TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 360/2019-RA

Sucre, 16 de mayo de 2019


Expediente                : La Paz 26/2019

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : José Luis Téllez Estrada

Delitos        : Contrabando y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de julio de 2018, cursante de fs. 317 a 323 vta., la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia representada legalmente por Leidy Torrez Quispe, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 6/2018 de 23 de febrero, de fs. 287 a 296, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la entidad recurrente contra José Luis Téllez Estrada, por la presunta comisión de los delitos de Contrabando y  Sustracción de Prenda Aduanera, previstos y sancionados por los arts. 181 y 181 Ter del Código Tributario (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 5/2015 de 17 de diciembre (fs. 196 a 202 vta.), el Tribunal Onceavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a José Luis Téllez Estrada, absuelto de pena y culpa del delito de Contrabando y Sustracción de Prenda Aduanera, previstos por los arts. 181 y 181 Ter del CT, debido a que las pruebas aportadas no fueron suficientes para demostrar su responsabilidad penal.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 210 a 216 vta.), con la adhesión por parte de la Gerencia General de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos DAB (fs. 222 a 224), el Ministerio Público (fs. 226 a 227) y el imputado (fs. 261 a 262 vta.) formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 6/2018 de 23 de febrero, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes los recursos de la entidad aduanera y del Ministerio Público, a su vez declaró procedente en parte el recurso del imputado únicamente en cuanto a la publicación de la parte resolutiva de la Sentencia con cargo al Estado, manteniendo en lo demás incólume la Sentencia impugnada.


  1. Por diligencia de 13 de julio de 2018 (fs. 297), la entidad recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado; y, el 23 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


  1. Denuncia la vulneración al principio de congruencia, argumentando la carencia de fundamentación y motivación en la emisión del Auto de Vista impugnado, al incumplir los parámetros de especificidad y no pronunciarse sobre todos los aspectos impugnados, a su vez refiere que los argumentos fueron evasivos, imprecisos, contradictorios y carentes de una secuencia racional en la estructura de la Resolución, en vulneración del debido proceso, la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, transcribiendo parcialmente algunas expresiones que arribó el Tribunal de alzada “en la Sentencia emitida se determina que el acusado José  Luis Téllez recurso de apelación restringida” “del recurso de apelación restringida de la entidad aduanera se tiene lo siguiente: armonizaría con la fecha 11/10/2014…” “la Sentencia debe contener la enunciación del hecho que fue objeto del juicio, es decir porque de la tramitación de un proceso penal en relación a al país, esa fue la exteriorización del razonamiento efectuado por el Tribunal de Sentencia,” para luego aludir que existe una falta de coherencia en la redacción y que carece de fundamentación razonada. Alude que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación en la emisión del Auto de Vista impugnado, argumentando que al no pronunciarse respecto a los puntos cuestionados vulneró sus derechos reconocidos en la CPE, que no existe fundamentación y congruencia vulnerando el art. 124 del CPP, exigencia establecida en el A.S. 189/2011 de 8 de agosto, relativo a la motivación de las resoluciones judiciales.


  1. Acusa la falta de control en la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia, sosteniendo que la Sala de apelación expresó equivocadamente que no debía realizar un análisis sobre la aplicación de la debida valoración de las pruebas, arguyendo que no podía revalorizar elementos probatorios, desconociendo su deber de realizar dicho control conforme el A.S. 104/2015 RRC de 12 de febrero, relativo al control de logicidad de la Sentencia.


        Asimismo, alude que el Tribunal de apelación no consideró que la prueba sostenida por el Tribunal de Sentencia no fue judicializada conforme a procedimiento, que conllevó a una inadecuada valoración probatoria, situación que fuese contraria al principio de legalidad conforme el A.S. 223/2012 de 18 de septiembre, relativo a la facultad de aplicación del art. 413 del CPP, por parte del Tribunal de alzada en denuncias de errónea valoración probatoria; además, añade que el dicho Tribunal al evidenciar la deficiencia en la aplicación de las reglas de la sana crítica por el Tribunal inferior, debió proceder a la anulación de la Sentencia tomando en cuenta que es imperante que los fallos tengan la debida fundamentación conforme el A.S. 176/2012 de 16 de julio.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se advierte que el 13 de julio de 2018, la entidad aduanera fue notificada con el Auto de Vista impugnado, interponiendo su recurso de casación el 23 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, descontando la efeméride Departamental de la ciudad de La Paz del 16 de julio, cumpliendo el requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar los demás requisitos de admisibilidad.


Como primer motivo traído en casación, denuncia inicialmente la vulneración al principio de congruencia, argumentando la carencia de fundamentación y motivación en la emisión del Auto de Vista impugnado, al no pronunciarse sobre todos los aspectos impugnados, a su vez refiere que la estructura de la argumentación carece de una secuencia racional, en vulneración del debido proceso la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, transcribiendo parcialmente algunas expresiones que arribó el Tribunal de alzada, para sostener una falta de coherencia en la redacción de la misma, advirtiéndose que la entidad recurrente omitió invocar precedente contradictorio en incumplimiento a los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP; por otro lado, si bien alude la falta de fundamentación en la emisión del Auto de Vista impugnado, empero tampoco explica en qué consiste la falencia en la motivación, no señala qué agravio habría resuelto indebidamente, limitándose a transcribir errores en la redacción del Auto de Vista impugnado, sin explicitar fundamentadamente la consistencia de su denuncia, situación que impide ingresar al fondo de la problemática planteada, omisión incurrida por la entidad recurrente que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal.

Por otra parte, se advierte que en la misma línea de cuestionamiento la entidad aduanera denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación en la emisión del Auto de Vista impugnado, sosteniendo la omisión de pronunciamiento sobre sus puntos cuestionados en apelación restringida, invocando el A.S. 189/2011 de 8 de agosto, advirtiéndose que la entidad recurrente si bien invoca precedente contradictorio; sin embargo, no precisa ni explica en forma clara en qué consistiría la supuesta falta de fundamentación, en vez de ello en forma confusa y entremezclada alude que también se omitió responder sus puntos cuestionados, sin explicitar cuáles fueron esos agravios que en alzada no se respondió, en incumplimiento a los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo esta parte del motivo en inadmisible, aun acudiendo a los criterios de flexibilización.


En cuanto al segundo motivo de casación, la entidad recurrente denuncia que el Tribunal de alzada no realizó el control en la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia, con el argumento que no fuese su deber realizarlo, escudándose en la prohibición de revalorizar pruebas, situación que fuere contrario al A.S. 104/2015 RRC de 12 de febrero, evidenciándose que la entidad aduanera precisó en forma clara la supuesta contradicción incurrida por el Tribunal de apelación consistente en la carencia de control de logicidad sobre la Sentencia, por lo que ante el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, se admisible este motivo, dejando constancia que respecto a la segunda parte del motivo, en la que se denuncia que el Tribunal de apelación no consideró la errónea valoración probatoria incurrida por el inferior situación que fuese contraria al A.S. 223/2012 de 18 de septiembre, añadiendo que en alzada se debió anular la Sentencia al no estar debidamente fundamentada, aspecto contrario al A.S. 176/2012 de 16 de julio, se advierte que la entidad aduanera si bien invoca precedentes contradictorios; no fundamenta la contradicción de sus precedentes, como tampoco explica de qué forma se incurrió en falta de fundamentación o de qué manera no se consideró la existencia de errónea valoración de las pruebas, denotando una carencia de técnica argumentativa y recursiva, en incumplimiento a los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, imposibilitando el análisis de fondo de esta segunda parte.

 

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia representada legalmente por Leidy Torrez Quispe, de fs. 317 a 323 vta., únicamente para el análisis de fondo del motivo segundo en los límites señalados. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela