TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 098/2015-RA-L

Sucre, 04 de marzo de 2015


Expediente                : Santa Cruz 31/2010

Parte Acusadora        : María Eugenia Sempertegui Vásquez

Parte Imputada        : Amalia Edelma Vidal Medina

Delitos                : Apropiación Indebida y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 8 de enero de 2010, cursante de fs. 149 a 154 Amalia Edelma Vidal Medina, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 16 de noviembre de 2009, fs. 144 a 146 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por María Eugenia Sempertegui Vásquez en representación legal de la empresa “PRESENTACIONES TURÍSTICAS BOLIVIA S.A. OPERADOR DE CARLSON WAGONLIT TRAVEL” contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación indebida y Abuso de confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I.  ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia del juicio oral y público por Sentencia 09/2009 de 11 de agosto (fs. 92 a 96), el Juzgado Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró a la imputada Amalia Edelma Vidal Medina, autora y culpable de la comisión del delito de Apropiación indebida previsto y sancionado por el art. 345 del CP y se le impuso la pena de reclusión de tres años a cumplir en el centro de rehabilitación Santa Cruz y se le sancionó al pago de costas regulables en ejecución de Sentencia, habilitándole el procedimiento para la reclamación de los daños. Por otro lado, se la absolvió de la comisión del delito de Abuso de confianza previsto y sancionado por el art. 346 del CP, porque el hecho que se probó no es constitutivo de ese delito.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Amalia Edelma Vidal Medina interpuso recurso de apelación restringida (fs. 127 a 132); resuelto por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista de 16 de noviembre de 2009 (fs. 144 a 146 vta.), declarando admisible e improcedente el recurso plateado.


  1. Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista, el 5 de enero de 2010 (fs. 147), interpuso recurso de casación el 8del mismo mes y año, el cual es motivo del presente análisis de admisibilidad.


II.DELOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Refirió que el Tribunal de apelación inobservó y aplicó erróneamente la Ley sustantiva [art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP y 345 del CP], el Tribunal de alzada no hubiera observado los elementos constitutivos del tipo penal que se analizó en la Sentencia, incurriendo en incumplimiento de su deber doctrinal de control de legalidad que se encontraría previsto en el “Diálogo Jurídico 1/2014”, señaló que la Sentencia motivo de apelación restringida no se expuso con claridad la fundamentación de hecho y de derecho, como la definición del marco penal por parte del Juez de instancia, menos la subsunción del hecho probado, la recurrente haciendo un resumen de los motivos por los cuales la Sentencia le llegó a condenar, señaló que no se probó que la víctima le hubiera entregado los dineros para configurar el delito, por lo que no se demostró el elemento objetivo del delito constituyendo mala aplicación de la ley y una defectuosa valoración de la prueba.


  1. Señala que, el Tribunal de alzada hubiera dictado un Auto de vista contrario a los precedentes que hubiera presentado al momento de interponer su recurso de  apelación restringida al no fundamentar su resolución, además de no observar que el hecho no se subsumió al delito porque el elemento subjetivo del delito se configura con la intensión o ánimo de no restituir o devolver los montos recibidos y ni siquiera se mencionó las pruebas de descargo producidas a las que el Juez les dio credibilidad, porque se debió considerar los recibos de pago efectuado por la imputada a los cuales se les asignó credibilidad, la recurrente mencionó que no se presentó en juicio ninguna prueba que acredite que la víctima le hubiera entregado el dinero y que este haya sido negado en su restitución, motivo por el que no se hubiera configurado el delito de apropiación indebida, por lo que el Auto de Vista no realizó labor de valoración y fundamentación del porqué de su decisión requisitos que se encontrarían insertos en las Sentencias Constitucionales 0207/2004-R de 9 de febrero de 2004; 1369/2001-R; 934/2003-R y 757/2003.


  1. Arguye existencia de defectos absolutos en la Sentencia y en el Auto de vista previsto en el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque existió falta de fundamentación de hecho y de derecho respecto de sus resoluciones por la mala delimitación del marco penal y la subsunción del hecho, que vulnera la garantía del debido proceso que amerita la nulidad de la Sentencia, al respecto señaló las Sentencias constitucionales 1075/2003-R de 24 de julio y 0600-2003-R de 6 de mayo.


  1. Refiere que el Juez de Sentencia se parcializó con el querellante sin observar que la defensa demostró la inexistencia del delito imputado, además no se presentó prueba fehaciente para corroborar la querella, al respecto la recurrente realizó un análisis de los elementos constitutivos del tipo penal endilgado de lo que concluyó que el Tribunal de Alzada solo realizo una copia de lo expuesto en la querella y no reviso el cuaderno procesal en cuanto a la existencia o no de pruebas y de forma abusiva señalo que la imputada tenía amplia experiencia para cometer el delito, por lo que hubiera actuando en contra del ordenamiento jurídico penal, porque si bien hubiera firmado un documento donde la imputada asume respecto de los faltantes esto se debió a que se tenían que cobrar de sus beneficios sociales, pagando lo adeudado con los beneficios referidos y con un depósito que realizó a favor de la empresa, por lo que no se adeudaba nada, y en lo que se basaron los operadores de justicia se trata de un documento suscrito en la vía civil que no tiene alcances para incriminar en la  vía penal, por lo que no está demostrado el delito por inexistencia de los elementos constitutivos del tipo.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley adjetiva penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: 1) Especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se constata que la recurrente cumplió con el primer requisito referente al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 5 de enero de 2010 (fs. 147), presentando su recurso el 8 del mismo mes y año; es decir, dentro de los cinco días que otorga la ley, cumpliendo de esa manera con el requisito formal referido al plazo previsto por el párrafo primero del art. 417 del CPP.


Como primer motivo, refirió que el Tribunal de apelación inobservó y aplicó erróneamente la Ley sustantiva [art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP y 345 del CP], no hubiera observado los elementos constitutivos del tipo penal que se analizó en la Sentencia, incurriendo en incumplimiento de su deber doctrinal de control de legalidad, al respecto se debe tener en cuenta que el recurrente no invocó precedente contradictorio respecto de la temática planteada por tanto la omisión de explicar cuál la contradicción con el Auto de Vista impugnado, impidiendo a este Tribunal cumplir con la labor encomendada por Ley, al no ser posible establecer el sentido jurídico distinto aplicado por el Tribunal de apelación, sin que la omisión en la que incurrió el recurrente pueda ser suplida de oficio. Por otro lado, en cuanto a la admisión por motivo de flexibilización por defectos absolutos, si bien el recurrente señaló que el Auto de Vista inobservó y aplicó erróneamente la Ley sustantiva porque no observó los elementos constitutivos del delito de apropiación indebida, empero no explicó de manera alguna en qué sentido el Tribunal de alzada habría provocado algún perjuicio con relación a dichos puntos cuestionados, debido a que esos puntos son referidos a la Sentencia y no así al Auto de Vista, olvidando que este Tribunal de Casación, tiene específicas atribuciones normadas a partir del art. 416 del CPP, limitadas a la revisión de las cuestiones de derecho que surjan de la resolución de la apelación restringida, en consecuencia el motivo analizado resulta inamisible.      


Segundo motivo, el Tribunal de alzada hubiera dictado un Auto de vista contrario a los precedentes que hubiera presentado al momento de interponer su recurso de  apelación restringida al no fundamentar su resolución, además de no observar que el hecho no se subsumió al delito de apropiación indebida, por lo que el Auto de Vista no realizó labor de valoración y fundamentación del porqué de su decisión requisitos que se encontrarían insertos en las Sentencias Constitucionales 0207/2004-R de 9 de febrero de 2004; 1369/2001-R; 934/2003-R y 757/2003, al respecto se debe tener en cuenta que las Sentencias constitucionales de acuerdo a la jurisprudencia de este Tribunal y las previsiones contenidas en los arts. 416 y 417 del CPP, no se constituyen en precedentes contradictorios, por tanto no invocó precedente contradictorio valido respecto del agravio planteado, en consecuencia la imposibilidad de ingresar a la revisión de fondo.


Tercer motivo, referido a la existencia de defectos absolutos en la Sentencia y en el Auto de vista previstos en el art. 169 inc. 3) del CPP, porque existió falta de fundamentación de hecho y de derecho respecto de sus resoluciones por la mala delimitación del marco penal y la subsunción del hecho, que vulnera la garantía del debido proceso que amerita la nulidad de la Sentencia, al respecto señaló las Sentencias constitucionales 1075/2003-R de 24 de julio y 0600-2003-R de 6 de mayo, al respecto como se dijo anteriormente las Sentencias Constitucionales  constituyen precedentes contradictorios por tanto no son pasibles de contraste con el Auto de Vista; asimismo, se debe tener en cuenta que si bien señaló que existió falta de fundamentación simplemente se limitó a señalar que el Auto de vista no fundamentó las razones de hecho y de derecho para asumir el resultado contradiciendo los precedentes que hubiera impuesto y que este hecho le generó vulneración al debido proceso, pues con los argumentos expuestos el recurrente omitió explicar en qué consiste la restricción o disminución del supuesto derecho y/o garantía, cual trascendencia y el resultado dañoso emergente del mismo, no habiendo cumplido a cabalidad con los presupuestos de flexibilización establecidos por este tribunal, lo que imposibilita la admisión del recurso.


Cuarto motivo, referido a que el J uez de Sentencia se parcializó con la querellante sin observar que la defensa demostró la inexistencia del delito imputado y que el Tribunal de Alzada solo realizo una copia de lo expuesto en la querella y no reviso el cuaderno procesal en cuanto a la existencia o no de pruebas y de forma abusiva señalo que la imputada tenía amplia experiencia para cometer el delito, actuando en contra del ordenamiento jurídico penal, porque que la recurrente pago lo adeudado y el compromiso que suscribió corresponde a la vía civil que no tiene alcances para incriminar en la vía penal, por lo que no se demostró el delito por inexistencia de los elementos constitutivos del tipo, al respecto se debe tener en cuenta que el recurrente no invocó precedente contradictorio con relación a la temática planteada por tanto la omisión de explicar cuál la contradicción con el Auto de Vista impugnado, impidiendo a este Tribunal cumplir con la labor encomendada por Ley, al no ser posible establecer el sentido jurídico distinto aplicado por el Tribunal de apelación, sin que la omisión en la que incurrió el recurrente pueda ser suplida de oficio.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fs. 149 a 154, interpuesto por Amalia Edelma Vidal Medina.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA