TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO N° 316/2019-RA

Sucre, 08 de mayo de 2019


Expediente                        : La Paz 32/2019

Parte acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte imputada                : Arturo Juan Ramos Alejo

Delito                        : Violencia Familiar o Doméstica        


RESULTANDO


Por memorial presentado el 17 de febrero de 2017, cursante de fs. 110 a 111 vta., Arturo Juan Ramos Alejo, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 105/2016 de 17 de octubre de fs. 104 a 105 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Trinidad Choque Alusi, en contra del recurrente por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis. del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)        Por Resolución 13/15 de 16 de noviembre de 2015 (fs. 85 a 88 vta.), el Juez Cuarto de Partido y Sentencia de El Alto, declaró al imputado Arturo Juan Ramos Alejo, autor y culpable del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis. del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios, siendo concedido el beneficio de perdón judicial.


b)        Contra la mencionada Sentencia, el imputado Arturo Juan Ramos Alejo (fs. 91 a 93 vta.), formuló recurso de apelación restringida, siendo resuelto por Auto de Vista 't 105/2016 de 17 de octubre, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas y confirmó la sentencia apelada.


c)        Por diligencia de 14 de febrero de 2017 (fs. 106), el recurrente fue notificado con la resolución impugnada, y el 17 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación sujeto al presente análisis.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de recurso de casación, se tiene que el recurrente denuncia que una vez emitida la sentencia condenatoria en su contra, interpuso recurso de apelación restringida denunciando, entre otros motivos, la defectuosa valoración de la prueba conforme el art. 370.6) del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque el Juez de Sentencia para su decisión no consideró sus propias conclusiones sobre las pruebas testificales de cargo, a cuyo efecto destaca cada una de ellas; sin embargo, el Auto de Vista impugnado se limitó a indicar al resolver el defecto denunciado, que el juez sentenciador realizó una síntesis de las declaraciones testificales señalando que varias eran contradictorias, pero en ese razonamiento también consideró determinadas declaraciones que le permitieron llegar a la convicción de la existencia del hecho acusado y que el resultado de la sentencia respondía a la valoración integral de las pruebas producidas en el juicio y no solamente a la referida prueba testifical, de modo que confirmó un vicio de la sentencia por no realizar un análisis exhaustivo de la defectuosa valoración de la prueba, incurriendo en contradicción con el Auto de Vista 394/2002 de 10 de octubre, donde el acusado por un hecho similar fue declarado absuelto, con lo que queda evidenciada la violación al debido proceso y a la seguridad jurídica.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACION


El art. 180.11 de la Constitución Política del Estado (CPE),, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley pena!, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del órgano Judicial (LO]), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no. de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


  1. Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.11 de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LO].


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 111212013 de 17 de Julio, 012812015-Sl de 26 de febrero y 032612015-53 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 14 de febrero de 2017, el recurrente fue notificado con la resolución impugnada y el 17 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación sujeto a análisis; es decir, dentro de los cinco días hábiles que le otorga la ley, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En ese sentido, se verifica que el recurrente cuestiona a través del recurso de casación la determinación del Tribunal de alzada de confirmar un supuesto vicio emergente de la defectuosa, probatoria de parte del Juez de Sentencia al emitir el fallo condenatorio, al no haber considerado sus propias conclusiones con relación a la prueba testifical, a cuyo efecto invoca como precedente contradictorio el Auto de Vista 394/2002 de 10 de octubre; respecto al cual, además de no proporciona datos sobre qué Tribunal hubiese emitido el fallo, es pertinente aclarar que sólo los Autos de Vista ejecutoriados, pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de justicia,, que sienten o ratifiquen doctrina legal, pueden ser considerados como precedentes contradictorios, de modo que en el primer caso resulta imprescindible demostrar que dichos fallos se encuentren ejecutoriados, puesto que de lo contrario, resultarían pasibles de modificación. Respecto a este punto, la Corte Suprema de Justicia, en el Auto Supremo 211 de 6 de abril de 2004, estableció lo siguiente: "Tan marcada y evidente es la incompatibilidad para determinar si verdaderamente existe contradicción entre los precedentes y el A. y. de fs. 375377 objeto del recurso de casación, que a esto se suma la duda de que los Autos de Vista invocados como precedentes a fs. 378-379 y 381-384 de obrados, se hallan debidamente ejecutoriados, en los términos que previene el art. 126 de la Ley N° 1970, concordante con el art. 515 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, qué validez podría tener una resolución judicial susceptible de modificación por recursos ulteriores, si ésta es ofrecida como precedente. .27 el entendimiento doctrinario y sentido interpretativo del tercer periodo del art. 416 del Código de Procedimiento Penal, radica en buscar la uniformidad de la jurisprudencia y en tal virtud el presupuesto indispensable es que dichos precedentes invocados por los recurrentes en casación, estén debidamente ejecutoriados, lo que supone del tribunal la exigencia del requisito, y con mayor sigilo si se invocan como precede, Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Distrito del país en sus Salas Penales” ; doctrina de la cual, se desprende que, para que un Auto de Vista sea considerado como precedente contradictorio, resulta imprescindible acreditar su ejecutoria, aspecto que no se advierte en el caso presente, pues si bien se invocan un Auto de Vista se desconoce si goza de calidad de cosa juzgada, por lo que no puede ser objeto de análisis por parte de este Tribunal.


Además, de verificarse que la mera mención al debido proceso y a la seguridad jurídica no implica la concurrencia de los presupuestos de flexibilización desarrollados en la parte final del acápite anterior del presente Auto Supremo, pues a más de dicha referencia se limita a sostener como hecho generador que el Tribunal de alzada confirmó un aparente vicio de sentencia, sin especificar con precisión de qué modo se produjo su restricción o disminución y sin explicar el resultado dañoso emergente del defecto, por lo que la ausencia de insumos mínimos que debieron ser proporcionados por el recurrente determina la inadmisibilidad del presente recurso.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación, interpuesto por Arturo Juan Ramos Alejo, de fs. 110 a 111 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.-


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela