TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 161/2015-RA-L

Sucre, 10 de abril de 2015


Expediente                : Santa Cruz 49/2010

Parte Acusadora        : María Paula Muñoz Franco

Parte Imputada        : Oscar Vargas Ortiz y otro

Delitos        : Difamación y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de abril de 2010, cursante de fs. 908 a 909 vta., María Paula Muñoz Franco, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 39 de 10 de marzo de 2010, de fs. 899 a 901, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por la recurrente contra Oscar Vargas Ortiz y Wilmar Stelzer Jiménez, por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287, todos del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación particular presentada por María Paula Muñoz Franco (fs. 32 a 35), una vez concluida la audiencia de juicio oral, en la cual se evidencia que entre la querellante y el imputado Wilmar Stelzer Jiménez se arribó a un acuerdo conciliatorio, dando lugar a la extinción de la acción penal en su contra y por ende el archivo de obrados; el Juez Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz pronunció la Sentencia 13/2009 de 9 de noviembre de 2009 (fs. 868 a 872), por la que declaró al coimputado Oscar Vargas Ortiz, absuelto de la comisión de los delitos de Calumnia, Difamación e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del CP, más costas a la querellante.


  1. Contra la referida Sentencia, la acusadora particular María Paula Muñoz Franco, formuló recurso de apelación restringida (fs. 881 a 883 vta.), resuelto por Auto de Vista 39 de 10 de marzo de 2010 (fs. 899 a 901), dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que declaró improcedente el recurso; y en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificada la recurrente el 9 de abril de 2010 (fs. 906) con el Auto de 19 de marzo de 2010 (fs. 905), de respuesta a la solicitud de complementación y aclaración a la Sentencia, interpuso recurso de casación el 13 de los mismos mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes agravios:


  1. Alega que tanto el Juez como el Tribunal de apelación, omitieron observar lo preceptuado por el art. 38 inc. b) del CP, cuyo texto determina que es al juzgador a quien compete tomar conocimiento directo de las circunstancias del hecho y las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito; extremo que no fue considerado, puesto que ninguno de los precitados se refirió al especial momento en que el acusado exteriorizó las palabras transcritas en el periódico “El Deber”, debido a su frustración por no haber logrado su designación como Alcalde, arremetiendo en su contra por ser parte de la administración del Alcalde en ejercicio a quien pretendía sustituir, contraviniendo lo establecido por el Auto Supremo 432 de 15 de octubre de 2005, cuyo texto dispone: “Que de acuerdo a la nueva filosofía de la Ley 1970 y a la línea doctrinal sentada por este Alto Tribunal de Justicia la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores; sino, para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley”.


  1. Señala que corresponde al “Tribunal de alzada en Casación, considerar lo expuesto en el auto de vista, considerando el primer motivo bajo los incisos a), b) y c), donde en el inc. a)” “se trata de individualizar la tipicidad alejada del tipo…” (sic), cuando en la apelación, se diferenciaron claramente todas las condiciones objetivas que definen los tipos penales juzgados, para identificar que la prueba aportada cumplió con el tipo subjetivo; en el inc. b) Se expresa sin ningún fundamento que las pruebas fueron correctamente valoradas por el Juez, contradiciendo lo preceptuado por el art. 124 del CPP; y, en el c) Considera que al no haberse probado la culpabilidad del imputado menos se puede hablar de pena; sin tener presente que la culpabilidad no es simplemente una limitación de la pena; sino, un presupuesto de ella, lo que a su decir, se tiene claramente identificado en el art. 13 del CP.


  1. Agrega que apeló, reclamando la insuficiencia de fundamentación, acerca de las contradicciones entre una testigo que señaló haber estado en el lugar del hecho y que no escuchó lo transcrito en la nota periodística, siendo que el mismo imputado, en su deposición, indicó que dichas declaraciones las había efectuado tal como se transcribieron en el diario; extremo este último, ignorado por el juzgador; y no considerado en la apelación, en la que se basó en la inexistencia de fundamentación, cuando la misma versaba sobre la contradictoria e insuficiente motivación, lo que denota ausencia de análisis en la alzada.


  1. Señala que el tercer motivo de la apelación, se sustentó en el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP), alegando defectuosa valoración de la prueba; dado que, a su decir en el Segundo Considerando de la Sentencia se sometió a valoración, la literal de fs. 1; pero, se analizó solamente partes de su texto, saltando inclusive algunos párrafos, cuando debió considerarse todo el contenido de la nota periodística y no una parte de ella, la que a criterio del Juez, resulte pertinente; sin embargo, el Tribunal de alzada estimó que conforme a lo prescrito por los arts. 173 del CPP, con relación al 359, ambos del CPP, el Juez dio una correcta valoración de las pruebas de cargo y


    descargo, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la experiencia común y la psicología; provocando un defecto al confundir la ausencia de valoración con la valoración defectuosa de la prueba, lo que violenta el sentido de la impugnación y el debido proceso.


Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 166 de 12 de mayo, 432 de 15 de octubre, ambas de 2005 y 529 de 17 de noviembre de 2006.


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de  admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación; sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del


recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que, esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que la recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo de interposición del recurso, habida cuenta que fue notificada con el Auto de 19 de marzo de 2010 de complementación y aclaración, el 9 de abril de 2010 (fs. 906), presentando su recurso el 13 del mismo mes y año; cumpliendo con el art. 417 del CPP, correspondiendo por lo tanto, verificar a continuación el cumplimiento de los demás requisitos.


En cuanto al primer motivo denunciado por la recurrente, referido a que el Juez ni el Tribunal de apelación hubieran observado lo preceptuado por el art. 38 inc. b) del CP, el cual determina que es al juzgador a quien compete tomar conocimiento directo de las circunstancias del hecho y las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito; puesto que, a su criterio, dichas autoridades no se refirieron al “especial momento” en que el acusado expresó las palabras transcritas en el periódico “El Deber”; invocando al efecto el Auto Supremo 432, cuyo texto se transcribe: …“Que de acuerdo a la nueva filosofía de la Ley 1970 y a la línea doctrinal sentada por este Alto Tribunal de Justicia la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley” (sic); empero, no se advierte de manera alguna, la exposición, y menos aún, la comparación del hecho similar que hubiere motivado un razonamiento distinto. En síntesis, si bien se alega contradicción con el Auto Supremo citado; sin embargo, no se demuestra cual es esa contradicción alegada, en la que hubiere incurrido el Tribunal de apelación a tiempo de emitir el Auto de Vista que ahora se impugna con relación al precedente invocado y menos acredita que se hubiera asignado un sentido jurídico distinto al supuesto de hecho que reclama; omisión que no puede ser suplida por este Máximo órgano de justicia ordinaria, dado que constituye un requisito indispensable exigido a las partes que recurren de casación; lo que impide el cumplimiento de la labor nomofiláctica de unificación de jurisprudencia.


De otro lado, se tiene que en la parte final el memorial de casación, cita como precedentes los Autos Supremos 166 de 12 de mayo de 2005 y 529 de 17 de noviembre de 2006; con relación a los cuales, es necesario explicar que no resulta suficiente su simple mención, al contrario, se requiere una argumentación suficiente que demuestre la contradicción entre los puntos que se reclaman del Auto de Vista impugnado y la doctrina legal aplicable contenida en dichos precedentes y como se señaló fue incumplido por la recurrente. Por lo tanto, el presente motivo deviene en inadmisible por incumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP.


El segundo agravio la recurrente solicita al “Tribunal de alzada de Casación”, que considere lo expuesto en el Auto de Vista, y a continuación relata que este fallo a) Trata “…de individualizar la tipicidad alejada del tipo” (sic), cuando, a su decir, en la apelación se diferenciaron claramente todas las condiciones objetivas que definen los tipos penales juzgados para identificar que la prueba aportada cumplió con el tipo subjetivo; en el inc. b) Señala que se expresó sin ningún fundamento que las pruebas fueron correctamente valoradas por el Juez; y en el c) Considera que al no haberse probado la culpabilidad del imputado menos se puede hablar de pena, sin tener presente que la culpabilidad no es una limitación de la pena; sino, un presupuesto de ella.


De lo relatado, no es posible identificar con claridad los agravios en los que hubiere incurrido el Auto de Vista, debido a la exposición confusa que realiza en el memorial de demanda, a lo que se suma que no se invocó precedente contradictorio alguno y menos se hizo una labor de contraste en la que se hubiera demostrado que en una situación de hecho similar, se habría asignado un sentido jurídico distinto y que no coincida con el precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance.


De otro lado, como se señaló en el anterior motivo, si bien en la parte final de memorial se invocaron los Autos Supremos 166 de 12 de mayo, 432 de 15 de octubre, ambos de 2005 y 529 de 17 de noviembre de 2006; sin embargo, no se cumplió con la demostración de contradicción con dichos precedentes, es más, la


parte recurrente se limitó a citar los números y fecha sin realizar la más mínima exposición sobre la presunta contradicción. Extremos que determinan la inadmisibilidad del motivo por incumplimiento de los arts. 416 y 416 del CPP.


El tercer motivo, en el que se alega que se denunciaron contradicciones entre las declaraciones de una testigo y del imputado, así como insuficiente motivación, y el Tribunal de alzada lo resolvió como si se tratara de un reclamo sobre carencia de fundamentación; extremos que al igual que en el caso anterior denotan que no se cumplió con la labor de contrastación con los precedentes contradictorios invocados al final del recurso, incumpliendo lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP.


Finalmente con relación al cuarto motivo, referido a valoración defectuosa de la prueba, no se realizó contraste alguno con los precedentes, lo que inviabiliza el recurso por los mismos motivos explicados en los anteriores motivos, ante el incumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP.


Sin embargo, de lo señalado en el motivo que se analiza, se denota que la impugnante denunció vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales, como son, la impugnación y el debido proceso; los cuáles los relaciona con los defectos de la Sentencia contenidos en el art. 370 inc. 6) del CPP; con relación a lo cual, corresponde señalar que la mera alegación de defecto efectuada en la exposición de este agravio, no es suficiente para ingresar a analizar acudiendo a los supuestos de flexibilización; dado que la recurrente omitió precisar la trascendencia de la supuesta vulneración y el resultado dañoso emergente de la supuesta lesión; lo que denota que tampoco se cumplieron los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV de este Auto Supremo, lo que imposibilita la admisión del recurso, aun acudiendo a estos criterios.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por María Paula Muñoz Franco, cursante de fs. 908 a 909 vta.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA