TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 093/2015-RA-L

Sucre, 04 de marzo de 2015


Expediente                : Cochabamba 10/2010

Parte Acusadora        : Javier Rafael Romero Zarate

Parte Imputada        : Emilio Rodríguez Escurra

Delito        : Estafa


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de diciembre de 2009, cursante de fs. 381 a 388 vta., Emilio Rodríguez Escurra, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 4 de mayo de 2009, de fs. 323 a 327, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Javier Rafael Romero Zarate en contra del recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación particular presentada por Javier Rafael Romero Zarate (fs. 1 a 3 vta.), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Cuarto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 30 de enero de 2007 (fs. 275 a 278 vta.); por la que declaró al imputado Emilio Rodríguez Escurra, autor y responsable de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de tres años y seis meses de reclusión en la cárcel pública de “San Sebastián” varones de la ciudad de Cochabamba, más el pago de costas, daños y perjuicios a favor de la acusación particular y/o víctima, averiguables en ejecución de sentencia.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Emilio Rodríguez Escurra, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 288 a 290 vta.), resuelto por Auto de Vista de 4 de mayo de 2009 (fs. 323 a 327), dictado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso; y en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificado el recurrente con el mencionado Auto de Vista, el 25 de noviembre de 2009 (fs. 328), interpuso recurso de casación el 1 de diciembre del mismo año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:



  1. Como primer motivo de casación, el recurrente alega que no se cumplió con la previsión contenida en el art. 344 del Código de Procedimiento Penal (CPP); puesto que, se procedió a la apertura del juicio oral sin la verificación previa de los sujetos procesales, luego se aisló a los testigos, se dio curso al planteamiento de incidentes y se los resolvió, incurriendo en el defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica.


  1. Manifiesta en el segundo agravio, que el Auto de Vista de 4 de mayo de 2009, contiene un razonamiento subjetivo y vulnera el debido proceso; y la seguridad jurídica; puesto que, señaló que el imputado estuvo asistido de su abogado defensor, sin tener presente que no se le dio tiempo a éste para que asuma conocimiento del proceso, pese a que se encontraba presente en dicho actuado delegado por sus propios defensores que no pudieron asistir al mismo; quien en virtud a lo señalado y a la inasistencia de los testigos, solicitó la suspensión de audiencia; sin embargo, su petitorio no fue debidamente compulsado en derecho; deviniendo en inobservancia del art. 169 inc. 3) del CPP.


Al efecto invoca como precedentes contradictorios, las SSCC 0369/1999-R de 26 de noviembre, 1944/2004-R de 17 de diciembre, 1832/2004-R de 29 de noviembre y 1880/2004-R de 29 de noviembre, referidas a la preservación del debido proceso y la seguridad jurídica.


  1. Como tercer agravio señala que en el caso de autos, no pide la revalorización de pruebas sino que se audite el trabajo de los Tribunales inferiores con referencia a la construcción lógica y razonable del grado de certeza de acuerdo a las reglas de la sana crítica, a efectos de que no exista una construcción de certeza basada en una valoración confusa, contradictoria, insuficiente e ilógica, carente de técnica de argumentación. Cita como precedentes, los Autos Supremos 561/2003 de 20 de junio de “2008” y 91 de 28 de marzo de 2006, referido a la valoración de la prueba y la Sentencia Constitucional (SC) 1846/2004-R.


Alega que en dicha labor, el Juzgador valoró las pruebas testificales de cargo de forma ilógica, arbitraria y contradictoria, manifestando que todos los testigos sindicaron a su persona como autor de los delitos; sin embargo, las actas reflejan la veracidad de las pruebas en las que el Juzgador debió apoyar dicha afirmación, vale decir, proposiciones lógicas, concretas y sobretodo confirmadas en la realidad objetiva de las declaraciones, “…además de la inobservancia de la ley adjetiva, quebrantamiento del derecho a la defensa” (sic); hecho que dio lugar a su apelación restringida; empero, la Sala de una forma errada confundió este punto, afirmando que no se encontraba acreditado, extremo que a criterio del impugnante, merece la revisión a efecto de no conculcar derechos y garantías al debido proceso y la seguridad jurídica. A cuyo efecto, invoca las SSCC “546/2004 y 1401/2003-R”.


  1. En el cuarto agravio, arguye que la determinación de la pena impuesta en la Sentencia de mérito resulta exagerada y fue determinada tanto por el “Tribunal de Sentencia” como por la Sala Penal Tercera, sin considerar varios aspectos, limitándose el último fallo a puntear los argumentos de su recurso de


apelación y en una línea, manifestar supuestamente su posición sobre cada extremo; incurriendo en omisiones, a saber: i) No se determinó el tipo de participación que habría tenido en el proceso; ii) No existe ninguna prueba que lo involucre como autor de los delitos acusados; iii) No existe certeza sobre su autoría; iv) Existe duda razonable sobre su participación; v) No se consideró la prueba en su favor; vi) Se obviaron valorar las pruebas que corroboran ciertos extremos respecto de su personalidad, como que no cuenta con ningún antecedente, así como su comportamiento en audiencias y su predisposición por asistir a cada una de ellas; y, vii) Se inaplicó lo establecido en los arts. 38, 39 y 40 del CP a la hora de imponerle la condena, lo que a su criterio, constituye un defecto absoluto descrito en el art. 370 inc. 1) del CPP y además, se subsume a lo establecido por el “art. 169 inc. 3)”, toda vez, que viola sus derechos a la seguridad jurídica, defensa y a ser juzgado conforme a las reglas del debido proceso. Invoca como precedente el Auto de Vista 304/2004.


  1. Añade que el fallo impugnado no cuenta con una debida fundamentación, por la carencia de elementos de juicio que induzcan a suponer que su persona es autor del delito que se le atribuye; y la omisión de una calificación legal construida en base a las reglas básicas de subsunción; vicios que alega fueron heredados de la Sentencia del inferior. Cita como precedentes la Sentencia Constitucional “207/2004” y el Auto Supremo 14 de 26 de enero de 2007 relativo a la debida fundamentación de los fallos.


  1. Finalmente sostiene que la Resolución de alzada contiene vicios de incongruencia omisiva, puesto que no contestó a todos los puntos reclamados en su apelación restringida; lo que significa que se falló infra petita. Al respecto cita la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos 8 y 15, ambos de 26 de enero de 2007. Afirma que ante la presencia de violaciones al debido proceso y defectos absolutos insubsanables de procedimiento, la entonces Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo, debe abrir su potestad revisora de manera automática, tal como dispone el Auto Supremo 97 de 18 de febrero de 2004.


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a



la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


  1. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto, inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas no fueron  valoradas en el proceso o en su caso, fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito referente al plazo para la interposición del recurso, habida cuenta que fue notificado con el Auto de Vista impugnado, el 25 de noviembre de 2009 (fs. 328), presentando su recurso el 1 de diciembre del mismo año; cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP, correspondiendo a este Tribunal pronunciarse sobre los demás requisitos de admisibilidad del presente recurso.


En cuanto al primer agravio, relativo a la falta de cumplimiento de la previsión contenida en el art. 344 del CPP, al haber aperturado el juicio oral sin la verificación previa de los sujetos procesales, incurriendo en el defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, vulnerando el debido proceso y la seguridad

jurídica; se evidencia que el recurrente no invocó ningún precedente contradictorio relativo al agravio planteado, ni mucho menos estableció cuál la presunta lesión que habría ocasionado el Tribunal de alzada con la emisión del Auto de Vista, aspecto de trascendental importancia cuando se pretende obtener de este Tribunal un análisis sobre la posible contradicción entre el Auto de Vista recurrido con la doctrina legal sentada por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia y este Máximo Tribunal; en consecuencia, al haber incumplido las exigencias de los arts. 416 y 417 del CPP, imposibilita a este Tribunal efectuar la labor de contraste.


Asimismo, cabe señalar que la mera alegación de defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP efectuada en la exposición de este agravio, lo que a criterio del recurrente vulnera el debido proceso y seguridad jurídica, no resulta suficiente para abrir la tutela otorgada por este máximo Órgano de Justicia Ordinaria por los supuestos de flexibilización desarrollados en el acápite IV de este Auto Supremo, puesto que se omitió precisar y explicar la trascendencia de la supuesta vulneración; es decir, el resultado gravoso de la omisión denunciada.


En cuanto al segundo agravio, en el que denuncia que el Auto de Vista hubiera incurrido en una apreciación subjetiva al afirmar que el imputado estuvo asistido de su abogado defensor, sin tomar en cuenta que si bien eso es evidente; sin embargo, se trataba de otro profesional que se encontraba presente en la audiencia por delegación; puesto que, sus propios defensores no pudieron asistir a dicho verificativo, quien pese a solicitar la suspensión de la audiencia por ese motivo y por no encontrarse presentes los testigos, no le dieron curso a dicha solicitud y menos le otorgaron tiempo para revisar el proceso, lo que a su criterio vulnera el debido proceso y la seguridad jurídica, deviniendo en inobservancia del art. 169 inc. 3) del CPP. Se evidencia que el recurrente tampoco invocó precedentes contradictorios válidos; puesto que, con referencia a las Sentencias Constitucionales mencionadas como precedentes, debe recordarse que, conforme dispone el art. 416 del CPP, sólo los Autos de Vista pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal, son considerados precedentes contradictorios; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer una Resolución Constitucional como precedente contradictorio en la jurisdicción ordinaria, no es atendible, deviniendo el presente motivo en inadmisible, por incumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP.


Asimismo, con relación a la alegación de defecto absoluto, al igual que en el caso anterior, el recurrente omitió precisar de qué forma los derechos al debido proceso y seguridad jurídica fueron vulnerados, así como tampoco demuestra la trascendencia de la supuesta lesión y menos el resultado dañoso y las consecuencias procesales en la administración de justicia, emergentes del supuesto hecho generador del agravio, lo que implica la falta de cumplimiento de los presupuestos de flexibilización, y provoca la inadmisibilidad del presente agravio.


En cuanto al tercer agravio, tampoco resulta atendible para su análisis de fondo, puesto que en efecto, si bien la tarea de valoración probatoria le corresponde de manera privativa a los Jueces o Tribunales de juicio, no pudiendo dicha labor ser suplida por el Tribunal de alzada; sin embargo, se estableció una excepción; empero limitada a su revisión, únicamente cuando se denuncie una labor confusa, contradictoria o insuficiente, al no tener sustento en la experiencia, conocimiento, o bien, que no hubieren sido utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación; extremos que el impugnante no acreditó que se hubieren cometido en el caso de análisis, puesto que en definitiva, no se encuentran explicadas de manera apropiada, que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia.


Sin embargo de lo manifestado, es obligación de las partes, otorgar los insumos necesarios que demuestren las denuncias basadas en una errónea u omisión en la valoración de las pruebas, identificando de manera clara y expresa, cuáles de ellas no fueron valoradas o se las hizo de manera defectuosa, y que además, dicho defecto acarrea una incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiere cambiado su resultado.


En ese orden se tiene, que en la primera parte del agravio que se analiza, el recurrente de manera general, pretende que se “audite”, toda la labor de valoración probatoria realizada en la Sentencia; citando como precedentes dos Autos Supremos 561/2003 de 20 de junio de 2008 y 91 de 28 de marzo de 2006; bajo el argumento de asegurar que no exista una certeza basada en una valoración confusa, contradictoria, insuficiente e ilógica.


Con relación a lo cual, de un lado, no resulta atendible la petición de “auditar”, toda la valoración probatoria de un fallo, expuesta de manera general, puesto que como se señaló, a efectos de denunciar errónea o carente valoración de la prueba, es necesario especificar expresamente cuál es la prueba que considera que fue valorada defectuosamente o no se la tomó en cuenta; y que dicho extremo ocasionó un defecto absoluto no susceptible de convalidación e incidió en la forma de resolución; lo que en el caso no se cumplió, puesto que tal como se expuso, el impugnante pretende que se controle toda la labor, con el único fundamento de verificar si la sentencia resulta emitida con grado o no de certeza y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, extremo que no se encuentra comprendido dentro de los alcances del recurso de casación; y de otro lado, en cuanto a los Autos Supremos invocados, se debe hacer notar, que el 561/2003 de 20 de junio de “2008”, no corresponde a ninguno de los registrados en la base de datos de este Tribunal, por tanto, no resulta viable la denuncia de contradicción respecto de un precedente inexistente como es el precitado; y en cuanto al segundo de los citados, el 91 de 28 de marzo de 2006, referido a la valoración de la prueba, pues como se señaló, el impugnante realiza una contradictoria argumentación sobre el agravio denunciado, lo que impide a este Tribunal, comprender la pretensión del recurrente y menos realizar una labor de contraste.


En cuanto a la cita de la SC 1846/2004-R, es aplicable el mismo razonamiento desarrollado precedentemente, con relación a que dichas Resoluciones no constituyen precedente.


Al margen de la denuncia anterior, con relación al mismo tema, el recurrente nuevamente reclama que el Juez de Sentencia incurrió en errónea valoración de las pruebas, identificando esta vez un elemento probatorio específico, como es la afirmación de dicha autoridad con relación a que todos los testigos lo sindicaron como autor de los delitos atribuidos; con relación a lo cual, no invoca precedente contradictorio alguno; pues si bien en el párrafo anterior se denota la cita de dos Autos Supremos; sin embargo, tal como se señaló, uno de los cuales resulta inexistente y por tanto no puede ser compulsado y respecto del otro precedente, vale señalar que si bien se refiere a la valoración de la prueba; no obstante, así como ocurrió en el anterior caso, no basta su simple mención, sino que además se debe sustentar la contradicción existente entre el fallo impugnado y la doctrina legal que invocó, realizando una adecuada fundamentación, lo que no ocurrió en el caso de análisis, en el que, de su lectura, se tiene que, el recurrente realizó un desarrollo confuso sobre su pretensión, puesto que no señala con precisión, cuál es la veracidad de las pruebas en las que el Juzgador debió apoyar sus afirmaciones y que se encontraría en las “actas”, como tampoco resulta comprensible el reclamo que hace en el mismo punto sobre la supuesta inobservancia de la ley adjetiva y quebrantamiento de su derecho a la defensa; puesto que de lo señalado, no se puede establecer a qué norma se refiere y cómo aquello ocasionaría lesión del derecho que alega vulnerado; menos es posible desentrañar la demanda sobre la supuesta confusión que invoca, de parte de la “Sala”, cuando estableció que los extremos denunciados en la apelación restringida no fueron acreditados, dicha afirmación, como las anteriores no evidencian ni pretenden demostrar la supuesta contradicción con el precedente invocado. Por tanto, la segunda parte del presente agravio, analizada en el presente párrafo deviene en inadmisible por incumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP.


Teniendo presente que en dicha denuncia, se alega igualmente vulneración de derechos a la defensa, seguridad jurídica y debido proceso, resulta pertinente señalar que al tratarse de una denuncia confusa, tampoco es posible analizarla desde el punto de vista de flexibilización, ante el evidente incumplimiento de los supuestos contenidos en el apartado IV de la presente Resolución, puesto que los hechos generadores del agravio no fueron debidamente identificados, menos se realizó una explicación coherente sobre el motivo por el cual, el impugnante considera que se lesionaron tales derechos y tampoco el resultado dañoso como derivación de la presunta violación que provoque un defecto absoluto. En consecuencia, no corresponde la admisión extraordinaria del presente agravio.


Para finalizar el análisis de este motivo, es preciso aclarar que, al no haber sido denunciado ante el Tribunal de alzada, éste no abrió su competencia para emitir criterio alguno sobre el defecto en que habría incurrido el Juez de Sentencia; omisión que imposibilita conocer el fondo de la cuestión planteada, al estar restringida la labor de este Tribunal a efectuar un control eminentemente de derecho sobre el contenido y lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado, siempre en correlación a los aspectos reclamados en el recurso de apelación restringida; así establece el art. 416 primera parte del CPP al señalar: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista…”; deficiencia advertida que asimismo impide acudir a los criterios de flexibilización, deviniendo en consecuencia este motivo en inadmisible. Y finalmente, a mayor abundamiento, se debe señalar que, como ya fue advertido anteriormente, la invocación de Sentencias Constitucionales no resulta idónea para realizar labor de contraste.


Respecto al cuarto motivo, en el que se arguye que la imposición de la pena en la Sentencia, determinada por el “Tribunal de Sentencia” como por la Sala Penal Tercera, fue exagerada al no haber considerado los aspectos comprendidos en el resumen del presente agravio; es otro punto que no puede ser considerado por este Tribunal, por cuanto, los argumentos contenidos en los incs. i) al vi) no fueron denunciados ante el Tribunal de alzada a tiempo de formular la apelación restringida, por ende, éste nunca abrió su competencia para emitir criterio alguno sobre el defecto en que habría incurrido el Juez de Sentencia; omisión que, al igual que en caso anterior, imposibilita conocer el fondo de la cuestión planteada, al estar restringida la labor de este Tribunal a efectuar un control eminentemente de derecho sobre el contenido y lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado, siempre en correlación a los aspectos reclamados en el recurso de apelación restringida, tal como se demuestra de lo prescrito por el art. 416 primera parte del CPP. Lo que impide de igual forma, analizar criterios de flexibilización.


Ahora bien, la denuncia sobre la supuesta inaplicación de lo establecido en los arts. 38, 39 y 40 del CP, condensada en el inc. vii) del motivo que se analiza, merece otro tipo de análisis, puesto que sobre el particular sí se denota que el imputado reclamó en su recurso de apelación restringida; con la aclaración de que la denuncia se enmarcó en los arts. 37, 38 y 40 del precitado compilado legal, por lo tanto, el análisis del Auto de Vista que ahora se impugna se basó en los artículos denunciados como inaplicados, no existiendo como es lógico, fundamentación alguna sobre el art. 39 precitado; no obstante ello, ahora en el recurso de casación que se revisa, se acusan los arts. 38, 39 y 40 del adjetivo penal. De donde resulta que el análisis explicado en el párrafo anterior, también es aplicable con relación al art. 39 del CPP, pues no puede ser revisado, ni siquiera vía flexibilización, ante su falta de impugnación en la etapa recursiva anterior.


De otro lado, con relación a los arts. 38 y 40 precitados, resulta necesario señalar que, de un lado, no se encuentra que en el recurso de apelación restringida se hubiera invocado el precedente contradictorio que ahora se lo hace, es decir, el Auto de Vista 304/2004; y de otro lado, tampoco se lo adjuntó a la presente demanda; por lo tanto, su falta de invocación en la impugnación restringida y su imposibilidad de verificación, por cuanto, no es permisible detectarlo en la base de datos de este Tribunal, impide conocer si el mismo se encuentra ejecutoriado y por ende, si constituye precedente contradictorio, obstaculizando a este órgano, a realizar su labor de contraste por incumplimiento de lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP.


A mayor abundamiento, corresponde señalar que tampoco resulta viable admitir este último agravio, con relación a los arts. 38 y 40 del CPP, en el ámbito de los criterios de flexibilización; pues si bien el recurrente hace referencia a la vulneración de sus  derechos fundamentales a la defensa, seguridad jurídica y debido proceso, conforme a los presupuestos explicados en el acápite IV de este Auto Supremo no basta que el recurrente se limite a formular una simple denuncia o enunciación de vulneración de derechos; por el contrario, tiene el deber, no sólo de proveer los aspectos de su recurso de apelación que no habrían merecido debida fundamentación o que la misma se haya omitido, sino además identificar punto por


punto los errores, omisiones y demás deficiencias atribuidas a la Resolución impugnada, y finalmente, precisar cuál la relevancia e incidencia de esas omisiones; en el caso concreto, estos dos últimos presupuestos no fueron cumplidos por el recurrente, pues su argumento se redujo a la simple mención de vulneración de los derechos referidos, sin explicar ni fundamentar su incidencia en el resultado final; deficiencias del recurso que se ven agravadas por la ambigüedad advertida en su exposición, impidiendo ingresar al análisis de fondo del recurso, aun flexibilizando los presupuestos de admisión.


En el quinto agravio relativo a la supuesta falta de fundamentación del Auto de Vista, con relación a la carencia de elementos de juicio que induzcan a suponer que el ahora recurrente, es autor del delito atribuido, y que se omite establecer una calificación legal construida en base a las reglas básicas de subsunción, como el caso anterior, es otro aspecto que no fue denunciado a tiempo de plantear la apelación restringida; por lo tanto, resulta lógico que no fue analizado ni resuelto en el Auto de Vista que ahora se impugna; y por ende, no puede pretenderse ahora denunciar como falta de fundamentación sobre lo analizado, cuando en realidad, este extremo no fue demandado oportunamente. Negligencia que no puede ser suplida de oficio por este Tribunal Supremo de Justicia y menos ingresar ha analizar dicho reclamo, cuando no fue parte del contenido del fallo de alzada, por falta de denuncia del agravio en la apelación. Por tanto, el agravio que se analiza resulta inadmisible por falta de cumplimiento del art. 416 primera parte del CPP.


Finalmente en el sexto agravio se denuncian vicios de incongruencia omisiva, al no haberse respondido a todos los puntos reclamados en la apelación restringida; en ese sentido, del análisis del recurso de casación sometido a conocimiento de este Tribunal, se tiene como reclamo el hecho de que, el Auto de Vista impugnado carecería de fundamentación y a la vez hubiera incurrido en incongruencia omisiva; por cuanto, su alzada restringida -afirma- no fue respondida de manera motivada, lo que evidenciaría la falta de respuesta ha absolutamente todos los puntos apelados, acusando la vulneración del derecho al debido proceso. Al respecto, si bien invoca los Autos Supremos 8 y 15, ambos de 26 enero de 2007 y 97 de 18 de febrero de 2004, como precedentes contradictorios; en primer término, cabe señalar que, el reclamo del recurrente resulta incoherente, ya que alega falta de fundamentación en los argumentos del Auto de Vista y al mismo tiempo la no resolución de todos los agravios expuestos en su apelación restringida, pese a que estos aspectos resultan contradictorios entre sí; ambigua argumentación que impide a este Tribunal ingresar al fondo de la problemática, precisamente por la falta de claridad del recurso así planteado, no existiendo certidumbre acerca del ámbito de análisis de la verificación que se solicita. A esta deficiente técnica recursiva, se suma el hecho de que tampoco se cumplió con la carga procesal de explicar, de forma fundamentada, cuál la contradicción existente entre la Resolución impugnada, con los Autos Supremos citados.


De lo expuesto precedentemente se establece que, la impugnación casacional en examen no cumple con los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización, correspondiendo su declaratoria de inadmisibilidad.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Emilio Rodríguez Escurra, de fs. 381 a 388 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA