TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 347/2019-RRC

Sucre, 15 de mayo de 2019


Expediente                        : La Paz 110/2018        

Parte Acusadora                : María Luisa Antonieta Kent Solares

Parte Imputada                : Ernesto Mario Montaño Olmos 

Delito                        : Abuso de Firma en Blanco

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 25 de julio de 2018, cursante de fs. 1450 a 1459 vta., María Luisa Antonieta Kent Solares, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 30/2018 de 30 de abril, de fs. 1406 a 1409 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por la recurrente contra Ernesto Mario Montaño Olmos, por la presunta comisión del delito de Abuso de Firma en Blanco, previsto y sancionado por el art. 336 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 016/2016 de 19 de septiembre (fs. 1359 a 1372), el Juez Primero de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Ernesto Mario Montaño Olmos, autor y culpable de la comisión del delito de Abuso de Firma en Blanco, previsto y sancionado por el art. 336 del CP, imponiendo la pena de tres años y cuatro meses de reclusión, más cien días multa a razón de Bs.- 10 por día, más el pago de costas al Estado y la reparación del daño civil a favor de la víctima.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Ernesto Mario Montaño Olmos interpuso recurso de apelación restringida (fs. 1376 a 1379 vta.), resuelto por Auto de Vista 30/2018 de 30 de abril, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró procedente el recurso planteado; en consecuencia, anuló la Sentencia apelada y dispuso el reenvió de la causa, motivando posteriormente la interposición del recurso de casación sujeto al presente análisis.


I.1.1. Motivo del Recurso de Casación.


Del recurso de casación interpuesto, a continuación se extrae el siguiente motivo que fue sujeto de análisis y admisión, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La parte recurrente refiere que el Auto de Vista impugnado vulnera flagrantemente el principio de igualdad, señalando el art. 12 del CPP, respecto a la igualdad de las partes en el proceso penal, que todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de brindar a las partes el mismo trato; empero, el Tribunal de alzada mediante el Auto de Vista impugnado vulneró el principio de igualdad, pues tenía la obligación tomar en cuenta los argumentos y fundamentos vertidos en su memorial de contestación de 3 de noviembre de 2016, además, de decidir en base al referido memorial; sin embargo, no tomó en cuenta ninguno de los fundamentos desglosados en el memorial de 3 de noviembre de 2016. Señala que la importancia de este principio es vital principalmente para la víctima, que bajo ninguna circunstancia podrá ser obviada por las autoridades jurisdiccionales que en virtud del derecho a la defensa tienen la obligación de oírla. Aduce la existencia de una actitud preferente hacia el imputado, porque sí se pronunciaron sobre sus argumentos; sin embargo, no hicieron lo mismo con los fundamentos señalados en su respuesta, evidenciándose la vulneración flagrantemente el principio de igualdad, además, de dar ventaja a la otra parte, violando su derecho a la defensa, a la igualdad procesal, al debido proceso y a la seguridad jurídica.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 953/2018-RA de 16 de octubre, de fs. 1466 a 1467 vta., este Tribunal respecto al recurso de casación admitió únicamente el primer motivo por flexibilización, por lo que a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva, la presente resolución se circunscribirá a los alcances establecidos en el contenido de la Resolución emitida.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 016/2016 de 19 de septiembre (fs. 1359 a 1372), el Juez Primero de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Ernesto Mario Montaño Olmos, autor y culpable de la comisión del delito de Abuso de Firma en Blanco, previsto y sancionado por el art. 336 del CP, imponiendo la pena de tres años y cuatro meses de reclusión, más cien días multa a razón de Bs.- 10 por día, más el pago de costas al Estado y la reparación del daño civil a favor de la víctima; y, bajo los siguientes argumentos de hecho y de derecho:







II.2.  Del Recurso de Apelación Restringida.


       Con la notificación de la Sentencia, el acusado Ernesto Mario Montaño Olmos interpone recurso de apelación restringida, de acuerdo a los siguientes fundamentos:



II.3. De la Contestación al Recurso de Apelación Restringida.


La acusadora particular Mary E. Carrasco Condarco en representación de María Luisa Kent Solares contestó al recurso de apelación restringida en los siguientes términos:





II.4.        Del Auto de Vista impugnado.


El Auto de Vista 30/2018 de 30 de abril, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró procedente el recurso planteado; en consecuencia, anuló la Sentencia apelada y dispuso el reenvío de la causa, bajo la siguiente fundamentación:




III. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS JURISDICCIONALES


En el caso presente la parte recurrente refiere que el Auto de Vista impugnado vulnera flagrantemente el principio de igualdad, porque el Tribunal de alzada tenía la obligación tomar en cuenta los argumentos y fundamentos vertidos en el memorial de contestación de 3 de noviembre de 2016 y además, al no hacerlo vulneró el derecho a la defensa, a la igualdad procesal, al debido proceso y a la seguridad jurídica.


III.1. Del derecho al debido proceso.


       La jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Justicia respecto al debido proceso ha señalado a través del Auto Supremo 199/2013 de 11 de julio, lo siguiente: “El debido proceso, es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado, en sus artículos 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) el derecho a la defensa, b) el derecho al juez natural, c) la garantía de presunción de inocencia, d) el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, e) el derecho a un proceso público, f) el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, f) el derecho a recurrir, g) el derecho a la legalidad de la prueba, h) el derecho a la igualdad procesal de las partes, i) el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, j) el derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones, k) la garantía del non bis in idem, l) el derecho a la valoración razonable de la prueba, ll) el derecho a la comunicación previa de la acusación; m) la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) el derecho a la comunicación privada con su defensor; o) el derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular.


       Por otra parte, el debido proceso reconocido en la Constitución Política del Estado, en su triple dimensión como derecho, garantía y principio, se encuentra establecido en el art. 115.II que señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; el art. 117.I de la referida norma Constitucional, dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”; finalmente, el art. 180.I de la CPE, declara que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.


III.2. Análisis del caso concreto.


La parte recurrente refiere que el Auto de Vista impugnado vulnera flagrantemente el principio de igualdad, conforme al art. 12 del CPP, respecto a la igualdad de las partes en el proceso penal. El Tribunal de alzada mediante el Auto de Vista impugnado vulneró el principio de igualdad, pues tenía la obligación de tomar en cuenta los argumentos y fundamentos vertidos en el memorial de contestación de 3 de noviembre de 2016, además, aduciendo existencia de una actitud preferente hacia el imputado, vulnerando el derecho a la defensa, a la igualdad procesal, al debido proceso y a la seguridad jurídica.


Atendiendo lo expuesto por la recurrente, cabe acudir a los antecedentes del proceso para evidenciar la omisión presuntamente incurrida por el Tribunal de alzada, respecto a la contestación de la parte acusadora particular. Siendo así, del Auto de Vista impugnado que cursa de fs. 1406 a 1409, se observa en su contenido que en el CONSIDERANDO I, el Tribunal de alzada procede a describir los antecedentes que dieron lugar al recurso de apelación restringida; seguidamente en el CONSIDERANDO II, hace una breve sinopsis del recurso y lo manifestado por la parte apelante, para luego manifestar en el CONSIDERANDO III el trámite seguido en apelación; y luego exponer en el CONSIDERANDO IV en dos puntos los motivos y fundamentos que resuelven el recurso de apelación restringida interpuesto y así determinar el decisum de anular la Sentencia impugnada.


De lo compulsado se constata que el Auto de Vista otorgó respuesta a lo manifestado por la parte apelante en los puntos abordados en el recurso planteado en su oportunidad de acuerdo a lo previsto por el art. 407 y ss. del CPP; empero, cabe resaltar que en el análisis realizado, se llega a extrañar que el Tribunal de alzada no haya descrito, sintetizado, considerado y expresado conformidad o disconformidad con los argumentos expuestos en la contestación al recurso de apelación restringida, atendiendo que conforme al art. 409 del CPP, a fs. 1380 se corrió traslado a la parte impetrante, quién conforme lo cursante de fs. 1383 a 1387 vta., contestó a la apelación restringida en conformidad al emplazamiento realizado, procediéndose al trámite previsto por el art. 410 del CPP.


Establecidos los antecedentes que cursan en obrados, respecto a la tramitación de la apelación restringida, es evidente que la recurrente en su momento presentó memorial de contestación; empero en alzada, no se emitió pronunciamiento alguno respecto a sus argumentos, pese a que la Sala de apelación tenía la obligación de pronunciarse teniendo en cuenta que el art. 409 del CPP dispone: “…Interpuesto el recurso, se pondrá en conocimiento de las otras partes, para que dentro del término de diez días lo contesten fundamentadamente. Si se ha producido una adhesión, se emplazará a contestarla dentro de los cinco días. Vencidos los plazos, con contestación o sin ella, se remitirán las actuaciones…..”; lo que evidentemente demuestra que el trámite a las contestaciones en apelación restringida, así como sus adhesiones, no pueden ser simplemente discurridos como una formalidad, sino que emergen precisamente de la tramitación de la apelación restringida, que merecen ser consideradas y resueltas por los Tribunales de alzada, precautelando el derecho a la igualdad procesal, así como el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, en cumplimiento al deber de motivación y fundamentación, como elementos integradores del derecho al debido proceso conforme también lo ha entendido el Auto Supremo 311/2015-RRC de 20 de mayo, cuya doctrina legal ha sido ratificada por el Auto Supremo 439/2018-RRC de 25 de junio al establecer: “….desmerecer o restarle importancia procesal a los traslados y contestaciones de las partes, infringe la correcta administración de justicia, restringiendo significativamente los derechos y garantías de los justiciables, siendo necesario dejar por sentado que las contestaciones y traslados a las partes dentro la tramitación de las apelaciones restringidas, deben ser absueltas y resueltas motivada y fundadamente por los Tribunales de alzada, realizando una adecuada compulsa de los antecedentes, de acuerdo a lo preceptuado por el art. 17 de la LOJ, observando los alcances del art. 398 del CPP, máxime, si como en el caso de autos, se habría presentado inclusive- prueba documental en segunda instancia en atención al art. 410 del CPP, que ante su no objeción o desestimación por parte de los Tribunales de alzada, es imperativo que de manera integral se otorgue una respuesta efectiva en relación a lo alegado por las partes en sus memoriales de contestación y traslados, a fin de garantizar una justicia con equidad que garantice y afiance certeza jurídica en la emisión de sus fallos…”.


Entonces, al no considerar el Tribunal de alzada, absolviendo los argumentos vertidos en el memorial de contestación, genera un defecto absoluto no susceptible de convalidación en conformidad al art. 169 inc. 3) del CPP, en el entendido que al omitir dicho pronunciamiento, procede a discriminar la facultad ejercida por las partes, que gozan de igualdad de ponderación dentro de la normativa procesal penal conforme el imperativo del art. 12 del CPP, cuyo tratamiento debe ser acorde al respeto a la seguridad jurídica en la búsqueda por una tutela judicial efectiva, que no se base en meros formalismos procesales ritualistas, sino que se materialice en el accionar de las autoridades judiciales, en correcta administración de justicia.


La igualdad procesal no significa únicamente la posibilidad de reconocer u otorgar legitimidad a las partes en cuanto a su intervención en el proceso penal, sino que se refiere a una relación cualitativa; es decir correspondencia entre objetos, personas, procesos o circunstancias que tienen las mismas cualidades; debe entenderse como prerrogativas que deben gozar los sujetos del procedimiento penal (ministerio público, víctima, ofendido, defensor, imputado), con la finalidad de contar con las mismas oportunidades para aportar, ofrecer, materializar y desahogar las pruebas, recursos, etc., que constituye un pilar fundamental en el desarrollo de proceso penal en atención al mandato del art. 180 par. I de la CPE, que fundamenta la igualdad de partes como principio del proceso ordinario, entendiéndose que el proceso penal no puede circundar en un monólogo del Juez o de únicamente una de las partes, sino como un diálogo de todos los intervinientes, como característica de su bilateralidad, puesto que prima el principio de contradicción como base del sistema acusatorio, lo que significa que la parte contraria a quien se opone un debate, debe contar con la oportunidad procesal para conocerla y discutirla, y por el otro lado, contar con una respuesta efectiva por parte de las autoridades judiciales, que en caso de no efectivizarse en ese sentido, la contradicción e igualdad entre las partes carecería de garantismo material.


Es por ello, que el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista impugnado, sin pronunciarse sobre la contestación corrida en traslado emergente del recurso de apelación restringida planteada por la parte acusada, ha incurrido en una resolución incongruente, indebidamente motivada y fundamentada, restringiendo los derechos de igualdad procesal, tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, en desmedro del debido proceso consagrado por los arts. 115 y 117 de la CPE; derivando en defecto absoluto, que no puede ser convalidado, además de considerarse la concurrencia de incongruencia omisiva del Auto de Vista impugnado entre lo demandado y lo resuelto por el Tribunal de alzada, en atención a lo resuelto por Auto Supremo 701/2015-RRC-L de 25 de septiembre, debiendo aplicarse, por todo lo anotado, el efecto establecido en el art. 169 inc. 3) del CPP, y en consecuencia, dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, para que se emita nueva resolución y se considere en resolución los argumentos expresados en la contestación al recurso de apelación restringida, conforme al análisis hecho por este Tribunal y la doctrina legal establecida, en aplicación de los arts. 419 y 420 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara FUNDADO el  recurso de casación interpuesto por María Luisa Antonieta Kent Solares, cursante de fs. 1450 a 1459 vta.; y, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 030/2018 de 30 de abril, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que previo sorteo y sin espera de turno, deberá pronunciar nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela