TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 113/2015-RA-L

Sucre, 04 de marzo de 2015


Expediente                : Potosí 3/2010

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        : Luís Alberto Romero Puente

Delitos                 : Lesiones Graves y Leves y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 9 de enero de 2010, cursante de fs. 147 a 152, Luís Alberto Romero Puente interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 059/2009 de 23 de diciembre de fs. 120 a 123, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Lesiones Graves y Leves, Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias y Hurto, tipificados por los arts. 271, 298 y 326, todos del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 3/2009 de 7 de agosto (55 a 59 y vta.), la Jueza Segunda de Partido Mixto y Sentencia de Llallagua del Distrito Judicial de Potosí, quien declaró al imputado Luís Alberto Romero Puente, Autor de los delitos de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, Hurto y Lesiones Leves, tipificados por los arts. 298, 326 y 271 segunda parte del CP, sancionándole con la pena privativa de libertad de tres años y dos meses, más el pago de cincuenta días multa a razón de bs. 5.- (cinco bolivianos 00/100) por día, con costas, daños y perjuicios.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Luís Alberto Romero Puente,  (fs. 97 a 107 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 059/2009 de 23 de diciembre, que declaró admisible e improcedente el recurso; y en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificado el recurrente con el mencionado Auto de Vista, el 4 de enero de 2010 conforme se desprende de la diligencia sentada (fs. 125); interpuso recurso de casación el 9 de enero del mismo año, el cual es motivo del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de recurso de casación, se extrae los siguientes motivos:


  1. Denuncia el recurrente que el Tribunal de alzada en su considerando primero, párrafo segundo, concluyó de manera sencilla en cuanto al tipo de hurto, no advertir contradicción; por cuanto, la víctima de la agresión y su hija serían coincidentes en la existencia del dinero, versión corroborada por las declaraciones de Remberto Ayala Patzi y el Policía Víctor Cuno Cruz; afirmación que a decir del recurrente fue realizada sin observar las contradicciones existentes en la Sentencia, ya que en la fundamentación fáctica y jurídica el   A quo habría referido que el dinero de Bs. 1.000.- (mil bolivianos 00/100) procedía de la venta de la mercadería, y en la página cinco de la misma resolución en su considerando segundo, referiría que el dinero era del pasanacu con Dña. Tomasa y que era de cortes de cincuenta bolivianos, en la página seis nuevamente se mencionaría que el dinero procedía de la venta del día, posteriormente haciendo referencia a la declaración del testigo Víctor Cuno Cruz, se alegaría que no solo se robó dinero sino también parte de las joyas; afirmaciones contradictorias según el impugnante, al sentido común, a las reglas del correcto entendimiento humano y al Auto Supremo 246 de 7 de marzo de 2007, que estableció que el Tribunal de alzada debe controlar que las conclusiones obtenidas por el Tribunal de mérito respondan a las reglas del correcto entendimiento humano; y a las Sentencias Constitucionales 722/2002 de 17 de junio de 2002 y 1973/2004-R de 17 de diciembre.

  1. Que el Tribunal de alzada en el segundo considerando del Auto de Vista, alegó que el A quo de manera implícita consideró como agravantes el grado de instrucción del imputado, su estado de ebriedad, la situación social e instrucción de la víctima, alegando falsamente que en su apelación no habría referido ninguna situación como atenuante, cuando en juicio acompañó prueba como su historial académico, certificación del Colegio de Abogados, memorándum de designación de auxiliaturas y otros para demostrar su calidad de persona; documentos que fueron utilizados como agravantes por el Tribunal de mérito, sumado a ello que en criterio del imputado, el estado de ebriedad conforme a lo dispuesto por los arts. 40 inc. 1) y 17 no refiere de que norma legal- es atenuante; fallo del Tribunal de alzada, que incurriría en contradicción con el …auto supremo Nº 99, Sucre de marzo de 2005…(sic) que estableció, que las resoluciones deben ser motivadas, individualizándose la responsabilidad penal de cada imputado, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes; asimismo, alega que una Sentencia no puede ser implícita o sobreentendida, pues la fundamentación que no es clara incurre en el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y así lo habría determinado el Auto Supremo 246 de 7 de marzo de 2007, referido a la exigencia de una adecuada fundamentación de la Sentencia.


  1. Alega, que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre el punto noveno de su apelación en la que habría denunciado las irregularidades ocurridas en la investigación debido a la parcialidad que fue en su contra, motivo que habría fundamentado en aplicación del art. 169 inc. 3) del CPP, por violación a sus derechos y garantías constitucionales como la imparcialidad de los jueces previsto por el art. 3 del CPP e igualdad de oportunidad previsto por el art. 12 del CPP, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 448 de 12 de septiembre de 2007 referida a la obligación que tiene el Tribunal de alzada de emitir criterios jurídicos sobre cada punto impugnado; y el … auto supremo Nº 99, de marzo de 2005…(sic), referido a la función unificadora de éste Tribunal.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la  Convención  Americana sobre


Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes se concluye que el recurrente Luís Alberto Romero Puente, quien fue notificado con el Auto de Vista impugnado, el 4 de enero del 2010, y presentó su recurso de casación el día 09 del mismo mes y año; cumpliendo de esta manera con el requisito formal referido al plazo, previsto por el párrafo primero del art. 417 del CPP.

En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, se tiene que:

En el primer motivo de casación, el recurrente denunció que el Tribunal de alzada no observó las contradicciones existentes en la Sentencia, contrariando lo dispuesto por el Auto Supremo 246 de 7 de marzo de 2007; el mismo que no puede ser considerado como precedente por ser Infundado, en consecuencia no sentó ni ratificó ninguna doctrina legal, impidiendo a este Tribunal ejercer su función unificadora.

En cuanto a la invocación de las Sentencias Constitucionales 722/2002 de 17 de junio y 1973/2004-R de 17 de diciembre; se debe tener presente que, conforme lo estipulado por el art. 416 del CPP; además, del requisito señalado en el párrafo precedente, sólo los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales de este Tribunal Supremo de Justicia, pueden ser considerados precedentes contradictorios; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer una Sentencia Constitucional como precedente en la jurisdicción ordinaria, no es atendible.

En el segundo motivo de casación, el recurrente, al alegar que el Tribunal de alzada, refirió que el A quo implícitamente consideró entre otros aspectos, su estado de ebriedad, como agravante cuando debió considerarla como atenuante; incurriendo en contradicción con el Auto Supremo 99 de marzo del 2005, que habría señalado en su doctrina legal aplicable, que las resoluciones deben ser motivadas, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes: Cumplió con el requisito previsto por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, al señalar en términos precisos la supuesta contradicción entre el precedente invocado y el motivo traído en casación, correspondiendo declarar su admisibilidad.


En este motivo, el recurrente también invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 246 de 7 de marzo de 2007, el cual, conforme a lo argumentado en el análisis del primer motivo de casación, declaró Infundado los recursos de casación, por lo que no será considerado para el análisis de fondo del segundo motivo de casación.

Respecto al tercer motivo de casación, el recurrente denuncia incongruencia omisiva ya que el Tribunal de alzada no se habría pronunciado sobre el noveno motivo de su apelación, en el que denunció defectos absolutos suscitados en la etapa de la investigación; señalando que dicha omisión es contraria a la doctrina legal sentada por el A.S. 448 de 12 de septiembre de 2007, que estableció que el Tribunal de alzada tiene obligación de emitir criterios jurídicos sobre cada punto impugnado; teniéndose por cumplido lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, correspondiendo declarar admisible el presente motivo de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el Art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el segundo y tercer motivo de casación interpuesto por Luís Alberto Romero Puente; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA