TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 359/2019-RA

Sucre, 16 de mayo de 2019


Expediente                : La Paz 25/2019

Parte Acusadora        : Javier Mauricio Quispe Quispe

Parte Imputada        : Magno Bernardo Alvarado Gutiérrez y otro

Delito                : Calumnia y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de diciembre de 2018, cursante de fs. 308 a 310; Juan Carlos Callizaya Escobari y Magno Bernardo Alvarado Gutiérrez, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 10/2018 de 15 de marzo, de fs. 300 a 306 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Javier Mauricio Quispe Quispe contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283 y 287 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 01/2016 de 5 de febrero (fs. 226 a 234), el Juzgado de Sentencia Cuarto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Magno Bernardo Alvarado Gutiérrez y Juan Carlos Callizaya Escobari, autores de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados en los arts. 283 y 287 del CP, imponiendo la pena de dos años y dos años y seis meses respectivamente, además de costas y daños averiguables en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Juan Carlos Callizaya Escobari y Magno Bernardo Alvarado Gutiérrez formularon recurso de apelación restringida (fs. 273 a 287 vta.), resuelto por Auto de Vista 10/2018 de 15 de marzo, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedentes las cuestiones planteadas en el citado recurso, confirmando la Sentencia impugnada.


  1. Notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista el 26 de noviembre de 2018 (fs. 307), interpusieron el recurso de casación sujeto a análisis el 3 de diciembre del mismo año.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los recurrentes plantean recurso de casación, denunciando la violación al principio de sana crítica (art. 173 CPP) como errónea aplicación de la Ley que se traduce en vicio in iudicando relativo a los defectos de Sentencia, siendo que al impugnar la Sentencia invocaron los Autos Supremos 214 de 28 de marzo de 2007 y 246 de 7 de marzo de 2007, ya que fue emitida por haberse remitido una querella y misivas ante autoridades policiales contra el acusador particular, cuando se evidenció que Juan Carlos Callizaya no suscribió ninguna nota o misiva alguna, habiéndose suscrito únicamente una denuncia ante el Ministerio Público, diferenciación que no realizó el Juez de primera instancia, asumiendo un hecho inexistente, como los señalados en 5 de abril de 2014. Asimismo, aducen que una simple denuncia no tiene mayor repercusión por imperio del art. 287 del CPP, incurriendo únicamente los denunciantes en responsabilidad penal si la denuncia es calificada como temeraria conforme al art. 304 num. 1 del CPP, aspectos ignorados a tiempo de emitirse Sentencia condenatoria.


Alegan que la Sentencia se basó en que no se habrían desvirtuado los ilícitos acusados con prueba fehaciente, razonamiento contrario a lo prescrito por el art. 116.II de la CPE concordante con el art. 6 del CPP, en cuanto a la correcta aplicación de la presunción de inocencia, considerando que la carga de la prueba corresponde única y exclusivamente al acusador, por lo que no corresponde sanción alguna contra Juan Carlos Callizaya.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El derecho de Impugnación encuentra su fundamento en el art. 180 par. II de la Constitución Política del Estado, el cual establece el derecho a recurrir toda decisión judicial dentro un determinado proceso sometido a juzgamiento por la justicia ordinaria. En el mismo sentido el art. 394 del Código de Procedimiento Penal ha establecido el derecho a recurrir los fallos judiciales por quien le corresponda y le esté permitido por Ley.


En este contexto, el art. 416 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que, a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, también asumido en el Auto Supremo Nº 118/2015-RRC de 24 de febrero, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 26 de noviembre de 2018, interponiendo su recurso de casación el 3 de diciembre del mismo año; por ello, el recurso ha sido interpuesto dentro el plazo de los cinco días hábiles que otorga la Ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Los recurrentes, sustentan la violación al principio de sana crítica (art. 173 CPP) como errónea aplicación de la Ley, que se traduce en vicio in iudicando relativo a los defectos de Sentencia, siendo que al impugnar la Sentencia invocaron los Autos Supremos 214 de 28 de marzo de 2007 y 246 de 7 de marzo de 2007, argumentando que se emitió Sentencia por el hecho de haber remitido una querella y misivas ante autoridades policiales contra el acusador particular, cuando se evidenció que Juan Carlos Callizaya no suscribió ninguna nota o misiva alguna, habiéndose suscrito únicamente una denuncia ante el Ministerio Público, diferenciación que no realizó el Juez de primera instancia, asumiendo un hecho inexistente, como los señalados el 5 de abril de 2014, desconociendo lo previsto por los arts. 287 y 304 num. 1 del CPP, bajo razonamientos contrarios a lo prescrito por el art. 116.II de la CPE concordante con el art. 6 del CPP.


Analizado del recurso de casación, se puede establecer que los recurrentes vía casación pretenden nuevamente impugnar la Sentencia emitida, ya que los argumentos que han vertido y expuesto a lo largo del recurso, sustentan los agravios originados en la Sentencia, empero, sobre ninguno de estos aspectos que cuestionan en el recurso, fundan razonablemente impugnación contra el Auto de Vista emitido en alzada, soslayando considerar que el recurso de casación tiene como causa fundamental de procedencia, la impugnación de la resolución judicial emitida por la Sala de apelación, conforme lo expone el art. 416 del CPP, no siendo viable en casación impugnar la Sentencia, cuando el mecanismo recursivo dentro del sistema procesal penal no admite impugnar Sentencias vía recurso de casación, incurriendo en una falta de técnica recursiva, siendo que en sus argumentos y consideraciones, exponen reclamos y agravios relativos a Sentencia y no así respecto al Auto de Vista propiamente dicho, evidenciándose una falta de atención a la carga procesal que el legislador ha impuesto a los recurrentes en casación para viabilizar el análisis de fondo de los recursos, porque no sólo basta con invocar el precedente, sino que debe exigirse a la parte, la fundamentación de la contradicción respecto a un caso análogo resuelto por el precedente contra el Auto de Vista, a fin de este Tribunal ejerza la labor de contrastación sobre los agravios o defectos incurridos por el Tribunal de alzada, caso contrario, el Tribunal de casación se ve impedido y limitado por la propia impericia de los recurrentes en resolver el recurso en el fondo, no siendo por ello pertinente la admisión como argumento casacional, agravios que denotan falencias e impugnación reiterada de la Sentencia, en inobservancia no sólo de los presupuestos de los arts. 416 y 417 del CPP, sino de la propia doctrina legal aplicable como la establecida en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto, entre otros.


Además se advierte, que los recurrentes en su labor de reclamo, no han cuestionado y realizado mayor motivación y fundamentación en relación a una posible vulneración a derechos constitucionales y/o garantías jurisdiccionales, generadora de defectos absolutos inconvalidables, por lo que, a su vez, no concurren los presupuestos de flexibilización señalados en el apartado III parte final de la presente resolución.


Entonces, constatado que los recurrentes no han dado cabal y correcta observancia a lo previsto por los arts. 416 y 417 del CPP, el recurso de casación al no cumplir con los requisitos procesales y de flexibilización, deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos Callizaya Escobari y Magno Bernardo Alvarado Gutiérrez, de fs. 308 a 310.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela