TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 484/2019-RA

Sucre, 25 de junio de 2019


Expediente                : Oruro 9/2019

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : William Alberto Quispe Mendoza y otros 

Delito        : Asesinato en grado de tentativa y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 27 de marzo de 2019, Robín Queny Torres Mendoza (fs. 241 a 249 vta.), y Jhon Antony Bravo Jesús (fs. 263 a 266), interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 5/2019 de 12 de febrero, de fs. 223 a 228, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Rómulo Rolando Choque Mamani y Gabriela Mónica Choque Huayllas contra William Alberto Quispe Mendoza y los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato en el grado de Tentativa y Robo Agravado, previstos y sancionados por los incisos incs. 2), 3), 6) y 7) del art. 252 con relación al art. 8 y 332 nums. 1) y 2) del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 20/2017 de 15 de noviembre (fs. 100 a 126), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a William Alberto Quispe Mendoza, Robín Queny Torres Mendoza y Jhon Antony Bravo Jesús, autores del delito de Asesinato en grado de Tentativa y Robo Agravado, previstos por los arts. 252 incs. 2), 3), 6) y 7) con relación al 8 y 332 núms. 1 y 2 del CP, imponiendo la pena de veinte años de presidio a cumplirse en la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados William Alberto Quispe Mendoza, Robín Queny Torres Mendoza y Jhon Antony Bravo Jesús (fs. 133 a 143), formularon recurso de apelación restringida, siendo resuelto por Auto de Vista 5/2019 de 12 de febrero, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró su improcedencia, manteniendo incólume la Sentencia impugnada.


  1. Por diligencia de 20 de marzo de 2019 (fs. 229 y 230), los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado; y, el 27 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL LOS RECURSOS DE CASACIÓN


II.1. Del recurso de casación de Robin Queny Torres Mendoza.

  1. El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en errónea aplicación del elemento subjetivo del delito de Asesinato en el grado de Tentativa, al no haber calificado la conducta como Tentativa de Homicidio, haciendo una conceptualización del delito de Homicidio, así como los elementos integrantes del tipo penal y sosteniendo una conceptualización del delito de Asesinato en sus elementos objetivos y subjetivos, diferenciando ambos delitos y describiendo sus respectivos elementos, así también aludió que no se tomó en cuenta la intencionalidad, que por supuesto no era de asesinar sino de cometer un Robo, luego transcribe y sostiene los elementos de la Tentativa como el subjetivo, objetivo y negativo y explica diferentes teorías como la objetiva, subjetiva y la ecléctica, además de las clases de Tentativa (acabada e inacabada). Referente a la alevosía o enseñamiento, el recurrente argumentó que el Tribunal de Sentencia en el considerando III fundamentó todo un acápite referente a la alevosía, pero cuestionó que no se habría considerado el acta de denuncia ni la entrevista informativa policial, donde claramente se demostraría que existieron los elementos del tipo penal de Robo, así como la Tentativa de Homicidio, al realizarse disparos con arma de fuego con la finalidad de apropiarse del dinero, sin que hayan concurrido el ensañamiento o alevosía como elementos del Asesinato, añadiendo que las heridas provocadas a la víctima no fueron mortales y realizadas en un estado de nerviosismo, razones por la que sostiene que concurrió la errónea aplicación de la ley sustantiva relacionada al tipo penal de Asesinato en el grado de Tentativa, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 251/2012, relativo según el recurrente a la errónea aplicación sustantiva y la defectuosa valoración probatoria.


  1. Denuncia la violación de las reglas de la sana crítica con referencia a la errónea aplicación de la norma sustantiva, argumentando que el Tribunal de Sentencia y el Tribunal de apelación violentaron las reglas a la sana crítica consistentes en el principio de identidad, aludiendo los elementos de la alevosía o ensañamiento; y, el principio de la razón suficiente, sosteniendo que el Juzgador como el Tribunal de alzada procedieron a una equivocada concepción de la razón suficiente para establecer los hechos juzgados como si se tratara del delito de Asesinato en grado de Tentativa, al no tomar en cuenta que nunca se tuvo la intención de matar, finalmente alude que no existió una correcta fundamentación al confirmar la Sentencia.


II.2. Del recurso de casación de Jhon Antony Bravo Jesús.


  1. El recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado en su punto III.2. de sus fundamentos, tendría tres hipótesis para sostener el agravio denunciado, como: la falta de fundamentación propiamente dicha, la motivación insuficiente, la motivación contradictoria y que el recurrente no identificó ninguna de estos aspectos; sin embargo, de la revisión de la apelación restringida, el recurrente denunció el art. 370 inc. 5) del CPP, por fundamentación insuficiente de la Sentencia, explicando por qué considera que concurre dicho defecto, situación que demostraría que el Auto de Vista es incorrecto.


  1. En el punto III.2. párrafo tercero del Auto de Vista impugnado, se reconoció dos hechos, el primero la autoría del recurrente y el segundo se trataría de una alegación incorrecta cuando se hizo referencia que el robo agravado no fuera el hecho reprochable, sin considerar que con dicho hecho ilícito se llegó a la conclusión de la existencia de una participación criminal.


  1. Denuncia que el Tribunal de alzada basó su decisión en la inexistencia de duda en la participación del recurrente en el hecho criminal; sin embargo, no se señala que prueba demostraría dicho extremo, cuando de la revisión de la Sentencia no se habría incorporado la prueba que identificaba a su persona, cuestionando como sería posible que se haga tal afirmación en alzada, invocando como precedentes los Autos Supremos 724/2004 de 26 de noviembre, 314/2006 de 25 de agosto, 242/2006 de 6 de julio, 14/2006 de 26 de enero, 82/2006 de 30 de enero, 349/2006 de 28 de agosto y 256/2006 de 26 de julio, relativos según el recurrente a la debida fundamentación.

   

III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se advierte que el 20 de marzo de 2019, los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado, interponiendo sus recursos de casación el 27 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1. Del recurso de casación de Robin Queny Torres Mendoza.


Como primer motivo traído en casación, el recurrente denuncia la errónea aplicación de la ley sustantiva respecto al delito de Asesinato en el grado de Tentativa, al no haberse calificado como Tentativa de Homicidio, describiendo conceptualizaciones, elementos constitutivos, teorías y diferencias entre ambos tipos penales, argumentando que el Tribunal de Sentencia en el considerando III fundamentó todo un acápite referente a la alevosía, pero cuestionó que no se habría considerado el acta de denuncia ni la entrevista informativa policial, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 251/2012 relativo según el recurrente a la errónea aplicación sustantiva y la defectuosa valoración probatoria; advirtiéndose que si bien señala precedente contradictorio, omite identificar el agravio incurrido por el Tribunal de alzada, en total incumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, al advertirse que sus cuestionamientos van dirigidos contra la Sentencia, pretendiendo que esta Sala Penal realice un nuevo control de legalidad que ya fue efectuado por el Tribunal de apelación, razones por las cuales se declara inadmisible este motivo.


En cuanto al segundo motivo de casación, el recurrente denuncia la violación de las reglas de la sana crítica con referencia a la errónea aplicación de la norma sustantiva, argumentando que el Tribunal de Sentencia y el Tribunal de apelación violentaron las reglas a la sana crítica como el principio de identidad y el principio de la razón suficiente, emergente de la equivocada concepción para establecer los hechos juzgados como si fuere Asesinato en grado de Tentativa, advirtiéndose que al margen de no invocar precedente alguno, tampoco identifica en forma clara el agravio incurrido por el Tribunal de apelación, pues los argumentos nuevamente son dirigidos contra la Sentencia en sentido de que se incurrió en vulneración a las reglas de la sana crítica, situación por la cual ante el incumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, se declara este motivo inadmisible, aun acudiendo a los criterios de flexibilización.


II.2. Del recurso de casación de Jhon Antony Bravo Jesús.


Con relación a los motivos primero, segundo y tercero de casación, el recurrente denuncia que el Auto de Vista en el punto III punto 2, fuese erróneo porque se sostuvo que no se identificó ninguna de las tres hipótesis del agravio previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, sin que fuese cierta dicha aseveración; también denuncia que dentro del mismo punto en su párrafo tercero, se reconoció la autoría del recurrente sin considerar como hecho reprochable el robo agravado; y, finalmente, cuestionó la inexistencia de duda cuando en Sentencia no se hubiese incorporado la prueba que identificaría a su persona, invocando como precedentes los Autos Supremos 724/2004 de 26 de noviembre, 314/2006 de 25 de agosto, 242/2006 de 6 de julio, 14/2006 de 26 de enero, 82/2006 de 30 de enero, 349/2006 de 28 de agosto y 256/2006 de 26 de julio, relativos según el recurrente a la debida fundamentación. Advirtiéndose que el recurrente no identifica de forma clara la contradicción incurrida del Tribunal de alzada con sus precedentes, pues en los tres motivos se limita a realizar una serie de cuestionamientos sobre diferentes partes del Auto de Vista impugnado, en sentido que fuese erróneo y que no fuese cierto lo plasmado en alzada, sin que de forma fundamentada alegue una falta de fundamentación, conforme invoca en sus precedentes, por lo que ante el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, y considerando la falta de técnica recursiva y argumentativa del recurrente se declara estos motivos en inadmisibles, aun acudiendo a los criterios de flexibilización.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Robin Queny Torres Mendoza (fs. 241 a 249 vta.), y Jhon Antony Bravo Jesús (fs. 263 a 266).


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado

Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela