TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 137/2015-RRC-L

Sucre, 27 de marzo de 2015


Expediente                        : Cochabamba 214/2009

Parte acusadora                : María Jacqueline Vildoso Vargas

Parte imputada                : Lucy Carola Pastor García

Delitos                        : Difamación y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 28 de septiembre de 2009, cursante de fs. 155 a 158, María Jacqueline Vildoso Vargas, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 1 de septiembre de 2009, de fs. 142 a 145 y vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba ahora Tribunal Departamental de Justicia, dentro del proceso penal seguido por la recurrente contra Lucy Carola Pastor García, por la presunta comisión de los delitos de Difamación e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1 Antecedentes


  1. Por Sentencia 09/2009 de 22 de mayo (fs. 109 a 112 y vta.), el Juzgado Tercero de Sentencia en lo Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró a Lucy Carola Pastor García, absuelta de  pena y culpa de los delitos de Difamación e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282 y 287 del CP, con costas a la parte querellante.


2)        Contra la mencionada Sentencia, la recurrente María Jacqueline Vildoso Vargas (fs. 117 a 119 y vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista de 1 de septiembre de 2009, emitida por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de  Cochabamba, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, con costas.


3)        El 22 de septiembre de 2009 (fs. 147), fue notificada la recurrente con el referido Auto de Vista y el 28 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación.


I.2 De los motivos del recurso de casación


Del memorial de casación y el Auto Supremo de admisión 019/2015-RA-L de 4 de febrero, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La recurrente denuncia la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado en vulneración del art. 124 del CPP, señalando que el Tribunal de alzada se limitó a transcribir parte de su apelación y la Sentencia, sin expresar una razón suficiente para declarar la improcedencia de su recurso, pues sólo existen diez líneas de razonamientos propios de dicho Tribunal; además, equivocadamente, el Tribunal de alzada no ingresó a considerar la defectuosa valoración probatoria existente, argumentando la prohibición de revalorización probatoria, resultando esta interpretación errada, pues en su recurso acusó que el Tribunal de instancia al no valorar correctamente la prueba, emitió una Sentencia injusta e incorrecta.


En el ámbito de la denuncia, arguye la contradicción del Auto de Vista con relación a una resolución emitida por el mismo Tribunal de alzada en la que resolvió de forma contraria; además, invoca los Autos Supremos 256 de 26 de junio de 2006 y 444 de 15 de octubre de 2005, que establecerían que todo tribunal debe fundamentar debidamente a tiempo de valorar la prueba, no siendo suficiente su mera relación.


I.1.2. Petitorio.


Al no existir correlación o identidad de pensamiento entre el Auto de Vista de 1 de septiembre de 2009 y los Autos Supremos invocados, corresponde Anular el Auto de Vista cuestionado.


I.1.3. Respuesta de la parte contraria.


Revisados los antecedentes del caso, se establece que la parte acusada no respondió al recurso de casación interpuesto por María Jacqueline Vildoso Vargas.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 019/2015-RA-L de 04de febrero, este Tribunal declaró “ADMISIBLE” (sic), el recurso interpuesto por María Jacqueline Vildoso Vargas de fs. 155 a 158.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1. Sentencia.


Por Sentencia 09/2009de 22 de mayo(fs. 109 a 112 vta.), el Juzgado Tercero de Sentencia en lo Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de  Cochabamba, declaró a Lucy Carola Pastor García, absuelta de culpa y pena de los delitos de Difamación e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282 y 287 del CP, respectivamente, con costas a la parte querellante.


La conclusión arribada en la Sentencia absolutoria, tiene como base del fundamento que, efectuada la valoración conjunta de la prueba aportada en juicio, la Juzgadora no alcanzó certeza en que la imputada Carola Pastor García, hubiera adecuado su conducta a los delitos acusados, puesto que no se demostró plenamente que la antes nombrada, en mayo de 2008 haya agredido verbalmente a María Jacqueline Vildoso Vargas (conforme la acusación), cuando se encontraba cenando con su pareja en el restaurante “Don Corazón, lugar al que habría ingresado la imputada y de manera intempestiva hubiera empezado a propalarle insultos de grueso calibre, sin considerar que la querellante conoció al ex esposo (de la acusada), después de su desvinculación matrimonial y estaba separado hace bastante tiempo; asimismo, no se logró crear convicción sobre el segundo hecho; es decir,  que haya ido a la casa de la acusadora a hacer sendos, escándalos. Vale decir, la acusación no demostró fehacientemente los extremos denunciados, porque la prueba que aportó no resultó suficiente para generar certeza sobre lo afirmado en la querella, existiendo duda que Lucy Carola Pastor de manera pública, tendenciosa y repetida, hubiera revelado o divulgado un hecho,  una calidad o una conducta, capaz de afectar la reputación de María Jacqueline Vildoso y/o que por cualquier medio y de un modo directo haya ofendido su dignidad o decoro, todo ello debido a las contradicciones en las que incurrieron los propios testigos de cargo, las cuáles fueron analizadas a detalle a los fines de asumir la decisión, además de considerarse que las pruebas de descargo estuvieron dirigidas a desvirtuar dichos testimonios.


II.2. Del recurso de  apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular interpuso recurso de apelación restringida (fs. 117 a 119 vta.); mismo que contiene como motivos los siguientes argumentos:


Como defectos de la sentencia denunció la INSUFICIENTE FUNDAMENTACION EN LA SENTENCIA, LO QUE CONLLEVO LA DEFECTUOSA VALORACION PROBATORIA, refiriendo que se vulneró el art. 124 del CPP, además del precedente contenido en el Auto de Vista emitido por la Sala Penal Primera de esa capital, misma que está referida a la falta de fundamentación, señalando que solo se realizó el detalle descriptivo de las pruebas, empero no las valoró, pues incluso habría tergiversado la declaración testifical de Nadeth Tapia, por tanto cae en defecto absoluto previsto en el art. 370 inc. 5) y 6) del CPP, correspondiendo la nulidad de la sentencia y correspondiendo el reenvío del juicio ante un juez probo e imparcial.


II.3 Auto de Vista Impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente fue resuelta por Auto de Vista de 01 de septiembre de 2009, emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró improcedente el citado recurso, confirmando en consecuencia la Sentencia pronunciada por la Jueza Tercera de Sentencia, esgrimiendo para ello, en su acápite segundo “Fundamentos jurídicos de la Resolución del Tribunal de Alzada “con los siguientes argumentos:


  1. Con relación a que la Juez A-quo habría distorsionado las declaraciones testificales con el único propósito de favorecer a la procesada, el Tribunal de alzada aclaró que los alcances y límites de la apelación restringida como mecanismo de control de las Sentencias pronunciadas por los Jueces y Tribunales de Sentencia fueron claramente establecidos por la doctrina legal aplicable de los Autos Supremos 104 de 20 de febrero de 2004, y ratificada por el 196 de 06 de junio de 2005 que establecieron que:”…la facultad de valorar la prueba corresponde con exclusividad al juez o Tribunal de Sentencia, quien al dirigir el juicio oral y recibir la prueba, adquiere convicción a través de las precisión de los elementos y medios de prueba…”,de ello resultaría que el Tribunal de alzada no puede volver a valorar la declaración de la testigo Nadeth Tapia y tampoco los aspectos de hechos que fueron ya dilucidados en la audiencia de juicio oral, bajo los principios de inmediación y contradicción, por lo que la impugnación de la apelante carecería de mérito.


  1. En relación a la existencia de los defectos de la sentencia previstos en los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, el Tribunal de alzada advirtió que la Jueza de Sentencia en el punto II, referido a la decisión jurídica y fundamentos de hecho y derecho de la Sentencia apelada, estableció con claridad los fundamentos de su decisión (transcriben los fundamentos establecidos en la Sentencia), continúan, señalando que la fundamentación probatoria expuesta por la Jueza de Sentencia, y de la redacción de la Sentencia sí se realizó una fundamentación probatoria intelectiva e integral de las pruebas de cargo y descargo producidas en la audiencia del juicio oral, aplicando los principios de la sana critica racional, por lo que, la impugnación carece de mérito al no ser evidente la concurrencia de los defectos de Sentencia previstos en los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, tomando en cuenta además que la apelante se limitó a alegar genéricamente que la Jueza a quo no valoró las pruebas que fueron judicializadas, sin señalar concretamente cuáles serían esas pruebas, omisión esta que no podía ser subsanada de oficio por ese Tribunal de apelación.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


En el recurso de casación de María Jacqueline Vildoso Vargas admitido por la invocación de precedentes contradictorios, la recurrente denuncia la falta de fundamentación del Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista recurrido y la incorrecta decisión de no ingresar a considerar la defectuosa valoración probatoria de la Sentencia; actuación del Ad quem que sería contradictoria a los Autos Supremos 256 de 26 junio de 2006 y 444 de 15 de octubre de 2005.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por el art. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en materia procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios; será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el 420 del CPP.


III.2.   Consideraciones doctrinales respecto a la debida fundamentación.


Siendo un imperativo que las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales estén debidamente motivadas y fundamentadas, este Tribunal en el Auto Supremo 357/2013-RRC de 27 de diciembre, respecto a esta temática estableció: “La Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación.


Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.


Lo anterior significa, que la falta de fundamentación o motivación, concurriría cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP, y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación”.


III.3 Sobre la defectuosa valoración de la prueba, su formulación y control.


La denuncia por defectuosa valoración de la prueba, defecto de Sentencia descrito en el inc. 6) del art. 370 del CPP, como norma habilitante, debe encontrarse vinculada a la infracción del art. 173 del mismo cuerpo legal; es decir, a la vulneración de las reglas de la sana crítica, que son aquellas que conoce el hombre común (sentido común conocimiento adquirido por cualquier persona de forma espontánea como verdad irrefutable); las reglas de la ciencia, entre las cuales la más aplicada es la de la psicología, que en el caso del juzgador requiere conocimientos mínimos (se aplican cuando el juzgador observa comportamientos); además de las reglas de la lógica (la lógica de lo razonable); es decir, las reglas de la identidad, de contradicción, de tercero excluido o de razón suficiente, para crear un razonamiento debidamente estructurado. Lo que implica, que quien alegue defectuosa valoración de la prueba, debe brindar información necesaria que posibilite identificar cuál de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, señalando de forma ineludible, cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustenta el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente, cuáles las conclusiones que demuestren cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base en ellos, cuál el o los elementos analizados arbitrariamente; únicamente  planteado en esos términos el recurso, es posible el control sobre la valoración de la prueba, control que debe ser ejercitado sobre la logicidad de la Sentencia, teniendo como circunscripción lo argumentado en el recurso.


Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se
formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.


El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la Sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente a admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez.


El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo.


III.4. De los precedentes invocados.


Auto Supremo 256 de 26 de junio de 2006, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro contra WGD y otros, por la presunta comisión del delito de Abigeato, mismo que tuvo como antecedente que el Auto de Vista impugnado, al mantener subsistentes los defectos de la sentencia que vulneran Derechos fundamentales así como la garantía del "debido proceso", se enmarca a los vicios absolutos de la Sentencia, conforme dispone el artículo 169 inc. 3) del CPP, por lo que correspondía dejar sin efecto la misma. Estos antecedentes generaron la emisión de la siguiente doctrina lega aplicable:


“Se considera defectos absolutos procesales, cuando en el desarrollo del juicio oral las resoluciones emitidas por el director del proceso, sea Juez de Sentencia o Presidente del Tribunal de Sentencia, omite pronunciarse respecto a cada uno de los puntos acusados FUNDADAMENTE, violando el derecho a la seguridad jurídica y a un proceso legal.


Por tanto es obligación del Tribunal de alzada, de la misma manera pronunciarse FUNDADAMENTE, respecto a cada uno de los puntos de agravación argüidos por los recurrentes, en base a lo dispuesto por los artículos 124 y 398 ambos del Código de Procedimiento Penal. Tal el caso de Autos en que el Tribunal de Sentencia unipersonal incurre en contradicción entre la parte considerativa y resolutiva y el Tribunal de alzada omite pronunciarse fundadamente respecto a cada uno de los puntos de agravación.


De la misma manera la Corte Suprema de Justicia de Bolivia ha sentado línea doctrinal coincidente en el Auto Supremo Nº 166 de 12 de mayo de 2005 cuando refiere: "se considera defecto absoluto, cuando en la sentencia no existen razones ni criterios válidos que fundamenten la valoración de la prueba..."


El Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional 1369/01-R al respecto señala: "cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución".


En consecuencia, tanto los Tribunales de Sentencia como los de apelación, deben emitir sus fallos con la debida motivación y fundamentación respecto a cada uno de los puntos esenciales del proceso, su omisión ocasiona vulneración a la garantía constitucional del "debido proceso" y vulneración al derecho a la defensa tal como lo establecen los artículos 16.II y IV de la Constitución Política del Estado.


Por otra parte, se vulnera asimismo la garantía constitucional del debido proceso así como no se observa la línea doctrinal sentada por este Alto Tribunal de Justicia si los señores Jueces y Vocales omiten dar aplicación preferente a la Constitución antes que otra disposición.


El juicio oral, público y contradictorio, conforme dispone el artículo 1º del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, consecuentemente, el Tribunal de alzada, velando tanto por su observancia cuanto por la economía procesal, debe proceder a anular la sentencia y disponer el re envío a conocimiento de otro Tribunal de Sentencia cuando existan como en el caso de Autos evidentes defectos en la sentencia que la tornan contradictoria y sin debida fundamentación”.


Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra RCF por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, mismo que tuvo como antecedente fáctico que el Tribunal de alzada al confirmar la sentencia absolutoria en base a una defectuosa valoración probatoria al no haber establecido de forma correcta la configuración de los elementos constitutivos del tipo penal, actuó de manera contradictoria a la jurisprudencia establecida. Estos antecedentes generaron la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


Que se consideran defectos absolutos cuando en la sentencia no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas, omisión que se constituye en defecto insalvable, porque genera incertidumbre a la parte acusadora, este defecto, además se inscribe en el inciso 1) del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal, por afectar a la aplicación de la ley sustantiva, tribunales que desconociendo sus atribuciones como el de aplicar la ley que se encuentra estatuida en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado en los términos que siguen: "La ley determina las atribuciones de los tribunales y juzgados de la República" y la seguridad jurídica prevista en el artículo 7 inc. a) de la misma Carta Magna.


Que la falta de precisión en términos claros, sobre la adecuación del hecho ilícito a los elementos constitutivos, sancionado en el artículo 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 19 de julio de 1988, contraviene el principio de legalidad por cuanto en autos, se colige que la resolución emitida por el tribunal de sentencia, no cumplió con la subsunción del hecho al tipo penal de tráfico de sustancias controladas; vicio o defecto que ha surgido en la emisión de la sentencia, por la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, en la concreción del marco penal para la calificación del hecho, la insuficiente fundamentación del fallo y la valoración defectuosa de las pruebas, conforme el articulo 370 incs. 1), 5) y 6) de la Ley 1970, lo que convierte en una indebida resolución de reposición de juicio, así se declara.


Que, por consiguiente la Sala Penal del Distrito Judicial del Beni, al no haber advertido ni considerado la insuficiente fundamentación y valoración defectuosa de la prueba en la sentencia, en aplicación del artículo 413 de la Ley Nº 1970, debe anular totalmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro tribunal de sentencia”.


Los precedentes invocados corresponden a situaciones similares respecto a los  motivos de falta de fundamentación y defectuosa valoración de la prueba en la emisión de sentencia absolutoria, que dieron origen a la doctrina legal aplicable, por lo que corresponde ingresar al fondo del recurso a objeto de verificar una posible contradicción.


III.5. Análisis del caso concreto.


Respecto de la falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido, en torno a no haberse realizado el control legal sobre la defectuosa valoración probatoria de la Sentencia, se constata que la Resolución ahora recurrida sí cumple con la debida fundamentación en cuanto a los motivos apelados, pues de forma clara y expresa, precisó cuales los argumentos facticos y jurídicos (insertos en la Sentencia) que fueron los que formaron convicción para la decisión asumida por la Juez de Sentencia, concluyendo que en la Resolución apelada se consignó de forma adecuada que los hechos consignados en la acusación no fueron acreditados plenamente por la parte acusadora, sino más al contrario de la producción y valoración probatoria se generó duda razonable sobre los hechos en controversia, ya que los testigos de cargo hubiesen ingresado en contradicciones e imprecisiones en sus atestaciones y en contrario los testigos de descargo hubiesen estado dirigidos a desvirtuar la acusación formulada.


Consecuentemente, del razonamiento arribado por el Tribunal de alzada en el Auto de Vista recurrido, se advierte que no es evidente el agravio denunciado, pues si existe una respuesta fundamentada, cumpliendo así con la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, en la que se estableció que no es preciso que la motivación de una resolución judicial sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino que sea clara, concisa y responda a todos los puntos denunciados. Asimismo, no es evidente que el Tribunal de alzada se hubiere negado a considerar la defectuosa valoración probatoria, ya que de Autos se tiene que al momento de resolver los puntos apelados se dejó claramente establecido las bases de su competencia precisando que conforme a la jurisprudencia existente al respecto (revalorización probatoria),se establece que los Tribunales de apelación no pueden volver a valorar la prueba producida en juicio, como de forma errada fue propuesta por la parte recurrente ya que la labor de los tribunales de alzada se enmarcan únicamente a un control sobre los razonamientos expresados por el juez o tribunal de mérito, y determinar si se cumplió con las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología, enmarcándose en la coherencia lógica expresada por el A quo en el análisis intelectivo de la prueba judicializada, conforme prevé el art. 407 del CPP, aspecto cumplido en el Auto de Vista recurrido.


De igual manera también, debe tomarse en cuenta que de la verificación de los argumentos expuestos en la apelación restringida se tiene una incorrecta formulación respecto de la defectuosa valoración probatoria ya que en ningún momento, se identificó cuál de las reglas de la sana crítica fueron obviadas o erróneamente aplicadas, más al contrario sólo se hizo mención a una sola testificación presuntamente mal interpretada, sin expresar si sólo esa prueba hubiese cambiado el resultado del proceso penal; consecuentemente, ante el yerro en el planteamiento que resultó, general y subjetivo, el Tribunal de alzada, si bien aclaró como parte de sus fundamentos la prohibición de revalorizar prueba, dentro los márgenes delimitados por las propias denuncias, revisó la Sentencia y no encontró error en la valoración, por lo que se concluye que el motivo en examen es infundado.


Habiendo analizado los argumentos expuestos en el memorial de casación, por los fundamentos precedentes, este Tribunal concluye que los motivos no tienen fundamento legal que los respalden, por lo que corresponde declarar infundado el recurso, al no haberse detectado contradicción alguna entre los argumentos contenidos en el Auto de Vista impugnado y los precedentes contradictorios.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Jacqueline Vildoso Vargas, impugnando el Auto de Vista de 1 de septiembre de 2009, de fs. 142 a 145 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba ahora Tribunal Departamental de Justicia, dentro del proceso penal seguido por la recurrente contra Lucy Carola Pastor García, por la presunta comisión de los delitos de Difamación e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA