TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 121/2015-RA-L

Sucre, 04 de marzo de 2015


Expediente                : Potosí 13/2010

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        : Caupolican Amir Mendivil Cavero y otros

Delitos        : Falsedad Material y otros


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 6 de febrero de 2010, cursantes de fs. 277 a 282 y 296 a 299 vta., Delia Aracely Salinas Velásquez y Caupolican Amir Mendivil Cavero respectivamente, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 03/2010 de 23 de enero, de fs. 259 a 262 y vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí ahora Tribunal Departamental de Justicia, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jaime Medina Subieta (declarado rebelde) y los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Hurto agravado, Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado, Estelionato, Uso de instrumento Falsificado y Falsedad Material, tipificados y sancionados por los arts. 326, 223, 337, 203 y 198, todos del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 11/09 de 20 de abril de 2009 (fs. 154 a 184), el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Potosí, declaró a Delia Aracely Salina Velásquez, absuelta de la comisión del delito de Falsedad material, previsto y sancionado en el art. 198 del CP y a Caupolicán Amir Mendivil Cavero, absuelto de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado en el art. 337 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el representante del Ministerio Público (fs. 220 a 230), interpone recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 03/2010 de 23 de enero emitido por la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró procedente el recurso de planteado, anulando totalmente la sentencia impugnada, disponiendo en consecuencia la reposición del juicio mediante reenvío ante el Tribunal de Sentencia primero de esa ciudad, con costas.


  1. El 02 de febrero de 2010 (fs. 263), fueron notificados los recurrentes Delia Aracely Salinas Velásquez y Caupolicán Amir Mendivil Cavero con el referido Auto de Vista y el 06 del mismo mes y año, interpusieron recursos de casación respectivamente. 


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De la revisión de los recursos de casación de fs. 277 a 282 y 296 a 299 vta. , se extraen los siguientes motivos:


II.1. Del recurso de casación de Delia Aracely Salina Velásquez.

  1. El recurrente manifiesta que, si bien está de acuerdo con la sentencia pronunciada por el Tribunal a quo, señala que esta resolución no fue debidamente analizada por el Tribunal de alzada a tiempo de resolver la apelación restringida formulada vulnerando su derecho a la defensa al prejuzgar su culpabilidad, sin considerar la prueba de descargo existente, pues en cuanto a su persona no se habría establecido el grado de participación. Añade que la emisión del Auto de Vista recurrido pasa a una situación de incertidumbre al tener que enfrentar un nuevo juicio, cuando lo correcto era que se confirme su absolución por no haberse establecido responsabilidad penal en su contra, contraviniendo lo establecido en el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), respecto de este motivo invoca el Auto Supremo 479 de 08 de diciembre de 2005.


  1.            Adicionalmente señala que el Auto de Vista recurrido, arbitrariamente dispuso revocar la sentencia determinando nuevo juicio en la vía de reenvió, lo cual amerita responsabilidad por haber sido dictado de manera ultra petita, y no contener los suficientes fundamentos que respalden el decisorio, aspectos que -indica- atentan al debido proceso y se encuentran sancionados con nulidad, tal cual expresa el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


II. 2. Del recurso de casación de Caupolican Mendivil Cavero.


  1.       El recurrente acusa la vulneración de derechos constitucionales, vía apelación incidental, refiriendo que fue procesado por el delito de Estelionato; sin embargo, del análisis y fundamentación de la apelación era respecto a los delitos de falsedad los cuales nunca le fueron imputados, restringiendo su derecho a la legítima defensa establecido en el art. 119.II de la CPE.


  1.       El Tribunal de alzada vulneró la previsión establecida en el art. 124 CPP, pues no establecieron de forma clara o motivada del porque llegó a la conclusión de que la sentencia se basó en elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio.


  1.      Adicionalmente el recurrente asevera que el argumento señalado en el punto 2 del Primer Considerando del Auto de Vista impugnado, referido a que el documento suscrito por Eduardo Calderón, Caopolican Mendivil y otros a favor de Rolando Rossel Arancibia, es falso, es una conclusión equivocada ya que el Tribunal de Alzada no consideró que la sentencia no se encuentra ejecutoriada, por lo tanto, goza de la presunción de inocencia prevista en el art. 116.I CPE, de igual forma no se puede hablar de falsedad, mientras esta no haya sido declarada judicialmente, consiguientemente mientras no se cumpla con esta exigencia no se puede tachar de falso un documento, pues en contrario se presume su autenticidad, al respecto invoca el Auto de Vista 009 de 29 de enero de 2003, además pide se tenga presente lo señalado por la Sentencia Constitucional 546/2004-R de 12 de abril de 2004, referida a que ante la existencia de violación de derechos y garantías constitucionales, no es necesario la invocación de precedentes contradictorios.

  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que los recurrentes Delia Aracely Salinas Velásquez y Caupolican Amir Mendivil Cavero, fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 02 de febrero de 2010 y el 06 del mismo mes y año, formularon sus recursos de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles que les otorga la ley, cumpliendo con el requisito previsto por el art. 417 del CPP.

Del recurso de casación de Delia Aracely Salina Velásquez:


Es así, que respecto al primer motivo del recurso, referido a que si bien está de acuerdo con la sentencia pronunciada por el Tribunal A quo, señala que esta resolución no fue debidamente analizada por el Tribunal de alzada a tiempo de resolver la apelación restringida formulada en Autos, incurriendo en vulneración a su derecho a la defensa ya que se prejuzgó su culpabilidad, sin considerar la prueba de descargo existente, pues en cuanto a su persona no se habría establecido el grado de participación. Con la emisión del Auto de Vista recurrido pasa a una situación de incertidumbre al tener que enfrentar un nuevo juicio cuando lo correcto era que se confirme su absolución por no haberse establecido responsabilidad penal en su contra, contraviniendo lo establecido en el art. 116 de la Constitución Política del Estado, respecto de este motivo invoca el Auto Supremo 479 de 08 de diciembre de 2005.


En cuanto al control sobre el cumplimiento de los requisitos formales para la admisibilidad de este motivo se tiene que, si bien la recurrente invocó el precedente contradictorio, no precisó la contradicción existente con el Auto de Vista, pues del recurso de casación solo se establece la cita de aspectos genéricos sin señalar en forma concreta qué argumentos del Auto de Vista recurrido son contradictorios al Auto Supremo 479 de 8 de diciembre de 2005, imposibilitando así su consideración en el fondo.


Con relación al segundo motivo, referido a que el Auto de Vista recurrido al haber arbitrariamente “decido la revocatoria de la sentencia” determinando nuevo juicio en la vía de reenvió, merece la condenación de responsabilidad por haber sido dictado de manera ultra petita, y no contener los suficientes fundamentos que respalden el decisorio, aspectos que atentan al debido proceso y que se encuentran sancionados con nulidad tal cual expresa el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Respecto de este motivo la recurrente no invoca precedente contradictorio alguno, incumpliendo las previsiones establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP, ya que si bien se tiene en Autos que la misma no formuló recurso de apelación restringida por haberle sido favorable la sentencia, sin embargo la invocación del precedente contradictorio debió ser cumplida al momento de formular el recurso de casación, aspecto que conlleva a que tampoco se haya realizado la precisión de contradicciones respecto de este motivo, pues en contrario solo se fundó el recurso en alegaciones genéricas sin establecer porque el Tribunal de Alzada hubiese actuado de forma ultra petita, además que tampoco se identificó que aspectos no fueron debidamente fundamentados.


Finalmente respecto de la denuncia de defectos absolutos en la tramitación de la causa, conforme lo ya establecido en la parte in fine de acápite III de la presente resolución respecto de este tipo de denuncias, para la flexibilización en la admisibilidad del recurso se estableció que: Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, aspectos que no fueron cumplidos por la recurrente ya que solo cita la normativa legal sin exponer de manera fundada la existencia de vulneración de derechos y garantías constitucionales, en consecuencia el recurso deviene en inadmisible.


Del recurso de casación de Caupolican Mendivil Cavero.


Respecto al primer motivo, referido a la violación de derechos constitucionales vía apelación incidental, refiriendo que fue procesado por el delito de Estelionato; sin embargo, del análisis y fundamentación de la apelación era respecto a los delitos de falsedad los cuales nunca le fueron imputados, violándose su derecho a la legítima defensa establecida en el art. 119. II) de la CPE.


El recurrente obvia completamente la invocación de algún precedente contradictorio además de la correspondiente precisión de las contradicciones en las que hubiese incurrido el Tribunal de Alzada en la emisión de la resolución recurrida

Incumpliendo las previsiones establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP, pues de la verificación del presente motivo se extraña una correlación de argumentos que permitan identificar cual la problemática planteada y el resultado legal que se espera ya que incluso se hace referencia a una apelación incidental, que por mandato legal no es recurrible en casación. 


Con relación al segundo motivo, en el que se denunció, que el Tribunal de alzada vulneró la previsión establecida en el art. 124 CPP, pues no establecieron de forma clara o motivada del porque se llegó a la conclusión de que la sentencia se basó en elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio.


Al igual que en el primer motivo, se incumplió con los arts. 416 y 417 del CPP, ya que además de no haberse invocado el precedente contradictorio tampoco se señala de forma puntual que pruebas habrían sido ilegalmente tachadas de ilegales por parte del Tribunal de Alzada, recayendo el recurso en generalidades que impiden a este Tribunal ingresar al conocimiento y resolución de fondo por incumplimiento a las formalidades de admisibilidad previstas en el Código de Procedimiento Penal.


Acerca del tercer motivo, que el argumento señalado en el considerando primero del Auto de Vista recurrido, referido a que el documento suscrito por Eduardo Calderón, Caupolican Mendivil y otros a favor de Rolando Rossel Arancibia, es falso, es una conclusión equivocada ya que el Tribunal de Alzada no consideró que la sentencia no se encuentra ejecutoriada, por lo tanto, goza de la presunción de inocencia prevista en el art. 116.I CPE, de igual forma no se puede hablar de falsedad, mientras esta no haya sido declarada judicialmente, consiguientemente mientras no se cumpla con esta exigencia no se puede tachar de falso un documento, pues en contrario se presume su autenticidad, al respecto invoca el Auto de Vista 009 de 29 de enero de 2003, además pide se tenga presente lo señalado por la S.C. 546/2004-R de 12 de abril de 2004, referido a que ante la existencia de violación de derechos y garantías constitucionales no es necesario la invocación de precedentes contradictorios.


Respecto de este motivo y la invocación de un Auto de Vista como precedente contradictorio, mismo que se encuentra transcrito en tu totalidad, se debe tener presente que no es suficiente que se cite y transcriba el Auto de Vista, pues para que pueda ser considerado como precedente es imprescindible que se demuestre la ejecutoria del mismo, conforme preciso reiteradamente este Tribunal en los Autos Supremos 101/2014-RRC de 7 de abril y 044/2015-RA-L de 4 de febrero, entre otros, aspectos no cumplidos por el recurrente, ya que no existe constancia que dicho Auto de Vista tenga la calidad de ejecutoriado o que no haya dejado sin efecto, razón por la cual el presente motivo también deviene en inadmisible.


Finalmente, con relación a la Sentencia Constitucional 546/2004-R de 12 de abril de 2004, corresponde señalar que, en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, las Sentencias Constitucionales, no tienen la calidad de precedentes contradictorios, constituyendo tales, únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida y Autos Supremos donde se establezca doctrina legal aplicable; no siendo válido el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita del precedente y explicación de contradicción que exige la ley en la interposición del recurso de casación; en tal sentido, la invocación de la Sentencia Constitucional referida, conlleva al incumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP, extremo que impide a este Tribunal ingresar al análisis de los mismos, correspondiendo en consecuencia declarar su inadmisibilidad.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Delia Aracely Salinas Velásquez y Caupolicán Amir Mendivil Cavero; de fs. 277 a 282 y 296 a 299, respectivamente. 


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA