TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 031/2015-RA-L

Sucre, 04 de febrero de 2015


Expediente                : La Paz 183/2009

Parte acusadora        : Mario Tapia Quispe y otro

Parte imputada        : Félix Bernabé Tapia Tapia y otros

Delito                : Apropiación indebida y otro 


RESULTANDO


Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2009, cursante de fs. 474 a 476, Silverio Macario Illanes Mamani, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 677 de 16 de octubre de 2009, de fs. 464 a 466, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por La Cooperativa de Agua Potable “LIHUAJTAIPI” representada legalmente por Mario Tapia Quispe y Silverio Falcon Flores en contra de Félix Bernabé Tapia Tapia, Zenobio Pérez Quispe y el recurrente por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP) respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la querella, acusación particular y subsanación de la misma (fs. 10 a 11 vta. y 20 a 22) respectivamente, desarrollada la audiencia de juicio oral, el Juez Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, emitió la Sentencia 24/2008 de 17 de junio; que fue anulado por Auto de Vista 115/2008 de 15 de diciembre (fs. 299 a 301) disponiendo la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia; en cuyo mérito el Juez Primero de Sentencia, emitió la Resolución 009/2009 de 16 de mayo (fs. 403 a 412) por la que  declaró a Félix Bernabé Tapia Tapia, Zenobio Pérez Quispe y Silverio Macario Illanes Mamani autores de los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza con la agravante de victimas múltiples, previstos y sancionados en los arts. 345 y 346 bis del CP, imponiéndoseles una pena de privación de libertad de tres años en el penal de San Pedro y multa pecuniaria de doscientos días a razón de diez bolivianos (Bs. 10) por día, más daños y perjuicios, posteriormente en la vía de complementación se concedió la suspensión condicional de la pena en favor de Félix Bernabé Tapia Tapia; respecto a Zenobio Pérez Quispe indica que debía acreditar los requisitos mínimos necesarios exigidos por el art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP) para su consideración, (fs. 424) Resolución 161/2009 donde se otorga la suspensión condicional. 


  1. Contra la mencionada Sentencia, Silverio Macario Illanes Mamani formuló recurso de apelación restringida (fs. 431 a 435), siendo resuelto por el Auto de Vista 677/09 de 16 de octubre de 2009 (fs. 464 a 466), que declaró improcedente y confirma la sentencia apelada.


c)        Notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado, el 24 de noviembre de 2009 (fs. 467), interpuso recurso de casación el 28 del mismo mes y año, objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 474 a 476, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente denuncia que en el punto 2 del Segundo Considerando del Auto de Vista impugnado se indicaría que la Sentencia apelada está debidamente fundamentada y cumple con el art. 124 del CPP existiendo una adecuada relación de los motivos de hecho y derecho, además de las reglas de la sana critica, sin incurrir en el art. 173 del CPP, en consecuencia no existiría valoración defectuosa de la prueba adecuándose a los arts. 12, 13, 171, 172 y 173 del CPP; sin embargo el recurrente considera que no se efectuó un análisis crítico, legal, doctrinal de los elementos de convicción aportados al proceso penal, habiendo demostrado que como Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Aguas “LIHUAJTAIPI” no manejó dinero y su labor era la de vigilar al Consejo de Administración encargados del manejo económico, por lo que no se le podía imputar responsabilidad penal por los delitos acusados, en consecuencia el dinero faltante de la gestión 2004 serían atribuibles a los miembros del Consejo de Administración y su Presidente, aspecto que fue confesado por Félix Bernabé Tapia Tapia y Zenobio Perez Quispe que como miembros del Consejo de Administración habrían indicado que era de su responsabilidad el manejo económico, no así de su persona, y que las pruebas ofrecidas de “fs. 32, 33, 34 y 35” (sic), no habrían sido mencionadas, vulnerándose su derecho de defensa.


Añade también que en su alzada restringida hizo notar que el 17 de “junto” (sic) de 2008, el Juez Tercero de Sentencia dicto la Sentencia 24/2008por el que fue absuelto de toda responsabilidad y no se explica porque fue sentenciado por el Juzgado Primero de Sentencia por los delitos querellados, cuando son los mismos actores, delitos y pruebas, concluyendo que el Tribunal de Alzada no ha cotejado todos los elementos probatorios, omitiendo su deber de valorar para tomar una determinación exhaustiva.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

       

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos, la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que, este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y  permisibilidad  de  activar el  recurso de  casación  ante  la denuncia de defectos


absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, en los supuestos antes destacados, de acuerdo a lo siguiente:


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.-


En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su impugnación qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación, no mereció o merecieron debida fundamentación; o sobre qué cuestiones se incurrió en omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos, o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: 1) Especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, respecto al primer requisito del recurso de casación, se constata que el recurrente, fue notificado con el Auto de Vista impugnado, el 24 de noviembre de 2009 (fs. 467), habiendo presentado el recurso de casación ante el Tribunal de Alzada el 28 de noviembre del mismo año (fs. 476), en consecuencia se tiene por cumplida la previsión del art. 417 de la norma adjetiva penal, correspondiendo pronunciarse a este Tribunal sobre la admisibilidad del presente recurso


Es así que, con relación al motivo, referido a que el Auto de Vista impugnado carecería de un análisis crítico, legal, doctrinal de los elementos de convicción aportados al proceso penal en cuanto a los hechos fácticos, ya que habría demostrado que como Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Aguas Lihuajtaipi no manejó dinero y su labor era la de vigilar al Consejo de Administración encargados del manejo económico, sin que se haya considerado supuestamente las pruebas ofrecidas de “fs. 32, 33, 34 y 35” (sic), vulnerándose su derecho de defensa, concluyendo que el Tribunal de Alzada no ha cotejado todos los elementos probatorios, omitiendo su deber de valorar para tomar una determinación exhaustiva; se establece que el recurrente no invocó precedente alguno sobre la temática propuesta, incumpliéndose el requisito que viabiliza el análisis de fondo; empero, ante la denuncia de una aparente vulneración del derecho a su defensa, tampoco indica cual fue el hecho generador ni el resultado gravoso generado con la señalada infracción. Asimismo, respecto a que no habrían sido consideradas las pruebas de “fs. 32, 33, 34 y 35” (sic), el recurrente no especificó que prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o fueron valoradas defectuosamente, tampoco de qué forma su falta de valoración o defectuosa valoración, tuvo incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, por consiguiente el presente recurso tampoco cumple los presupuestos de flexibilización para una posible admisión, razón por la que deviene en su inadmisibilidad.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fs. 474 a 476 interpuesto por Silverio Macario Illanes Mamani.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA