TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 080/2015-RA-L

Sucre, 04 de marzo de 2015


Expediente                : La Paz 312/2009

Parte Acusadora        : María Luisa Choque Mendoza y otra

Parte Imputada        : Jaime Edward Rodríguez Iturri y otro

Delito        : Calumnia


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de septiembre de 2009 (fs. 398 a 401 vta.), Hatice Isabel Ergueta Gálvez y María Luisa Choque Mendoza, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 203/2009 de 17 de agosto (fs. 382 a 384 vta.), pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Cote Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por las recurrentes contra Jaime Edward Rodríguez Iturri y Ruly Abuna Salcedo, por la presunta comisión del delito de Calumnia, previsto y sancionado por el art. 283 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación particular presentada por María Luisa Choque Mendoza y Hatice Isabel Ergueta Gálvez (fs. 2 a 3 y vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Juez Sexto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 020/2008 de 17 de enero (fs. 319 a 324), declarando a los imputados absueltos de la comisión del delito de Calumnia, previsto y sancionado por el art. 283 del CP, por prueba insuficiente. Sin imposición de costas y sin lugar a que inicien acción recriminatoria contra las querellantes.


  1. Contra la mencionada Sentencia, las acusadoras particulares Hatice Isabel Ergueta Gálvez y María Luisa Choque Mendoza, formularon recurso de apelación restringida (fs. 333 a 335 y vta.), resuelto por Auto de Vista 203/2009 de 17 de agosto de 2009, dictado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedente el recurso; y, confirmó en parte la Resolución impugnada, imponiendo el pago de costas a favor de Ruly Abuna Salcedo y en efecto extensivo a Jaime Edward Rodríguez Iturri, debiendo el Juez fijar en ejecución de Sentencia.


  1. Notificadas las recurrentes con el referido Auto de Vista, el 10 de septiembre de 2009 (fs. 385), de manera conjunta, interpusieron recurso de casación el 16 del mismo mes y año, el cual es motivo del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes motivos:


  1. Alegan que en la fundamentación probatoria, intelectiva y jurídica de la Sentencia, el Juez de la causa, concluyó que la prueba aportada por la acusación particular no era suficiente para generar convicción plena sobre la responsabilidad de los imputados, omitiendo deliberadamente fundamentar y determinar en forma clara y concreta las razones por las que considera dicho extremo, vulnerando lo establecido por el art. 173 del CPP y provocando el defecto de la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP); con relación a lo cual, el Auto de Vista ahora recurrido, de manera contradictoria señaló que las pruebas no habrían llegado a demostrar la comisión del delito incriminado, omitiendo pronunciarse sobre el aspecto cuestionado; limitándose, a indicar que el recurso de apelación no es la etapa para revalorizar las pruebas, sin pronunciarse y menos considerar el punto objeto de la apelación restringida como es el defecto insubsanable de la Sentencia, dando lugar a la constitución de un defecto absoluto, conforme dispone el art. 169 inc. 3) del CPP.


  1. Agregan que el delito juzgado se ejecutó en un acto público, como es la Asamblea de Trabajadores; por lo tanto, las pruebas testificales son presenciales directas y no comentarios como concluye la Resolución objeto del presente recurso. Afirman asimismo, que es falsa la apreciación de la Sala Penal Tercera, cuando sostiene que con relación a Ruly Albuna Salcedo no existe prueba documental judicializada que demuestre la comisión del delito atribuido, cuando del acta de audiencia se evidencia que se admitieron los certificados emitidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); y que se rechazó el incidente de exclusión probatoria formulado por la otra parte; aspectos que vinculan otras contradicciones que implican la nulidad dispuesta por el art. 169 inc. 3) del CPP, por rechazar su recurso de apelación con argumentos contrarios a los cursantes en el cuaderno procesal.


  1. Alegan que la Sentencia también incurrió en contradicción con relación al imputado Jaime Edward Rogríguez Iturri, puesto que si bien, oportunamente se planteó excepción de falta de materia justiciable bajo el argumento que las acusaciones se realizaron por el precitado, en su condición de Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores en Salud; la misma, fue rechazada y declarada improcedente en apelación; sin embargo, el fallo de mérito, en su parágrafo IV inc. 3) concluye que todo lo expresado por el imputado fue en dicha calidad; extremo que viola sus derechos a la legítima defensa, puesto que la fundamentación, tanto en el mencionado fallo, como en el impugnado Auto de Vista fue ilegal, arbitraria y violatoria del art. 5 del CP, induciendo a la presencia de un defecto absoluto de la Sentencia, conforme lo prevé el art. 169 inc. 5) del CPP.


  1. El Auto de Vista concluye que, con relación al abandono a las audiencias públicas de 15 y 26 de noviembre de 2007, en violación de lo previsto por los arts. 334 y 336 del CPP, no son defectos absolutos porque los actos se llevaron a cabo y cumplieron con su fin. Extremo contradictorio a las actas de audiencia donde se acredita que la primera se suspendió por abandono a la audiencia de la abogada de la co-imputada Ruly Abuna Salcedo, y la segunda, por inasistencia injustificada, y no obstante que, ese extremo  se reclamó oportunamente, no mereció respuesta alguna. Asimismo, la audiencia del juicio oral fue suspendida por el Juez sin justificar su decisión, violando lo prescrito en los arts. 335 inc. 1) y 336 inc. 2) del CPP; no obstante de ello, el Tribunal de alzada, en forma contradictoria fundamenta y manifiesta que el objetivo y el fin se cumplió, puesto que la recepción de las declaraciones se habría realizado en audiencias posteriores, sin considerar las causales por las cuales únicamente pueden suspenderse.


  1. Arguyen que el fallo ahora impugnado es ultra petita, porque impone el pago de costas procesales en aplicación del art. 364 del CPP, a favor de Ruly Abuna Salcedo y de manera extensiva para Jaime Edward Rodríguez Iturri, pese a que este último no presentó recurso de apelación alguno.


En la parte final correspondiente al petitorio invocan como precedente contradictorio, el Auto Supremo 119 de 23 de abril de 2005, “…haciendo presente a sus probidades que se considere respecto a los precedentes contradictorios, lo dispuesto por SC 1401/2003-R de 26 de septiembre…” (sic).


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto, inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que las recurrentes cumplieron con el primer requisito relativo al plazo de interposición del recurso, habida cuenta que fueron notificadas con el Auto de Vista impugnado, el 10 de septiembre de 2009 (fs. 385), presentando su recurso el 16 del mismo mes y año; cumpliendo de esa manera con lo preceptuado por el art. 417 del CPP.


En cuanto al primer agravio denunciado, referido a la supuesta incongruencia omisiva del Auto de Vista, dado que no resolvió el punto apelado, sino que con argumentos distintos a los impugnados, se limitó a señalar que el recurso de apelación no es la etapa para revalorizar las pruebas; cabe señalar que si bien, se tiene que las recurrentes no cumplieron con la invocación de los precedentes y menos hicieron la labor de contrastación que permita a este Tribunal cumplir con su labor de unificación de jurisprudencia; sin embargo, de la lectura de los fundamentos materializados en el primer agravio es posible evidenciar que se cumplieron con los presupuestos de flexibilización, puesto que la parte recurrente identifica claramente los supuestos hechos generadores del agravio, vinculados a la presunta vulneración del derecho a una debida fundamentación, como son las contradicciones del fallo, ahora impugnado a consecuencia de la carente fundamentación sobre el motivo expresamente demandado, relativo a que el fallo de mérito si bien concluyó en que la prueba aportada por la acusación particular, no fue suficiente para generar convicción plena sobre la responsabilidad de los imputados en el delito denunciado; sin embargo, a continuación no explicó las razones que sustentaron dicha determinación; lo que a criterio de las recurrentes, lesiona lo previsto por el art. 173 del CPP y provoca el defecto de la Sentencia contenido en el art. 370 inc. 6) del precitado cuerpo legal; agravio respecto del cual, sostiene que el Tribunal de alzada, a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, alegó que la apelación no es la etapa idónea para revalorizar las pruebas, sin tomar en cuenta que dicho extremo no fue el recurrido.


De lo relatado se puede evidenciar, que las recurrentes explicaron adecuadamente las razones por las cuales, el Auto de Vista hubiera generado las restricciones al derecho señalado, explicando en qué consistieron las omisiones y deficiencias en las que incurrió el Tribunal de alzada, así como el resultado dañoso emergente de ellas, lo que a su sentir, provoca defectos absolutos no susceptibles de convalidación contenidos en el art. 169 inc. 3) del CPP. Por lo señalado, el presente agravio corresponde ser declarado admisible, al haberse cumplido a cabalidad los presupuestos de flexibilización.


En cuanto al segundo agravio relacionado al primero, de igual forma realiza una fundamentación consistente, cuando señala otra supuesta contradicción del fallo de primera instancia, afirmando que las pruebas testificales fueron presenciales directas de la comisión del delito de Calumnia, puesto que éste se ejecutó en un acto público, y que; sin embargo de ello, el Tribunal de apelación concluyó que las mismas se basaron en simples comentarios. Asimismo, afirma que contra la co-imputada Ruly Albuna Salcedo, no existe prueba documental judicializada que demuestra la comisión del delito que se le imputa, sin tener presente que fueron admitidos certificados emitidos por la FELCC, que incluso fueron objeto de incidente de exclusión probatoria, que resultaron rechazados por el juzgador.


Con relación a lo cual, tampoco se citaron precedentes contradictorios, empero, sí se cumplieron con los presupuestos de flexibilización, porque como se demostró, se explicó de manera razonable la presunta vulneración del derecho vulnerado (debida fundamentación), identificando los hechos concretos que hubieren causado agravio y dado lugar al resultado dañoso, como son los glosados en el párrafo anterior, explicando en qué consistió la errada fundamentación denunciada y que por ello, se incurrió en el defecto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, al rechazar su recurso de apelación con argumentos supuestamente contrarios a los cursantes en el cuaderno procesal.


Cumpliendo de esa forma con los presupuestos de flexibilización, convirtiendo al presente agravio en admisible.


Respecto al tercer agravio denuncia nuevamente contradicción en la Sentencia, no reparada oportunamente por el Tribunal de alzada; ello, en virtud a que el fallo de mérito hubiera sustentado su forma de resolución en el hecho que las declaraciones realizadas por el imputado Jaime Edward Rodríguez Iturri fueron realizadas en su condición de Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores en Salud, pese a que durante el proceso, cuando se opuso excepción de falta de materia justiciable bajo el mismo razonamiento; es decir, que las declaraciones las depuso en dicha calidad; dicho medio de defensa fue rechazado en primera instancia y declarado improcedente en apelación; y sin embargo, en la Sentencia se afirma dicho aspecto; relato respecto al cual no se invocó precedente contradictorio alguno; sin embargo, generó duda sobre la probable vulneración de los derechos denunciados, como son, la congruencia de los fallos,  la debida fundamentación y la defensa; identificando de manera precisa los hechos concretos que les causarían agravio, así como el argumento del Auto de Vista que hubiera generado la restricción de los derechos denunciados como lesionados.


Argumentan que tanto la Sentencia como la Resolución de alzada fueron arbitrarias, la primera al resolver de esa forma y la segunda, al no reparar oportunamente, por lo que consideran que se violó lo preceptuado por el art. 5 del CP, dando lugar a la presencia del defecto previsto por el art. 169 inc. 5) del CPP. Deviniendo en consecuencia, el presente agravio también en admisible por cumplimiento de criterios de flexibilización.


El cuarto agravio en el que se demandan contradicciones en el Auto de Vista, puesto que con relación al abandono de la abogada de la co-imputada Ruly Abuna Salcedo a la audiencia de 15 de noviembre de 2007, a su inasistencia a la audiencia de 26 del mismo mes y año; y a la suspensión del juicio oral por parte del Juez sin justificativo alguno, lo que a criterio de la parte que ahora recurre de casación, viola los arts. 334 y 335 inc. 1) y 336 del CPP, extremo que si bien fue reclamado oportunamente no mereció respuesta alguna; el Tribunal de alzada simplemente señala que el objetivo y fin se cumplieron, sin tomar en cuenta si dichas suspensiones fueron legítimas o no.


En cuanto a este agravio, al igual que en los anteriores casos no se invocó precedente contradictorio alguno; no obstante ello, verificando el cumplimiento de los supuestos de flexibilización a fin de atender al petitorio de la parte recurrente, se evidencia que en el caso que se analiza, no se acataron los mismos, puesto que si bien se explican los hechos que supuestamente les hubiera ocasionado agravio, sin embargo, no señalan los derechos que hubieran sido objeto de vulneración como consecuencia de los motivos denunciados, así como tampoco, alegan que ello habría provocado un defecto absoluto no susceptible de convalidación y por qué; si bien expresan la supuesta omisión en la consideración de la denuncia, empero no vinculan a un resultado dañoso emergente de dicho defecto. Por lo tanto, el presente agravio resulta inadmisible.


El quinto y último agravio relativo a la actuación ultra petita de parte del Tribunal de alzada, por cuanto la Resolución del recurso de apelación restringida abarcó un tópico no recurrido por uno de los co-imputados, por cuanto se tiene que Jaime Edward Rodríguez Iturri nunca planteó recurso de alzada, y sin embargo, se establece, de manera extensiva, el pago de costas procesales en su favor, denotando una probable infracción del art. 364 del CPP; fundamentación, a cuyo efecto, no invocó precedentes contradictorios y tampoco demostró el cumplimiento de los presupuestos de flexibilización, porque no se denuncia vulneración alguna de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, como tampoco el resultado dañoso ocasionado como consecuencia de los hechos denunciados; deviniendo el motivo en inadmisible.


A manera de aclaración, resulta necesario explicar a la parte recurrente que la exigencia de invocación del precedente contradictorio a tiempo de plantear el recurso de apelación restringida, resulta un requisito legal necesario para la procedencia del recurso de casación, aspecto consagrado por el art. 416 del CPP; el mismo que no será indispensable, cuando las vulneraciones o los agravios denunciados surjan a partir de la emisión del Auto de Vista, caso en el cual, resulta lógico la omisión en la cita y demostración de precedentes contradictorios, puesto que se entiende que éstos se producen en la etapa posterior. En este supuesto, se requerirá la invocación de precedentes que impliquen la contradicción con el Auto de Vista que se impugna, lo que de ninguna manera implica que el canon no sea exigible en etapa de casación, a no ser que, como en el caso de análisis, se recurra de casación bajo criterios de flexibilización.


Finalmente corresponde recordar que, conforme a lo preceptuado por los arts. 416 y 417 del CPP, los precedentes contradictorios conforman solamente los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal; por lo tanto, cualquier pretensión de hacer valer como precedente contradictorio un Auto Supremo que fue declarado infundado, como en el caso, el Auto Supremo 119 de 23 de abril de 2005, no es atendible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE, únicamente en cuanto a los incs. 1), 2) y 3) del acápite II de este Auto Supremo, el recurso de casación interpuesto por Hatice Isabel Ergueta Gálvez y María Luisa Choque Mendoza, cursante de fs. 398 a 401 y vta.; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA