TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 365/2019-RA

Sucre, 16 de mayo de 2019


Expediente             : Santa Cruz 31/2019

Parte Acusadora    : Ministerio Público y otro

Parte Imputada     : Olegorio Yave Cardozo

Delito                      : Avasallamiento


RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 de enero de 2019, de fs. 291 a 302, Olegario Yave Cardozo, interpone recurso de casación contra el Auto de Vista 68 de 7 de noviembre de 2018, de fs. 279 a 287 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Eleudoro Mamani Quispe contra el recurrente por el delito de Avasallamiento en grado de complicidad, previsto y sancionado en el art. 351 bis en relación al art. 23 del Código Penal (CP).

 

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


  1. Por Sentencia 16 de 16 de marzo de 2018 (fs. 236 a 243 vta.), el Tribunal de Sentencia Sexto del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Olegario Yave Cardozo autor y culpable de la comisión del delito de Avasallamiento en grado de complicidad, conforme lo descrito en los arts. 351 y 23 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, más el pago de costas averiguables en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Yave Cardozo promovió recurso de apelación restringida (fs. 246 a 258), resuelto por Auto de Vista 68 de 7 de noviembre de 2018, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso, a cuyo resultado la sentencia de mérito fue confirmada.


  1. El 2 de enero de 2019, como informa diligencia de fs. 290, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado; siendo que, el 7 del mismo mes y año, presentó el recurso de casación que es objeto del actual análisis de admisibilidad.


II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


El recurrente, considera que el Auto de Vista que impugna vulneró el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), calificándolo como una resolución incongruente a los hechos denunciados, alegando además no se tuvo en cuenta  su condición de ser de la tercera edad; con esos antecedentes, plantea como motivos de su recurso:


  1. En el recurso de apelación restringida esbozó cuatro motivos referidos a la falta de fundamentación de la sentencia; falta de valoración adecuada de las pruebas; errónea aplicación de la ley sustantiva; y, que la sentencia se basase en hechos inexistentes o no acreditados. Considera que el Auto de Vista impugnado, no brinda respuesta a esos motivos, sino “por el contrario de forma puntual refiere a otros aspectos” (sic); afirma que tal aspecto puede corroborarse a simple lectura.


Agrega que el Tribunal de apelación tampoco “se pronunció, respondió o motivó su rechazo sobre los hechos fácticos puntualmente descritos” (sic). Explica que la sentencia basó su culpabilidad concluyendo que a partir de una condición (carpidor), prestó cooperación para que terceros avasallasen propiedades; con ese antecedente -menciona- que puso a consideración del Tribunal de alzada: i) que no existieron testigos que indiquen que su persona haya invadido u ocupado el terreno; ii) si se tiene presente que se concluyó que su persona ingresó como carpidor el Tribunal de  apelación por el contrario afirmó que su persona era casero sin mediar prueba de esa condición; iii) la participación de guaraníes no fue probada como tampoco que su persona tuviese relación con alguno; iv) el reclamo sobre la apreciación subjetiva de los hechos por parte del Tribunal de origen, pues si bien afirmó que los denunciantes fueran propietarios, a lo largo del juicio no fueron acreditados ni su derecho propietario ni su posesión, al extremo de haber sostenido ellos mismos que no inscribieron su derecho en registros públicos; v) expuso que “el hecho de haber sido contratado para carpir uno de los lotes por parte de los otros acusados…no constituye delito, puesto que…no ayudó en forma anterior a cometer el delito de avasallamiento y menos tuvo alguna promesa anterior para obtener algún provecho” (sic).


Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 176/2015-RRC de 12 marzo, argumentando que el Auto de Vista recurrido, no se pronunció sobre los puntos reclamados en apelación restringida, cuando la orientación jurisprudencial del precedente ordenase pronunciarse sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, sin argumentaciones evasivas.

  1. Sostiene que el Tribunal de alzada interpretó subjetivamente el segundo motivo de apelación restringida, amparándose en su imposibilidad de valoración de pruebas. Considera que en ningún momento pretendió un acto de esa índole, sin embargo, ese Tribunal no puede dejar de pronunciarse sobre su reclamo en torno a que “el Ministerio Público no ofreció las pruebas al momento de presentar su acusación…sino que lo hace a los 90 días y a pedido de conminatoria del Tribunal” (sic), hecho que vulnerase la última parte del art. 172 del CPP, en relación al art. 340 núm. 1) de la misma norma procesal, derivando en un defecto absoluto no susceptible de convalidación, en vulneración de los arts. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).


  1. Errónea aplicación de la Ley sustantiva, art. 351 bis con relación al art. 23 ambos del CP, manifestando que lo concluido por el Tribunal de apelación en sentido que no existiese ningún defecto de la sentencia, puesto que “indica que [su] persona ingresaba a los terrenos como carpidor, sabiendo que eran ajenos” (sic), es cuestionada por el recurrente manifestando que su persona es indicó que su actividad laboral fue la de carpir “no significa que exista un acuerdo previo” (sic).


Añade que los de apelación incurrieron en error en la concreción del tipo penal,                                                  dado que el Tribunal de sentencia, no expuso cuál de los dos supuestos contenidos en el art. 23 del CP, era el aplicable al caso concreto; tampoco se expresó cuál la relación de complicidad “con la acción o verbo rector del tipo penal de avasallamiento” (sic); reitera que no se tomó en cuenta la inexistencia de testigos, ni que la documentación presentada por el querellante no demuestra derecho de propiedad o posesión.


Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 451/2007 de 13 de septiembre, que reconociese dos variantes de complicidad, sin embargo “el tribunal no fundamentó, menos determinó en que consiste la supuesta complicidad, no estableció los hechos…que den la certeza que [su] complicidad sea primaria o secundaria” (sic).


  1. “El Auto de Vista convalida hechos inexistentes o no acreditados e incurre en valoración defectuosa de la prueba” (sic). Sobre la valoración inherente a la inspección judicial, considera el recurrente que de ese acto debió verificarse “la existencia del inmueble, las condiciones del mismo y…que el mismo no fue invadido y menos se encontraba ocupado por [su] persona” (sic), empero las consideraciones relativas expuestas en el Auto de Vista impugnado (la inspección judicial fue valorada como tal) son arbitrarias e ilegales, más cuando “el terreno se encuentra bajo el dominio del propio denunciante, ya que no existe ningún reclamo en la inspección” (sic). 


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del Código Procesal de la Materia, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En torno al cumplimiento de los tiempos contemplados en el art. 417 del CPP, se tiene que el Auto de Vista impugnado fue notificado al recurrente el 2 de enero de 2019, como resalta diligencia sentada a fs. 290, y el memorial del recurso fue presentado el 7 del mismo mes y año, es decir, dentro de los cinco días previstos en esa norma.


En el primer motivo del recurso, se acusa contradicción al Auto Supremo 176/2015-RRC de 12 marzo, argumentando que el Auto de Vista recurrido, no se pronunció sobre los puntos reclamados en apelación restringida; sin embargo, teniendo presente que tal precedente declaró infundado el correspondiente recurso de casación, un eventual análisis de contradicción se vería impedido, más cuando teniendo presente que en el marco del art. 420 del CPP, “La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, haciendo que este motivo sea inadmisible.


En el segundo motivo, se cuestiona al Tribunal de alzada, sobre el abordaje y tratamiento del reclamo sobre el ofrecimiento extemporáneo de prueba por el Ministerio Público, denunciándose la afectación de la última parte del art. 172 del CPP en relación al art. 340 num. 1) de la misma norma procesal; aspectos sobre los que la Sala tiene presente lo expuesto por él recurrente, que resulta insuficiente, al no dejar de ser una expresión de queja no compatible ni a los parámetros de los arts. 416 y ss del CPP, pues no se invocaron precedentes contradictorios, como a la par, hacia una eventual flexibilización de requisitos procesales en un supuesto de lesión de derechos y garantías constitucionales, si bien se alega vulneración los arts. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), no se brindó una argumentación que brinde datos suficientes sobre la afectación de un derecho en específico que viabilice la apertura extraordinaria de competencia en casación.


Sobre el tercer motivo, en el que se argumenta la errónea aplicación de la Ley sustantiva, art. 351 bis con relación al art. 23 ambos del CP, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 451/2007 de 13 de septiembre, y reclamando que “no fundamentó, menos determinó en que consiste la supuesta complicidad, no estableció los hechos…que den la certeza que [su] complicidad sea primaria o secundaria” (sic); la Sala considera que la situación de hecho similar y la contradicción exigida por los arts. 416 y 417 del CPP, han sido cumplidas, en sentido de delinear una eventual contradicción sobre la carga argumentativa dispuesta desde el citado Auto Supremo y las consideraciones que sobre el tópico en particular  brindó el Auto de Vista impugnado, a cuya consecuencia este motivo será declarado admisible.


En el cuarto motivo, el recurrente, en torno al valor y tratamiento brindado al acto de inspección judicial señalo que el Auto de Vista convalidó hechos inexistentes o no acreditados e incurrió en valoración defectuosa de la prueba; siendo que, de ahí, la Sala comprende que los requisitos de admisibilidad para la apertura de competencia en casación han sido incumplidos. No solo la manifestación de la situación de hecho similar que se plantee contradictoria, exigida por los arts. 416 y ss del CPP, no fue cumplida, pues no se invocó el entendimiento comprendido en una determinada resolución anterior (sea Auto de Vista o Auto Supremo) que contenga la forma o el sentido jurídico con el que una determinada situación de hecho (fáctica o procesal) se espere sea tratada. En autos, la argumentación sobre la contradicción pretendida es inexistente, teniendo presente que la sola presencia de desarreglos, no abastece los requerimientos antes precisados.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por Olegario Yave Cardozo, saliente en memorial de fs. 291 a 302, únicamente para el análisis de fondo del tercer motivo. En cumplimiento del art. 418 en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas; el Auto de Vista impugnado, así como la presente Resolución.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela