TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 194/2015-RA-L

Sucre, 10 de abril de 2015


Expediente                : Potosí 32/2010

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Mario Mamani Quispe

Delitos        : Falsedad Material y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 24 de mayo de 2010, cursante de fs. 251 a 254 vta., Mario Mamani Quispe interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 22/2010 de 6 de mayo, de fs. 236 a 238, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Víctor Méndez Nina en contra del recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Estafa, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 335 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 4 a 6), y particular, presentada por Víctor Méndez Nina (fs. 12 a 13), una vez concluida la audiencia de juicio oral, se pronunció la Sentencia 5/2010 de 5 de febrero (fs. 199 a 205 vta.), emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, por la que declaró al imputado Mario Mamani Quispe, autor y culpable de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Estafa, tipificados por los arts. 198, 199 y 335 del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de cinco años en el Centro de Readaptación Productivo “Santo Domingo” de Cantumarca, más costas y reparación del daño civil, averiguables en ejecución de sentencia.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Mario Mamani Quispe, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 209 a 216), resuelto por Auto de Vista 22/2010 de 6 de mayo (fs. 236 a 238), dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró improcedente el recurso, manteniendo firme y subsistente la Sentencia apelada.


  1. Notificado el recurrente con el mencionado Auto de Vista, el 18 de mayo de 2010 (fs. 239), interpuso recurso de casación el 24 del mismo mes y año, objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes motivos:


  1. Como primer motivo, alega infracción a derechos y garantías constitucionales al debido proceso, defensa y principio de inocencia, así como del art. 361 parte in fine del Código de Procedimiento Penal (CPP), habida cuenta que en el Auto de Vista impugnado, se señala que se dio lectura íntegra a la Sentencia, basándose en los obrados a fs. 197, donde no se indica dicho extremo sino sólo se afirma que se dará lectura a la misma; aspecto que convierte en cómplices de la falsedad de Sentencia a los Vocales y constituye un defecto absoluto no susceptible de convalidación conforme establece el art. 169 inc. 3) del CPP; al igual que las afirmaciones realizadas en la misma, con relación a las decisiones asumidas por unanimidad, cuando los jueces ciudadanos no participan de las decisiones, sino que son guiados y obligados a actuar igual que el Presidente; por lo que, nunca dieron su voto por separado.


  1. En el siguiente motivo alega infracción del art. 398 del CPP; puesto que, en el Segundo Considerando del Auto de Vista impugnado, no se pronunció sobre algunos de los puntos impugnados en el recurso de apelación restringida como ser: a) 5. las pruebas ilícitamente incorporadas a juicio; y, b) 8. Inobservancia del art. 12 del CPP; agravios que dejó de resolverlos incurriendo en defecto insubsanable, infringiendo la garantía del debido proceso y contradiciendo lo establecido en los Autos Supremos 417/03 de 19 de agosto de 2003, 87/05 de 31 de marzo de 2005 y 152 de 2 de febrero de 2007 relativos a que el Tribunal de apelación se encuentra en el deber de cumplir el mandato contenido en el art. 398 del CPP, debiendo resolver todos los puntos que fueron objeto de apelación, así como los Autos Supremos 369 de 20 de octubre de 2004, 658 de 25 de octubre de 2004, 448 de 12 de septiembre de 2007, 431 de 15 de octubre de 2005, 6 de 26 de febrero de 2007, 132 de 31 de enero de 2007, 518 de 17 de noviembre de 2006, 455 de 14 de noviembre de 2005 y 223 de 3 de julio de 2006.


Agrega que el Tribunal de apelación inobservó el art. 12 del CP; dado que,  a tiempo de responder al agravio en el que reclamó dicho aspecto, no tomó en cuenta su estado de necesidad, en razón a que tenía la obligación de salvar la vida de su esposa, y que ello implicaba gasto de dinero; en ese sentido se señaló en la acusación fiscal que su persona gastó los dineros del querellante para hacer curar a la precitada, sin tener presente que nunca obtuvo dineros fraudulentamente; puesto que, su actitud no fue de engaño. Invoca como precedentes, los Autos Supremos 46/2002, 144 de 22 de abril de 2006 y el Auto de Vista 027/2006 de 18 de octubre.


  1. De otro lado, señala que existe confusión en los puntos resueltos en el Segundo Considerando del fallo de alzada, donde señala “…se evidencia haberse alterado las firmas y rúbricas de Víctor Méndez Nina”, cuando en el juicio se demostró que en los formularios del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para el pago del impuesto no es necesario que lleven la firma del titular, es decir, que puede firmar cualquier otra persona; “…además no fue motivo del proceso esa firma para sancionarlo…” (sic), sino que hubiera incumplido con su trabajo, aspecto laboral contractual que no constituye delito, razón por la cual, suscribió un documento de deuda para que cancele el monto de Bs. 32000.- (Treinta y dos mil bolivianos) hasta el 2011.



  1. Arguye que el Auto de Vista impugnado incurre en inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva de los tipos penales que se le atribuyen, en lo referente a la obligación de responder sobre los montos que no se cancelaron en los formularios; lo que corresponde determinar en el ámbito civil y no en el penal. En ese sentido, alega infracción al principio de legalidad; puesto que, no hay delito sin ley que lo tipifique, como en su caso, en el que su actuación no puede ser atribuida como tipo penal, porque se trata de un incumplimiento a su trabajo, a raíz de lo cual, el querellante le hizo firmar un documento para que se haga cargo y responsable de los montos que adeuda. Invoca los Autos de Vista 46/2002 de 4 de noviembre y 027/2006 de 18 de octubre, cuyos contenidos disponen que los documentos contractuales no deben penalizarse, así como establece la Sentencia Constitucional 0030/2004 de 14 de enero y el Auto Supremo 221 de 28 de marzo de 2007.


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos, la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la


resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que, este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, en los supuestos antes destacados, de acuerdo a lo siguiente:


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.-


En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su impugnación qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación, no mereció o merecieron debida fundamentación; o sobre qué cuestiones se incurrió en omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos, o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el presente recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días posteriores a la notificación al recurrente con el Auto de Vista impugnado, el mismo que se le diligenció el 18 de mayo de 2010 (fs. 239), presentando su recurso el 24 del mismo mes y año; cumpliendo de esta manera con lo preceptuado por el art. 417 del CPP relativo al plazo, correspondiendo por lo tanto, verificar a continuación el cumplimiento de los demás requisitos.


En cuanto al primer motivo, referido a supuesta afirmación del Auto de Vista en sentido que se dio lectura íntegra de la Sentencia, basado en lo estimado a fs. 197; aspecto que el recurrente denuncia como falso, porque en el actuado procesal citado, se señala que se dará lectura a la Sentencia, más no que se lo hubiera hecho; lo que, a su criterio, convierte al Tribunal de apelación en cómplice de falsedad de la Sentencia; asimismo señala que los Jueces ciudadanos no gozaban de independencia; puesto que, fueron guiados y obligados a actuar igual que el Presidente del Tribunal de Sentencia. Expresa que dichos extremos vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa; y, al principio de inocencia, así como del art. 361 parte in fine del CPP, incurriendo, a su decir, en defectos absolutos no susceptibles de convalidación, conforme establece el art. 169 inc. 3) del CPP; el recurrente no invocó ningún precedente contradictorio relativo al agravio planteado, incumpliendo las exigencias de los arts. 416 y 417 del CPP, imposibilitando a este Tribunal efectuar la labor de contraste.


Asimismo, con relación a la alegación de defecto absoluto efectuada en la exposición de este agravio; si bien el recurrente precisó los derechos o garantías supuestamente vulnerados, como son el debido proceso, defensa y principio de inocencia; sin embargo, no detalló con precisión en qué consiste la restricción o disminución de los derechos denunciados como lesionados, como tampoco explicó el resultado dañoso emergente del defecto; lo que denota que no se cumplió a cabalidad con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV de este Auto Supremo, lo que imposibilita la admisión del motivo, aun acudiendo a estos criterios.


En el segundo agravio, relativo a la supuesta incongruencia omisiva en la que hubiera incurrido el Tribunal de alzada; puesto que, señala el recurrente que no se le dio respuesta: a) Al agravio 5 referido a las pruebas ilícitamente incorporadas a juicio; y, b) Al motivo 8 en el que denunció inobservancia del art. 12 del CPP.


Con relación a lo señalado, cabe destacar que el recurrente invoca un sin número de precedentes constitucionales, como son, los Autos Supremos 417/03 de 19 de agosto de 2003, 87/05 de 31 de marzo de 2005 y 152 de 2 de febrero de 2007,


relativos a que el Tribunal de apelación se encuentra en el deber de cumplir el mandato contenido en el art. 398 del CPP, debiendo resolver todos los puntos que fueron objeto de apelación, así como los Autos Supremos 369 de 20 de octubre de 2004, 658 de 25 de octubre de 2004, 448 de 12 de septiembre de 2007, 431 de 15 de octubre de 2005, 6 de 26 de febrero de 2007, 132 de 31 de enero de 2007, 518 de 17 de noviembre de 2006, 455 de 14 de noviembre de 2005 y 223 de 3 de julio de 2006.


Ahora bien, con relación al inciso a) del presente motivo, relativo a la omisión de respuesta a su denuncia contenida en el punto 5 de su apelación restringida, referida a las pruebas ilícitamente incorporadas a juicio, se evidencia que el recurrente demostró adecuadamente la probable contradicción que existiría entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados, al señalar que no obstante haber reclamado ese aspecto, de manera precisa en su memorial de demanda, en el Auto de Vista no mereció pronunciamiento alguno; consiguientemente, al darse cumplimiento con los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, el motivo planteado en el inciso analizado deviene en admisible; aclarando que no se tomarán en cuenta los Autos Supremos 369 de 20 de octubre de 2004, del que no se encuentra registro en la base de datos, y el 223 de 3 de julio de 2006; puesto que, se trata de un fallo que declaró infundado el recurso de casación intentado, por lo tanto, no contiene doctrinal legal aplicable.


Con relación al inc. b) no se realiza una labor de contraste propiamente, al contrario, se evidencian contradicciones en el motivo denunciado; puesto que de un lado señala que el Auto de Vista no se pronunció sobre la denuncia de inobservancia del art. 12 del CPP, lo que implica incongruencia omisiva, es más, la normativa que denuncia como infringida resulta ser el art. 398 del CPP, y los precedentes presuntamente contrarios se refieren al mismo instituto jurídico; sin embargo, más adelante, en el memorial de casación, el mismo recurrente añade que en cuanto a la inobservancia del art. 12 del CP, “…a tiempo de responder al agravio en el que se reclamó dicho aspecto, no se tomó en cuenta su estado de necesidad…” (sic), denotando esta vez, una insuficiente fundamentación, es decir, como si se hubiera dado respuesta a su denuncia, empero, de una manera supuestamente inapropiada, en contradicción con la primera parte de la denuncia en la que enunció falta de respuesta.


En este estado del análisis, resulta necesario aclarar que como requisito de admisibilidad, es imprescindible que el recurso de casación sea formulado en términos claros, concretos y precisos, demostrando la contradicción existente entre el precedente invocado y los fundamentos del Auto de Vista que a criterio del recurrente, le causan agravio; ello en virtud a que se trata de una fase en la que se considera la legalidad en la emisión del Auto de Vista que resuelve un recurso de apelación restringida; consiguientemente, lo correcto debe ser que el recurrente precise los actos vulneratorios en los que hubiera incurrido el Tribunal de alzada al momento de la emisión del Auto de Vista, del cual se recurre respecto a la jurisprudencia legal establecida.


En la especie, se demuestra contradicción, puesto que de un lado, se denuncia incongruencia omisiva, y de otro lado, se alega insuficiente fundamentación; lo que definitivamente implica incoherencia en lo demandado e impide a este máximo Órgano de Justicia Ordinaria a realizar una labor de contraste entre lo demandado y el precedente contradictorio señalado, ante la falta de claridad y precisión del recurso intentado. Por lo tanto, el inc. b) del presente motivo, resulta inadmisible, por incumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP.


En cuanto al tercer motivo, concerniente a la confusión que habría en los puntos resueltos en el Auto de Vista, puesto que, sostiene, que se evidenció la alteración de firmas y rúbricas del querellante en el formulario presentado ante el SIN; cuando en el proceso se probó que para el pago del impuesto no resulta necesaria la firma del titular; pero que además de ello el motivo para sancionarlo dentro del proceso penal seguido contra el recurrente, no se basó en dicho extremo, sino en un supuesto incumplimiento a sus obligaciones laborales, traducidas en un documento de deuda firmado como consecuencia de dicha inobservancia; el recurrente no invocó ningún precedente contradictorio específico en este motivo; por lo que, tampoco explicó ni fundamento la contradicción con el Auto de Vista impugnado, consiguientemente, se hace evidente el incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; por lo que, este motivo deviene en inadmisible.


El cuarto agravio sobre inobservancia o errónea aplicación de ley sustantiva de los tipos penales en la que habría incurrido el Auto de Vista, que a criterio del impugnante, violó el principio de legalidad; puesto que, señala que su conducta no se acomoda a un delito penal, al contrario, se encuentra inmersa en el ámbito civil al devenir de una obligación laboral incumplida, materializada en un documento privado para que se haga cargo de los montos adeudados; el recurrente, además de invocar los Autos Supremos 221 de 28 de marzo de 2007 y 144 de 22 de abril de 2006, que estarían relacionados a que las cuestiones emergentes del contrato, corresponden ser dilucidadas en el ámbito civil sin que los hechos puedan ser penalizados; explicó que los argumentos expuestos en dichos precedentes resultan contradictorios al Auto de Vista impugnado; consecuentemente, se tienen por cumplidos los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; por lo que, es viable la admisión también de este agravio.


Finalmente se denota que en este último motivo se invocaron igualmente como precedentes, los Autos de Vista 46/2002 de 4 de noviembre y 027/2006 de 18 de octubre; y la SC 0030/2004 de 14 de enero; con referencia a las cuales debe recordarse que conforme dispone el art. 416 del CPP, sólo los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal, son considerados precedentes contradictorios; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer una Sentencia Constitucional como precedente contradictorio en la jurisdicción ordinaria, no es atendible; así como tampoco puede pretenderse utilizar la doctrina legal asentada en un Auto de Vista, si no se demuestra además que éste goza de calidad de cosa juzgada; como en el caso, en el que si bien se glosa parte de ellos, sin embargo, no se encuentra constancia sobre su calidad.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE, únicamente en cuanto al inc. a) del segundo motivo, y el cuarto motivo del acápite II de este Auto Supremo,


el recurso de casación interpuesto por Mario Mamani Quispe, cursante de fs. 251 a 254 vta.; asimismo en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista impugnado, así como la presente Resolución.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.