TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 027/2015-RA-L

Sucre, 04 de febrero de 2015


Expediente        : La Paz 159/2009

Parte acusadora        : Ministerio Público y otro 

Parte imputada        : Max Dulfredo Jiménez De La Barra

Delito        : Estelionato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de octubre de 2009, cursante de fs. 192 a 198 vta., Max Dulfredo Jiménez De La Barra interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 97/2009 de 14 de septiembre, de fs. 173 a 174 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y José María Maraza contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación fiscal y particular (fs. 5 a 6 vta. y 11 a 12 respetivamente) y desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Sexto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 03/2009 de 16 de enero (fs. 128 a 130), declarando a Max Dulfredo Jiménez De La Barra, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, condenándole a la pena privativa de la libertad de tres años en reclusión, más al pago de daños civiles y costas al Estado a calificarse en ejecución de Sentencia.

  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 137 a 142), que fue resuelto por Auto de Vista 97/2009 de 14 de septiembre (fs. 173 a 174 vta.) emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de la Paz, que declaró improcedente el recurso interpuesto y en consecuencia confirmó la Sentencia. Posteriormente, ante la solicitud del imputado de complementación y enmienda, se emitió el Auto Complementario 47/2009 de 23 de septiembre, rechazando la petición.


  1. Notificado el recurrente con el Auto de Vista complementario el 30 de septiembre de 2009 (fs. 179), interpuso recurso de casación el 6 de octubre del mismo año, mismo que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la Revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Como primer motivo refiere que denunció en apelación la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; sobre la misma, el Tribunal de alzada argumentó aspectos que no condicen con el art. 408 del Código de Procedimiento Penal (CPP), convalidando la Sentencia que aplica erróneamente el art. 335 del CP. Sobre el contenido de su denuncia, reitera que la aplicación de la precitada norma sustantiva, importa también la adecuación del elemento subjetivo, es decir el dolo, que en este caso no se justifica ni explica; además, el elemento central del delito de Estafa es el engaño para inducir en la víctima a consentir un acto, lo que no ocurre en este caso, ya que para el préstamo de dinero se suscribió un contrato consensuado por ambas partes. Concluye señalando que la insuficiencia de razonamientos en los fallos constituyen un vicio previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP. Al respecto invoca  como precedentes contradictorios los Autos Supremos 144 de 22 de abril de 2006 y 43 de 27 de enero de 2007.


  1. Por otro lado manifiesta que, en su denuncia de ilegalidad de la Sentencia por habérsele condenado por el delito de Estafa; cuando fue sobreseído por el Ministerio Público, ofreció como prueba la Resolución de Sobreseimiento y la Resolución del superior jerárquico que la ratifica; empero, el Tribunal de alzada, en primer término, no se circunscribió sobre los aspectos cuestionados, limitándose a confirmar la Sentencia; asimismo, no valoró la prueba ofrecida ni justificó por qué no las considera; y finalmente, se señaló día y hora de audiencia de fundamentación de la apelación, a la cual no pudo asistir por su delicado estado de salud, pidiendo la suspensión del acto por intermedio de su abogada, con la protesta de presentar la justificación respectiva, solicitud que fue rechazada sin tomar en cuenta los fundamentos de su inasistencia, extremos que vulneran sus derechos a la defensa, debido proceso, seguridad jurídica y debida fundamentación. Sobre estas temáticas invoca los Autos Supremos “Nro. 5 de enero de 2007” (sic), 518 de 17 de noviembre de 2006, 431 de 15 de octubre de 2005 y 149 de 2 de febrero de 2007.

 

  1. En tercer lugar señala que, denunció en apelación la vulneración al principio non bis in idem, argumentando que fue sobreseído por el delito de Estafa por el Fiscal de materia, resolución confirmada por la Fiscalía de Distrito, por lo que no podía sancionársele dos veces por los mismos hechos, existiendo vulneración a este principio también cuando se produce un doble procesamiento por el mismo hecho, lo que tiene relación con el principio de congruencia entre acusación y sentencia; al respecto, conforme la tesis de la desvinculación condicionada, el Tribunal de Sentencia debió advertir a las partes para que se pronuncien sobre el error en la calificación, pues el juez no puede asumir la posición de acusador, por tanto, no podía condenar por un delito no propuesto, porque el imputado debió conocer previamente la acusación a objeto de asumir defensa irrestricta. Sobre esta denuncia los Vocales señalaron que debió haber solicitado el saneamiento procesal, por lo que se habría convalidado el defecto, sin tomar en cuenta que, al habérsele condenado por el delito de Estafa por el que ya fue sobreseído y que no fue consignado en la acusación, se provocó indefensión y se vulneró los principios de congruencia y iura novit curia. Sobre esta denuncia invoca el Auto Supremo 442 de 11 de octubre de 2006y sentencia constitucional 1036/2002-R y la sentencia constitucional de Colombia C-529/01.


  1. Finalmente denuncia que, se demostró que el hecho jamás existió, por el contrario, acreditó que nunca sonsacó dineros, pues se trataba de una relación civil de préstamo de dinero, lo que se tiene demostrado con la prueba MP 5 sobre pago parcial de la deuda; consiguientemente, no existen razones sólidas que fundamenten la valoración de la prueba, omisión que constituye defecto insalvable por la penalización de un cobro de deuda. Al respecto invoca los Autos Supremos 529 de 17 de noviembre de 2006 y 166 de 12 de mayo de 2005.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer los recursos que la norma adjetiva prevé, las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia cuando éstos sean contrarios a otros precedentes pronunciados por sus Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; labor reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derechos objetivo establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de admisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia. b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente. c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme a lo normado en el art. 417 del CPP, el plazo máximo para la interposición del recurso de casación es de cinco días, verificándose en el presente caso que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 21 de septiembre y con el Auto Complementario el 30 de septiembre, habiendo formulado recurso de casación el 6 de octubre, todo en el año 2009, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal.


Respecto a la primera denuncia, referida a que se incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva al no haberse acreditado el dolo y el elemento de engaño en su conducta, pues el hecho juzgado constituye una relación civil de préstamo de dinero; el recurrente invocó los Autos Supremos 144 de 22 de abril de 2006 y 43 de 27 de enero de 2007, que estarían relacionados a la prohibición de penalizar el incumplimiento de un contrato eminentemente civil, explicando además la supuesta contradicción existente entre el Auto de Vista con los referidos precedentes, por lo que al haberse cumplido lo previsto los arts. 416 y 417 del CPP, este motivo deviene en admisible.


En el segundo motivo el recurrente alega que denunció en apelación el doble juzgamiento al que fue objeto; empero, el Tribunal de alzada no se circunscribió a los argumentos de su denuncia, no valoró la prueba que presentó ni explicó las razones de esa omisión; asimismo, no suspendió la audiencia de fundamentación de la apelación, pese a que su abogada lo pidió justificando su impedimento; sobre este motivo, el recurrente con relación a los Autos Supremos “Nro. 5 de enero de 2007” (sic) y 431 de 15 de octubre de 2005 no realizó la explicación fundamentada de la contradicción existente entre el fallo impugnado y los precedentes invocados, limitándose su mera transcripción impidiendo a este Tribunal su revisión en el fondo, por otro lado con relación a los Autos Supremos 518 de 17 de noviembre de 2006 (relacionado a la incongruencia omisiva) y 149 de 2 de febrero de 2007 (sobre la debida fundamentación) aunque de manera escueta explicó la contradicción en la que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada, por tanto corresponde su admisión para verificar lo pretendido en el fondo.


Con relación a la tercera denuncia, en el que se reclama la vulneración de los principios non bis in idem y iura novit curia; por cuanto pese a que fue sobreseído por el Ministerio Público de la comisión del delito de Estafa, el Tribunal de Sentencia lo condenó por este tipo penal, cuando no estaba contemplado en la acusación fiscal, justamente como resultado del sobreseimiento confirmado por la Fiscalía de Distrito; al igual que el motivo anterior, el recurrente no realiza la explicación fundada de cuál la contradicción con el precedente invocado, así mismo respecto de las sentencias constitucionales referidas, las mismas no constituyen precedentes contradictorios de acuerdo a los alcances del art. 416 y 417 del CPP; empero, acudiendo a los criterios de flexibilización, corresponde ingresar a la resolución de fondo de esta denuncia, por cuanto se alega expresamente la vulneración de garantías fundamentales contenidos en los referidos principios, además del derecho a la debida fundamentación, explicando que como resultado de esa violación, fue juzgado y sentenciado dos veces por un mismo hecho; en consecuencia, cumplidos como están los presupuestos de flexibilización, este motivo también resulta admisible.


Por último, con relación al cuarto motivo, relativo a que el hecho delictivo nunca existió y que la valoración probatoria de la Sentencia no contiene razones sólidas que la justifiquen, reclamo en el que se invoca los Autos Supremos 529 de 17 de noviembre de 2006 y 166 de 12 de mayo de 2005; el recurrente se limitó a su mera cita, sin la menor fundamentación de la contradicción o su pertinencia con el motivo planteado, en tal sentido, al no haberse observado los requisitos previstos por ley, este motivo deviene en inadmisible.

 

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Max Dulfredo Jiménez De La Barra, únicamente respecto a los motivos primero, segundo y tercero, identificados en los incs. 1), 2) y 3) del acápite II de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA