. Del recurso de apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, Gregoria Mamani de Quenta, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 256 a 261 vta.); mismo que contenía como motivos los siguientes argumentos:


  1. Valoración defectuosa de la prueba y hechos no acreditados previstos en el art. 370 inc. 6), con relación al art. 173 del CPP, y violación de los principios de presunción de inocencia, probidad, imparcialidad, objetividad, sana crítica y congruencia, refiriendo que: i) Existió error en la fecha de fallecimiento de Simón Mamani Gómez; ya que, la fecha correcta de acuerdo a certificado original de defunción es de 14 de julio de 1969 y no el consignado en la Sentencia como 23 de junio de 1983; ii) Que no se demostró la falsedad de la fotocopia legalizada del certificado de defunción (MP-6) que se dijo fue utilizada, estableciéndose que el Tribunal llegó a una conclusión a partir de un hecho no acreditado; y, iii) Que la deducción sobre la falsedad del certificado de la comunidad firmado por Francisco Yujra es errada; ya que, se llegó a dicha conclusión sobre la base de un informe de identificación personal de otra persona homónima que lleva dos apellidos y cedula de identidad distinta; iv) El elementos constitutivo del tipo “A Sabiendas” no fue mencionado en la Sentencia ;y, v) Se omitió en la Sentencia que en la declaratoria de herederos se salvó expresamente los derechos de Candelaria Mamani Nacho (madre del acusador).


  1. La Sentencia apelada carecía de fundamentación; por lo que, le afecto al derecho a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, por lo cual ameritaba su nulidad absoluta.


  1. Se vulneró el principio de continuidad del juicio previsto en el art. 334 del CPP, pues sin respetar el mandato de las normas procesales se habría señalado audiencia de celebración de juicio después de los 45 días establecidos en el art. 343 de la normativa procesal penal, además de haberse suspendido audiencias por más de una vez y señalándose después de los diez días, que dispone el art. 336 del CPP.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente fue resuelta por Auto de Vista 159/2010 de 21 de julio, emitido por la Sala Penal Tercera de las entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, que declaró improcedente la apelación restringida impetrada por Gregoria Mamani de Quenta, en consecuencia confirmó la Sentencia impugnada, sin costas por ser excusable, los fundamentos para asumir esta decisión fue:


Con relación a la defectuosa valoración probatoria, señalaron que la sana crítica es un método que no tiene ni la excesiva rigidez de la prueba legal que proviene de la ley ni la incertidumbre de la libre convicción, ya que este método combina las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia; es decir, que la valoración de la prueba se las debe realizar con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia; si bien, que con base en los criterios de verdad otorgados a cada elemento de prueba los hechos probatorios sean confrontados para establecer si su acción determinada pudo suceder o si ello fue posible de una u otra manera explicable dentro de las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, postulados que rigen el razonamiento, las transformaciones materiales y la vida social, formal y dialécticamente comprendidos; por lo que, los hechos referidos a la fecha del fallecimiento de Simón Mamani Gómez, y el supuesto homónimo que tendría Francisco Yujra, como los tramites efectuados en la vía civil, no pueden significar una errónea valoración de la prueba; toda vez, que la autoridad A quo valoró todos los elementos de prueba judicializados de manera conjunta e integral, en los cuales se aplicó las reglas de la sana crítica señalados líneas arriba, además que se debe entender que el proceso penal tiene por objeto buscar la verdad material sobre la comisión de un hecho ilícito; por lo que, al no ser evidente la vulneración a las reglas de la sana crítica este Tribunal no puede ingresar a una revalorización de la prueba.


Que, la resolución apelada no sólo se basó en el informe expedido por Registro Civil en el que se señaló la inexistencia de la partida de defunción a nombre de Simón Mamani Gómez; asimismo, a través de la negativa de Daniel Huanca Larico Oficial de Registro Civil de haber otorgado el certificado de defunción, demostrándose que los datos insertos en dicho certificado serian falsos tanto en la fecha de partida como en la de expedición, además que se habría acreditado que


el Certificado emitido por Francisco Yujra Yujra sería falso ya que el mismo sería analfabeto, extremo que no fue desvirtuado por la parte apelante como pretende en esta instancia.


Que, en la Sentencia apelada se señala el dolo con el cual habría actuado la imputada, motivo por el cual se la declaró autora y culpable de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, por lo que no es evidente la omisión con relación al dolo.


Que, es evidente que en la Sentencia apelada no se considera la declaratoria de herederos que salvaría los derechos de Candelaria Mamani Nacho y Paulina Mamani Nacho; sin embargo, dicha prueba no tiene relación directa con el tipo penal de Uso de instrumento Falsificado, el cual es la base del presente proceso, motivo por el cual no es pertinente para su consideración.


Con relación a la falta de fundamentación de la Resolución Nº 001/2010, señalaron que dicho extremo no es evidente; toda vez, que se hace una descripción de todos los elementos que generaron la suficiente convicción en el Tribunal sobre la responsabilidad de la imputada, no debiéndose tomar sólo parte de ésta para señalar la existencia de una supuesta indebida fundamentación; sino, la Resolución en su totalidad.


Finalmente, con relación a la vulneración del principio de continuidad, se debe señalar que; si bien, el Auto de Apertura se emitió el 28 de mayo de 2009 y se habría fijado audiencia para el 4 de agosto de 2009, no es evidente la vulneración de lo previsto por el art. 343 del CPP, ya que no se tomó en cuenta el tiempo en el que se ingresó a la vacación judicial; asimismo, de la revisión de obrados se estableció que la audiencia de prosecución de juicio de 27 de agosto de 2009, se suspendió hasta el 7 de septiembre de 2009, habiendo transcurrido diez días hábiles, respecto de dicha audiencia fue suspendida hasta el 21 de mismo mes y año, transcurriendo once días, de igual manera la audiencia de juicio oral señalada para el 21 de septiembre de 2009, esta se suspendió hasta el 5 de octubre del mismo año, transcurriendo doce días hábiles; además, la audiencia señalada para el 23 de octubre de 2009, se suspendió hasta el 3 de noviembre del mismo año y mediante decreto de 28 de octubre de 2009, se reprogramó la audiencia para el 12 de noviembre de 2009, por ser Todos Santos (fs. 136), audiencia que se llevó a cabo y se fijó para el 18 de noviembre, habiendo transcurrido seis días; el 7 de diciembre se señaló audiencia para el 17 del mismo mes y años la cual mediante providencia de 15 de diciembre de 2009, se aclaró que al tener convocatoria para la asistencia de la visita General de Cárceles en fechas 17, 18 y 19 de diciembre se reprograma la audiencia para el 6 de enero de 2010 (fs. 172), ante lo cual se debe señalar a la apelante que de las audiencias observadas en la apelación se puede notar que no es evidente la dilación maliciosa por parte del Tribunal a quo ya que si bien existieron suspensiones mayores a los diez días calendario previstos por el art. 336 del CPP, estas no fueron excesivas; por lo que, dicho extremo no demuestra la maliciosidad en el Órgano Judicial o la dilación indebida; asimismo, se debe tomar en cuenta que la apelante no observó los proveídos mediante los cuales se reprogramaron las audiencia fijadas, en los que se expresaron los motivos por los cuales se llegó a dicha decisión; por lo que, no es evidente vulneración alguna al principio de continuidad; además que la parte apelante sólo tomó en cuenta las fechas en las que se suspendieron las audiencias y la fecha en la que se señalaron, no tomando en cuenta que en muchos casos existieron reprogramaciones por razones no atribuibles al Órgano Judicial, las cuales de igual manera deben ser tomadas en cuenta.


El Tribunal de alzada estableció que la Sentencia apelada cumplía con lo dispuesto por el art. 359, toda vez que dicho artículo señala “El tribunal valorará las prueba producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y expondrá los razonamientos en que fundamenta su decisión. Los jueces deliberaran y votaran respecto de todas las cuestiones, en el siguiente orden: 1) Las relativas a toda cuestión incidental que se haya diferido para este momento; 2) Las relativas a la comisión de hecho punible y la absolución o condena del imputado; y, 3) La imposición de la pena aplicable. Las decisiones se adoptaran por mayoría. Los jueces fundamentaran separadamente sus votos o lo harán de forma conjunta cuando estén de acuerdo. Las disidencias deberán fundamentarse expresamente por escrito. En caso de igualdad de votos se adopta como decisión la que más favorezca al imputado”, siendo evidente que la existencia de una debida valoración de las pruebas en base a las reglas de las santa critica concernientes al presente proceso penal, se realizó la deliberación y voto con relación al comisión del hecho punible, y de igual manera se impuso la pena en función a los hechos demostrados; por lo que, es evidente que no existe inobservancia o errónea aplicación de la Ley.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


El recurso de casación de Gregoria Mamani Nacho de Quenta, admitido por precedente contradictorio y flexibilización, en el que se denunció la vulneración del principio de continuidad, la falta de pronunciamiento a los puntos apelados y falta de fundamentación incurriendo en vulneración del art. 124 del CPP, además del error existente en la fecha del fallecimiento de Simón Mamani Gómez y que el Tribunal de alzada no hubiese revisado ni se pronunció sobre el quantum de la pena, para el efecto citó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 37 de 27 de enero de 2007, 449 de 12 de septiembre de 2007.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por el art. 42.I inc. 3 de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en materia procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.



La atribución de éste Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y, c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por éste Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios; será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el 420 del CPP.


III.2 De los precedentes invocados.


Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro contra BSC por la presunta comisión del delito de Asesinato, tuvo como antecedente fáctico la denuncia de la suspensión de audiencias en varias oportunidades y por lapsos de tiempo superiores al máximo permitido por ley, vulnerándose el principio de celeridad. Este antecedente generó la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


Esta Sala estima que el espíritu del Código de Procedimiento Penal y del sistema oral acusatorio, contiene como regla general, el principio de continuidad de la audiencia de juicio, el que consiste que aquella se realizará sin interrupción, durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su culminación; estableciendo como excepción al mencionado principio, la suspensión de dicha audiencia, por un plazo máximo de diez días, tan solo una vez y en cualquiera de los casos enumerados en la disposición 335 del Código de Procedimiento Penal.
Dicho principio persigue que el juicio se desarrolle en un lapso cerrado mediante un proceso consecutivo para la exposición de la acusación, las pruebas, las alegaciones o informes de las partes y, de inmediato se dicte la sentencia. Con ello se busca hacer efectivo que el proceso se desenvuelva sin dilaciones indebidas.
Que en ese razonamiento, el juicio oral, público y contradictorio desarrollado en el caso de Autos, se efectuó en franca violación del principio de continuidad que rige el juicio oral, público y contradictorio, ocasionando dispersión de la prueba y su valoración, situación que ha sido esbozada en el Auto Supremo Nº 239, de 1 de agosto de 2005, toda vez que los principios procesales tienen un objeto y un fin, de ahí que la interrupción más allá de los límites razonables expresamente señalados en la norma penal, sustraen de la necesaria credibilidad a los fallos judiciales; el fallo en forma inmediata impide que los jueces se vean influenciados por factores externos a lo vivido en el debate, para que la única influencia en la decisión sea lo que haya quedado impregnado en las retinas y en el sentido auditivo de los jueces que emiten el decisorio, por otra parte permite el desarrollo del principio de publicidad y asegura fundamentalmente que el juez pueda extraer de manera inmediata, sin que sean determinantes las limitaciones humanas como la memoria, para precisar los elementos de prueba que han de sustentar su resolución.


Así, no es concebible que la autoridad jurisdiccional ignore estos presupuestos y deje de ejercitar las facultades que le provee la ley para la correcta dirección de la audiencia, consintiendo en que las partes realicen cuanto acto dilatorio les plazca, sin que se libren las respectivas amonestaciones o en su caso se impongan las multas pertinentes, pero es aún más grosero que el titular del órgano jurisdiccional discrecionalmente e ignorando las características propias del proceso acusatorio, señale fechas tan distantes para la prosecución de una audiencia de juicio donde se define la situación jurídica de las personas.


De ahí que esta distorsión del procedimiento resulta grave ya incide directamente en la integridad del legítimo proceso, no pudiendo ser fidedignos los razonamientos de un juez que ha conocido de los antecedentes de hecho en un lapso de tiempo irrazonable, debiendo en estos casos aplicarse la sanción pertinente, tanto procesal como disciplinaria, de donde la oportunidad procesal para el ejercicio de tal control jurisdiccional, era precisamente durante el análisis en el fondo del recurso de apelación restringida interpuesto por los imputados, empero no fue ejercitada bajo el principio de igualdad por el órgano jurisdiccional, legitimado a tal efecto”.


Auto Supremo 449 de 12 de septiembre de 2007, dictado dentro del proceso penal seguido por SMM y otro contra LFVC, por la presunta comisión del delito de Estafa, tuvo como antecedentes fácticos que se hubiera vulnerado el debido proceso, en razón a la falta de fundamentación de la resolución emitida por el Tribunal de alzada, alegando además la errónea aplicación de la Ley sustantiva (art. 337 del CP), la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia, sosteniendo que existiere contradicción entre la parte considerativa y dispositiva. Estos antecedentes generaron la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


Que es una premisa consolidada que toda resolución, como la emitida por el Tribunal de Alzada, debe ser debidamente fundamentada, vale decir, que es necesario que el tribunal de apelación, emita los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentran en el recurso de casación, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del porque dicho acto se considera defecto absoluto y que principios constitucionales fueron afectados.


La falta de fundamentación en las resoluciones jurisdiccionales constituye un defecto absoluto, porque afecta al derecho a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva; de ahí, que es necesario que cada resolución brinde a las partes procesales y a terceras personas interesadas, los razonamientos jurídicos esenciales del por qué se ha dispuesto de una u otra manera la resolución del conflicto penal; además, con la fundamentación jurídica, el Juez o Tribunal legitima sus actos, esa motivación no puede ser sustituida por una repetición de frases hechas sobre el alcance del recurso o los requisitos de su fundamentación, sino que, en verdad debe descansar en la expresión del razonamiento requerido por la norma procedimental de forma imperativa.
La jurisprudencia penal tiene sentada una línea con respecto a la falta de


fundamentación en las resoluciones; al respecto, el Auto Supremo Nº 141 de 22 de abril de 2006, establece "…el Tribunal de Apelación al circunscribir su competencia a los puntos impugnados o a los defectos absolutos, los mismos deben encontrarse con el fundamento respectivo, obligación que debe cumplir ineludiblemente, la falta de fundamento en uno de ellos en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada vulnera los principios de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso".


Respecto de los precedentes invocados al corresponder a una situación de hecho similar al denunciado (Falta de continuidad en las audiencias de juicio oral y falta de fundamentación), corresponde ingresar a considerar el fondo de la problemática planteada a los fines de establecer la presunta existencia de las contradicciones alegadas.


Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia emanada de los Tribunales Departamentales de Justicia y asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma sustantiva y adjetiva es efectivamente aplicada por igual, labor que está reconocida por el art. 42 de LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal la de sentar y uniformar jurisprudencia que es obligatoria para los tribunales y jueces inferiores, en concordancia con el art. 420 del CPP; a continuación se procederá a analizar los argumentos del recurrente, circunscrito a la admisión del recurso de casación contenido en el Auto Supremo 575/2014-RA.


Conforme a lo antedicho, el Tribunal Supremo de Justicia, admitió el recurso de casación interpuesto por el querellante, con la finalidad de verificar si efectivamente el Tribunal de apelación ordenó el reenvío del juicio por supuesta inobservancia del principio de continuidad, en vulneración de los derechos de la víctima e incurriendo en retardación de justicia, contradiciendo los Autos Supremos 224/2012 y 140/2013.


III.3.        Sobre la observancia de los principios de celeridad e inmediación, continuidad o concentración en la audiencia de juicio oral.


El sistema penal acusatorio vigente en Bolivia, ha instituido el juicio oral con la finalidad de garantizar no sólo la resolución de causas en menor tiempo que en el sistema escritural inquisitivo abrogado (celeridad); sino, preponderantemente para asegurar el conocimiento directo de parte del juzgador sobre la prueba y la posición de las partes dentro del proceso, sin la mediación de intérprete o intermediario alguno -excepto casos especiales, como el previsto en el art. 10 del CPP- que puedan alterar la intención de las declaraciones o fundamentación orales (inmediación), acto que se concibe como único y que se debe realizar sin interrupción alguna todos los días hábiles, para asegurar el fiel conocimiento de los hechos en base a los cuales la autoridad jurisdiccional deberá emitir una decisión (continuidad); sin embargo, el CPP, reconoce determinadas circunstancias que pueden impeler a la suspensión de la audiencia de juicio oral (art. 335), previendo igualmente que dicho acto deba reanudarse en un plazo máximo de diez días calendario (art. 336).


Ahora bien, no obstante lo establecido en la legislación, la entonces Corte Suprema de Justicia, actual Tribunal Supremo, ante la imposibilidad fáctica de reanudar la audiencia de juicio oral en el plazo máximo establecido en el art. 336 del CPP, muchas veces debido a la actitud dilatoria de alguna de las partes procesales, incomparecencia de los testigos, peritos y otros, así como por causas imputables al órgano judicial, modulando el entendimiento asumido en el Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007, que con criterio legalista afirmaba la necesidad de reinstalar el juicio oral dentro de los diez días calendario, debido a la dispersión de prueba producida por el señalamiento tan distante que se daba entre las audiencias fijadas, caso contrario correspondía disponer la nulidad de obrados, a través del Auto Supremo 106 de 25 de febrero de 2011, se estableció que  el Tribunal de alzada podía ingresar a analizar el fondo de la impugnación, siempre y cuando corrobore que por la suspensión de audiencias de juicio oral reiteradas, que llegaban a reanudarse incluso más allá de los diez días calendario, no se haya producido dispersión de prueba; es decir, correspondía verificar si dicha inobservancia al principio de continuidad no incidía en la aprehensión de los hechos de parte del juzgador. A partir de dicho razonamiento, el Auto Supremo 093 de 24 de marzo de 2011, estableció que además los Tribunales debían justificar la imposibilidad fáctica de reanudar en intervalos cortos de tiempo, o cuando el nuevo señalamiento sobrepase los diez días fundados en circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que justifiquen dejar en suspenso el plazo establecido en el art. 336 del CPP, correspondiendo que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida fundada en la infracción del principio de continuidad del juicio oral, realice el examen de todas y cada una de las determinaciones de receso y suspensión de audiencias dispuestas por la autoridad jurisdiccional, para establecer si en el caso concreto se transgredió o no el principio de continuidad.


Continuando en la misma línea, este Tribunal en aplicación de los principios de especificidad, trascendencia y convalidación que rigen el sistema de nulidades procesales, en mérito a los cuales no hay nulidad sin previsión expresa de la ley, no hay nulidad sin perjuicio y, toda nulidad no observada oportunamente se convalida por el consentimiento de la parte, el Auto Supremo 224/2012 de 24 de agosto, que si bien no estableció expresamente doctrina legal aplicable al haber sido declarado infundado el recurso de casación que le dio lugar, estableció el siguiente razonamiento: “En el caso, además de resultar razonables los motivos de suspensión de la audiencia, como se tiene suficientemente fundamentado en el Auto de Vista recurrido, si la imputada consideraba vulnerados sus derechos y los principios de continuidad e inmediatez pudo objetar oportunamente las suspensiones de audiencia producidas, acudiendo al recurso previsto en el art. 401 del Código de Procedimiento Penal, y en caso de negativa acudir a la protesta de saneamiento o reserva de apelación restringida, al tenor del art. 407 del mismo procedimiento, aspecto que no ocurrió, de donde se desprende que la recurrente no se sintió afectada o agraviada por los actos que ahora, en muestra de deslealtad procesal, reclama. En consecuencia, ningún elemento de juicio adicional al expuesto en el recurso de apelación, dada la especial característica del motivo alegado (vulneración del principio de continuidad), pudo haber cambiado la justa y

legal decisión del Tribunal de Apelación, pues si bien es evidente el incumplimiento de una forma procesal, este resulta inocuo, toda vez que como bien hace constar el tercer considerando del Auto de Vista recurrido, la suspensión de las sesiones de la audiencia de juicio no solo que fueron consentidas por la imputada y su abogado sino que, en una parte, también fueron ocasionadas y hasta solicitadas por ella


misma, motivo por el que incluso, en fecha 8 de junio de 2010 se declaró abandono malicioso de la defensa”; es decir, se exige una actitud activa de la parte procesal que se considere afectada por la suspensión de audiencia y su señalamiento más allá de los diez días calendario establecido en el procedimiento penal, en el momento procesal oportuno, cual es la audiencia de juicio oral, habiéndose pronunciado en sentido equivalente los Autos Supremos 93/2011 de 24 de marzo, 037/2013 de 14 de febrero y 140/2013 de 27 de mayo, en éste último, en el caso analizado, se corroboró que además de haberse suspendido la audiencia de juicio oral en forma justificada, no existió objeción de las partes al respecto ni sobre la nueva fecha de prosecución de la misma; igualmente, se constató que no existió la dispersión de prueba alegada por la parte, razón por la cual se declaró infundada la pretensión de la parte recurrente.


Finalmente, como corolario de todo lo desarrollado, corresponde referirse al razonamiento expresado en el Auto Supremo 640/2014-RRC de 13 de noviembre, que con relación a la observancia del principio de continuidad estableció lo siguiente: “…se colige que la regla general es la continuidad del juicio como manda el referido art. 334 transcrito, que debe observarse en la realización de los juicios orales, en condiciones de desarrollo normal del acto de juicio; empero, no se puede dejar de considerar, que en ciertas ocasiones, se presentan circunstancias que imposibilitan materialmente la prosecución normal del juicio oral, debido a diversos factores que pueden ser internos, atingentes al proceso o las partes, tales como la inconcurrencia de las partes, de sus abogados, de los integrantes del Tribunal de Justicia, de los testigos, peritos etc.; el planteamiento de cuestiones procesales como apelaciones, recusaciones, incidentes por causal sobreviniente; o por causas externas, a raíz de eventos ajenos al proceso, con la característica de fuerza mayor, que inevitablemente impiden el cumplimiento o vigencia del principio de continuidad o concentración, tales como declaratorias en comisión de jueces o suspensión imprevista de actividades laborales, entre otras situaciones, que de ninguna manera pueden ser atribuibles a las partes o la autoridad jurisdiccional; empero, lo cierto es que entorpecen o impiden el normal desarrollo del juicio y en consecuencia, de la vigencia plena del principio de continuidad o concentración y obviamente el de inmediación.


Por lo tanto, no sería correcto hacer una interpretación literal de la norma, y señalar que todo proceso en que no se hubiera respetado el principio de continuidad, es decir que no se haya llevado a cabo todos los días y horas hábiles hasta el pronunciamiento de la Sentencia, deban ser sancionados con nulidad por quebrantamiento a este principio, sino que también es pertinente considerar y valorar las causas de suspensión o interrupción al juicio, para establecer, primero, a quién es atribuible, después si es legítima o razonable; y, finalmente si es necesario o justificable la nulidad de un juicio oral.


Asimismo, las partes no deben quedar en pasividad ante una transgresión de la norma debido a que los señalamientos de día y hora para la prosecución de la audiencia de juicio son arbitrarios o ilegales, sino que debe utilizar los mecanismos que la ley prevé para buscar la corrección del defecto; y tomando en cuenta que los Tribunales de impugnación deben sopesar los actos concretos que habrían quebrantado la continuidad del juicio oral y si las causas son justificadas, cuando se denuncia la vulneración al principio de continuidad por considerar que el juicio injustificadamente no se desarrolló todos los días y horas hábiles de manera consecutiva, el reclamante, a tiempo de impugnar y denunciar la vulneración de este principio en su recurso de alzada (y de no ser reparado el defecto, en casación), debe señalar de forma precisa qué actos o audiencias del juicio oral fueron suspendidos o declarados en receso (indicando las fechas de suspensión, de prosecución y las causas) sin respetar la inmediatez que prevé la ley, fundamentando por qué considera que la prolongación del juicio oral fue indebido, arbitrario o no justificado, para que con esos insumos, los tribunales superiores tengan los suficientes elementos objetivos y concretos para verificar si los aspectos reclamados son evidentes o no y en definitiva establecer si los principios de continuidad e inmediación fueron indebidamente incumplidos(resaltado propio)Entendimiento también asumido en el Auto Supremo 715/2014-RRC de 10 de diciembre-.


III.4. La debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


La fundamentación es un requisito formal que constituye el elemento intelectual, crítico, valorativo y lógico; a la vez constituye una garantía de orden Constitucional, reconocido en el art. 180.I de la CPE, que entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal mediante varios Autos Supremos, entre otros el Auto Supremo 218/2014 de 4 de junio, que refirió: “Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció (…), entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i)Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica”.






III.5. Análisis del caso concreto.


Respecto del primer motivo en el que se alega la vulneración al principio de continuidad, por la existencia de suspensiones mayores a los diez días calendario previsto por el art. 336 del CPP. Asimismo, que el Auto de Apertura de juicio oral hubiese señalado el inicio de las audiencias fuera del plazo establecido por el art. 343 del CPP, es decir, al día 48.


De lo expuesto en el acápite III.3 de la presente Resolución en lo que concierne al motivo alegado, se concluye que es obligación de los jueces y tribunales, que ante la denuncia de vulneración del principio de continuidad o concentración, la de verificar que la parte afectada haya realizado el reclamo en el momento procesal oportuno, en mérito a los medios de impugnación pertinentes y agotando las instancias necesarias; asimismo, constatar cuáles las causas que dieron lugar a las suspensiones de audiencia, con la finalidad de corroborar si fueron justificadas, debido a que, conforme se estableció líneas arriba, existen diferentes factores que impiden materialmente la prosecución de la audiencia de manera consecutiva así como su reanudación en el menor tiempo posible; por último, el impugnante debe demostrar la incidencia de las suspensiones o de los nuevos señalamientos en la valoración probatoria; es decir, debe fundamentar la relevancia que las mismas tuvieron en su caso, y en definitiva el Tribunal de apelación debe considerar y valorar las causas de la suspensión o interrupción al juicio, establecer a quién es atribuible, si éstas son legítimas o razonables y fundamentalmente determinar si es necesaria o justificable la nulidad del juicio.


En el caso concreto el Tribunal de alzada de manera precisa estableció que las causas de suspensión de audiencias de juicio oral estuvieron debidamente justificadas; es decir, una por el feriado de Todos Santos y otra por la Visita de Cárceles, aspectos que impidieron la prosecución de audiencias dentro del plazo previsto por la normativa procesal penal; pero, además también acredito que en cuanto a estos motivos no existió oposición alguna por parte de la ahora recurrente, existiendo un consentimiento sobre los mismo y pretender la nulidad sobre hechos no alegados o denunciados oportunamente resulta inatendible, deviniendo en consecuencia en infundado el motivo denunciado.


Al segundo motivo, referido a la falta de pronunciamiento de los puntos apelados y falta de fundamentación por parte del Tribunal de alzada, incurriendo en vulneración del art. 124 del CPP, identificando como puntos no resueltos o con insuficiente fundamentación los siguientes: i) Se denunció la falta de fundamentación en la Sentencia; ii) Que el Tribunal de alzada se limitó a reiterar los fundamentos de la Sentencia en cuanto a las presuntas pruebas que acreditarían su culpabilidad; iii) Observación a la mención efectuada en la valoración probatoria respecto de la prueba MP-7 firmada por Francisco Yujra; y, iv) El Auto de Vista no fundamentó sobre el DOLO con el que hubiese actuado el imputado.  


Al respecto realizado el control legal sobre la fundamentación efectuada por el Tribunal de alzada sobre “todos” los puntos apelados por la recurrente, esta cumple con los requisitos exigidos para que una resolución judicial tenga plena validez, pues en primera instancia no se advierte la falta de pronunciamiento a algún motivo apelado pues, si bien en su estructura el Auto de Vista no consignó de forma independiente la respuesta a cada uno de estos, del Considerando iv de este se puede advertir la resolución de cada uno de estos respaldando la decisión asumida. En el caso de la falta de fundamentación el presente motivo resulta infundado ya que no existe la irregularidad denunciada en el sentido de que el Tribunal de alzada cumplió con la debida motivación en cuanto a determinar que sí existió la suficiente prueba que acreditó la participación y correspondiente responsabilidad de la imputada en los hechos acusados, estableciendo cuál el documento tachado de falso, la prueba producida en juicio que acreditó dicho extremo, en consecuencia no resulta atendible el presente motivo.


Respecto del tercer motivo, en el que denuncia el error en la fecha de fallecimiento de Simón Mamani Gómez, señalada en la Sentencia pues este aspecto no correspondería a un error subsanable como lo expresó el Tribunal de alzada; sino, más al contrario sería un defecto absoluto de procedimiento, pues la fecha de fallecimiento data de 14 de julio de 1969 y no el 23 de junio de 1983, que sería la fecha del Certificado de defunción, tomando en cuenta la fecha correcta denotaría que la madre del acusador e hija de “Simón Mamani Gómez”, falleció 5 años después de este; es decir, el 20 de enero de 1975, consiguientemente con este dato se acreditaría que el acusador no estaba legitimado como víctima en el presente proceso ya que la directa heredera era su madre, constituyendo este aspecto un defecto absoluto que determina la concurrencia de vulneración a derechos y garantías constitucionales.


El motivo alegado va dirigido a desvirtuar la calidad o legitimación del denunciante en cuanto a su condición de víctima dentro del presente proceso, aspecto que en todo caso debió ser denunciado oportunamente en la etapa procesal oportuna; es decir, ya sea en la etapa preparatoria (objeción a la querella) o inclusive en el juicio oral (etapa de excepciones e incidentes) y de ninguna manera en base un presunto error de consignación de la Sentencia recién pretender retrotraer etapas procesales cumplidas con arreglo a la ley. Pero es más dicho error sólo correspondería a un lapsus calamis, pues la fecha señalada en la Sentencia (23 de junio de 1983), corresponde al día en el que se extendió el certificado de defunción; consiguientemente, este error no se constituye en un defecto absoluto que amerite la nulidad de la Sentencia.


En cuanto al cuarto motivo, referido a que el Auto de Vista recurrido no revisó ni se pronunció sobre el quantum de la pena, misma que sería excesiva, contradiciendo la doctrina legal aplicable establecida en el Auto Supremo 50 de enero de 2007 emitido por la Sala Penal II, que si bien no fue invocada en su apelación restringida el Tribunal de alzada tenía la plena competencia para considerar este punto, pues se impuso la pena casi máxima  (cinco años y seis meses) de los seis años previstos para el delito de Uso de Instrumento Falsificado.


En el caso concreto el Tribunal de alzada tiene su competencia delimitada a lo previsto por el art. 398 del CPP; es decir, circunscribirse a los aspectos cuestionados sobre la resolución apelada aspecto plenamente cumplido en el Auto de Vista recurrido, pues como la misma recurrente refiere este motivo no fue apelado; por lo que, no existía obligación por parte del Tribunal ad quem de ingresar de oficio a resolver la problemática planteada máxime si la pena impuesta se encuentra dentro de los parámetros establecidos para la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, al respecto la jurisprudencia ha establecido en el


Auto Supremo Nº 46 de 07 de marzo de 2006, que: “ Para evitar las impugnaciones en Casación sobre hechos pasados y derechos precluidos; las partes en las etapas preparatorias, intermedia del juicio oral o de los recursos y en ejecución de Sentencia deben ejercer las acciones que en cada acto procesal que se encuentran previstos y los recursos que en cada etapa procesal se prevén, la omisión de uno de ellos tiene el efecto jurídico de no retroceder al acto consumado por la preclusión del derecho de la parte que no ha ejercido las acciones o recursos legales oportunamente.


(…) En la etapa preparatoria las partes directamente controlan las actividades de la investigación, cuando consideran que se ha vulnerado un precepto legal o norma constitucional tienen previsto interponer las excepciones o incidentes y los recursos ante el Fiscal y ante el Juez de Instrucción que tiene la facultad de controlar la legalidad y constitucionalidad de las funciones del Fiscal e investigador durante la investigación. En el juicio oral, como en el caso de autos, las partes pueden interponer las excepciones, incidentes, o recursos, o hacer reserva de recurrir contra las resoluciones dictadas durante el juicio oral. En la etapa de los recursos: el de apelación restringida sirve para el control de puro derecho sobre los actos procesales y la actividad jurisdiccional, excepto en el recurso incidental donde se puede acompañar pruebas para que el Tribunal de Alzada pueda valorar las mismas y dictar la resolución respectiva; mientras que el recurso de casación se encuentra diseñado para uniformar la jurisprudencia penal y evitar la interpretación y aplicación contradictoria de normas adjetivas y sustantivas ".


En conclusión conforme los argumentos establecidos en la presente Resolución, al no advertirse contradicción alguna en la emisión del Auto de Vista recurrido y la jurisprudencia existente, además de no ser evidente la presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales, el presente recurso de casación deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto Gregoria Mamani Nacho de Quenta, cursante de fs. 301 a 306.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.