TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 101/2015-RA-L

Sucre, 04 de marzo de 2015


Expediente                : Oruro 10/2010

Parte acusadora        : Rufina Vásquez de Canoa

Parte imputada        : Mario Olivera Gutiérrez

Delitos                : Difamación y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 08 de enero de 2010 cursante de fs. 121 a 123 vta., Mario Olivera Gutiérrez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 34/2009 de 15 de diciembre, que cursa de fs. 113 a 115, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro ahora Tribunal Departamental, dentro del proceso penal seguido por Rufina Vásquez de Canoa contra el recurrente Mario Olivera Gutiérrez, por la presunta comisión del delito de Difamación e Injuria, previsto y sancionado por los arts. 282 y 287 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la Audiencia del juicio oral y público por Sentencia 02/2009 de 22 de mayo de 2009 (fs. 178 a 184), el Juzgado Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Oruro, falló declarando a Mario Olivera Gutiérrez, autor de la comisión del delito de Injuria, tipificado por el art. 287 del CP, imponiéndole la pena de prestación de trabajo de tres meses, seis horas a la semana, mas multa de sesenta días a razón de Bs. 3.- (tres bolivianos) por día, mas costas a favor de la querellante y responsabilidad civil emergente del delito averiguable en ejecución de sentencia; asimismo, se lo absolvió de pena y culpa de la comisión del delito de Difamación previsto y sancionado por el art. 282 CP, con costas a la parte querellante.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Mario Olivera Gutiérrez (fs. 214 a 215 vta.), interpuso recurso de apelación restringida y subsanó la misma; el cual fue resuelto por Auto de Vista 34/2009 de 15 de diciembre, declarando IMPROCEDENTE el recurso de apelación restringida.


  1. El 24 de diciembre de 2009 (fs. 117 de obrados), fue notificado el recurrente Mario Olivera Gutiérrez con el referido Auto de Vista y el día 8 de enero del 2010, interpuso recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1)        Haciendo referencia a lo vertido por los testigos de cargo y descargo, sin especificar el nombre de los testigos, el recurrente alega que el día 13 de junio de 2008 entre las 11:00 a 11:30 a.m., se encontraba en completo estado de ebriedad al extremo de no recordar los hechos ocurridos, y que las pruebas a las que se refirió son de cargo y descargo, las cuales no habrían sido valoradas por el A quo, y que sin embargo el Tribunal de alzada habría argumentado que el juez de mérito no podía absolverlo, que no incurrió en contradicción alguna y no incurrió en  defectuosa valoración de la prueba, ya que se habría probado el hecho de injuria, ocurrido el día 13 de junio, cuando el procesado habría ofendido de palabra a la víctima, por lo que su conducta se adecuó a la primera parte del art. 287 del CP; afirmación que el Ad quem habría realizado después de compulsar y contextualizar las declaraciones testificales, excediendo su competencia y vulnerando los principios de concentración, inmediación, publicidad y la congruencia con la acusación; invoca como precedentes contradictorios los Autos supremos 515 de 15 de noviembre de 2006, 63 de 27 de enero de 2006, referidos ambos a que la valoración probatoria es facultad exclusiva del Juez o Tribunal de Sentencia.


2)        Señala que el Tribunal de alzada habría alegado que en el caso en cuestión el hecho no puede enmarcarse al segundo párrafo del art. 287 del CP, y que no puede considerarse que el imputado es condenado por los dos párrafos del referido artículo, no encontrando errónea aplicación de la ley sustantiva porque el recurrente no habría especificado sobre cuál de los tres supuestos de errónea aplicación de la ley sustantiva como ser, errónea calificación de los hechos, errónea concreción del marco penal, y errónea fijación de la pena, habría incurrido el A quo; concluyendo el Ad quem que la no especificación del párrafo no afecta al fondo de lo decidido; invoca como precedente contradictorio los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, referido a la errónea aplicación de la ley sustantiva por errónea calificación de los hechos, 417/03 de 19 de agosto de 2003, que señaló que la tipicidad es la adecuación de la conducta del sujeto al tipo penal, 438 de 15 de octubre de 2005, que sentó que el Ad quem debe abocarse a controlar el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos.


3)        Haciendo referencia al Auto Supremo 529 de 17 de noviembre de 2006, referido a que la falta de fundamentación valorativa de la prueba constituye un defecto absoluto; alega que la falta de precisión y la falta de adecuación del hecho acusado a los elementos constitutivos del tipo penal atribuido contraviene el principio de legalidad, y que en el caso de autos no se habría precisado si el hecho que se atribuyó al recurrente se subsume al primer o segundo párrafo del art. 287 del CP, tomando en cuenta que los elementos constitutivos de ambos son diferentes y que la falta de uno de ellos vulnera el principio de tipicidad, se habría violado la garantía del debido proceso por no especificar el párrafo por el cual fue condenado, suponiendo que fue condenado por ambos párrafos lo cual viola los principios de legalidad, taxatividad, tipicidad y especificidad.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso  de  autos,  se  establece  que Mario Olivera Gutiérrez, fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 24 de diciembre de 2009, tal cual se evidencia de la diligencia a fs. 117 y el 8 de enero de 2010, formuló recurso de casación; es decir, fuera del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la Ley, incumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Por lo expuesto el análisis del cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, carece de relevancia, correspondiendo declarar inadmisible el recurso por incumplimiento del párrafo primero del art. 417 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el Art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Mario Olivera Gutiérrez, de fs. 121 a 123 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA