TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 125/2015-RA-L

Sucre, 04 de marzo de 2015


Expediente                : Santa Cruz 20/2010

Parte acusadora        : Ministerio Público y otro 

Parte imputada        : Álvaro Mauricio Olea Sánchez y otros 

Delitos                : Asesinato y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de diciembre de 2009, cursante de fs. 357 a 362 vta., Álvaro Mauricio Olea Sánchez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 03 de 13 de enero de 2009, de fs. 336 a 338 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Adalid Rodríguez Chuve contra Luis Ariel y Mauricio Salas Torrez, Luciano Moreno Salas, Katherine Paz Moreno y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Robo Agravado, Complicidad y Encubrimiento en asesinato previstos y tipificados por los arts. 252, 332, 23 y 171,  todos del Código Penal (CP).  


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación particular (fs. 24 a 26), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia de la provincia German Busch - Puerto Suarez del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia de 18 de Junio de 2008 (fs. 129 a 136 vta.), declarando a los acusados Álvaro Mauricio Olea Sánchez y Luis Ariel Salas Torrez y/o Luis Ariel López Torrez autores de los delitos de Asesinato y Robo agravado previstos y sancionados por los arts. 252 incs. 2), 3), 6) y 7) y 332 incs. 1), 2) y 3) del CP, condenándolos a la pena  privativa de libertad de treinta años de presidio sin derecho a indulto, a cumplir en el centro de Rehabilitación  Santa Cruz, cárcel de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz, más el pago de costas. Asimismo, declaró al acusado Luciano Moreno Sales  autor del delito de complicidad en asesinato y robo agravado previsto y sancionado por el art. 23 del CP, siendo condenado a la pena de quince años de presidio a cumplirse en el Penal de Palmasola, más el pago de costas. Al acusado Mauricio Gabriel Salas Torrez autor del delito de encubrimiento previsto por el art. 171 del CP condenándolo a la pena de dos años, otorgándosele perdón judicial, ordenando la cesación de la detención preventiva y la cancelación de las medidas cautelares personales y a la acusada Katerine Paz Moreno fue declarada absuelta de los delitos de juzgamiento ordenando la cancelación de las medidas cautelares personales.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Álvaro Mauricio Olea Sánchez interpuso recurso de apelación restringida (fs. 264 a 286 vta.), resuelto por el Auto de Vista 03 de 13 de enero de 2009 (fs. 336 a 338 vta.), que declaró admisible e improcedente el recurso planteado.


  1. Notificado el recurrente Álvaro Mauricio Olea Sánchez con el Auto de Vista, el 9 de diciembre de 2009 (fs. 355), interpuso recurso de casación el 15 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente afirma que existen defectos absolutos no advertidos por el  Tribunal de alzada, por cuanto extraña la prueba que lo incrimine al no haber sido objeto de pericia, en conformidad al art. 204 del CPP, incorporando y excluyendo medios legales de prueba decisivos a voluntad del Ministerio Público y parte civil, ignorando el art. 13 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y en cuanto a las pruebas testificales denuncia la infracción de los arts. 35 y 193 del CPP y vulneración del principio de legalidad, ya que pese a existir contradicciones en las atestaciones sobre los hechos fácticos, cuestiona la comparecencia de dos menores, interrogados a capricho del Ministerio Público y de la parte civil, inobservando el art. 353 del CPP. Añadiendo que debió excluirse la reconstrucción de los hechos, por carecer de eficacia probatoria según el art. 172 del CPP, siendo incorporado el audio visual infringiendo los principios de legalidad y exclusiones probatorias, obviando su judicialización, lesionando sus derechos al debido proceso, seguridad jurídica, defensa y principio de inmediación, concluyendo que se realizó una mala valoración de la prueba, a cuyo efecto invoca la Sentencia Constitucional 763/2003 de 6 de junio.


  1. Acusa que, el Tribunal de alzada no consideró que la Sentencia contiene  preceptos legales erróneamente aplicados e inobservados, señalando que ante la inasistencia de tres jueces ciudadanos fue convocado Walter Coria Peinado, quien se excusó por haber emitido opinión públicamente y pese a la aceptación de esta excusa, intervino en su juzgamiento, porque cuestiona no fue sujeto a un Tribunal imparcial e independiente, infringiendo los arts. 3 y 62 del CPP, además del debido proceso y el principio de presunción de inocencia y cita las Sentencias Constitucionales 0739/2007-R y 1667/2003-R de 17 de noviembre.


  1. Adicionalmente asevera que se vulneró su derecho a la defensa material, el debido proceso, seguridad jurídica e igualdad, por cuanto a raíz de que se observó el registro en el Colegio Departamental de Abogados de Santa Cruz a su abogado defensor se le negó su intervención, violando el art. 8 de la Ley de la Abogacía, los arts. 5, 11, 14 y 17 del Código de Ética para Ejercicio de la Abogacía, los arts. 5, 9, 12, 13, 102, 171 y 355 del CPP, citando al efecto las Sentencias Constitucionales 0418/2000-R, 1276/2001-R, 0119/2003-R de 28 de septiembre y 1846/2004-R de 30 de noviembre, además de la Sentencia del Tribunal Constitucional Español  105/1994 de 11 de abril.


  1. Manifiesta también que, se le impidió ofrecer prueba de descargo, puesto que negada su petición de cesación a la detención preventiva; fue remitido el expediente en apelación, sin que haya podido ofrecer prueba; derecho que fue dado por renunciado por el Presidente del Tribunal de Sentencia,  vulnerando sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso, además que quebrantar el art. 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a cuyo efecto cita las Sentencias Constitucionales 0953/2004-R de 18 de junio y 0953/2004-R, 0969/2003-R de 15 de julio, 1044/2003-R, 418/2000-R, 1276/2001-R, 917/2003-R, 842/2003-R, 820/2003-R, 0136/2003-R de 6 de febrero, 1748/2003-R de 1 de diciembre, 0119/2003-R de 28 de enero y 731/2000-R de 27 de julio.


  1. Acusa que, el Tribunal de Alzada no subsanó la nulidad absoluta en que incurrió la sentencia, al no haber individualizado al condenado y señalar dos posibles nombres Luis Ariel Salas Torrez o Luis Ariel López Torrez, infringiendo el art. 370-2) del CPP, hecho que afirma vulneró sus derechos al debido proceso y a la seguridad.


Finalmente en otro apartado invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 13 de 13 de mayo de 2005, 241 de 6 de junio de 2006 y 409 de 19 de agosto de 2003, los Autos Constitucionales 124/05 de 28 de marzo, 14/2003-CA de 10 de enero, 37/2003-CA de 24 de enero; y, las Sentencias Constitucionales 446/2004-R de 24 de marzo, 313/2002-R de 20 de marzo de 2002, 547/2005-R de 20 de mayo de 2005, 545/2005-R de 19 de mayo de 2005, 548/2005-R de 20 de mayo de 2005, 29/2005-R de 28 de abril de 2005 y 1138/2004-R de 21 de julio de 2004.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

       

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos, la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que, este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, en los supuestos antes destacados, de acuerdo a lo siguiente:


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.-


En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su impugnación qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación, no mereció o merecieron debida fundamentación; o sobre qué cuestiones se incurrió en omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos, o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: 1) Especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, respecto al primer requisito que debe reunir todo recurso de casación, se constata que el recurrente Álvaro Mauricio Olea Sánchez fue notificado con el Auto de Vista impugnado, el 9 de diciembre de 2009 (fs. 355), habiendo presentado el recurso de casación el 15 del mismo mes y año (fs. 357),  en consecuencia se tiene por cumplida la previsión del art. 417 de la norma adjetiva penal, correspondiendo pronunciarse a este Tribunal sobre la admisibilidad del recurso de casación planteado.


Es así, que con relación al primer motivo, referido a que el Tribunal de alzada no advirtió la existencia de defectos absolutos, puesto que no existiría prueba que lo incrimine, tampoco  se practicó la pericia, incorporando y excluyendo prueba decisiva a voluntad del Ministerio Público y parte civil; y que, respecto a la prueba testifical además de incurrir en contradicciones, comparecieron dos menores, interrogados a capricho del Ministerio Público y de la parte civil, infringiendo los arts. 353, 35 y 193 del CPP y vulneración del principio de legalidad, aseverando que debió excluirse la reconstrucción de los hechos; empero fue incorporado su audio visual quebrantado sus derechos al debido proceso, seguridad jurídica, defensa y los principios de legalidad e inmediación, concluyendo que se realizó una mala valoración de la prueba; se extrae que el recurrente no invocó ningún precedente contradictorio relativo al agravio planteado, incumpliendo las exigencias de los arts. 416 y 417 del CPP, imposibilitando a este Tribunal efectuar la labor de contraste.


Asimismo, con relación a la mera alegación de defectos absolutos efectuada en la exposición de este agravio, el recurrente omitió precisar los derechos o garantías vulnerados, así como explicar la trascendencia de la supuesta vulneración, no habiendo cumplido a cabalidad con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV de este Auto Supremo, lo que imposibilita la admisión del presente motivo.


Con relación al segundo motivo, por el que el recurrente acusa que, el Tribunal de alzada no consideró que la Sentencia contiene preceptos legales erróneamente aplicados e inobservados, advirtiendo que fue juzgado por una persona que formulo excusa en consecuencia no fue sometido a un Tribunal imparcial e independiente, en infracción de los arts. 3 y 62 del CPP, debido proceso y el principio de presunción de inocencia; se establece que el recurrente no invocó ningún precedente contradictorio, por lo que tampoco explicó ni fundamento la contradicción con el Auto de Vista impugnado, consiguientemente, se hace evidente el incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, deficiencia que no puede ser suplida con la simple mención de vulneración de los derechos aparentemente quebrantados, de los cuales tampoco explica la forma de su infracción ni el resultado dañoso emergente, que hagan posible la admisión en base a los presupuestos de flexibilización, por lo que este motivo deviene en inadmisible.


Respecto al tercer motivo, en el que asevera que se vulneró su derecho a la defensa material, el debido proceso, seguridad jurídica e igualdad, al haber negado la intervención de su abogado defensor, infringiendo el art. 8 de la Ley de la Abogacía, los arts. 5, 11, 14 y 17 del Código de Ética para Ejercicio de la Abogacía, los arts. 5, 9, 12, 13, 102, 171 y 355 del CPP; el recurrente tampoco cumplió con la carga procesal de invocar precedente legal alguno, consecuentemente no realizo la labor de contrastación con el Auto de Vista impugnado, incurriendo nuevamente en el incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, omitiendo precisar y explicar la trascendencia de la supuesta vulneración, de los derechos aparentemente violados, incumpliendo a cabalidad con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal, lo cual imposibilita la admisión del presente motivo. 


Con relación al cuarto motivo, referido a que se le impidió ofrecer prueba de descargo, al haber sido remitido el expediente en grado de apelación, vulnerando con ello sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso; se establece que el recurrente no invocó ningún precedente contradictorio relativo a la temática planteada, inobservando las exigencias de los arts. 416 y 417 del CPP, labor que no puede ser suplida por este Tribunal, ni acudir a los presupuestos de flexibilización para una posible admisión, puesto que el recurrente no explica su  trascendencia, ni el resultado dañoso, por lo que tampoco cumple con los presupuestos señalados establecidos por este Tribunal, lo cual conlleva a la inadmisibilidad del presente motivo.


En cuanto al quinto motivo, en el que acusa que, el Tribunal de Alzada no subsanó la nulidad absoluta en que incurrió la sentencia, al no haber individualizado al condenado, vulnerando así, sus derechos al debido proceso y a la seguridad; se evidencia que el recurrente tampoco invocó ningún precedente contradictorio, por lo que tampoco explicó ni fundamento la contradicción con el Auto de Vista impugnado, consiguientemente, se observa el incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, deficiencia que no puede ser suplida con la simple mención de los derechos aparentemente quebrantados, sin que tampoco se explique la forma de su infracción ni el resultado dañoso causado, que hagan posible la admisión en base a los presupuestos de flexibilización, por lo que este motivo también deviene en inadmisible.


Adicionalmente respecto a la cita en otro apartado de los Autos Supremos 241 de 6 de junio de 2006 y 409 de 19 de agosto de 2003, que el recurrente refiere se tratarían de la calificación del defecto absoluto ante el rechazo de proposición de prueba y nulidad de actos por perdida de competencia; se establece que omite realizar la labor de contrastación con el Auto de Vista impugnado precisando a que agravios pretende su aplicación, labor que no puede ser cubierta de oficio por este Tribunal.


En cuanto al Auto Supremo 13 de 13 de mayo de 2005, revisado el registro con que cuenta este tribunal es inexistente.


Finalmente respecto a la cita de las Sentencias Constitucionales 1056/2003, 727/2003-R, 763/2003 de 6 de junio, 0739/2007-R, 1667/2003-R de 17 de noviembre, 0418/200-R, 1276/2001-R, 0119/2003-R de 28 de septiembre, 1846/2004-R de 30 de noviembre, 1044/2003-R, 418/2000-R, 1276/2001-R, 917/2003-R, 842/2003-R, 820/2003-R, 0136/2003-R de 6 de febrero, 1748/2003-R de 1 de diciembre, 0119/2003-R de 28 de enero, 731/2000-R de 27 de julio, 446/2004-R de 24 de marzo, 313/2002-R de 20 de marzo, 547/2005-R de 20 de mayo, 545/2005-R de 19 de mayo, 548/2005-R de 20 de mayo, 29/2005-R de 28 de abril y 1138/2004-R de 21 de julio, la Sentencia del Tribunal Constitucional Español  105/1994 de 11 de abril y Autos Constitucionales 124/05 de 28 de marzo, 14/2003-CA de 10 de enero y 37/2003-CA de 24 de enero; debe recordarse que, conforme dispone el art. 416 del CPP, solo los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal, son considerados precedentes contradictorios; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer una Sentencia Constitucional como precedente contradictorio en la jurisdicción ordinaria, no es atendible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fs. 357 a 362 vta. interpuesto por Álvaro Mauricio Olea Sánchez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA