TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 110/2015-RA-L

Sucre, 04 de marzo de 2015


Expediente                : Pando 3/2010

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : José Luis Vargas Alejandro

Delito                : Amenazas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de agosto de 2010, cursante de fs. 37 a 38 vta., Nelson David Chipana interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 9 de agosto de 2010, de fs. 32 a 33 vta., pronunciado por la Sala Penal y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra José Luis Vargas Alejandro, por la presunta comisión de los delitos de Amenazas, previsto y sancionado por el art. 293 del Código Penal (CP).


I.  ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes remitidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En merito a la acusación pública; y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Juez de Sentencia de la entonces Corte Superior del distrito Judicial de Pando, pronunció la Sentencia 02/2010 de 6 de mayo (fs. 3 a 4 vta.), declarando al imputado José Luis Vargas Alejandro, absuelto de pena y culpa de la comisión del delito de Amenazas, previsto y sancionado por el art. 293 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Nelson David Chipana interpuso recurso de apelación restringida (fs. 9 a 11 vta.), resuelto por Auto de Vista de 9 de agosto de 2010, (32 a 33 vta.), emitido por la Sala Penal y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, quién declaró Improcedente el recurso de apelación restringida planteado manteniendo subsistente la Sentencia.


  1. Notificado el recurrente el 14 de agosto de 2010 (fs. 34 vta.), interpuso recurso de casación el 19 de agosto del mismo año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación, se extrae lo siguiente:


Como único motivo, denuncia inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva, señalando que presentó su querella ante el Fiscal de Materia cumpliendo con todos los requisitos exigidos por el art. 290 del CPP; empero, el Tribunal de Sentencia en forma temeraria y falsa sostuvo que la querella estuvo dirigida ante el Juez de Sentencia, y al haber retirado la acusación el representante del Ministerio Público no le ofreció como testigo de actuación, tal como sostiene el art. 341 del CPP; por tanto, en criterio suyo, se violó el debido proceso oral y contradictorio en su calidad de víctima, porque el Juez de Sentencia y el Tribunal de alzada debieron pronunciarse sobre su participación como querellante en aplicación de la Ley 007 que modificó el 11 del CPP, y que de conformidad con el art. 121 de la Constitución Política del Estado (CPE), tiene derecho a intervenir en el proceso penal de acuerdo con la Ley, teniendo el derecho como víctima a ser oída antes de cada decisión judicial. Por las circunstancias señaladas, infiere que se incurrió en los defectos absolutos previstos en el art. 169 inc. 3) y 4) del CPP con relación al 173 del mismo Código, los que le habrían causado indefensión.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia. b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente. c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se constata que el recurrente cumple con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 14 de agosto de 2010, presentando su recurso de casación el 19 de agosto del mismo año; es decir, dentro de los cinco días que otorga la ley, seguidamente se ingresa a verificar el cumplimiento de los otros requisitos conforme lo explicado en el acápite precedente.


De la revisión del recurso se establece que, en el único motivo identificado, el recurrente refiere que se le causó agravio e indefensión, porque no se habría observado lo previsto en los arts. 173, 290 y 341 del CPP y que tanto el Juez de Sentencia y el Tribunal de Alzada debieron pronunciarse sobre su participación como querellante en aplicación de la Ley 007 que modificó el art. 11 del CPP, que no se procedió conforme establece el art. 121 de la CPE, que asegura la participación de la víctima en cada decisión del proceso, y al no haberse obrado de esa forma se incurrió en defectos absolutos por omisión de la aplicación del art. 173 con relación al 169 inc. 3) y 4) del CPP. Al respecto se debe tener en cuenta que el recurrente no invocó precedente contradictorio al momento de interponer su recurso de apelación restringida ni en casación, tampoco explicó ni fundamentó en qué consistiría la contradicción en que habría incurrido el Tribunal de alzada.


Por otro lado, si bien el recurrente denuncia la existencia de defectos absolutos; sin embargo, el impetrante omite exponer en qué consiste la disminución o restricción de los derechos referidos y la concurrencia del defecto que señala, además, cuál el resultado dañoso producto del defecto, que hubiere derivado en una consecuencia procesal de relevancia constitucional, limitándose a enunciar de forma reiterada, simple y confusa respecto de la presentación de su querella y que este aspecto vulneró su derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural pronta, por lo que tampoco cumple con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal, deviniendo el recurso en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Nelson David Chipana de fs. 37 a 38 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA