TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 367/2019-RA

Sucre, 16 de mayo de 2019


Expediente                : Tarija 32/2019

Parte Acusadora       : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Aloisio Machado Costa Reis y otros

Delito                : Contratos Lesivos al Estado


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 4 de enero de 2019, cursantes de fs. 4852 a 4856 vta.; y, de fs. 4864 a 4867 vta., Jazmine Romero Mendoza en representación de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y Luis Fernando Ortiz defensor de oficio de Aliosio Machado Costa Reis, respectivamente interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 95/2018 de 24 de diciembre de 2018, de fs. 4827 a 4834 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Administradora Boliviana de Carreteras en contra de Aloisio Machado Costa Reis, José María Francisco Bakovic Turigas, Luís Humberto Landivar Pereira y Oscar Eloy Catoira Montaño, por la presunta comisión del delito de Contratos Lesivos al Estado, previsto y sancionado por el art. 221 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 18/2015 de 7 de diciembre (fs. 4657 a 4676), el Tribunal de Sentencia Único de Villamontes del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Aloisio Machado Costa Reis, culpable de la comisión del delito de Contratos Lesivos al Estado, previsto y sancionado por el art. 221 del CP, imponiendo la pena de 3 años de reclusión y la inhabilitación de realizar y firmar contratos con el Estado por el lapso de 5 años, más el pago de costas en razón a  Bs. 1500 a favor del Estado, que deberá ser cancelado en el plazo de 5 días desde la ejecutoria de la Sentencia.

  1. Contra la referida Sentencia, Luis Fernando Ortiz defensor de oficio del imputado Aloisio Machado Costa Reis (fs. 4705 a 4716 vta.) y la representación de la ABC (fs. 4779 a 4783 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 95/2018 de 24 de diciembre (fs. 4827 a 4834 vta.), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso interpuesto por el defensor del imputado Aloisio Machado Costa Reis y confirmó la Sentencia apelada. Asimismo, declaró con lugar parcialmente el recurso de la ABC, por lo que revocó en parte el Auto Interlocutorio con relación al incidente de extinción de la acción penal por prescripción, disponiendo la prosecución de la causa en contra de Luis Humberto Landivar Pereira y Oscar Eloy Catoira Montaño.


  1. Por diligencias de 27 de diciembre de 2018 (fs. 4835 vta., y 4839 vta.), fueron notificadas las partes recurrentes con el Auto de Vista recurrido y el 4 de enero de 2019 interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los memoriales de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Del recurso de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración Boliviana de Carreteras.


  1. Previa mención de hechos procesales, como primer agravio refiere que ante su denuncia referida a que la Sentencia carecía de fundamentación incurriendo en los defectos del art. 370 inc. 2), 3) y 5) del Código de Procedimiento Penal (CPP), debido a que no existió una correcta individualización respecto a cada uno de los imputados, el Auto de Vista impugnado ausente de fundamento señaló que al haberse declarado la extinción de la acción penal por prescripción de los imputados Luis Humberto Landivar Pereira y Oscar Eloy Catoira Montaño no se efectuó en la sentencia la individualización, por lo que desestimó el reclamo. Añade que “EL DEFECTO DE SENTENCIA 370 INC 3) DEL CPP DENUNCIADO EN RECURSO DE APELACION.- vulnera el Art. 398 del CPP” (sic), y que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en el fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano, por lo que “solicito para este agravio por incorrecta y defectuosa valoración de prueba, en su caso para la admisión se apliquen los supuestos de flexibilización” (sic); puesto que, el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista impugnado sólo tomó en cuenta de manera sesgada la prueba, sin expresar que cuando se entregó la obra todavía no fue creada la Administradora Boliviana de Carreteras, resultándole evidente la vulneración a la garantía del debido proceso, en su vertiente derecho a un fallo fundamentado, “Solicitando que verificado el agravio de ausencia absoluta de fundamentación se deje sin efecto el referido Auto de Vista”; en cuyo efecto, invoca los Autos Supremos 438 de 15 de octubre de 2005 y 53/2012 de 22 de marzo.


  1. Por otra parte, manifiesta que ante su denuncia referida a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes, no acreditados y en defectuosa valoración de la prueba “Art. 370 Num 1 y 6 del CPP” (sic), el Auto de Vista impugnado omitió resolver de manera fundamentada, aspecto que vulnera el debido proceso en su vertiente derecho a una resolución fundamentada; por cuanto, no ejerció su deber de control de la valoración de la prueba referente al “acta de entrega definitiva del proyecto túnel falso de Alarache que fue en el año 2005, que en el SNC Residual en el 2012 a través del DS 1275 entrega al Ministerio de Obras Públicas los procesos judiciales, administrativos y arbitrales” (sic), que evidenciaría que la Administradora Boliviana de Carreteras no puede constituirse en víctima cuando la entrega de la obra fue anterior a su creación o a su existencia. Al respecto, invoca el Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006.


II.2. Del recurso de Luis Fernando Ortiz abogado defensor de oficio del imputado Aliosio Machado Costa Reis.

  1. Manifiesta que el Auto de Vista impugnado respecto a la exclusión probatoria señaló que fue rechazada porque no se habría acreditado qué garantía se hubiere violentado, cuando manifestó, que por el tiempo, la forma y la naturaleza del acto que dio origen al informe pericial, su defendido no pudo objetar los resultados, ni la idoneidad del perito, menos pudo señalar otros puntos de pericia;  ya que, su defendido era testigo y no imputado, constituyendo violación al derecho a la defensa protegido por el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración de los Derechos Humanos, formalidad que puede ser superada por el principio de verdad material.


  1. Refiere el recurrente que el Auto de Vista impugnado respecto a la falta de fundamentación de la prueba PDA1 que liberaba a su defendido de la obligación de la construcción del túnel falso, señaló que Aloisio Machado estaba en la zona, que tenía conocimiento y conocía sobre lo “adecuado” (sic), cuando lo que buscaba su persona era establecer que no se valoró la prueba aportada por su defendido, que acreditaba que la cuarta adenda lo liberó de toda responsabilidad; ya que, se había devuelto la totalidad del monto recibido más un monto adicional a favor del Estado. Añade que quedó demostrado que el elemento subjetivo del delito de Contratos Lesivos debe pasar por verificar “A SABIENDAS” que surge de algún hecho material que acredite que el derrumbe ocurriría después y no apoyarse en suposiciones como “estaba en la zona”, “conocía la zona”, “conocía la solución para los derrumbes”.


  1. Asevera el recurrente que el Auto de Vista impugnado declaró sin lugar su reclamo concerniente a la errónea aplicación e inobservancia, cuando lo que trataba era establecer que su defendido no cometió el delito de Contratos Lesivos al Estado; puesto que, el propio razonamiento no se refirió al tipo penal, sino se basó en un resultado posterior, sin observar que el delito no es de resultado; además, el resultado de los derrumbes y la sobrecarga que provocó el colapso del túnel no dependía de la voluntad de su defendido, fundándose la condena en el elemento “a sabiendas” que nada tiene que ver con el tipo penal que admite dos momentos: uno el acto previo o pasado; es decir, saber sobre la consecuencia dañosa; y, dos el acto de presente, como la firma de un contrato que sabe de lo dañoso, no existiendo un tercer momento futuro; no obstante, en la vigencia del contrato tachado de lesivo se devolvió el monto más una suma para la construcción de las partes dañadas por el colapso del túnel, liberándose a Queiroz Galvarro de dicha obligación; además, que toda la prueba estaba destinada a probar la comisión de delitos por servidores públicos, sin describir la acusación cuál la conducta de su defendido, por lo que no se pudo establecer actos que prueben la comisión del delito endilgado, habiéndose incurrido en tres contradicciones: a) la condena debido a que nunca se pudo establecer que los fenómenos naturales iban a ocasionar en la obra que fue realizada como el Estado por medio de su órgano ejecutor SCN y prefectura, no pudiendo forzar responsabilidad a su defendido por el derrumbe de una montaña que colapsó una parte del túnel, no existiendo lesividad; ya que, se devolvió la totalidad de lo cobrado más un monto adicional; b) en ninguna parte del proceso existe prueba que acredite o le haga presumir que los informes fueron conocidos por su defendido, cuando por el contrario se acreditó a quienes estaba dirigido los oficios e informes; no obstante, se alegó que la construcción de Pilotes Raíces Queiroz Galvarro rechazó por el costo y el peligro, aspecto que no pude ser interpretado arbitrariamente como una conminatoria para que los dueños de la obra decidan, cuando podían elegir entre cualquier empresa; y, c) el Tribunal señaló que su defendido aún siendo conocedor de los riesgos y la falta de previsión estampó su firma en la minuta.


Al respecto cita los Autos Supremos 060/2007 de 27 de enero, 337/2010 de 1 de julio, 342/2006 de 28 de agosto y 380 de 7 de agosto de 2003 y las Sentencias Constitucionales 1691/2004 de 18 de octubre, 600/03-R de 6 de mayo, 418/00-R de 2 de mayo, 1276/01 de 5 de diciembre y 193/06-R de 20 de junio.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 27 de diciembre de 2018, interponiendo los recursos de casación el 4 de enero de 2019, respectivamente; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la Ley; ello en razón, de que el 1 de enero de 2019 fue declarado feriado nacional por año nuevo; en consecuencia, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el primer párrafo del art. 417 del CPP, corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1. Del recurso de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración Boliviana de Carreteras.


Respecto al primer motivo, la parte recurrente incurre en una confusión; por cuanto, por una parte reclama que ante su denuncia referida a que la Sentencia carecía de fundamentación habiendo incurrido en los defectos del art. 370 inc. 2), 3) y 5) del CPP, el Auto de Vista impugnado ausente de fundamento desestimó el reclamo; lo que implicaría que incurrió en una insuficiente fundamentación; por otra parte, refiere que la Resolución recurrida incurrió “para este agravio por incorrecta y defectuosa valoración de prueba” (sic), también señala, que el Auto de Vista impugnado tomó en cuenta de manera sesgada la prueba sin expresar que cuando se entregó la obra todavía no fue creada la Administradora Boliviana de Carreteras, lo que denotaría que el fallo recurrido habría incurrido en una insuficiente fundamentación; y, finalmente refiere “ausencia absoluta de fundamentación” lo que implicaría una incongruencia omisiva; fundamentos, que en definitiva se contradicen; por cuanto, una cosa es cuestionar que el Auto de Vista incurrió en insuficiente fundamentación, lo que implica que sí emitió respuesta; empero, no motivada; otra cuestionar, ausencia absoluta de fundamentación, lo que denotaría que no hubiere emitido respuesta alguna, incurriendo en una incongruencia omisiva; y, otra sostener, la incorrecta y defectuosa valoración de prueba; en consecuencia, la referida confusión en la fundamentación del motivo de casación en la que incurrió la recurrente, impide que este Tribunal pueda ejercer su labor encomendada por ley, a través de la comparación del Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados, al no tenerse claro el motivo denunciado en la fundamentación sujeta a confrontación.


Por otra parte, si bien la recurrente denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso; no obstante, al no tenerse claro el motivo denunciado por la confusión en la que incurrió, se tiene que no cumplió ni con los presupuestos de flexibilización, deviniendo el presente motivo en inadmisible.


En cuanto al segundo motivo, en el que reclama que el Auto de Vista impugnado ante su denuncia referida a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes, no acreditados y en defectuosa valoración de la prueba, no resolvió de manera fundamentada; por cuanto, no ejerció su deber de control de la valoración de la prueba, que evidenciaría que la Administradora Boliviana de Carreteras no podía constituirse en víctima; la parte recurrente, invocó el Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006, que establecería que las resoluciones para ser válidas deben ser motivadas, explicando a título de contradicción que el Auto de Vista impugnado resulta contrario, al no fundamentar respecto a la prueba reclamada, por cuanto, no ejerció su deber de control de la valoración probatoria; advirtiéndose en consecuencia en la fundamentación del presente motivo, que la recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en tal sentido cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que deviene en admisible.


II.2. Del recurso de Luis Fernando Ortiz abogado defensor de oficio del imputado Aliosio Machado Costa Reis.


Con relación al primer motivo, en el que manifiesta que el Auto de Vista impugnado respecto a la exclusión probatoria señaló que fue rechazada; por cuanto, no se habría acreditado qué garantía se hubiere violentado, cuando su persona manifestó que, por el tiempo, la forma y la naturaleza del acto, su defendido no pudo objetar los resultados, ya que era testigo y no imputado, constituyendo violación al derecho a la defensa. De los argumentos expuestos, se infiere que la denuncia deviene de una cuestión incidental, que conforme afirma el recurrente fue resuelta por el Auto de Vista impugnado, lo que no es recurrible vía casación; por cuanto, los reclamos sobre cuestiones incidentales dilucidadas en el transcurso de la tramitación del proceso penal, conforme prevé el art. 403 inc. 2) del CPP, tienen como medio impugnatorio el recurso de apelación incidental, del que surge una decisión definitiva, cuando menos en la vía ordinaria, sin que resulte viable el recurso de casación como medio idóneo para revisar lo resuelto por el Tribunal de alzada; habida cuenta, que la apertura de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, está delimitada para conocer los reclamos contra Autos de Vista que resuelven apelaciones restringidas contra Sentencias y no contra Resoluciones que resuelven apelaciones sobre cuestiones incidentales; en consecuencia, no se apertura la competencia de este Tribunal aún se alegue la vulneración de derechos o garantías, situación por la que el motivo en cuestión deviene en inadmisible.


En cuanto, a los motivos segundo y tercero en los que refiere que el Auto de Vista impugnado: i) respecto a la falta de fundamentación de la prueba PDA1, señaló que no era evidente, cuando lo que buscaba su persona era establecer que no se valoró la prueba aportada por su defendido; además, que no concurrió el elemento subjetivo del delito endilgado; y, ii) declaró sin lugar su reclamo concerniente a la errónea aplicación e inobservancia, cuando lo que trataba, era establecer que su defendido no cometió el delito que se fundó en el elemento “a sabiendas” que nada tiene que ver con el tipo penal que admite dos momentos, y no un tercer momento futuro; además, que toda la prueba estaba destinada a probar la comisión de delitos por servidores públicos, no describiendo la acusación cuál la conducta de su defendido, por lo que no se pudo establecer actos que prueben la comisión del delito, incurriéndose en tres contradicciones, se evidencia que el recurrente invocó los Autos Supremos 060/2007 de 27 de enero, 337/2010 de 1 de julio, 342/2006 de 28 de agosto y 380 de 7 de agosto de 2003; sin embargo, se limitó a citarlos, no observándose el trabajo de contraste con ninguno; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con mencionar los Autos Supremos, sino que correspondía a la parte recurrente, explicar por qué considera que el Auto de Vista impugnado contradijo los entendimientos de los precedentes invocados, para que con esos insumos este Tribunal pueda verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en los presentes motivos.


También invocó las Sentencias Constitucionales 1691/2004 de 18 de octubre, 600/03-R de 6 de mayo, 418/00-R de 2 de mayo, 1276/01 de 5 de diciembre y 193/06-R de 20 de junio; no obstante, en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, las mismas no tienen la calidad de precedentes contradictorios, constituyendo tales únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida que no hayan sido dejados sin efecto ante la formulación de un recurso de casación y los Autos Supremos donde se establezca o ratifique doctrina legal aplicable emitidos por las Salas Penales; no siendo válido, el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita de precedente y explicación de contradicción que exige la ley.

Por los argumentos expuestos, se tiene que los motivos en análisis, no cumplieron con el segundo párrafo del art. 417 del CPP ni con los presupuestos de flexibilización, que fueron establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto; toda vez, que el recurrente no precisó qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados con la emisión del Auto de Vista que es la que se recurre de casación, tampoco detalló con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos, que no pueden ser presumidos por este Tribunal, situación por la que los motivos en cuestión devienen en inadmisibles.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Jazmine Romero Mendoza en representación de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administradora Boliviana de Carreteras de fs. 4852 a 4856 vta.; únicamente para el análisis de su segundo motivo; e, INADMISIBLE el recurso de casación de Luis Fernando Ortiz abogado defensor de oficio del imputado Aliosio Machado Costa Reis, de fs. 4864 a 4867 vta. Asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del referido artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado

Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela