TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 015/2015-RA-L

Sucre, 04 de febrero de 2015


Expediente                : Cochabamba 159/2009        

Parte acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte imputada        : Yuri Ottmar Herbas Parrilla y otro

Delito        : Robo Agravado


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 1 y 3 de septiembre de 2009, cursantes de fs. 506 a 507 y de fs. 518 a 521, Yuri Ottmar Herbas Parrilla y Jaime Sahonero Flores, respectivamente, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista de 3 de febrero de 2009, de fs. 485 a 494, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Alberto Bernabé Fernández Arias, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 1) y 2) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollado el juicio oral y público, por Sentencia 46/06 de 03 de diciembre de 2007 (fs. 405 a 410), el Tribunal Cuarto de Sentencia de la entonces  Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró a Yuri Ottmar Herbas Parrilla y Jaime Sahonero Flores, autores y culpables de la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 incs. 1) y 2) del CP, condenándoles a nueve años de presidio, a ser cumplidos en la cárcel pública de “El Abra”, más costas a favor del Estado y querellante  averiguables en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 411 a 417 vta. y de fs. 453 a 457 vta.), resuelto por Auto de Vista de 3 de febrero de 2009, que declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas en las apelaciones restringidas, confirmando la Sentencia apelada.


  1. Notificados Yuri Ottman Herbas Parrilla y Jaime Sahonero Flores con el referido Auto de Vista el 28 de agosto de 2009, conforme cursa en obrados a fs. 496, interpusieron recursos de casación el 1 y 3 de septiembre del mismo mes y año, respectivamente, que son motivo de análisis de admisibilidad. 


II.  MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De la revisión de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1  Recurso de casación de Yuri Ottmar Herbas Parrilla.


1)        Alega que, al inicio del juicio oral y público planteó excepción de Falta de acción en mérito al art. 308 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP) siendo declarada improcedente en la resolución de sentencia, excepción interpuesta en razón a la ilegalidad de la investigación donde se ofreció como prueba una fotografía y su declaración, señalando en el Auto de Vista que la prueba “A-7” fue desestimada y se prescindió de su consideración; sin embargo, el Tribunal de Sentencia no emitió pronunciamiento sobre el mismo.  Invoca como precedente el Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006. 


2)        Argumenta falta de fundamentación de la Sentencia y que el Auto de Vista sólo hizo referencia a los hechos acaecidos y su falta de competencia para revalorizar hechos y pruebas; aduce que no se precisó su participación en el hecho; que se tomó en cuenta la declaración de Lena Pastor a quien le contó el querellante que fue atracado por una persona alta y otra negra; que no existen “identikits”, detector de mentiras, si se trataban de extranjeros, su contextura, etc., existiendo únicamente muestrario fotográfico y los antecedentes del coimputado. Cuestiona el hecho que se le impuso la misma pena que al otro imputado, pese a no contar con antecedentes y tener mejor instrucción. Cita como precedente el Auto Supremo 99 de 29 de marzo de 2005.


Concluye su recurso solicitando dejar sin efecto el Auto de Vista y la emisión de un nuevo fallo que determine la anulación de la Sentencia y su reenvío.


II.2 Recurso de casación de Jaime Sahonero Flores.


El recurrente, a manera de antecedentes, rememora los agravios denunciados en su apelación restringida referidos a la vulneración de los arts. 13, 18 y 70 del CP; 173, 167, 359 inc. 2), 169 inc. 3) y 4); y 370 incs. 5) 6) todos del CPP; concluyendo que: “El Auto de vista impugnado, ha confirmado - con error - la sentencia apelada, misma que no señaló los motivos de hecho y derecho, ni valoró las pruebas, menos consideró las atenuantes establecidas en los arts. 37 y 38 del Código Penal…”, “Toda la argumentación demuestra que el Tribunal a-quo y la Sala Penal Ad-quem, han APLICADO ERRÓNEAMENTE LA LEY SUTANTIVA PENAL Y HAN VALORADO DEFECTUOSAMENTE LA PRUEBA…” (sic). Al efecto invoca como precedente el Auto Supremo 99 de 24 de marzo de 2005.


Finaliza su recurso, solicitando sea admitido y se dicte nueva resolución conforme la doctrina legal aplicable; en su otrosí 1, señala también como precedentes los Autos Supremos 99 de 24 de marzo de 2005, 183 de 30 de mayo de 2005, “297/2002” (sic), 23 de 8 de marzo de 2002, 333 de agosto de 2002 y “394 de octubre de 2002”.  

        

  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: 1) Especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se constata que ambos recurrentes cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta que, fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 28 de agosto de 2009, presentando a su turno recursos de casación el 1 y 3 de septiembre del mismo año; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles previstos por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los motivos argumentados en casación, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la cita del precedente contradictorio y principalmente, la explicación, en términos claros y precisos, referidos a la posible contradicción entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal aplicable de los precedentes contradictorios, que permitan a éste máximo Tribunal, emitir un pronunciamiento final sobre las cuestiones planteadas.


Dentro de ese contexto, en lo que concierne al recurso de casación interpuesto por Yuri Ottmar Herbas Parrilla, se evidencia que el recurrente de manera incongruente y contradictoria, alega inicialmente que el Tribunal de Sentencia declaró improcedente la excepción de falta de acción opuesta al iniciar el juicio oral y, líneas abajo manifiesta que el citado Tribunal omitió pronunciarse sobre el mismo, argumentos contradictorios sobre el mismo punto que se excluyen entre sí, debido a que no se establece con claridad si existe o no un pronunciamiento sobre la excepción interpuesta y si la misma incurrió en alguna inobservancia o errónea aplicación de la normativa penal; tampoco establece la forma en la cual el Tribunal de apelación se pronunció al respecto, limitándose a manifestar que los de Alzada señalaron que la prueba A-7 fue desestimada y se prescindió de su consideración, sin señalar el recurrente la gravitación de tal prueba para la falta de pronunciamiento o equivoca resolución sobre la falta de acción pretendida;  cuando lo que correspondía era establecer en el recurso cómo el Auto de Vista omitió o se pronunció erróneamente respecto de la excepción de falta de acción.


Situación similar se advierte, cuando de manera genérica argumenta que la resolución ahora impugnada hizo referencia a los hechos acaecidos y su falta de competencia para revalorizar hechos y pruebas para responder a su denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia, sin establecer de manera precisa si tal falta de fundamentación correspondía a la esfera jurídica o intelectiva, errores similares comete cuando argumenta la falta de precisión de su participación en el hecho y que no se tomaron en cuenta ciertas atenuantes, enunciados genéricos que impiden conocer con certeza la supuesta infracción cometida por el Auto de Vista, cuyo pronunciamiento hubiese vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, o las infracciones cometidas contra las leyes que rigen la materia y que las mismas le hubiesen generado un daño; ante la falta de claridad y precisión del recurso para establecer los supuestos errores o defectos cometidos por el Tribunal de Alzada que viabilicen su análisis de fondo, el presente recurso deviene en inadmisible.


En lo que respecta al recurso interpuesto por Jaime Sahonero Flores, se advierte la ausencia del cumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP, debido a que se limita a realizar una reseña de los agravios denunciados en su apelación restringida. No basta con que argumente que  el Auto de Vista confirmó erradamente la Sentencia que adolecería de defectos y que ambos tribunales aplicaron erróneamente la ley sustantiva penal y valoraron defectuosamente la prueba, confundiendo la competencia del Tribunal de alzada; resulta indispensable que fundamente el agravio cometido por la Resolución impugnada y que estima sufrido.


Partiendo de estos presupuestos formales, en el presente caso, el recurrente no precisa de manera concreta la ofensa que estima causada, sino que se limita a indicar, a manera de antecedentes, los motivos que sustentaron su recurso de apelación restringida, incumpliendo con la necesaria referencia de un perjuicio concreto vinculado con un vicio alegado que no fue considerado por los de alzada. Así, lejos de demostrar el impugnante la inobservancia o errónea aplicación de la norma penal en los fundamentos de la resolución que se recurre, se evidencia una mera disconformidad con la decisión asumida por el Ad quem, deviniendo el recurso en inadmisible.


POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad reconocida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Yuri Ottmar Herbas Parrilla y Jaime Sahonero Flores de fs. 506 a 507 y de fs. 518 a 521, respectivamente.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA