TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 118/2015-RA-L

Sucre, 04 de marzo de 2015


Expediente                : Potosí 10/2010

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        : José Ivañez Liquitaya y otro

Delito                : Robo Agravado 


RESULTANDO


Por memorial presentado el 29 de enero de 2010, cursante de fs. 67 a 69, José Ivañez Liquitaya interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 05/2010 de 14 de enero, de fs. 61 a 62 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente y Roberto Carlos Gareca Estancanea, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado previsto y sancionado por el art. 332 inc. 2) del Código Penal (CP)


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación fiscal (fs. 3 a 4 vta.) y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia de la Provincia Modesto Omiste del Distrito Judicial de Potosí, emite la Sentencia 3 de 11 de noviembre de 2009 (fs. 26 a 30 vta.), declarando a José Ivañez Liquitaya absuelto de pena y culpa de la comisión del delito de Robo Agravado previsto y sancionado por el art. 332 inc. 2) del CP, sea sin imposición de costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Benito Torrez Andaluz, Fiscal de Materia formula recurso de apelación restringida (fs. 44 a 45 vta.), resuelto por Auto de Vista 05/2010 de 14 de enero (fs. 61 a 62 vta.), que declara procedente el recurso y revoca la Sentencia, declarando al acusado José Ivañez Liquitaya culpable y autor del delito de Robo Agravado en grado de complicidad, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 2) con relación al art. 23 del CP, condenándolo a sufrir la pena de tres años y seis meses de reclusión en la cárcel de Villazón, con costas, más el pago de daños y perjuicios.


  1. Notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado, el 25 de enero de 2010 (fs. 65), interpuso recurso de casación el 29 del mismo mes y año, objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 67 a 69, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente manifiesta que el Auto de Vista no considera que el recurso de apelación restringida formulado por el Fiscal de materia, no cumplía con los requisitos establecidos por el art. 408 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en ése sentido señala que en el Considerando Primero del Auto de Vista recurrido, se refiere a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, defectuosa valoración de la prueba e inexistencia de fundamentación en la sentencia, aspectos que no fueron expuestos en base a una norma legal; por consiguiente, reitera que no se cumplieron con los requisitos de admisibilidad, que tampoco se procedió a la fundamentación recursiva en audiencia de complementación, incumpliendo -señala- los Autos Supremos y autos de vista, constituyendo un defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3 del CPP y cita el Auto de Vista 166/2005 de 12 de mayo, acusando la vulneración del debido proceso y a la seguridad jurídica.  


  1. Adicionalmente señala que el considerando segundo del Auto de Vista recurrido contendría tres conclusiones referidas a la falta de objetividad del Tribunal a quo, donde el Tribunal de alzada indicaría que se inobservó normas sustantivas, sin que haya especificado cuáles; y respecto a su participación en el hecho antijurídico, el recurrente argumenta que en audiencia de juicio oral no fue reconocido como autor, existiendo duda sobre su participación; y cuestiona donde está el fajo de dólares americanos que habría exhibido  producto de la requisa que se le habría practicado, lo cual no habría sido presentado por el Ministerio Público en juicio.


Asimismo, señala que el Tribunal de juicio habría evidenciado indicios de  complicidad que determinó su absolución, porque no llegaría a subsumirse al art. 365 del CPP; y, concluye que el Tribunal de Alzada revalorizó prueba y  actuó discrecionalmente, revalorización que contradice -indica- los autos supremos y que considera innecesario enumerarlos puesto que son conocidos.


Es así que, considera que aparentemente el Tribunal de alzada despejaría dudas sobre alguna posible vulneración al principio de congruencia, lo cual le genera aún más dudas, ya que fue imputado como autor, no cómplice, aspectos que le provocaría indefensión, constituyendo un defecto absoluto, por cuanto teniendo presente el principio “iura novit curia”, el Tribunal de alzada no habría considerado que la Ley 1768 tiene dos partes, general y especial, correspondiendo el caso de autos a la parte general, de la participación criminal, existiendo diferencia entre autor y cómplice; aspecto que no fuera demostrado por el Fiscal, es por ello que -refiere- la sentencia consideró indicios de complicidad ante la insuficiencia de prueba y afirma constituiría un defecto absoluto por infringir su derecho a la defensa por no haber sido imputado por complicidad, hecho que tampoco fue probado por la parte acusadora.


  1. Denuncia también que; el Tribunal de alzada extrañamente observó la existencia de los defectos mencionados, y modificaron la pena, sin precisar que en su recurso de apelación restringida no mencionó el art. 23 del CP; sin embargo, de forma ultra petita afirman que sin su cooperación no habría podido cometerse el hecho antijurídico, lo cual considera -el recurrente- es ajeno a lo que prescribe el art. 23 del CP, contraviniendo el ordenamiento jurídico.


Finalmente en el otrosí del memorial del recurso de casación planteado, el recurrente invoca como precedentes contradictorios: “373 de 6 de septiembre de 2003; Auto de Vista Nº 29/28/2007 de la Sala Penal de Tarija, Auto Supremo 37 de 27 de enero del 2007; Auto de Vista 34/07/2007 del Distrito de la Paz” (sic).

  

III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos, la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que, este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, en los supuestos antes destacados, de acuerdo a lo siguiente:


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.-


En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su impugnación qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación, no mereció o merecieron debida fundamentación; o sobre qué cuestiones se incurrió en omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos, o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: 1) Especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, respecto al primer requisito del recurso de casación, se constata que el recurrente, fue notificado con el Auto de Vista impugnado, el 25 de enero de 2010 (fs. 65), habiendo presentado el recurso de casación el 29 del mismo mes y año (fs. 69 vta.), en consecuencia se tiene por cumplida la previsión del art. 417 de la norma adjetiva penal, correspondiendo pronunciarse a este Tribunal sobre la admisibilidad del presente recurso.


Es así que, con relación a los motivos primero, segundo y tercero, referidos en síntesis a que el Auto de Vista no advierte que el recurso de apelación restringida del Fiscal de materia, incumple los requisitos del art. 408 del CPP, por una parte y que en el Considerando Primero del Auto de Vista recurrido, se refiere a aspectos que no fueron expuestos en base a una norma legal, por lo que no se habrían cumplido con los requisitos de admisibilidad, sin que tampoco se haya fundamentado en audiencia de complementación, constituyendo esto un defecto absoluto por vulneración del debido proceso y seguridad jurídica. Adicionalmente en cuanto a su participación, afirma que no fue reconocido como autor, cuestionando donde se encontraría el fajo de dólares americanos que habría exhibido producto de la requisa que se le hizo; evidenciándose en su caso indicios de  complicidad que determinó su absolución, porque no llegaría a subsumirse al art. 365 del CPP; existiendo revalorización de la prueba, por cuanto si bien aparentemente despejaría dudas sobre  alguna posible vulneración al principio de congruencia, le genera dudas, al haber sido imputado como autor, teniendo presente el principio “iura novit curia”, constituyendo un defecto absoluto por infringir su derecho a la defensa. Aduciendo finalmente que el Tribunal de Alzada observando defectos modificó la pena de forma ultra petita aseverando que sin su cooperación no habría podido cometerse el delito.


Se establece que, si bien la parte recurrente por una parte citó el Auto de Vista 166/2005 de 12 de mayo e invocó de forma confusa como precedentes contradictorios: “373 de 6 de septiembre de 2003; Auto de Vista Nº 29/28/2007 de la Sala Penal de Tarija, Auto Supremo 37 de 27 de enero del 2007; Auto de Vista 34/07/2007 del Distrito de la Paz” (sic); no efectuó explicación alguna sobre la supuesta contradicción existente con el Auto de Vista impugnado, es decir no cumplió con la labor de contrastación entre casos aparentemente símiles, con la problemática planteada, incumpliendo el requisito formal que viabiliza el análisis de fondo; asimismo, ante la denuncia de vulneración de derechos constitucionales, acudiendo a los presupuestos de flexibilización para una posible admisión, se evidencia que el recurrente tampoco justificó hechos facticos que denoten el hecho generador del recurso, al contrario de la simple lectura del recurso planteado se observa que es poco claro en cuanto a su argumentación, además de una carencia recursiva a momento de identificar los motivos que generan su interposición, por cuanto no precisa de qué forma se incurrió en la  vulneración de los derechos aparentemente quebrantados, ni explica cuál es el resultado dañoso emergente del mismo; en consecuencia el impetrante se limitó a realizar denuncias genéricas, con afirmaciones que resultan ser insuficientes; razones por las que el recurso de casación deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fs. 67 a 69 interpuesto por José Ivañez Liquitaya.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA