TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 029/2015-RA-L

Sucre, 04 de febrero de 2015


Expediente        : La Paz 167/2009

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Remedios Quispe de Patty y otros

Delito        : Lesiones Leves


RESULTANDO


Por memorial presentado el 29 de abril de 2009, cursante de fs. 553 a 555, Remedios Quispe de Patty, Juana Huanca de Callisaya, Jacinta Huanca Quispe, Francisca Huanca de Quispe y Bernabia Huanca Quispe, interpusieron recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 99/2009 de 13 de abril, de fs. 549 a 550 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Julia Agustina Cabrera Huanca, Guadalupe Huanca Tarqui y Héctor Jacinto Tancara Amaru contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Lesiones Leves previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 6 a 7 vta.), particular y su subsanación (11 a 13 vta. y 16), desarrollada la audiencia de juicio oral, el Juez Cuarto de Partido y Sentencia de El Alto del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 21/2008 de 16 de octubre (513 a 519 vta.), que declaró a Remedios Quispe de Patty, Juana Huanca de Callisaya, Jacinta huanca Quispe, Francisca Huanca de Quispe y Bernabia Huanca Quispe, autoras de la comisión del delito de Lesiones leves, previsto y sancionado por el art. 271 en su segunda parte del CP, condenándolas a la pena privativa de libertad de dos años de reclusión a  cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, con la imposición de costas, más daños y perjuicios ocasionados a las víctimas; por otro lado, les concedió el beneficio del perdón judicial dejando constancia que no comprende las consecuencias económicas emergentes de la responsabilidad de las acusadas, debiendo satisfacer los daños y perjuicios, así como las costas emergentes del proceso.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Remedios Quispe de Patty, Juana Huanca de Callisaya, Jacinta Huanca Quispe, Francisca Huanca de Quispe y Bernabia Huanca Quispe interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 529 a 532); que fue resuelto por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz mediante Auto de Vista 99/2009 de 13 de abril (fs. 549 a 550 vta.), declarando improcedente el recurso; y, en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificadas las recurrentes con el referido Auto de Vista, el 23 de abril de 2009 (fs. 551), interpusieron recurso de casación el 29 de abril del mismo año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen como motivos del mismo los siguientes:


  1. El Juez de Sentencia se parcializó al recibir únicamente las pruebas de la parte contraria, realizando actos como la recepción de pruebas que no estuvieron ofrecidas conforme los arts. 340, 341, 342 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que fue recusado en tres oportunidades; empero, la autoridad judicial se resistió. Respecto a este motivo en el otrosí de su recurso invocó la Sentencia Constitucional 207/2004-R.


  1. El hecho ya fue conocido por la justicia originaria campesina y resuelto de acuerdo a los usos y costumbres no siendo posible que se realice un juicio en la vía penal, aspecto que, a decir de las recurrentes, quebranta los arts. 30, 31, 190, 191, 192 de la actual Constitución Política del Estado (CPE) y 4 del CPP. Sobre la cuestión planteada en el otrosí de su recurso invocó la Sentencia Constitucional 1764/2004-R.


  1. En la Audiencia de juicio oral se infringió el principio de inmediación pues las audiencias de juicio no fueron realizadas en el plazo previsto por el art. 336 del CPP.


  1. Se vulneró el art. 178 de la CPE, porque en la acusación no se encontraban los peritajes de los médicos forenses, tampoco fueron propuestos los referidos profesionales, violando los arts. 341 y 342 del CPP.


  1. Se infringió el art. 391 del CPP, porque la imputada es miembro de una comunidad originaria campesina, en cuyo caso la norma señala que el Fiscal en la etapa preparatoria y el Juez durante el Juicio serán asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas quién podrá participar en el debate y antes de dictarse Sentencia emitirá un dictamen respecto de los patrones de comportamiento del imputado a efectos de atenuar o extinguir la responsabilidad penal. Este aspecto hubiera sido formulado en audiencia de fundamentación oral pero no fue considerado por el Tribunal de Alzada.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer los recursos que la norma adjetiva prevé, las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia cuando éstos sean contrarios a otros precedentes pronunciados por sus Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; labor reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derechos objetivo establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de admisibilidad del recurso.


IV.        Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto. Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme a lo normado en el art. 417 del CPP, el plazo máximo para la interposición del recurso de casación es de cinco días, verificándose en el presente caso que las recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista 99/2009, el 23 de abril de 2009, habiendo formulado recurso de casación el 29 del mismo mes y año, ante la Sala Penal Tercera, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal y ante el mismo Tribunal que emitió las Resoluciones impugnadas, esto teniendo en cuenta que el día domingo 26 de abril de 2009, fue día inhábil.


Ahora respecto de los motivos planteados, corresponde verificar el cumplimiento de los otros requisitos de forma; es decir, la cita del precedente contradictorio y la explicación en términos claros y precisos referidos a la posible contradicción, puesto que es obligación de las partes dentro del presente recurso, cumplir con las exigencias establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP, a objeto de obtener de este Tribunal, un pronunciamiento sobre el fondo de las cuestiones planteadas.


Con relación al primer motivo, respecto a la afirmación de que el Juez de Sentencia se parcializó con la parte contraria, porque recepcionó pruebas que no estuvieron ofrecidas conforme los arts. 340, 341, 342 del CPP, siendo  recusado en tres oportunidades, pero se resistió a la misma. Al respecto las recurrentes con relación a la temática planteada en el otrosí de su recurso invocaron la Sentencia
Constitucional 207/2004-R de la cual se debe tener en cuenta que no constituye precedente contradictorio en virtud de lo previsto en los arts. 416 y 417 del CPP. En definitiva no invocaron precedente contradictorio válido, omisión que no puede suplirse de oficio por ser base y sustento legal para la procedencia del recurso de casación. Tampoco existe la justificación correspondiente sobre cómo el agravio denunciado habría lesionado o afectado derechos y garantías constitucionales; consiguientemente, se hace evidente el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos por la norma, deficiencia que no puede ser suplida con la simple alusión que el Juez de Sentencia se parcializó con la parte contraria por recibir prueba no ofrecida y que se resistió a las recusaciones planteadas; por lo que este motivo deviene en inadmisible.


Sobre el segundo motivo, se puede advertir que con relación a la temática referida a que a las recurrentes se les habría condenado por este mismo hecho en la justicia originaria campesina y nuevamente se les condenó en la justicia ordinaria penal. Cabe señalar que en el otrosí de su recurso invocaron como precedente la Sentencia Constitucional 1764/2004-R, la cual de acuerdo a la jurisprudencia de este Tribunal Supremo no tiene calidad de precedente contradictorio, generando el incumplimiento de este presupuesto de formal; sin embargo, las impetrantes denuncian la lesión de la garantía del debido proceso, concretamente la vulneración del principio-garantía non bis in ídem y el quebrantamiento de los arts. 30, 31, 190, 191 y 192 de la CPE y 4 del CPP, de cuya denuncia se advierte que se cumple con los supuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal Supremo al identificar plenamente el hecho que les causa agravio, explicando en qué consistió la deficiencia en que incurrió el Tribunal de alzada  y el resultado dañoso, el cual se materializa con la denuncia de haber sido presuntamente juzgadas dos veces por el mismo hecho. En tal sentido,  cumplidos los requisitos para ingresar al análisis de fondo vía flexibilización, el motivo resulta admisible.


Respecto al tercer motivo, relativo a que se infringió el principio de inmediación, infiriendo que se hubieran realizado las audiencias de juicio fuera de los diez días previstos en el art. 336 del CPP; sobre este motivo es preciso aclarar que no se invocó precedente contradictorio alguno sobre el motivo en concreto; en consecuencia, no se cumplió con la carga procesal de exponer en qué consiste la posible contradicción en la que habría incurrido el Tribunal de alzada a tiempo de emitir la Resolución recurrida, en los términos que exige el art. 417 del CPP, aspecto que impide a este Tribunal de casación realizar la labor de contraste que le encomienda la ley, sin que la omisión en la que incurrieron las recurrentes pueda ser suplida de oficio.


Con relación al cuarto motivo, se advierte que las recurrentes no invocaron  precedente contradictorio alguno, y si bien es cierto que se denuncia la supuesta vulneración del art. 178 de la CPE, alegando que en la acusación no se encuentran los peritajes de los médicos forenses y que nunca fueron propuestos los referidos profesionales y que por esta omisión se vulneró los arts. 341 y 342 del CPP. Al respecto se debe tener en cuenta que esta justificación tampoco cumple con los presupuestos para admitir el motivo vía flexibilización, toda vez que no existe la precisión respecto a qué derecho o garantía fueron lesionados, no siendo suficiente la alegación de vulneración del art. 178 de la CPE, norma constitucional que detalla diversos principios que rigen a la administración de justicia; por lo que, al no encontrarse concretamente identificado el derecho o garantía lesionado se incumple con uno de los presupuestos de la doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad, precisados en el apartado IV de esta Resolución. Tampoco existe la justificación sobre cómo la omisión denunciada ha restringido o disminuido algún derecho o garantía, ni la explicación del resultado dañoso emergente del defecto, teniendo en cuenta que las recurrentes se limitan a indicar que en la acusación no se encuentran los peritajes de los médicos forenses y que éstos tampoco fueron propuestos, sin explicar cómo dicha omisión lesiona o transgrede las normas alegadas de infringidas ni cómo resulta dañosa a sus derechos y garantías, que tampoco fueron explicitados según se ha advertido, tornando la denuncia en una simple alegación general; por tanto, corresponde declarar inadmisible este motivo para su análisis de fondo.


Respecto al quinto motivo, en el que se denuncia la infracción del art. 391 del CPP, porque tanto el Ministerio Público como el Juez no designaron un perito especializado en cuestiones indígenas. Las recurrentes no invocaron ningún precedente contradictorio relativo a la problemática planteada, por lo que tampoco explicaron, ni fundamentaron cuál la contradicción con el Auto de Vista impugnado, omisión que da lugar a su inadmisibilidad por incumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Remedios Quispe de Patty, Juana Huanca de Callisaya, Jacinta Huanca Quispe, Francisca Huanca de Quispe y Bernabia Huanca de Quispe únicamente con relación al segundo motivo denunciado. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA