TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 301/2019-RA

Sucre, 08 de mayo de 2019


Expediente                : La Paz 24/2019        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Feliciano Manuel Ibáñez Illimani y otro

Delito                : Incumplimiento de Deberes y otros.


RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de abril de 2018, cursante de fs. 2346 a 2354 vta., Feliciano Manuel Ibáñez Illimani interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 44/2017 de 7 de septiembre, de fs. 2201 a 2223 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani contra el recurrente, Alejandro Mamani Quispe, Rosa Aguilar Flores y Marcos Félix Céspedes Fernández, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 150 bis y 224 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

  1. Por Sentencia 60/2015 de 6 de abril (fs. 1962 a 1970), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a: i) Feliciano Manuel Ibáñez Illimani autor del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, condenándole a la pena de tres años y seis meses de reclusión, con costas; y absuelto por los delitos de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas y Conducta Antieconómica; y, ii) Marcos Félix Céspedes Fernández autor del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, condenándole a la pena privativa de libertad de tres años y seis meses de reclusión, con costas; y absuelto por el delito de Conducta Antieconómica.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Marcos Félix Céspedes Fernández (fs. 1976 a 1985 vta.) y el recurrente (fs. 2028 a 2049 vta.), formularon recursos de apelación restringida, que fueron resuelto por Auto de Vista 44/2017 de 7 de septiembre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles y procedentes en parte los citados recursos y revocó en parte la Sentencia apelada y declarando a ambos imputados, autores del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, condenándoles a la pena privativa de libertad de un año, con costas.


  1. Por diligencia de 3 de abril de 2018 (fs. 2253), fue notificado el recurrente con la referida resolución; y, el 10 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Denuncia el recurrente la vulneración del principio de inmediación, oralidad y publicidad, pues el Tribunal de Sentencia no le permitió exponer su abundante prueba de descargo, dejándole así en total indefensión; asimismo, dicho Tribunal de origen consideró irrelevante la realización de Inspección Judicial en el lugar de los hechos, lo que no le permitió ejercer su derecho a la defensa, que sin dicha prueba se le declara culpable del delito de Incumplimiento de Deberes, vulnerándose los arts. 115.I y II, 117.I y 119.I. de la Constitución Política del Estado (CPE). 


  1. Acusa la vulneración del derecho a la defensa, en razón de que de la revisión del  Auto de Vista impugnado se advierte que no se consideró el reclamo 1.9 de su recurso de apelación restringida; reiterando la segunda parte del anterior motivo -asimismo, dicho Tribunal de origen consideró irrelevante la realización de Inspección Judicial en el lugar de los hechos, lo que no le permitió ejercer su derecho a la defensa, que sin dicha prueba se le declara culpable del delito de Incumplimiento de Deberes, vulnerándose los arts. 115.I y II, 117.I y 119.I. de la CPE-.

  1. Denuncia la vulneración del debido proceso, en atención que debió respetarse este principio, invoca en calidad de precedente contradictorio al Auto Supremo 230/2014-RRC de 9 de junio; -añade- que no se le ha permitido ejercer su derecho a la defensa, a ser oído y a presentar pruebas y en el ilegal proceso se le declara culpable del delito de Incumplimiento de Deberes, vulnerándose los arts. 115.I y II, 117.I y 119.I. de la CPE.


  1. En el ámbito del principio de la reforma en perjuicio, señala que la Sala de apelación no obstante de corregir la aplicación del art. 154 del CP sin la reforma, que dispone un pena de tres meses a un año-, le impone la pena máxima de un año como si fuera un delincuente confeso o un criminal reincidente, siendo que no se probó su culpabilidad, -cuando correspondía- que el Auto de Vista respete los principios de inocencia e in dubio pro reo y declara su absolución; además, de no considerar su personalidad, la inexistencia del hecho, su educación, su conducta precedente y posterior. Invoca en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 4/02 de 29 de abril, 414/02 de 19 de octubre, 95/04 de 18 de febrero y 140/04 de 10 de marzo.


  1. Asimismo, el recurrente acusa ausencia de debida motivación y fundamentación del Auto de Vista impugnado, en razón de que el Tribunal de alzada transcribió su agravio art. 370 inc. 1) del CPP- y parte de la Sentencia emitida en la causa la fundamentación probatoria e intelectiva-, siendo débil la fundamentación sin llegar a explicar: i) los motivos para acoger la valoración del Tribunal de origen; ii) el argumento que desvirtúa la valoración del Tribunal de origen que resta credibilidad a su prueba de cargo; iii) la omisión del art. 116 de la CPE - in dubio pro reo- al no existir prueba; y, iv) la no aplicación del art. 124 del CPP. Además, de no existir pronunciamiento respecto a: i) los defectos de Sentencia -limitándose a señalar que por su calidad de funcionario público el Juez de origen hizo una justa adecuación de los hechos, aspecto que es falso-; y, ii) los puntos 1.4, 1.5, 1.6., 1.7 y 1.8 de su apelación restringida. Añade, que no se dio garantía de que su recurso haya sido analizado apropiadamente, que subsistiría la injusticia, vulnerándose los arts. 115.I y II, 117.I y 119.I. de la CPE. Invocando en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo 082/2017-RRC de 24 de enero.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia, desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del Recurso de Casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles a convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso presente se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 3 de abril de 2018, interponiendo su recurso de casación el 10 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En cuanto al primer motivo, el recurrente denuncia la vulneración del principio de inmediación, oralidad y publicidad, pues expresa que el Tribunal de origen no le permitió exponer su prueba de descargo, dejándole en total indefensión; asimismo, que dicho Tribunal consideró irrelevante la realización de Inspección Judicial.


Al respecto, se evidencia que la parte recurrente utilizó en éste motivo argumentos propios de un recurso de apelación restringida, al advertirse del contenido del recurso de casación, que no está confrontando la actuación del Tribunal de apelación, sino del Tribunal de origen, denunciando hechos que se originan en la sustanciación el acto de juicio y no así en la emisión del Auto de Vista recurrido, pretendiendo que esta Sala Penal realice su función unificadora de jurisprudencia con relación a actuaciones que debieron ser cuestionados dentro de la etapa procesal diseñada para el efecto por el legislador. Recuérdese que según el art. 416 del CPP, la naturaleza jurídica del recurso de casación procede para impugnar exclusivamente Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia -ahora Tribunales Departamentales de Justicia- que sean contrarios a otros precedentes pronunciados ya sea por otras Cortes Superiores o Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal del ahora Tribunal Supremo de Justicia; emergentes del planteamiento del recurso de apelación restringida conforme el art. 407 del CP.


Es más, se evidencia que no invocó precedente contradictorio alguno, en consecuencia lógica, no señaló en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y algún precedente; incumpliendo con el requisito que constituye carga procesal ineludible para los recurrentes de efectuar la invocación de precedente(s) contradictorio(s) y la debida fundamentación sobre la existencia de contradicción con la resolución judicial impugnada, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida. Por lo que no cumplió con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP y desarrollados en el acápite III inc. ii) de la presente resolución.


Ahora bien, se evidencia que el recurrente reclama la vulneración de Garantías Jurisdiccionales, siendo preciso revisar si el recurrente cumple con los presupuestos de flexibilización para activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptados por este Tribunal. En ese sentido se evidencia que el recurrente, precisa que dicho Tribunal de origen consideró irrelevante la realización de Inspección Judicial en el lugar de los hechos, lo que no le permitió ejercer su derecho a la defensa y que sin dicha prueba se le declara culpable del delito de Incumplimiento de Deberes; de esta manera, la parte recurrente proveyó los antecedentes de hecho generadores del recurso y precisó el derecho o garantía constitucional vulnerado. Sin embargo, no detalló con precisión en qué consistente la restricción del derecho o garantía y menos explicó el resultado dañoso emergente del defecto, de modo que su planteamiento resulta insuficiente para ser considerado     en el fondo, por lo que deviene en inadmisible.


En relación al segundo motivo, la parte recurrente denuncia la existencia de vicio de incongruencia omisiva, en razón de que el Auto de Vista impugnado no consideró el reclamo 1.9 de su recurso de apelación restringida, verificándose que en el planteamiento el recurrente no cumplió con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP y desarrollados en el acápite III inc. ii) de la presente resolución, al omitir invocar precedentes contradictorios, en consecuencia lógica, no señaló en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y algún precedente, inobservando una carga procesal impuesta por el legislador.


Se aclara, que respecto a la segunda parte del presente motivo, ya fue considerada en el anterior motivo a los efectos de la posible situación de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del Recurso de Casación que permite abrir excepcionalmente la competencia, en cuyo sentido el presente motivo deviene en inadmisible.


En el motivo tercero, el recurrente de manera vaga e incompleta indica que debió respetarse el principio del debido proceso, a cuyo efecto invocó en calidad de precedente contradictorio al Auto Supremo 230/2014-RRC de 9 de junio; sin embargo, no es suficiente la simple mención; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia, sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito. Pues el recurrente debió señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente a través de la exposición clara y precisa de la contradicción existente, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Aun así, existe la denuncia de vulneración a Garantías Jurisdiccionales, lo que hace imperioso revisar si cumplió o no los requisitos de admisibilidad por flexibilización, constatándose en coherencia con lo señalado precedentemente que el recurrente no logró proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso limitándose a señalar de manera totalmente general, que el Auto de Vista impugnado no advirtió procesamiento ilegal, de modo que al incumplir esta primera exigencia que constituye la base de las otras tres -precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, explicar el resultado dañoso emergente del defecto- no se hace necesario el examen de los demás presupuestos, toda vez de que si no tiene el hecho generador del recurso claramente establecido, este Tribunal Supremo no puede establecer el objeto procesal; resultando en consecuencia inadmisible éste tercer motivo.


Como cuarto motivo, denuncia la parte recurrente que el Tribunal de alzada al establecer el máximo de la pena un año- para el delito de Incumplimiento de Deberes anterior a la Ley 004-, reformó en perjuicio, toda vez que en Sentencia no se le sentenció con el máximo de la pena, de modo que no se consideró la normativa referida a la aplicación de las penas; al respecto, invoca los Autos Supremos 4/02 de 29 de abril, 414/02 de 19 de octubre, 95/04 de 18 de febrero y 140/04 de 10 de marzo, en calidad de precedentes contradictorios; empero, se limita a su simple mención sin adecuar el recurso a la normativa legal, al advertirse la inobservancia de la carga procesal impuesta a quien recurre de casación de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes a partir de la precisión de cual la contradicción existente, de modo que al no observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, corresponde declarar inadmisible el presente motivo


Finalmente, en cuanto al quinto motivo el recurrente denuncia: i) falta de fundamentación y motivación por parte del Tribunal de alzada a tiempo de resolver el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP; e, ii) incongruencia omisiva en relación a los defectos de Sentencia y los puntos 1.4, 1.5, 1.6., 1.7 y 1.8 de su apelación restringida.


En relación a aquello, se advierte que el recurrente se limitó a citar en calidad de precedente contradictorio al Auto Supremo 082/2017-RRC de 24 de enero y en consecuencia lógica, no cumplió con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP y desarrollados en el acápite III inc. ii) del presente fallo, al no señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y la resolución invocada, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Por otra parte, ante el reclamo de vulneración de Garantías Jurisdiccionales, y, en el ámbito de los presupuestos de flexibilización desarrollados en el final del acápite III de esta resolución, se advierte que la parte recurrente señala que no se dio garantía de que su recurso haya sido analizado apropiadamente y que subsistiría la injusticia, vulnerándose los arts. 115.I y II, 117.I y 119.I. de la CPE; así, el recurrente ha provisto los antecedentes de hecho generadores del recurso y precisó el derecho o garantía constitucional vulnerado; empero, omite detallar con precisión en qué consistente la restricción del derecho o garantía y establecer con claridad el resultado dañoso emergente del defecto, incumpliendo los requisitos de admisibilidad por flexibilización, razón por la cual el quinto motivo es inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Feliciano Manuel Ibáñez Illimani, cursante de fs. 2346 a 2354 vta. 


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretaria de Sala Dra. Judith Zulema Roque Orihuela