TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 181/2015-RA-L

Sucre, 10 de abril de 2015


Expediente

:

Tarija 20/2010

Parte acusadora

:

Ministerio Público y otra

Parte imputada

:

Alfredo Cano Cordero y otros


Delito

:

Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de julio de 2010, cursante de fs. 310 a 316 vta., Alfredo Cano Cordero y Gertrudis Cano Cordero, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 24/2010 de 14 de julio (fs. 305 a 307), pronunciado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Ana Susana Flores Aramayo contra los recurrentes y Lidio Gareca Estrada, por la presunta comisión del delito de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, previsto y sancionado por el art. 298 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación pública, (fs. 4 a 5); y, particular presentada por Ana Susana Flores Aramayo (fs. 13 a 15), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, pronunció la Sentencia 09/2009 de 10 de julio (fs. 277 vta. a 281), por la que declaró al  imputado Alfredo Cano Cordero, autor de la comisión del delito de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, previsto y sancionado por el art. 298 del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de dos años y medio a cumplir en el Penal de Morros Blancos de la ciudad de Tarija, más el pago de cincuenta días multa a razón de Bs. 5.- (cinco bolivianos 00/100), por día; asimismo, declaro a Gertrudis Cano Cordero y Lidio Gareca Estrada autores y culpables del delito de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, previsto y sancionado por el art. 298 del CP, condenándoles a la pena de privativa de libertad de un año y cuatro meses a cumplir en el mismo penal, más la multa de treinta días a razón de Bs. 5.- (cinco bolivianos 00/100) por día; no obstante, en observancia del art. 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concedió a estos últimos el beneficio del perdón judicial.

  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Alfredo Cano Cordero, presentó recurso de apelación restringida (fs. 289 a 291 vta.), resuelto por Auto de Vista 24/2010 de 14 de julio, pronunciado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, que declaró sin lugar y confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificados los recurrentes con el mencionado Auto de Vista el 16 de julio de 2010 (fs. 307 vta.), interpusieron recurso de casación el 21 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Los recurrentes, previa transcripción de los fundamentos jurídicos del Auto de Vista impugnado, señalan los siguientes aspectos: Se ha negado a Alfredo Cano Cordero, su derecho de poseedor del inmueble donde supuestamente se hubiese producido el allanamiento, puesto que la querellante al ser cuidadora no tenía la posesión exclusiva en el inmueble; en consecuencia,  no se puede considerar allanamiento de un inmueble sobre el cual se ejerce la posesión; que no cometieron el delito previsto en el at. 298 del CP, por cuanto no se acreditaron los elementos constitutivos del tipo penal; agregando que, Gertrudis Cano Cordero y Lidio Gareca Estrada, ingresaron al inmueble con su consentimiento; por ello, no se encuentran comprendidos en el art. 20 del CP, referido a la autoría, aspectos que no tomó en cuenta la Juez A quo, tampoco el Tribunal de alzada, por lo que correspondía la anulación de la causa para la celebración de un nuevo juicio.


  1. Que, el Tribunal de alzada al igual que la Juez de Sentencia, se apartaron de la realidad, puesto que no analizaron la prueba testifical de cargo propuesta de su parte, la misma que destruyó la prueba de la acusación formal y particular; contrariamente, sobrevaloraron la prueba de cargo, sobre todo las declaraciones testificales, que fueron de personas que tienen un interés patrimonial sobre el inmueble que invalidan su credibilidad, siendo la misma vedada, parcializada, con intención de favorecer a Edwin Sossa, quien lo despojó del inmueble, lo propio la declaración del policía al no ser testigo presencial de los hechos, concluyendo que se realizó una incorrecta valoración de dicha prueba, vulnerándose el debido proceso y el principio de legalidad.


  1. Refieren que el Tribunal de alzada, al igual que la Juez de Sentencia, aplicaron indebidamente la norma sustantiva al caso concreto, sobrevalorando una prueba insuficiente y disponiendo su condena con sus consecuencias futuras que implica, violentándose la buena fe de la administración de justicia, vulnerándose derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE); habiéndose aplicado errónea e indebidamente los arts. 298 y 20 del CP; asimismo, refieren que se vulneró los arts. 22, 115, 116, 117, 410 de la CPE y todos los principios expresados en el art. 180 de la CPE; y, el art. 370 numerales 1), 5) y 6) del CPP.


Finalmente, como precedentes contradictorios citan los Autos Supremos 171 de 28 de mayo de 2010, 094 de 12 de abril de 2010, “199803-Sala Penal-1-“ (sic), de 13 de marzo de 1998, “199905 Sala Penal 1” (sic), de 15 de mayo de 1999, Auto de Vista 80/2006 Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de La Paz.  


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación

Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación; sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: a) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; b) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, c) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: a) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; b) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Con relación al plazo para la interposición del recurso de casación, los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado, el 16 de julio de 2010 (fs. 307 vta.), presentaron el recurso de casación el 21 del mismo mes y año, conforme el cargo (fs. 316 vta.); es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que refiere el art. 417 del CPP, correspondiendo pronunciarse a este Tribunal sobre los demás requisitos de admisibilidad del presente recurso.


Con relación al primer motivo, los recurrentes simplemente realizan puntualizaciones de carácter general como el hecho de habérseles negado a Alfredo Cano Cordero, su derecho de poseedor del inmueble donde supuestamente se hubiese producido el allanamiento y que la querellante al ostentar la calidad de  cuidadora no tenía la posesión del inmueble, considerando en su criterio- que no puede existir allanamiento de un inmueble sobre el cual ejercía la posesión; consecuentemente, no cometieron el delito previsto en el at. 298 del CP, del cual no se acreditaron los elementos constitutivos del tipo penal; agregando que, Gertrudis Cano Cordero y Lidio Gareca Estrada, ingresaron al inmueble con su consentimiento; finalmente, al no estar comprendidos en el art. 20 del CP, referido a la autoría, correspondía la anulación de la causa para la celebración de un nuevo juicio; sin embargo, no cumplen con la obligación inexcusable de invocar precedentes contradictorios y explicar de manera clara, precisa y debidamente fundamentada, en qué consistiría la contradicción en relación a lo determinado en el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, conforme a la exigencia establecida en los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, para que este Tribunal, pueda aperturar su competencia e ingresar al análisis de fondo; en consecuencia, el motivo deviene en inadmisible.


En lo que corresponde a los motivos segundo y tercero, los recurrentes denuncian defectuosa valoración de la prueba y errónea aplicación de la ley sustantiva, cuestionando estos defectos a la Sentencia de grado y al Auto de Vista recurrido, presuntamente por haberse sobrevalorado la prueba de cargo en desmedro de la prueba de descargo, pese a que no se demostró los elementos constitutivos del delito acusado; en ambos motivos, refiere que se vulneraron el debido proceso, el principio de legalidad el derecho a la defensa y finalmente todos los principios de la jurisdicción ordinaria señalados en el art. 180 de la CPP,   invocaron como precedentes contradictorios de manera general, los Autos Supremos 171 de 28 de mayo de 2010, 094 de 12 de abril de 2010, 158 de 13 de marzo de 1998, 096 de 15 de mayo de 1999, Auto de Vista 80/2006 Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de La Paz.


En cuanto a los motivos denunciados, el recurrente no señaló expresamente que prueba de descargo no hubiese sido valorada correctamente y su incidencia en el resultado final del fallo, limitándose a señalar que se sobrevaloró la prueba de cargo; lo propio en cuanto a la errónea aplicación de la ley sustantiva, expresando que no se demostró los elementos constitutivos del tipo penal previsto en el art. 298 del CP, sin fundamentación alguna que respalde una presunta vulneración del juicio de tipicidad; por otra parte, denuncia de manera general la vulneración inicialmente de los principios del debido proceso, legalidad y el derecho a la defensa, concluyendo que se vulneraron todos los principios previstos en el art. 180 de la CPE; no obstante, el recurrente omite precisar de qué forma se vulneraron esos principios y derechos fundamentales, cuál la transcendencia constitucional en la administración de justicia; es decir, no es suficiente invocar la vulneración de derechos y garantías constitucionales, sino debió fundamentar la afectación material en el caso concreto, falencia de carga argumentativa que no puede ser suplida de oficio por este Tribunal.


Por otra parte, en cuanto a los precedentes invocados, revisado el recurso de apelación restringida (fs. 289 a 291 vta.), en él citarón como precedentes contradictorios las Sentencias Constitucionales 175/2003-R, 727/2003-R y el Auto Supremo 554 de 1 de octubre de 2004; es decir, ninguno de los invocados en el recurso de casación; asimismo, en casación invocaron los Autos Supremos 171 de 28 de mayo de 2010 y 094 de 12 de abril de 2010, el primero fue declarado admisible y el otro Infundado; en consecuencia, no contienen doctrina legal aplicable susceptible de contrastación; finalmente los Autos Supremos 158 de 13 de marzo de 1998, 096 de 15 de mayo de 1999, corresponden al antiguo sistema procesal penal, tampoco constituyen precedentes contradictorios; por otra parte, en cuanto al Auto de Vista 80/2006, de la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de La Paz, si bien constituye precedente contradictorio, no se acompañó fotocopia legalizada de la indicada resolución, menos se demostró que la misma se encuentre ejecutoriada, conforme el entendimiento ilustrativo del Auto Supremo 211 de 6 de abril de 2004.


En definitiva, los recurrentes no cumplieron con los requisitos de admisibilidad referidos en los arts. 416 y 417 del CPP, invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo señalar en términos claros, precisos y debidamente fundamentado la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente, cuya omisión impide que este Tribunal pueda abrir su competencia e ingresar al análisis de fondo, deviniendo los motivos en inadmisibles.

 

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Alfredo Cano Cordero y Gertrudis Cano Cordero de fs. 310 a 316 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA