TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 362/2019-RA

Sucre, 16 de mayo de 2019


Expediente                : La Paz 33/2019

Parte Acusadora       : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Teodocio Hilari Hilasaca

Delito                : Lesiones Graves y Leves


RESULTANDO


Por memorial presentado el 17 de enero de 2019, cursante de fs. 380 a 384 vta., Teodocio Hilari Hilasaca, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 68/2017 de 1 de diciembre, de fs. 358 a 362 vta., y su Auto Complementario de 5 de abril de 2018 de fs. 369 y vta., pronunciados por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Prudencia Coaquira de Choquehuanca en contra del recurrente, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 5/2016 de 29 de febrero (fs. 314 a 318), el Juez de Sentencia Tercero en lo Penal de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Teodocio Hilari Hilasaca, autor y culpable de la comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 párrafo segundo del CP, imponiendo la pena de 6 meses de reclusión, más el pago de costas y reparación de daños, siendo beneficiado con el perdón judicial.

  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Teodocio Hilari Hilasaca interpuso recurso de apelación restringida (fs. 325 a 326 vta.), que previo memorial de subsanación (fs. 350 a 351), fue resuelto por Auto de Vista 68/2017 de 1 de diciembre (fs. 358 a 362 vta.), emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró procedente en parte el recurso planteado; en consecuencia, revocó la Sentencia apelada y al amparo del art. 414 del Código de Procedimiento Penal (CPP), declaró a Teodocio Hilari Hilasaca, autor de la comisión del delito previsto por el art. 271 del CP con la modificación de la Ley 369, imponiendo la pena de 1 año de trabajos comunitarios a ser supervisado por el Juez de Ejecución Penal de El Alto, con costas y reparación del daño; notificada con tal determinación la acusadora particular Prudencia Coaquira de Choquehuanca solicitó explicación, complementación y enmienda (fs. 367 y vta.), que fue resuelto por Auto de Complementación de 5 de abril de 2018 (369 y vta.).


  1. Por diligencia de 14 de enero de 2019 (fs. 377), fue notificado el recurrente, con el Auto de Vista impugnado y el 17 del mismo mes y año interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente reclama, que respecto a su primer motivo de apelación restringida concerniente al defecto de sentencia previsto por el art. 370 núm. 1) del CPP, el Auto de Vista impugnado violó derechos y garantías constitucionales como la seguridad jurídica, legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva, por cuanto, lo confundió de víctima a agresor, aspecto que el Ministerio Público y la acusadora particular dolosamente hicieron aparecer, cuando su persona fue el agredido ante la brutal golpiza sufrida por la acusadora, existiendo una falta de individualización de su responsabilidad penal, pues el hecho de que la acusadora haya presentado primero la querella no la hace víctima. Al respecto invoca los Autos Supremos 236/2007 de 7 de marzo, 316/2006 de 28 de agosto, 431/2006 de 11 de octubre y 326/2012 de 12 de noviembre.


  1. Refiere que como segundo motivo de apelación restringida, el defecto de sentencia previsto por el art. 370 núm. 2) del CPP; no obstante, el Auto de Vista impugnado omitió mencionar los hechos tipificados respecto a su persona, incurriendo en una fundamentación incongruente, al señalar por una parte que el Juez de Sentencia analizó las pruebas presentadas por la acusadora particular entre ellas el certificado médico forense y por otra parte, afirmó que su persona fue agredido dos veces el 10 de octubre, la primera en la ex tranca de Rio Seco y la otra en la comunidad de Ockhola Sisasani; entonces, se pregunta, quién realmente fue agredido, aspecto que vulnera sus derechos y garantías a la seguridad jurídica, legítima defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso y presunción de inocencia; en cuyo efecto, invoca el Auto Supremo 326/2012 de 12 de noviembre.


  1. Por otra parte, denuncia que respecto al tercer motivo de su apelación restringida referida al defecto de sentencia previsto por el art. 370 núm. 3) del CPP, el Auto de Vista impugnado se limitó a establecer que su persona “solo realizo una sucinta y precisa vinculación entre los derechos fundamentales invocados como violados, y cual la actividad judicial desarrollada por el tribunal a quo”, omisión que no podía asumir. Al respecto, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 64/2018-S4.


  1. Agrega que como cuarto motivo de apelación restringida acusó el defecto de sentencia previsto por el art. 370 núm. 5) del CPP; sin embargo, el Auto de Vista recurrido de manera sesgada alegó que no fue sentenciado bajo las leyes vigentes, en cuyo efecto aplicando la Ley 369, cambió la Sentencia de seis meses de reclusión a un año de trabajo comunitario, aspecto que vulnera el debido proceso previsto por los arts. 115, 116, 117, 180, 67 de la Constitución Política del Estado (CPE), por cuanto, el Tribunal de alzada se apartó de la aplicación de los principios de favorabilidad, interpretación más favorable y subsanación, resultando contrario al Auto Supremo 99/2011 de 25 de febrero.


  1. Manifiesta que respecto a su reclamo referente al defecto de sentencia previsto por el art. 370 núm. 6) del CPP, y ante la existencia de dos certificados médicos forenses, uno de la acusadora particular y otro de su persona, sólo se consideró el primer certificado, cuando los arts. 13 del CPP y 180 de la CPE establecen la igualdad de las partes. Añadie, “el Auto de Vista, Resolución N° 68/2017 de fecha 01 de diciembre de 2017, pronunciada por los señores Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, motivo de casación, es que la prueba incorporada al juicio DEBE SER VALORADA CORECTAMENTE, siendo que los Tribunales deben ASIGNAR EL VALOR A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA INCORPORADOS AL JUICIO, o cuando menos verificar que el tribunal que emitió la sentencia en primera instancia no hubieran actuado bajo los parámetros que la sana crítica debe estar enmarcada es decir a cabalidad con la correcta aplicación de los elementos que conforman la sana crítica misma que no debe ser discrecional y tomando en cuenta en específico la razonabilidad y la logicidad”. Citando el Auto Supremo 99/2011 de 25 de febrero, afirma, que no se realizó una valoración integral de la prueba resultándole injusta y arbitraria la Sentencia condenatoria basada en hechos no acreditados e incurriendo en valoración defectuosa de la prueba, constituyendo defecto absoluto insubsanable que reclamó en su momento por medio de un incidente con referencia a la inadecuada subsunción de la conducta al tipo penal y ante la falta de elementos constitutivos del tipo penal, aspecto que tiene respaldo en el Auto Supremo 236/2007 de 7 de marzo, resultándole favorable, que atenta sus derechos a la defensa, igualdad y principio de objetividad, previstos por los arts. 67, 115, 116, 117, 180 de la CPE, haciendo aplicable el indubio pro reo en su favor.


  1. Añade que ante su reclamo concerniente al defecto de sentencia previsto por el art. 370 núm. 8) del CPP, el Auto de Vista estableció que el Juez de mérito valoró las pruebas bajo la sana crítica, que su persona no había realizado una adecuada vinculación entre los derechos fundamentales invocados como violados y cuál la actividad judicial desarrollada por el Tribunal de Sentencia, aspecto que omite la aplicación de los principios que rigen para su caso, -pues es obligación-, de la autoridad jurisdiccional su correcta aplicación relativo a los principios de la aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales, reconocidos en la Sentencia Constitucional Plurinacional 64/2018-S4, así como los principios pro persona que se vincula al principio pro homine, y congruencia como parte del debido proceso, en cuyo efecto cita la Sentencia Constitucional 1009/2003-R de 18 de julio.


  1. Finalmente manifiesta, que en relación al séptimo motivo de apelación concerniente al defecto de sentencia previsto por el art. 370 núm. 10) del CPP, el Tribunal de alzada ingresó en una rigurosidad al señalar que el Juez de Sentencia no utilizó leyes vigentes para dictar sentencia, por lo que la modificó, añadiendo que los argumentos eran suficientes, mencionando Autos Supremos que serían aplicables al caso concreto, lo que a su criterio evidencia que no existe uniformidad en los precedentes contradictorios. Al respecto, invoca el Auto Supremo 131/2005 de 13 de mayo.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 14 de enero de 2019, interponiendo su recurso de casación el 17 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la Ley; en consecuencia, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el primer párrafo del art. 417 del CPP, corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Respecto al primer motivo, donde alega que el Auto de Vista impugnado, ante su reclamo concerniente al defecto de sentencia previsto por el art. 370 núm. 1) del CPP, violó derechos y garantías constitucionales como la seguridad jurídica, legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva, por cuanto, lo confundió de víctima a agresor, cuando su persona fue el agredido ante la brutal golpiza sufrida por la acusadora, existiendo una falta de individualización de la responsabilidad penal de su persona, se tiene que el recurrente invocó los Autos Supremos 236/2007 de 7 de marzo, 316/2006 de 28 de agosto, 431/2006 de 11 de octubre y 326/2012 de 12 de noviembre; sin embargo, cabe referir, que el presunto defecto, hubiera surgido al momento de pronunciarse la Sentencia; entonces, por mandato del art. 416 del CPP, la invocación de los precedentes contradictorios debieron efectivizarse en la formulación del recurso de apelación restringida y en casación efectuar la explicación de contradicción, lo que se evidencia en el caso presente inviabilizando la labor de contrataste asignada a esta Sala Penal.


Por otra parte, el recurrente denuncia la vulneración de derechos y garantías constitucionales como la seguridad jurídica, legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva; empero, omite exponer en qué consistiría la disminución o restricción de los referidos derechos y garantías constitucionales que se encuentren vinculados a la concurrencia de defecto absoluto y cuál el resultado dañoso; en consecuencia, se tiene que tampoco concurren los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal explicados en los párrafos últimos del acápite anterior del presente Auto, por lo que el motivo sujeto a análisis deviene en inadmisible.


Respecto al segundo motivo, en el que reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en una fundamentación incongruente ante su denuncia relacionada al defecto de sentencia previsto por el art. 370 núm. 2) del CPP; pues omitiendo mencionar los hechos tipificados en relación a su persona, por una parte, señaló que el Juez de sentencia analizó las pruebas presentadas por la acusadora particular; y, por otra parte afirmó, que su persona fue agredido dos veces el 10 de octubre; preguntándose quién realmente fue agredido, aspecto que vulnera sus derechos y garantías a la seguridad jurídica, legítima defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso y presunción de inocencia, el recurrente invocó el Auto Supremo 326/2012 de 12 de noviembre, que establecería que constituye uno de los elementos esenciales del debido proceso la fundamentación de las resoluciones; explicando que el agredido fue su persona, aspecto reconocido por el Tribunal de alzada, no obstante, al igual que la Sentencia vagamente pretenderían hacer ver que la agredida fue la acusadora; en la argumentación de este motivo, el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que deviene en admisible.


En el tercer motivo, el recurrente cuestiona que ante su denuncia referente al defecto de sentencia previsto por el art. 370 núm. 3) del CPP; el Auto de Vista recurrido se limitó a establecer que su persona “solo realizo una sucinta y precisa vinculación entre los derechos fundamentales invocados como violados, y cual la actividad judicial desarrollada por el tribunal a quo”, por lo que cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 64/2018-S4; no obstante, corresponde señalar que en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, ese fallo no tiene la calidad de precedente contradictorio, constituyendo tal únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida y Autos Supremos donde se establezca o ratifique doctrina legal aplicable emitidos por las Salas Penales; no siendo válido, el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita de precedente y explicación de contradicción que exige la Ley.


Por los fundamentos expuestos, al no ser posible verificar la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida en precedentes, se establece que el presente motivo no cumple con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 segundo párrafo del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización que fueron establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto, toda vez que el recurrente, no precisó qué derechos o garantías constitucionales hubieren sido vulnerados con la emisión del Auto de Vista, tampoco detalló con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos o garantías, menos explicó el resultado dañoso emergente del defecto, situación por el que el motivo en análisis deviene en inadmisible.


Con relación al cuarto motivo, en el que refiere que ante su reclamo relativo al defecto de sentencia previsto por el art. 370 núm. 5) del CPP, el Auto de Vista recurrido de manera sesgada alegó no fue sentenciado bajo las leyes vigentes, en cuyo efecto aplicando la Ley 369, cambió la Sentencia de seis meses de reclusión a un año de trabajo comunitario, aspecto que vulnera el debido proceso al apartarse de la aplicación de los principios de favorabilidad, interpretación más favorable y subsanación, la parte recurrente invoca el Auto Supremo 99/2011 de 25 de febrero; sin embargo, se limitó a citarlo y señalar que estableció, sin efectuar el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta al recurrente, no basta con citar el Auto Supremo alegando lo que hubiere establecido; sino, que corresponde al recurrente, explicar por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos del precedente invocado, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente motivo.


No obstante de lo anterior, en la fundamentación de este motivo, el recurrente denuncia la vulneración del debido proceso, exponiendo como antecedente generador del hecho, que el Auto de Vista recurrido ante su reclamo concerniente al defecto de sentencia previsto por el art. 370 núm. 5) del CPP, de manera sesgada alegó que no fue sentenciado bajo las leyes vigentes, en cuyo efecto, cambió la Sentencia de seis meses de reclusión a un año de trabajo comunitario, denunciando como derecho vulnerado el debido proceso, resultándole como resultado dañoso el cambio de la Sentencia de seis meses de reclusión, a un año de trabajo comunitario. De la fundamentación expuesta, se observa que el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto; en consecuencia, el motivo en examen deviene en admisible.


En cuanto al quinto motivo, en el que alega el recurrente que cuestionó el defecto de sentencia previsto por el art. 370 núm. 6) del CPP, ante la existencia de dos certificados médicos forenses uno de la acusadora particular y otro de su persona, habiéndose considerado sólo el certificado de la acusadora, “el Auto de Vista, Resolución N° 68/2017 de fecha 01 de diciembre de 2017, pronunciada por los señores Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, motivo de casación, …”; resultándole injusto y arbitrario la Sentencia condenatoria que no realizó una valoración integral de la prueba, incurriendo en defecto absoluto insubsanable que reclamó en su momento por medio de un incidente con referencia a la inadecuada subsunción de la conducta al tipo penal y falta de elementos constitutivos del tipo penal, generando duda razonable, haciéndose aplicable el indubio pro reo en su favor, se advierte que el recurrente no refiere qué hizo o no hizo el Auto de Vista que le genere agravio, limitándose a señalar que el Auto de Vista fue pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin referir cuál el agravio sufrido con la emisión de la Resolución recurrida; en ese entendido, no se apertura la competencia de este Tribunal; por cuanto, de acuerdo al art. 416 del CPP, el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por los Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o por el Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, ante la falta de agravio en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido, se tiene que el presente motivo, no cumplió con los arts. 416 y 417 segundo párrafo del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización; toda vez, que el recurrente, no precisó qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados con la emisión del Auto de Vista que es la resolución que se recurre de casación, tampoco detalló con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos o garantías, menos explicó el resultado dañoso emergente de algún defecto, situación por el que deviene en inadmisible.


Con relación al sexto motivo, en el que afirma que ante su reclamo concerniente al defecto de sentencia previsto por el art. 370 núm. 8) del CPP, el Auto de Vista omitió el uso de los principios de la aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales, así como el principio pro persona que se vincula al principio pro homine, y congruencia como parte del debido proceso, se advierte que el recurrente cita las Sentencias Constitucionales 64/2018-S4 y 1009/2003-R de 18 de julio; que conforme se precisó en el análisis del tercer motivo, no tienen la calidad de precedentes contradictorios.


Por otra parte, si bien denuncia que se vulneró la congruencia como parte del debido proceso, no detalla con precisión en qué consistiría la restricción o disminución; es decir, cómo entiende que se materializó el agravio; y, cuál el resultado dañoso emergente del defecto, aspecto que incumple los presupuestos de flexibilización que fueron establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior del presente Auto.


Consecuentemente, al no ser posible verificar la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida en precedentes, se establece que el presente motivo no cumple con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 segundo párrafo del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización, situación por la que el motivo en análisis deviene en inadmisible.


Finalmente, en relación al séptimo motivo, en el que refiere que respecto al defecto de sentencia previsto por el art. 370 núm. 10) del CPP, el Tribunal de alzada ingresó en una rigurosidad al señalar que el Juez de sentencia no utilizó leyes vigentes por lo que modificó la Sentencia, añadiendo que los argumentos son suficientes y mencionando Autos Supremos que serían aplicables al caso concreto, lo que a su criterio evidencia, que no existe uniformidad en los precedentes contradictorios, el recurrente invoca el Auto Supremo 131/2005 de 13 de mayo, limitándose a señalar que establecería que el incumplimiento de plazo en la redacción y lectura de la sentencia constituye defecto absoluto y es causal de pérdida de competencia; no obstante, no se observa el trabajo de contraste, traducida en la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta al recurrente, no basta con alegar a qué se refiere el precedente; sino que correspondía al recurrente, explicar por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos del precedente invocado, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente motivo.


Por los fundamentos expuestos, se tiene que el presente motivo, no cumplió con el segundo párrafo del art. 417 del CPP ni con los presupuestos de flexibilización; toda vez, que el recurrente, no precisó qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados con la emisión del Auto de Vista que es la que se recurre de casación, tampoco detalló con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos o garantías, situación por el que deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Teodocio Hilari Hilasaca, de fs. 380 a 384 vta.; únicamente para el análisis de fondo de los motivos segundo y cuarto identificados; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del referido artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista y su Auto Complementario impugnados y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado

Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela