TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 433/2019-RA

Sucre, 17 de junio de 2019



Expediente                : La Paz 41/2019

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Emilio Paniagua Monasterios

Delito                : Violencia Familiar o Doméstica.


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de febrero de 2019, cursante de fs. 269 a 272; Emilio Paniagua Monasterios, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 83/2018 de 28 de septiembre, de fs. 248 a 251 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Cristian Ticona Cortez contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, prevista y sancionada por el art. 272 bis nums. 1 y 2 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 16/2016 de 24 de noviembre (de fs. 215 a 223), el Juzgado de Sentencia Primero Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró Emilio Paniagua Monasterios, autor de la comisión del delito previsto por el art. 272 bis nums. 1 y 2 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, con costas, daños y perjuicios a favor de la víctima.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el acusado Emilio Paniagua Monasterios (fs. 228 a 231), formuló recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 83/2018 de 28 de septiembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedente el recurso confirmando la Sentencia impugnada.


  1. Notificada la parte recurrente con el referido Auto de Vista y su Complementario el 27 de febrero de 2019 (fs. 273), interpuso el recurso de casación sujeto a análisis en la misma fecha.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


El recurrente interpone recurso de casación bajo los fundamentos de que el Auto de Vista impugnado, no respondió de manera fundamentada a la apelación sobre los motivos de hecho y derecho conforme al art. 398 del CPP, con relación a la defectuosa valoración de la prueba y la aplicación defectuosa de la Ley, atinando simplemente a inferir que no se habría identificado defecto alguno en función del art. 370 del CPP, lo que resulta ser falso al haber claramente establecido el defecto del art. 370 num. 6 del CPP, no habiendo sido enmendados o encaminados los argumentos legales expuestos, negándose nuevamente una invocación justa y legal. Invoca los Autos Supremos 125/2017 de 21 de febrero, 655/2017-RRC de 31 de agosto y 768/2017 de 5 de octubre.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El derecho de Impugnación encuentra su fundamento en el art. 180 par. II de la Constitución Política del Estado, el cual establece el derecho a recurrir toda decisión judicial dentro un determinado proceso sometido a juzgamiento por la justicia ordinaria. En el mismo sentido el art. 394 del Código de Procedimiento Penal ha establecido el derecho a recurrir los fallos judiciales por quien le corresponda y le esté permitido por ley.


En este contexto, el art. 416 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, también asumido en el Auto Supremo Nº 118/2015-RRC de 24 de febrero, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y su Complementario el 27 de febrero de 2019, interponiendo su recurso de casación en la misma fecha, de modo que el recurso fue interpuesto dentro el plazo de los cinco días hábiles que otorga la Ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


El recurrente refiere que el Auto de Vista no respondió de manera fundamentada a la apelación sobre los motivos de hecho y derecho conforme al art. 398 del CPP, con relación a la defectuosa valoración de la prueba y la aplicación defectuosa de la Ley, no habiendo sido enmendados o encaminados los argumentos legales expuestos, negándose nuevamente una invocación justa y legal.


Al respecto, en el recurso de casación se invocaron los Autos Supremos 125/2017 de 21 de febrero, 655/2017-RRC de 31 de agosto y 768/2017 de 5 de octubre, citando lo que el recurrente considera como doctrina legal aplicable a la problemática planteada, pero si bien el recurrente cumplió con la labor de señalar los precedentes ordinarios de acuerdo al art. 416 del CPP, no se evidencia en el recurso el planteamiento de la contradicción pretendida entre los Autos Supremos con el Auto de Vista recurrido, siendo que la obligación de establecer la contradicción en términos claros y precisos es un imperativo preceptuado por el art. 417 del Código Adjetivo Penal; caso contrario, no es posible que el Tribunal de casación en el fondo realice la labor de contrastación, no pudiendo tal omisión ser suplida de oficio o deducir lo que el recurrente quiso establecer en el recurso de casación, por lo que resulta inadmisible el recurso interpuesto.

 




POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Emilio Paniagua Monasterios, de fs. 269 a 272.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Firmado

Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela