TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 033/2015-RA-L

Sucre, 04 de febrero de 2015


Expediente                        : La Paz 185/2009

Parte acusadora                : Francisca Murillo Quiñones

Parte imputada                : Johan Rodrigo Zamora Rojas

Delito                        : Hurto


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2009, cursante de fs. 145 a 146, Francisca Murillo Quiñones, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 288/2009 de 5 de noviembre de fs. 141 a 142 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz hoy Tribunal Departamental de Justicia, dentro del proceso penal seguido por la recurrente contra Johan Rodrigo Zamora Rojas, por la presunta comisión del delito de Hurto, previsto y sancionado por el art. 326 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de Juicio oral y público, por Sentencia 20/2009 de 16 de junio (fs. 119 a 123), la Juez Segundo de Sentencia en lo Penal de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Johan Rodrigo Zamora Rojas, absuelto de culpa y pena del delito de Hurto tipificado y sancionado por el art. 326 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular Francisca Murillo Quiñones, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 131 a 133), resuelta por Auto de Vista 288/2009 de 5 de noviembre, emitida por la Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia impugnada.


  1. El 23 de noviembre de 2009 (fs. 143), fue notificada la recurrente con el referido Auto de Vista y el 26 del mismo mes y año,  interpuso recurso de casación.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


La recurrente denuncia, vulneración al principio de la sana crítica por no haberse realizado un trabajo intelectual conforme a la lógica y la experiencia del juzgador, emitiéndose un fallo sin la debida justificación. Asimismo, señala que se generó un agravio por la restricción de no haberse dado lectura y haberse judicializado las pruebas que se había presentado (cuaderno de investigaciones), generando una franca violación al ordenamiento jurídico y al principio de trascendencia, consecuentemente, existe una actividad procesal defectuosa afectando derechos constitucionales, tratados internacionales y ello constituye un agravio, que contradice el sistema acusatorio expresado en el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), para el efecto cita los Autos Supremos 101 y 102 ambos de 1 de abril de 2005.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:

i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones
inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 23 de noviembre de 2009, la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado y el 26 del mismo mes y año, formuló recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la Ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Respecto de los fundamentos expuestos en el recurso de casación en los que se denuncia la vulneración de la sana crítica y la falta de producción de prueba de cargo propuestas, se tiene que, para ingresar a resolver los fundamentos planteados en el fondo se debe establecer previamente si la recurrente cumplió con los requisitos formales de admisibilidad, en el caso de Autos se tiene primer término que no se cumplió con la carga procesal de invocación oportuna de precedentes contradictorios; es decir, al momento de presentar su recurso de apelación restringida. Ahora bien, en casación se invoca o cita los Autos Supremos 101 y 102, ambos de 1 de abril de 2005, de los cuales no hace ninguna argumentación sobre los que expresarían estos, estableciéndose en consecuencia que el recurso planteado no cumple con las formalidades mínimas de admisibilidad, toda vez, que se debe considerar que, para la aplicación de precedentes contradictorios, la recurrente debió realizar la fundamentación de su recurso de forma clara y precisa respecto de la contradicción existente entre estos precedentes y el Auto de Vista recurrido, cuál la norma vulnerada, cuál la que se debió aplicar y qué entendimiento es el correcto; en el caso presente, la denuncia sobre la violación a la sana critica no está clara; es decir, en relación al Tribunal de alzada o el de Sentencia, puesto que su redacción es confusa al referirse indistintamente a la Sentencia y Auto de Vista emitido en alzada, o en el hecho de que algunas pruebas no hubiesen sido judicializadas, existiendo una completa falta de precisión a qué pruebas se refiere y cuál la causa de no haber sido judicializadas.


Finalmente, se tiene que el recurso de casación motivo de Resolución no se encuentra dentro de los parámetros establecidos para su admisibilidad excepcional que permita ingresar a conocer el fondo del recurso, pues como se estableció supra, la recurrente no aportó los suficientes argumentos legales que permitan establecer la posible existencia de defectos absolutos o vulneración de derechos y garantías constitucionales que ameriten ser analizadas en el fondo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Francisca Murillo Quiñones, de fs. 145 a 146.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA